Políticas públicas en tiempos de pandemia (o cuando el problema es el sentido común)

Por Juan Luis Jiménez

Las políticas económicas son importantes para el conjunto de la economía pero, probablemente, lo serán mucho más en tiempos de crisis económica. Como ya nos hemos cansado de exponer, el dinero público (el de los contribuyentes), exige ser evaluado. A pesar de los esfuerzos de organismos como la Airef, a través de sus Spending Review, la evaluación de las políticas en España brilla (por su ausencia).

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué alguien podría pensar que es un gasto importante e innecesario utilizar 50.000€ para evaluar los efectos de una política de 3.000 millones de € (esto es un ejemplo)?

Suponemos que ello se debe a la ausencia (¿intencionada?) de datos y transparencia, al cortoplacismo de las políticas motivadas por electoralismos y a la propia presión de los lobbies. Todos ellos nefastos motivos.

Pero, en tiempos de crisis económica como el actual donde el coste de oportunidad de los fondos públicos es mayor (si cabe), las decisiones de evaluación están precedidas por una más mundana: escoger qué políticas implementar.

Para ello, las políticas deben aplicar dos conceptos básicos mínimos: (a) incentivos correctamente diseñados y, sobre todo, (b) sentido común. A partir de estos, se irán añadiendo mejores justificaciones: aplicabilidad, efectos de largo plazo, mejora medioambiental, diversificación de la economía, etc.

El objetivo del post es mostrarles algunos casos recientes en los que el dinero de los contribuyentes ha sido utilizado sin ni siquiera haber aplicado los dos conceptos mínimos necesarios, desde mi modesta opinión. Valórenlos, por favor:

Caso 0: La crisis de Thomas Cook

Permítanme comenzar con un caso pre-pandemia. Aunque desde hacía meses (¿años?) era conocida la delicada situación del touroperador británico Thomas Cook, no fue hasta septiembre de 2019 cuando este quebró. Su salida dejó un hueco relevante en el mercado turístico, afectando a destinos españoles, principalmente a Canarias y Baleares. El Gobierno Central movilizó 700 millones de euros de dinero público, para paliar los efectos de esta salida. Esto se hizo vía urgencia en el BOE, sin evaluar sus efectos (ni previa ni posteriormente) y en solo 18 días.

Mientras el Gobierno emprendía estas medidas inmediatas, el sector se reorganizaba: para Canarias y en menos de 15 días, el 91% de las reservas se habían cubierto por otras compañías. Y el resto de divisiones, igual. Es decir, ¡el problema se resolvió por sí mismo, sin ayuda externa!

A pesar de lo anterior, en noviembre de 2019 todos los partidos solicitaron más ayudas al sector. En septiembre de 2020, Thomas Cook volvió como un operador de viajes online. Y mientras tanto, el dinero público se movilizó…

Caso 1: Ayudas para los turistas, ricos.

En tiempos de Covid-19, la demanda turística mundial (y española) ha sufrido uno de los mayores (¿el mayor?) golpe de su historia. Por tanto, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de España y de algunos autonómicos es reactivar esta demanda. ¿Cómo hacerlo? Tal y como expusimos con anterioridad, generar confianza a partir de una buena calidad de los datos sobre la pandemia puede ser un buen punto de partida.

Pero los gobiernos consideran otro instrumento (tradicional en estos casos): el subsidio. De esta forma, el Gobierno de Andalucía pagará el 25% del coste de hotel de los andaluces que decidan viajar dentro de su Comunidad Autónoma.

¿Por qué es una medida errónea? En primer lugar, porque se ha hecho independientemente del nivel de renta del individuo; en segundo lugar, porque con datos de 2019, el 49,8% de los andaluces no pudo viajar, lo que supone que afectaría a los andaluces de mayor nivel de renta; y en tercer lugar, dados los dos puntos anteriores, en la situación actual de pandemia la decisión de viajar no está necesariamente condicionada por la renta, sino por el miedo al contagio durante el viaje.

La pregunta clave es: ¿cuántos consumidores cambiarán su decisión de no viajar por la de viajar al verse reducido el coste del alojamiento un 25%? Es decir, ¿incentiva nueva demanda la medida o simplemente reduce el coste de quienes ya habían decidido viajar? Desconocemos la existencia de estudios al respecto, pero el sentido común sugiere que si la política afecta a los más ricos, su decisión de viajar no se modificará sustancialmente por abaratar el alojamiento (todo ello suponiendo que, efectivamente, se abarate).

Semanas después, la Comunidad Andaluza corrigió en parte la medida al anunciar que el bono será del 50% para las familias con rentas inferiores a 20.000 euros anuales y personas con discapacidad. Como cabía esperar, la política corre el riesgo de expandirse a otras regiones, y la Comunitat Valenciana será la siguiente. Y las Islas Baleares.

En definitiva: una medida aparentemente regresiva (favorece a los andaluces de mayor renta), que convierte 9 millones de euros públicos en una subvención encubierta al sector hotelero (si es que finalmente no crea nueva demanda).

Caso 2: Invertir en infraestructuras de dudosa rentabilidad económica y social.

La utilización de los Fondos del Plan de Recuperación que plantea la Unión Europea requiere de un ejercicio de visión a largo plazo para la economía. De esta forma, las Comunidades Autónomas presentan al Gobierno Central sus intereses y líneas de financiación.

En esta línea, el Gobierno de Canarias solicitará 3.850 millones de euros a dicho Plan para la construcción de sendos trenes que unan las capitales de Gran Canaria y Tenerife con el sur de las islas. Dada la apuesta europea por la movilidad vía tren, podría parecer una idea correcta, si no fuera porque, hasta donde conocemos, estos proyectos muestran amplias dudas sobre su viabilidad.

Un estudio preliminar sobre el tren de Gran Canaria mostraba que, para varios escenarios posibles de demanda, la rentabilidad social y financiera eran siempre negativas. Posteriores trabajos han ido en la misma línea. No obstante, los estudios realizados por el Cabildo de Gran Canaria (a cuya información no se puede acceder completamente), sustentan que la demanda parece ser un factor clave para dicha rentabilidad, y tales estudios practicaban supuestos demasiado optimistas para ella, lo que señala la debilidad de las estimaciones.

En este caso concreto, actuar contra la evidencia científica presentada incluso en el Parlamento de Canarias no solo es un error, sino que puede alcanzar el nivel del delito de prevaricación.

Para sustentar la arbitrariedad de la petición de financiación, incluso el Viceconsejero del área confirma que la inversión no es una prioridad, pero sí una oportunidad para captar fondos europeos.

Caso 3: Utilizar dinero público para el primero que llegue.

Que los agentes responden a los incentivos es algo básico en Economía. Y, por ello, la intervención pública debería realizarse partiendo de esa premisa. Con este hecho presente, la siguiente política se entenderá mejor (aún).

El Cabildo de Gran Canaria realizó una convocatoria de subvenciones “de incentivos destinados al mantenimiento y recuperación del mercado laboral y a la contratación de trabajadores desempleados”. Según reza en la convocatoria, esta persigue “mantener y recuperar el mercado laboral afectado como consecuencia de la pérdida de actividad tras (…) el COVID-19”, y “contribuir a la activación del mercado laboral a través de la incorporación al mismo de personas desempleadas en Gran Canaria”. En total, 3,6 millones de euros públicos asignados a ambos objetivos.

El Cabildo plantea como beneficiarios de tales ayudas a los trabajadores autónomos y las empresas con sede o centro de trabajo en la isla de Gran Canaria (y residente en la isla).

Más allá de la potencial discriminación que supone no subsidiar a trabajadores no residentes en la isla, el sentido común nos lleva a pensar que estas ayudas se aplicarían a trabajadores y empresarios que más lo necesiten, evaluando su situación económica y financiera, ¿no?

¡Pues no! El sistema de concesión de las ayudas era tan “flexible” que se harían en estricto orden de llegada. ¡Se conceden las ayudas a quien la presente en primer lugar! (si quieren añadir una nota no anecdótica, el sistema se abrió un viernes a mediodía).

Resumen

Como mencionaba un artículo reciente titulado “¿Quién controla que las políticas sirvan de algo?”, la falta de evaluación dispara el riesgo de una reconstrucción a ciegas, al mismo tiempo que la evaluación de políticas públicas se ve como un coste.

Pero antes de evaluar las políticas, hay que decidir cuáles aplicar y de qué forma. Y lo mínimo que se debe utilizar es el sentido común. Si no, como estiman Gustafsson et al (2020), las peores empresas invertirán más en buscar subsidios públicos y, por ello, tendrán mayor probabilidad de lograrlos, con lo que los incentivos públicos solo servirán para mantener ineficiencias empresariales.

Errar es humano. Aplicar políticas sin el mínimo sentido común, no.