Por Ignacio González, Héctor Sala y Pedro Trivín

En los últimos años, el debate sobre el salario mínimo ha cobrado una renovada relevancia. En este blog se ha discutido ampliamente el papel del salario mínimo (aquí, aquí, aquí o aquí), sus efectos sobre el empleo o la desigualdad (aquí y aquí), pero mucho menos se ha hablado de canal que resulta fundamental para entender su impacto sobre el bienestar: el consumo de los hogares. En esta entrada resumimos los resultados de nuestro trabajo sobre el impacto del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en España en 2019 sobre el consumo (aquí podéis acceder al artículo completo).
Comprender este canal es clave es para evaluar el bienestar de los hogares con menores ingresos. Por ejemplo, no es lo mismo que el consumo aumente un poco (quizá porque se ahorre), o que aumente mucho, ni tampoco es lo mismo que se dedique a aumentar el consumo de bienes de primera necesidad, o que expanda la cesta de consumo hacia bienes no esenciales. Además, desde el punto de vista de las economías locales, las políticas salariales pueden generar efectos multiplicadores en la economía a través por la vía de la demanda, especialmente en países como España, donde una parte significativa del empleo se concentra en niveles salariales bajos. A pesar de su potencial relevancia, aún existe relativamente poca evidencia sobre la influencia del salario sobre el consumo, especialmente fuera del ámbito anglosajón, debido principalmente a la falta de datos públicos que permitan un análisis riguroso.
Nuestro trabajo se centra en la reforma del SMI de 2019, que supuso un aumento del salario mínimo del 22,3 %, el mayor en cuatro décadas. Para medir su impacto en el consumo, utilizamos una novedosa base de datos con información sobre millones de transacciones anonimizadas realizadas con tarjetas bancarias y terminales de punto de venta (TPV) de una importante entidad financiera, agregados a nivel municipal, con frecuencia semanal, y para diferentes categorías de consumo. Nuestros datos cubren el periodo desde enero de 2018 hasta diciembre de 2019.
Uno de los principales retos empíricos del análisis es que la reforma se aplicó simultáneamente en todo el territorio nacional, lo que impide identificar su efecto comparando regiones afectadas y no afectadas, como se ha hecho tradicionalmente en la literatura sobre salario mínimo y empleo. Para superar este obstáculo, aprovechamos la variación geográfica en la exposición a la reforma, definida como el porcentaje de personas en edad laboral en cada municipio cuyos ingresos en 2018 estaban por debajo del nuevo SMI de 2019. Esta información proviene de la muestra de declaraciones del IRPF 2018 proporcionada por el Instituto de Estudios Fiscales, lo que nos permite construir una medida granular e incluir en el análisis casi 2000 municipios. Dichos municipios abarcan el 78% de la población total.
A partir de esa medida de exposición, comparamos la evolución del consumo entre municipios más y menos expuestos, antes y después de la reforma. La Figura 1 muestra los resultados del event-study, agregando coeficientes por trimestres para 2018 y 2019. Antes de la entrada en vigor de la reforma, el consumo seguía trayectorias similares en ambos grupos de municipios. Sin embargo, tras su implementación, los municipios con mayor exposición experimentaron un incremento promedio del consumo del 4,5% en relación con los menos expuestos. Este incremento se observa en el primer trimestre tras la reforma y es persistente durante todo el 2019. Estos resultados son robustos a especificaciones alternativas y diversas medidas de exposición.
Figura 1. Efecto de la subida del SMI sobre el consumo per cápita a nivel municipal (2018-2019)
Al desagregar por tipo de gasto, observamos que el aumento se concentró en categorías de bienes discrecionales: electrónica, ocio, y restauración y hoteles. En cambio, se observó un efecto negativo en alimentos y ropa, que podría indicar cierto grado de sustitución entre nuestras categorías de bienes esenciales y no esenciales. En cambio, no se detectaron cambios significativos en otros gastos como muebles, educación y sanidad, o viajes (Figura 2). Este patrón sugiere que los hogares afectados por la reforma ya podían tener cubiertas sus necesidades básicas y destinaron el ingreso adicional a mejorar su bienestar a través de consumo no esencial.
Para validar estos resultados, utilizamos datos individuales de la Encuesta de Presupuestos Familiares y realizamos un análisis de diferencias en diferencias. Encontramos que los hogares cuyo sustentador principal tienen ingresos bajos en 2018 incrementaron su consumo en un 4,6% en 2019, mostrando patrones similares en la composición del gasto a los observados en el ejercicio con los datos bancarios. Además, una prueba placebo en el año previo no detectó efectos diferenciales, lo que refuerza una interpretación causal de nuestros resultados.
Figura 2. Efecto de la subida del SMI sobre la composición del consumo
Para completar el análisis, dado el vínculo estrecho entre consumo y empleo, aplicamos la estrategia empírica original, para evaluar efectos en el mercado de trabajo. Nuestro objetivo aquí es ver en qué medida el impacto en el consumo local es el resultado de un efecto neto entre aumento de ingresos y posible destrucción de empleo. Para ello, utilizamos datos de paro registrado y creación de contratos. No encontramos diferencias significativas en municipios con alta o baja exposición, ni antes ni después de la reforma, lo que indica que la medida no afectó significativamente al mercado de trabajo cuando consideramos sus efectos a nivel local. Tampoco observamos diferencias relevantes en los resultados entre consumo nominal y consumo ajustado por inflación, lo que sugiere que la reforma no afectó de forma significativa a los precios durante el período analizado. No obstante, esta hipótesis requiere una investigación más detallada en el futuro, con especial atención a aquellos sectores productivos más expuestos desde el lado de la oferta.
Los resultados sobre consumo son consistentes con modelos económicos con preferencias no homotéticas, en los que los hogares priorizan cubrir un nivel mínimo de consumo en bienes básicos, y destinan ingresos adicionales a bienes con mayor elasticidad, como ocio o electrónica. En este sentido, la reforma del salario mínimo de 2019 no solo mejoró el poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos, sino que también amplió su acceso a formas de consumo asociadas a una mejor calidad de vida.
En definitiva, el salario mínimo puede constituir una herramienta eficaz para mejorar el bienestar material de los hogares, no solo elevando el nivel de consumo, sino también modificando su composición. Al menos, así lo sugieren nuestros resultados en el contexto específico de la reforma de 2019.