La subida del SMI en España en 2019: cara y cruz de una medida controvertida

Por Gonzalo Romero, David Martínez de Lafuente y Lucía Gorjón (Fundación ISEAK)

Coincidiendo con la aprobación reciente de la nueva subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.080€/mes, asistimos a una nueva reapertura del eterno debate sobre sus méritos e inconvenientes para el empleo y la desigualdad. Este nuevo incremento consolida una senda de actualizaciones que han impulsado un aumento significativo del Salario Mínimo (47% en los últimos cinco años), lo cual reaviva algunos fantasmas habituales: ¿No es el SMI ya lo suficientemente elevado? ¿Perderá mucha gente su puesto de trabajo a consecuencia de esta subida?

Como las monedas, (casi) todas las políticas públicas tienen dos caras y el SMI no es una excepción en este sentido, al menos desde un punto de vista teórico. La ‘cara’ de aumentar el SMI es que, ante la creciente desigualdad y precariedad, necesitamos suelos salariales que ofrezcan un mínimo de condiciones materiales para todas las personas trabajadoras, ya que no es aceptable que la viabilidad de las empresas dependa de precarizar a sus personas empleadas. La mayor ‘cruz’ de subir el SMI es su potencial de destrucción de empleo: el aumento del SMI puede hacer que las empresas tengan que despedir a trabajadores ya contratados por no poder asumir sus costes, reduzcan su intensidad laboral o, directamente, contraten menos. Esta es, en definitiva, la regla básica de “Economía 101”: imponer un precio mínimo (“price floor”) hace que, en algunos casos, la oferta supere a la demanda de bienes o personas y, en el caso del mercado laboral, esto es sinónimo de más desempleo.

Pese a que no está de más ofrecer balances teóricos y normativos acerca de la cuestión del SMI, lo cierto es que la idoneidad de subir (o no) el SMI es una cuestión eminentemente empírica. El motivo es que las condiciones económicas locales (p.ej.: el poder monopsonístico o monopolístico de las empresas o el salario mediano) determinan buena parte de los márgenes de ajustes que se produzcan (aquí), entre los que se incluye el potencial de destrucción de empleo. Es precisamente por ello que la evidencia empírica sobre los efectos en el empleo del SMI es mixta y no caben conclusiones de brocha gorda sobre si es adecuado subir o congelar el salario mínimo con independencia del contexto.

Para aterrizar esta cuestión al marco español reciente, resumimos en este post los resultados principales de un informe (y working paper) que publicamos hace unos meses desde la Fundación ISEAK. En él, indagamos las consecuencias sobre la desigualdad y el empleo de la subida del 22% que en 2019 experimentó el SMI en España, de 735,90€/mes a 900,00€/mes. Para ello, utilizamos los microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL). Debido a la importancia de la subida, nuestro estudio complementa la evidencia existente en esta materia (como el de Barceló et al del Banco de España y Fernández-Baldor Laporta de la Universidad de Alcalá). Pese a que los distintos estudios tienen enfoques y aproximaciones diferentes, creemos que comparten algunas conclusiones comunes y se complementan y enriquecen entre sí.

La ‘cara’ del SMI: sus consecuencias sobre la desigualdad.

Una de las posibles ventajas de subir el SMI es su potencial para reducir la desigualdad, por sus implicaciones sobre los ingresos y salarios de las personas trabajadoras situadas en la cola inferior de la distribución. Sin embargo, sus consecuencias netas sobre la desigualdad no son claras debido a sus posibles efectos negativos sobre el empleo. Por este motivo, nos preguntamos: ¿qué consecuencias tuvo la reforma sobre la desigualdad?

Para dar una respuesta causal a esta cuestión, sería necesario obtener distribuciones contrafactuales de salarios e ingresos en ausencia de la reforma. Si bien en determinados contextos esto es posible pues existe variación entre regiones o estados (aquí), resulta prácticamente imposible en situaciones como la española, donde las subidas tienen un carácter nacional. Por tanto, nuestro análisis se centra en comparar distintas medidas de desigualdad en noviembre de 2018 (pre-reforma) y 2019 (post-reforma), lo cual conlleva algunas limitaciones en cuanto a la capacidad de establecer una relación causa-efecto clara.

Pese a que los resultados han de interpretarse con cierta cautela, nuestro análisis sugiere algunos impactos positivos en términos de desigualdad. Por un lado, se observa un (modesto) aumento de la participación en ingresos salariales y en rentas (que añaden a los salarios las prestaciones por desempleo) de aquellas personas situadas en los cuantiles inferiores de ambas distribuciones. Así, por ejemplo, encontramos que las personas situadas en el segundo quintil de renta aumentan su participación desde 15,2% hasta 15,5% en el total de rentas. Por otro lado, se observa una reducción de brechas en ingresos salariales entre mujeres y hombres (0.1 p.p.), nativos y extranjeros (1.7 p.p.) y menores versus mayores de 30 años (1,4 p.p.). Estos resultados, unidos a la mejora significativa del poder adquisitivo para muchas familias, ponen en valor al salario mínimo como un instrumento útil para mejorar la desigualdad y combatir el riesgo de pobreza.

La ‘cruz’ del SMI: las consecuencias negativas sobre el empleo.

Vayamos a la preocupación clave del SMI: la posibilidad de que destruya empleo y reduzca las contrataciones de trabajadores y colectivos vulnerables. La evidencia sugiere que existen efectos adversos modestos o nulos, siempre y cuando el SMI se sitúe por debajo del 60% del salario mediano (aquí). A partir de este límite, se corren riesgos de aumentar los costes en términos de destrucción de empleo, lo cual genera dudas acerca de la idoneidad de continuar actualizando el salario mínimo.

Para evaluar el impacto sobre el empleo de la reforma de 2019, nuestro enfoque se basa fundamentalmente en comparar transiciones mensuales entre un grupo de personas trabajadoras afectadas que cobraban menos que el nuevo SMI (grupo de tratamiento) y otro grupo de personas que ganaba más que este umbral y, por lo tanto, no debería verse afectado por la reforma (grupo de control). Con el objetivo de no medir únicamente el impacto en la pérdida de empleo, sino también en la reducción de la intensidad laboral, las transiciones posibles en nuestro modelo son (i) seguir en el empleo con la misma intensidad laboral, (ii) con menor intensidad laboral y (iii) transitar hacia el no-empleo. En nuestro estudio, la asignación a uno u otro grupo se realiza en función de su salario en noviembre de 2018 con respecto al umbral del nuevo SMI (4,375 €/hora). Para mitigar las diferencias observables entre los grupos de tratamiento y control, utilizamos la técnica de Coarsened Exact Matching (CEM), que permite equilibrar las características observables entre ambos grupos y reduce el riesgo de extrapolación generados por la regresión.

Los resultados apuntan hacia efectos nulos en la probabilidad de perder el empleo o reducir el número de horas de trabajo inmediatamente después de la reforma. Sin embargo, nuestras estimaciones (ver Figura 1) muestran efectos negativos en el empleo estadísticamente significativos – aunque limitados desde un punto de vista cuantitativo – tras un año de la subida. En particular, se apunta a que la subida del SMI supuso una pérdida de empleo de 1,92 puntos porcentuales (y una reducción en horas de 0,84 p.p.) de las personas afectadas, lo que puede considerarse un efecto modesto y en la línea con lo hallado en otros estudios. Los resultados muestran patrones similares tras implementar una serie de tests de robustez y placebo.

Figura 1. Impacto de la subida del SMI en el empleo

Un dato adicional que no nos gustaría que pasara desapercibido es la relación entre la magnitud del efecto del SMI sobre el empleo (reducción y/o pérdida) en comparación con la probabilidad de mantenerse en el empleo sin sufrir un ajuste en horas (ver panel de la derecha de la Figura 2).

Figura 2. Probabilidad predicha de mantenerse en el empleo y no sufrir ajuste en intensidad laboral

Al cabo de un año, una persona del grupo de control tiene una probabilidad de mantenerse en el empleo sin sufrir una reducción de jornada del 76,5%. Esto quiere decir que, independientemente de la subida salarial, un 23,5% de las personas (tanto afectadas como no, pero de similares características) han perdido el empleo o reducido su jornada al cabo de un año, más concretamente 18,4% se encuentran en el primer grupo y un 5,1% en el segundo. Este resultado es un claro síntoma de un mercado laboral inestable y precario para determinados perfiles.

Conclusiones y valoraciones finales.

Nuestro estudio apunta hacia efectos positivos moderados sobre la desigualdad y algunos negativos sobre el empleo de la reforma de 2019, lo que implica “trade-offs” que han de valorarse conjuntamente. En conjunto, creemos que la adecuación de subir o no el SMI debe depender de cómo la ciudadanía en su conjunto valore estos costes y beneficios, sin caer en trincheras ideológicas. Sin embargo, cabe hacer una reflexión sobre la necesidad de ampliar el foco del debate de cara a corregir las posibles deficiencias del mercado laboral que también afectan al empleo de los colectivos más vulnerables.

Para concluir, una reflexión final: las personas en general (y los economistas en particular) tenemos una inclinación natural hacia la aversión al riesgo. La adopción de reformas choca frontalmente con nuestra tendencia a pensar que “es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”, inclinación que se acentúa en temas de calado como el salario mínimo. La inacción, sin embargo, trae consigo el enquistamiento del statu quo, lo cual a menudo resulta más arriesgado y costoso que la experimentación y la aplicación de reformas. Ante ese riesgo de prudencia excesiva, no hay mejor solución que más y mejor evidencia para debatir, alejados de posiciones ideológicas, y avanzar en una dirección adecuada, sea esta subir o no el SMI.