Por David Rivero (Universidad de Navarra)
El dinero digital del banco central, o CBDC por sus siglas en inglés, parece surgir como la respuesta de nuestras autoridades monetarias a la transición digital de nuestras economías. Esta respuesta ha sido defendida en los últimos años por muchos responsables de política económica (BIS [2018]; Cunliffe [2021]; Panetta [2021]; Cipollone [2024]). También en este blog se han discutido previamente otros detalles generales sobre CBDC (aquí, aquí, aquí), su creciente demanda (aquí) y su cantidad óptima en circulación (aquí).
No obstante, la lógica económica que demuestre la necesidad de una CBDC sigue siendo poco clara. ¿Es el euro digital una solución a un problema en particular? Y, si es así, ¿cuál es el problema que pretende resolver y cómo puede solucionarlo? En el ámbito académico, también existe cierta controversia sobre el diseño del euro digital. ¿Debería limitarse su papel a un mero medio de pago —respondiendo al aumento de la demanda de pagos digitales y como una respuesta conservadora a la reducción del efectivo— o, por el contrario, debería concebirse de forma más amplia como un instrumento activo de política monetaria?
El efectivo retrocede, pero no desaparece
En la actualidad, la única forma que un ciudadano puede tener dinero público es mediante billetes y monedas. No obstante, el estudio sobre hábitos de pago de los consumidores (SPACE) llevado a cabo por el BCE en 2024 muestra el menor uso de efectivo tras la pandemia COVID-19. El gráfico 1 representa las transacciones “point of sale” (POS) o pagos realizados para la compra de bienes y servicios en un punto de venta. Puede observarse como más de la mitad de este tipo de transacciones (52%) continuaron siendo en efectivo en 2024 en la zona euro, a pesar de su increíble reducción en los últimos años. En 2016, por ejemplo, representaba el 79% del total de este tipo pagos. La proporción de pagos con tarjeta de crédito muestra un comportamiento opuesto, con un claro crecimiento, pasando de menos del 20% en 2016 a casi el 40% en 2024. En términos de valor de transacción, los pagos con tarjeta han sobrepasado al valor de los pagos con efectivo. De hecho, el uso de efectivo se centra mayoritariamente para transacciones de pequeño valor. Resulta también reseñable como el uso de pagos con móvil continúa siendo relativamente muy bajo (para 2016 no hay datos).
En el gráfico 2 puede observarse como para pagos “peer-to-peer” o persona a persona (P2P, que son pagos directos e instantáneos entre individuos), el uso de efectivo es todavía el método de pago más empleado, siendo el 41% del total de las transacciones para 2024, a pesar de su notable decrecimiento en los últimos 5 años. Al igual que ocurre con pagos en punto de venta (POS), el efectivo se emplea en mayor medida para pagos de pequeño valor. Por tanto, a pesar de que Europa se ha comprometido en garantizar el pago en efectivo y que el 62% de los europeos considera importante tener esta opción de pago, el uso de efectivo ha ido decreciendo paulatinamente en los últimos años en número y valor como demuestran los datos.
Si desaparece el efectivo, ¿Qué perdemos?
Si el uso de dinero en efectivo termina desapareciendo, se eliminaría el acceso universal a dinero público y suprimiría la convertibilidad efectiva de los depósitos bancarios. ¿Pero esto importa? ¿Qué problema habría si podemos continuar realizando pagos a través de servicios digitales proporcionados por intermediarios privados?
Hasta la fecha, gran parte de la literatura académica se ha centrado en el desarrollo de marcos analíticos para responder los posibles costes y riesgos de introducir CBDC (ver Auer et al. [2022] y Chapman et al. [2023]). Un argumento común de estos estudios es que la probable desintermediación no comportaría implicaciones para la estabilidad financiera ya que la sustitución de depósitos por CBDC sólo cambiaría la composición de la financiación bancaria sin riesgo de pánicos bancarios (Brunnermeier and Niepelt [2019]), incrementaría el bienestar al reducir problemas de incentivos en la industria bancaria (Williamson [2022]), reduciría el poder de mercado de los bancos sobre los depósitos (Chiu et al. [2023]) o no implicaría necesariamente una reducción del crédito (Abad et al. [2025]). Independientemente del posible bajo riesgo en términos de inestabilidad financiera que estos estudios parecen confirmar, una cuestión que la literatura sigue sin responder de forma clara es porqué realmente necesitamos el acceso global a monedas digitales públicas.
En este sentido, la mejora en la eficiencia de los sistemas de pago y la independencia de los servicios de liquidez parece surgir como el mayor beneficio potencial y, por ende, justificación del euro digital. Para transacciones minoristas es cierto que existe una dependencia con empresas no europeas de servicios de pago digital como Visa y MasterCard. Y esta dependencia estructural es preocupante en términos de protección de datos, operatividad y poder de mercado. Por ejemplo, en la Unión Europea 13 países dependen totalmente de sistemas de pago internacionales – en España, el 98% de los pagos con tarjeta corresponden a Visa y MasterCard. Para las pequeñas y medianas empresas esto supone una desventaja por su pequeña escala, pagando comisiones que son hasta cuatro veces más altas que los que pagan empresas de mayor tamaño. De hecho, se estima que los comercios de la zona euro pagan alrededor de 3750 millones euros por comisiones en servicios de pago, de los cuales la mitad corresponden a Visa y MasterCard.
El euro digital permitiría una mayor independencia de los proveedores de servicios de pago extranjeros, ayudando a reducir el coste de los procesos de pago si los clientes canalizan transacciones a través del dinero digital que dispondrían en un monedero virtual del banco central. Desde Europa, se afirma que el euro digital reduciría a la mitad las comisiones de pago que hoy en día pagan los pequeños comercios, lo que también les otorgaría cierto poder de mercado para negociar a la baja esas comisiones con los servicios bancarios (Cipollone [2026]).
Los costes de esta dependencia estructural, sin embargo, no son el único factor ya que la geopolítica también juega un papel fundamental. Si bien el bloqueo al sistema de pagos internacional SWIFT —un servicio de mensajería que facilita el intercambio de información entre bancos y otras entidades financieras— se ha utilizado tradicionalmente como medida sancionadora en conflictos internacionales —como el bloqueo al sistema global de pagos que la Unión Europea implementó a bancos rusos tras la guerra de agresión a Ucrania en 2022 (ver aquí)— el creciente riesgo político, encabezado por la administración Trump, hace que muchas de las sanciones sean en ocasiones arbitrarias. Ejemplos descabellados son las recientes presiones al sancionar a jueces del Tribunal Penal Internacional o a la jurista italiana Francesca Albanese tras su investigación de Israel por la ocupación y genocidio en Gaza. Sus tarjetas fueron bloqueadas al ser consideradas “amenazas contra la economía global” por la administración Trump. Otro ejemplo es la amenaza de Trump a España con un embargo por no dejar usar sus bases para bombardear Irán.
En este sentido, desde Europa se pretende alcanzar la soberanía de pagos como un plan estratégico (Cipollone [2025]). De hecho, un informe reciente de la Comisión Europea identifica a las tecnologías de la comunicación e información como principal causante del diferencial de productividad entre Europa, EEUU y China [ver aquí y aquí]. El euro digital podría jugar un rol clave para desarrollar una mayor autonomía en la provisión de servicios de pago digitales, mejorando la competitividad europea a través de pagos más integrados, mayor autonomía estratégica, más competencia en servicios de pago y una mejor base para la digitalización del mercado único.
Dudas en el diseño del euro digital
¿Pero es una mayor soberanía monetaria una razón suficiente para introducir el euro digital? En este sentido parece haber una clara desconexión entre política y academia. En un interesante artículo, Bindseil y Senner [2024] afirman que gran parte de los modelos macroeconómicos que han caracterizado el funcionamiento de CBDC lo han hecho bajo unos supuestos de diseño y narrativa que no están alineados con las recientes comunicaciones de la banca central.
Para estos autores, la idea principal es que el euro digital se considera como una respuesta a la reducción del uso de dinero en efectivo y al profundo cambio tecnológico en el sistema de pagos, siendo el objetivo final el de preservar el rol del dinero público en un mundo digitalizado. Para ello ponen énfasis en que muchos modelos obvian que no está en la idea inicial que las CBDCs comporten una remuneración de intereses y que su circulación estará sujeta a estrictas limitaciones cuantitativas.
Por tanto, si el problema que el euro digital pretende resolver es acabar con el monopolio de proveedores de servicios de pago estadounidenses, entonces el diseño del euro digital podría configurarse como puro medio de pago tal como Bindseil y Senner parecen defender. En ese caso el euro digital tendría un efecto claro sobre el sistema de pagos, pero no supondría un cambio estructural en el sistema monetario al considerarlo como una actualización del dinero en efectivo, algo que algunos economistas como Todd Keister critican (ver aquí). Si esa visión centrada en pagos fuera la finalmente aceptada entonces se perdería una oportunidad de pensar en el euro digital como un verdadero instrumento de política monetaria.
En cualquier caso, el euro digital abre un campo de análisis en el terreno académico precisamente porque permite analizar qué efectos podría llegar a tener si en algún momento se abandonara la concepción conservadora que hoy parece imponerse en su diseño. No sería, además, la primera vez que un instrumento inicialmente pensado de forma restrictiva termina adquiriendo funciones más amplias, como ocurrió en su día con la remuneración de las reservas bancarias.
Conclusión
Desde Europa, existe un interés explícito para implementar el euro digital en 2029 pero no existe un claro consenso sobre qué fallo de mercado vendría a resolver.
A nivel político parece claro que una razón fundamental se basa en lograr la soberanía monetaria como plan estratégico. Si bien su diseño está todavía en pañales, el euro digital puede surgir como una respuesta pública a la falta de provisión privada de una Visa o MasterCard europeas, lo cual puede resultar interesante en materia de competencia.
A nivel académico, el foco se ha centrado en caracterizar sus posibles desventajas, pero no en explorar los fundamentos que expliquen por qué es esencial. Quizá el uso de CBDC pueda servir como mecanismo de distribución de riesgos y complementar mercados, explotando aspectos como el señoreaje que se pierden en una economía cuyo sistema de pagos es cada vez más dependiente de proveedores privados.
(*) Agradezco los comentarios de Alba Platero, Luis Puch y Hugo Rodríguez a una versión anterior de este artículo.



Hay 1 comentarios
Interesante entrada.
Para mi es urgente adoptar una decisión y diseñar el euro digital. Lo que comentas de nuestra dependencia de intermediarios privados es clave. Liberar de comisiones a pequeñas y medianas empresas y además ganar en soberanía y geopolítica que no nos expongan a bloqueos financieros o sanciones unilaterales.
El diseño a mi juicio pasa por una estrategia equilibrada entre la libertad personal y el control fiscal y financiero.
Apostaría por una moneda digital que impida la economía sumergida, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Esto lo combinaría con la encriptación de la información sensible en cada transacción manteniendo en relación a los intermediarios, con un sistema de permisos exclusivos de los titulares.
La moneda, garantizaría así el anonimato financiero, existiendo excepcionalmente el caso en el que la autoridad competente iniciase un proceso temporal de supervisión ante el indicio de un delito grave contra la hacienda pública. En ese caso se podría desencriptar con una orden judicial y una doble firma criptográfica (por ejemplo, de la autoridad monetaria y el juez), para acceder a la trazabilidad de las transacciones presuntamente irregulares.
Un saludo.