Por una política de SMI sensata y basada en evidencia

Tras varias semanas de especulaciones, el gobierno y los agentes sociales han llegado a un pacto que eleva el valor del SMI hasta los 950 euros. Con esta subida, el gobierno da el primer paso para cumplir con su compromiso de subir el SMI hasta un nivel de 60% del salario medio al final de la legislatura, situándolo por el momento a un nivel equivalente al 60% del salario mediano tras una subida acumulada de casi 40% en cuatro años. Llegados a este punto, conviene que el gobierno se tome un respiro y cumpla con su segundo compromiso: la creación de una comisión de expertos para asesorarle sobre la evolución adecuada del SMI. En mi opinión, el modelo a seguir sería el de la “Low Pay Commission” (LPC) del Reino Unido.

En concreto, para ser útil – muchos lectores me llamarán iluso por la pretensión que lo sea – la comisión de expertos debería empezar con una evaluación del impacto de las subidas recientes en el SMI en el empleo, los salarios y la pobreza laboral utilizando las técnicas más avanzadas y basándose en las mejores fuentes de datos. Esta evaluación debería servir para formular recomendaciones sobre el ritmo de las subidas futuras en el SMI acompañadas por estimaciones del coste – en términos de empleo – que conllevaría. Pero la comisión no debería quedarse ahí. Convendría dotarla de un mandato amplio que le permita analizar también cual sería el objetivo final más idóneo para el SMI y plantear posibles mejoras en el diseño del SMI. A continuación ofrezco algunas pautas, pero primero conviene explicar el funcionamiento de la LPC.

La trayectoria de la Low Pay Commission

La LPC fue creada en 1998 mediante la ley inglesa que introdujo el salario mínimo, diferenciado por edad y con una tarifa específica para aprendices. El objetivo de la LPC  es “recomendar niveles para los salarios mínimos que ayuden al mayor número de trabajadores con salarios bajos sin que ello tenga un impacto negativo significativo en el empleo o la economía”. Y para ello “sus recomendaciones deben estar fundadas en la mejor evidencia posible”.

Los nueve miembros -expertos independientes y representantes de los interlocutores sociales- son nombrados por el Gobierno. En un encargo periódico (remit) el Gobierno especifica los temas que la LPC debería tratar en sus informes anuales. Por ejemplo, el último encargo, encomendado en 2015, tuvo como objetivo la formulación y el seguimiento de la estrategia que debería permitir que el salario mínimo para mayores de 24 años, introducido este mismo año, y conocido como National Living Wage, alcanzara el umbral de 60% del salario mediano en 2020. Algo que se cumplió. El siguiente objetivo es llevarlo a dos-tercios del salario mediano existente en 2014, extendiéndolo a los mayores de 22 años en línea con una de las recomendaciones de la LPC.

La trayectoria de la LPC es todo un éxito. Según sus últimas previsiones, al final del año el principal salario mínimo será un 27% más alto que si hubieran crecido al ritmo de la renta media desde su introducción en 1999. Además, las pérdidas de empleo han sido mínimas según las estimaciones de la LPC y sus informes ponen de manifiesto que las subidas de los salarios mínimos se han traducido en un crecimiento similar de las rentas semanales más bajas. Es decir, no hay evidencia de una disminución relevante en las horas de trabajo, aunque sí un ligero crecimiento en el uso de contratos de cero horas.

Estos buenos resultados demuestran que una política de salarios mínimos sensata y basada en la evidencia es capaz de mejorar considerablemente las condiciones de vida de las personas más pobres sin causar efectos negativos inasumibles. Sin embargo, la misma LPC avisa de que el nuevo objetivo es muy ambicioso y pide prudencia. El coste de imponer niveles demasiado altos (overshooting) podría ser muy elevados porque ningún gobierno se atrevería a reducir el valor nominal del SMI, dejando como única solución la opción de congelar el SMI hasta que su valor real haya bajado lo suficiente.

En este sentido resulta particularmente relevante el informe preparado por Arindrajit Dube, uno de los mayores expertos y firme defensor del salario mínimo. Tras una extensa revisión de la evidencia disponible, Dube formula varias recomendaciones que ayudarían a mejorar la calidad de las evaluaciones del LPC y minimizar el riesgo de overshooting. Una es el mayor uso de datos administrativos. Otra es un llamamiento al Gobierno de adelantar la puesta a disposición de los datos incluso antes de su publicación. Además, Dube aporta muchas recomendaciones metodológicas. En ausencia de variación geográfica en los valores del SMI – como es el caso en España- Dube aboga por la metodología utilizada por el Banco de España para estimar el impacto sobre la pérdida de empleo entre los afectados por una subida no anticipada. Por otra parte, para determinar el impacto en el empleo propone estimaciones que permiten cuantificar como la incidencia previa del salario mínimo condiciona el crecimiento del empleo al nivel de sector-región o sector-provincia. Por último, no faltan referencias a los avances más recientes para medir el impacto de subidas en el SMI en la distribución de la renta y otros aspectos relevantes como el impacto sobre el empleo en pequeñas y grandes empresas o la capacidad de las empresas de trasladar los aumentos en el SMI a los precios.

Los integrantes de la comisión de expertos deberían tomar buena nota de todas estas sugerencias. Lo más sensato sería que la comisión encargue varios estudios a distintos expertos de reconocido prestigio para estudiar el impacto de las últimas subidas en el SMI. Además, estos encargos no deberían impedir la puesta a disposición, en la mayor brevedad posible, de datos administrativos provenientes de la Seguridad Social para que cualquier investigador/a pueda efectuar su propio análisis. De esta manera contaremos por fin con la evidencia necesaria para decidir sobre la futura evolución del SMI, y de paso se daría un impulso enorme a la investigación académica en España.

La fijación de un objetivo razonable

Pero como he adelantado al principio, la comisión de expertos no debería limitarse al estudio del impacto de las subidas del SMI. También debería plantear mejoras en el diseño del SMI, empezando por la fijación de un objetivo razonable.

El umbral de 60% de la renta media (bruta) es una recomendación del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, pero no es vinculante y no deja de ser un criterio arbitrario. De hecho, los datos mostrados en el siguiente gráfico, extraído del documento que formaliza la primera fase en la consulta sobre un SMI a nivel europeo, muestra que la gran mayoría de países europeos estában muy lejos de este umbral en 2018. En el mismo documento, la Comisión Europea sugiere varias alternativas menos ambiciosas. La primera sería fijar el SMI al nivel del umbral que marca la UE para el riesgo de pobreza, fijado en 60% del salario mediano. España acaba de superar este umbral, como mostramos en esta entrada conjunta, tras saltar en dos años de la cola a la quinta posición en el ranking mostrado en el gráfico. La segunda opción es la estimación del salario o living wageque permite llevar una vida (mínimamente) digna en los distintos lugares de España. A priori es difícil decir cual de estas alternativas es la más apropiada, pero no parece razonable que España se marque un objetivo que nos situaría a la cabeza de Europa cuando todavía arrastramos una tasa de desempleo del 14%.

La diferenciación del SMI

Otro factor que limita las opciones futuras es el carácter universal del SMI. La diferenciación por edad, que llevo defendiendo desde hace años – por ejemplo, en esta entrada que también hace referencia al LPC – permitiría subir el SMI para adultos y jóvenes a distintos ritmos. De esta manera, España podría adoptar objetivos más ambiciosos para adultos sin distorsionar el mercado laboral de jóvenes. Los riesgos son claros. Tras la última actualización el SMI para menores de 18 años, en su gran mayoría no cualificados, es casi 400 euros más alto que en Holanda. Además, pronto superará también al salario de los aprendices en Alemania si el gobierno insiste en subir el SMI sin excluir a los más jóvenes. La comisión debería estudiar la estructura del SMI en otros países y analizar cual sería la estructura más adecuada en España prestando especial atención a la posición de aprendices y jóvenes no cualificados.

Por último, puestos a pensar en la diferenciación del SMI, conviene considerar también la opción de diferenciar el SMI por regiones. El argumento es similar que en el caso de los jóvenes. La diferenciación del SMI permitiría fijar el SMI a niveles superiores en las CC.AA. con los salarios y los precios más altos sin producir efectos indeseados en las CC.AA. con salarios bajos. Una opción sería que el gobierno fijara un SMI estatal y que las CC.AA. que lo desean pudieran imponer suplementos autonómicos, algo que seguramente será bien recibido por parte de las CC.AA. con las mayores pretensiones de autogobierno. Sin embargo, cambios de esta índole requieren tiempo, y para abarcarlos la comisión de expertos debería contar con un mandato similar al LPC, lo que puede exigir cambios legales.

Hay 17 comentarios
  • Excelente entrada, Marcel. Sobre el ultimo parrafo, me entra una curiosidad. Como de diferente seria lo que sugieres de un SMI por CCAA de los SMI que establecen los acuerdos colectivos por sector-provincia, que si no me equivoco es probable que este por encima del SMI estatal?

    • Buena pregunta. Como bien apuntas, los convenios colectivos estipulan tarifas mínimas que no solo son distintos entre sectores pero también entre
      el mismo sector en diferentes CC.AA.

      Esta característica, junto con la alta tasa de cobertura de los convenios, significa que el SMI tiene que servir para poner un suelo en la distribución de salarios que garantice una vida digna a una persona adulta que trabaja a tiempo completo. Por tanto, hay espacio para un SMI diferenciado si el “living wage” es muy distinto entre CC.AA. y si como resultado los salarios de convenios más bajos están por debajo de este nivel.

      Para darte un ejemplo, en el caso de Barcelona se estimó que el living wage está entorno del 1200 euros. En mi opinión sería lógico que la Generalitat pudiera estipular un salario mínimo similar.

      • Muchas gracias por el ejemplo de Barcelona. En tuyo que es bastante probable que el salario fijado por algunos convenios vigentes en Barcelona este significativamente por debajo del “living wage” que mencionas.

        De nuevo gracias por el post. Espero entusiasmado futuras entregas.

  • Recién leo

    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hec.3987

    Un artículo de interés para MVH (ver https://nadaesgratis.es/marcos-vera/obesidad-anuncios-y-paquetes-en-blanco-y-negro ) pero también para aquellos que analizan la imposición de salarios mínimos. De igual manera que un impuesto a la compraventa de X (base del impuesto) disminuye la compra de X (flujo), se puede suponer que imponer un aumento a la compensación de trabajo dependiente Y disminuye su contratación (flujo). Por cierto, siempre hay circunstancias que atenúen la disminución de X e Y, incluso al extremo de que en el corto plazo la disminución en el flujo no sea significativa, lo que justifica intentar seriamente su medición. Sí, quizás para algunos economistas el costo de una menor contratación de Y (flujo) se compensa con algún beneficio —también transitorio— para el stock de contratados. La diferencia entre X e Y es que en X el stock no es relevante para los políticos. En el caso del salario mínimo el stock es decisivo: por mi experiencia como ingeniero social, el problema de los políticos es cómo proteger y beneficiar al stock de trabajadores dependientes, más en tiempos malos que en tiempos buenos (ya algo intuyó W. Oi décadas atrás cuando consideró al trabajo como factor cuasi-fijo de producción). El costo de esa protección y beneficencia es que disminuye la contratación y por eso, separadamente, los mismos políticos prometen programas de empleo con especial énfasis en los jóvenes.

  • Si lo que se quiere es cargarse la economía extremeña y andaluza ( y otra media docena de regiones) nada mejor que subir el SMI todo lo que se pueda. Mismo comentario para la responsabilidad de los menores de 25 años.

  • Gracias Marcel por el post. lo que dices parece tan obvio (diferenciar por edad, diferenciar por CCAA) que sorprende que no se haya ni estudiado ni intentado aún en España.
    El riesgo de overshooting es particularmente agudo en nuestro país por la baja inflación que hay. Más razón aún para ir con cuidado.

  • Hola Marcel,
    Si se sube el SMI (arbitrariamente y ad infinitum), el empresario tendrá la opción de declarar en A y pagar en B, o subir el precio final del bien o servicio que oferta, o ambas medidas al mismo tiempo. O en caso de ser un empresario honesto, ante la inviabilidad de su negocio, se verá obligado a prescindir de parte de su plantilla (con la consiguiente destrucción de empleo). Lo que parece evidente es que alguna respuesta racional tendrá que tomar para cuadrar las cuentas. Lo que vengo a decir es que el riesgo de fraude o de perdida de empleo, se intensifica. Lo digo porque he sido administrador único de una sociedad, autónomo y trabajador por cuenta ajena en varias empresas, aparte de conocer las circunstancias laborales de mi entorno.
    El principal problema de la pobreza es la contratación. Ya que el pobre no puede elegir. Y el empresario avispado lo sabe. Por otro lado, no se puede obligar al empresariado, a pagar sueldos acordes con el nivel de vida, ya que eso forma parte de la negociación privada con el trabajador. Existe no obstante una vía, como la de garantizar un Ingreso Mínimo Vital, que lograría dos efectos: 1. Impediría que nadie estuviese en umbrales de pobreza extrema, y 2. Los pobres dispondrían de una opción negociadora frente a una contratación forzosa que lo condenase a la explotación laboral. Exactamente los objetivos que persigue el SMI. Mi pregunta sería si tú lo contemplarías esto, como una opción válida dentro del modelo presupuestario.

    • Hola Jordi,

      Cualquier ingreso mínimo vital que pueda introducir España en los próximos años – dada su endeble posición presupuestaria – se quedará bastante corto de las garantías que ofrecen otros países. De hecho, el SMI y el ingreso mínimo vital o su alternativa del impuesto negativo sobre la renta no son mutuamente excluyentes. Al contrario. En ausencia de un SMI razonable, las empresas podrían tener la tentación de bajar los salarios para derivar los costes al resto de la sociedad.

      • Gracias Marcel, he de confesar que me llama la atención el que no se reivindique un Techo Salarial (Absoluto o Relativo) combinado con un SMI, esto podría dar lugar a un modelo de arbitraje por franjas, en las cuales se daría una negociación. Siendo estas franjas flexibles en relación a otros índices macroeconómicos, como el IPC, etc. De esta manera habría una redistribución interna de la renta y los economistas, o especialistas podrían estudiar la evolución de estas franjas y ajustarlas en un marco regulador común que nos permitiría entender mejor los distintos cuadros, en cada sector económico. Mi pregunta en ese sentido es si esto ralentizaría el ritmo del crecimiento económico o podría ser complementario con el actual sistema de incentivos.
        Un cordial saludo.

        • Hola Jordi,

          El Estado puede tener un papel para garantizar las condiciones mínimas – y en España esta necesidad existe – pero no veo ningún motivo para tarifas máximas. Condicional a los límites estipulados por Ley y en los convenios corresponde a las empresas y sus trabajadores de negociar libremente.

          Además, el grado de intervencionismo que propones es excesivo. No corresponde al Estado dictar salarios máximos para los asalariados y ni siquiera dispone de la información para hacerlo sin dañar (enormemente) la economía.

          • Agradezco tu amabilidad y atención, Marcel.

            Mi visión no incluía al Estado como único garante a la hora de fijar una franja salarial. Yo soy más de emplear fórmulas y “dejar hacer” a la IA. El tema de la desigualdad no solo afecta a los bajos salarios y al SMI.

            Hay ejecutivos cobrando cantidades obscenas cuando en algunos casos las sociedades entran en crisis. La diferencia no puede justificarse solo por la alta cualificación o el valor estratégico de los mismos (yo me inclino por fijarlo a un balance de resultados).

            En fin, me has ayudado a clarificar mi posición. Ya corre de mi cuenta el documentarme y formarme adecuadamente para entender mejor este tipo de fenómenos.

            Gracias,

  • La opción de dar una cierta libertad a las regiones es prácticamente una necesidad.
    Sorprende que tras la subida a 900€ las exportaciones hayan aumentado y la competitividad del país no haya disminuido. Veremos lo que pasa con la de 950, pero dudo que afecte mucho. Supongo que si sigue aumentando los precios de los bienes más básico subirán, por lo cual los pensionistas terminarán pagando la factura.
    Las diferencias salariales en España son excesivas, al menos hasta el 2017, del que disponemos datos. Personalmente no veo factible un SMI del 60% sobre un SM de 2365€ +/-, cuando la media, que no es lo mismo, ronda los 1700€. Eso más que una anomalía es una disfunción que se habrá de corregir. Habría que estudiar los índices de las sociedades más adelantadas, pero a priori ya os digo que en esos países la media se acerca mucho más al SM.

    Un saludo

  • Muchas gracias Marcel por el artículo, ojala una institución como el LPC se implantara en España.

    Respecto al tema del SMI por regiones, no puedo estar más de acuerdo, incluso por poblaciones, ya que no es lo mismo en ciudades como Barcelona y Madrid, con alquileres muy altos y productividad alta, que en otras poblacioens de Cataluña o la Comunidad de Madrid.

    Por otro lado, has mencionado los contratos de cero horas. Esto es algo que me toca la fibra sensible, porque mi primer trabajo en Londres era con un contrato de ese tipo. Aunque por suerte yo solíia trabajar entorno a 40 horas o más, el impacto en las condiciones de trabajo podría ser dramáticamente malo. En trabajos con este tipo de contratos, los managers son presionados para usar la mínima cantidad de horas posibles. Por ello, presionan a los empleados a trabajar algunas horas extras impagadas y al que no colabora a la causa, pasa a recibir menos horas cada semana.

    En la práctica, con los contratos de cero horas, el salario real pasa a ser menor que el mínimo, es decir, esto siembra dudas en la fiabilidad del pequeño impacto de las subidas del salario mínimo en el Reino Unido cuando los contratos de cero horas han subido. Me gustaría saber, si tenéis estudios sobre el impacto de estos contratos, especialmente, si han medido esa sobreexplotación de horas no pagadas.

    Saludos.

  • Interesante entrada. Felicidades.

    Cuando se refiere a la -evidente- necesidad de evaluar las subidas del SMI mediante “las técnicas más avanzadas y basándose en las mejores fuentes de datos”, ¿incluiría los posibles efectos sobre la demanda agregada fruto del incremento de la capacidad de consumo vs el posible consumo perdido por destrucción de puestos?; ¿lo hace la “Low Pay Commission”?

    Saludos cordiales.

    • Hola Marcos,

      Estos efectos agregados son difíciles de medir. La LPC mide los efectos del SMI sobre el resto de los salarios y rentas, pero no he visto ninguna estimación de su impacto en la demanda agregada.

      En cualquier caso, en el debate español se suele exagerar la importancia de estos efectos. Primero porque el porcentaje de los beneficiarios suele ser modesto. Segundo porque se trata de una redistribución de empleadores a trabajadores. Y se suele olvidar que muchos de los empleadores son autónomos con rentas bastante bajas.

  • No veo factible en absoluto un equilibrio en el que las CCAA tuvieran SMI distintos. ¿Alguien imagina que Madrid (PP) pudiera tener un SMI más alto que una Extremadura del PSOE sostenida por Podemos?

  • Me sorprende la fe de Marcel en la investigación económica sobre temas tan menudos como el efecto de la subida del SMI en el empleo. Creo que el único interés del trabajo de Card y Krueger de 1993, “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania” es la metodología que incorpora, no los resultado que son, como mínimo, discutibles, además de inútiles. Sostener que una elevación del salario mínimo aumenta el empleo, sin mayores matizaciones, es una absoluta barbaridad propia de tertuliano televisivo. Otra cosa es que algún económetra despistado pueda enredar para buscarle cinco pies al gato y parecer que “demuestra” la cuadratura del círculo. Quiero suponer que al tal económetra no se le ocurriría proponer una política de empleo basada en sucesivas elevaciones del salario mínimo. Mis maestros me enseñaron que el objeto del debate económico era, supongo que lo continua siendo, el entendimiento de las causas profundas del progreso económico a largo plazo. Y después he comprobado que los grandes economistas del pasado utilizaron la lógica matemática para no perder el hilo argumental en sus análisis, no para descubrir nada. Ahora veo a los jóvenes buscando las respuestas a los pequeños problemas que se plantean en la lógica matemática. No hay paper que se precie que no incluya cinco o seis páginas de fórmulas matemáticas que nadie con dos dedos de frente, lee, para al final no decir nada. Podría poner cientos de ejemplos, muchos

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