Por José Abreu (doctorando ULPGC) y Juan Luis Jiménez
En la entrada de ayer mostramos cuál ha sido el tamaño de la corrupción política en España en los últimos 20 años (2000-2020). Los más de 3.700 casos en los que un cargo político ha sido investigado (antes denominado como “imputado”), cuadruplica las mayores estimaciones previas y muestra un panorama más preocupante que el que ya conocíamos.
En la entrada de hoy, y basándonos igualmente en este documento de trabajo extraído de la tesis doctoral (en realización) de José Abreu, mostraremos los datos de corrupción desde varias perspectivas: en qué municipios ha habido, qué partido político la ha realizado y el estado de los casos.
La corrupción a nivel municipal
Un análisis local de la corrupción muestra que 1.498 de las 8.131 localidades de España (incluyendo Ceuta y Melilla), es decir, el 18,4% de los municipios, ha experimentado al menos un caso de corrupción política en el período de estudio. Este dato es más relevante si tenemos en cuenta que esas 1.498 localidades suponen el 73,5% de la población total de España (Figura 1).
Por tramos de población, el mayor número de casos se ubica en aquellos municipios menores a 100.000 habitantes y mayores a 2.000, que suponen el 62,7% de los 1.498 casos (Tabla 1). Pero un dato resalta: cuanto mayor sea la población del municipio, mayor es la probabilidad que este haya tenido un caso de corrupción (obsérvese el % de municipios corruptos por tramos de población sobre el total de municipios). Así, en el caso de los municipios con más de 100.000 habitantes, ha habido corrupción en el 92% de ellos.
Además, en el 42,5% de los municipios se ha dado más de un caso de corrupción, llegando incluso a ser más de 5 casos en 146 de ellos.
El estado de la corrupción
Los casos pueden seguir abiertos, decretarse el sobreseimiento libre y archivo o abrirse un juicio oral (acusación) en el que se dictará sentencia absolutoria o condenatoria de los implicados. La Tabla 3 recoge esta información por Comunidades Autónomas hasta el 31/12/2020.
En todo el territorio español, 1.129 causas (el 30,16%) permanecían abiertas hasta el 31 de diciembre de 2020 según los datos obtenidos en la base. Entre los procedimientos abiertos, pueden distinguirse aquellos en los que existe una acusación formal y están a la espera de juicio, que eran 226 casos (6,04%). Cerca de un tercio de los procedimientos por corrupción han sido archivados (1.270), mientras que un 35,9% ha llegado a juicio.
En relación con estos últimos, en el 15,7% de los procedimientos (588) se ha procedido a la absolución de los acusados, en tanto que el restante 20,2% (756) ha terminado con la condena de al menos uno de los implicados en el caso de corrupción. Por tanto, se condena un 28,6% más en comparación con las absoluciones.
Que muchas de las causas abiertas sean finalmente archivadas pueden justificarse porque, como señalan Rivero y Fernández-Vázquez (2011), la oposición tiene incentivos a denunciar actuaciones presuntamente ilegales del incumbente para obtener un rédito electoral y, además, no les acarrea ningún coste político.
De esta forma, y a pesar de la cantidad de casos abiertos (que se presume, algunos serán archivados), un indicador más robusto y realista del número de casos de corrupción política englobaría las causas con apertura de juicio oral o de procesamiento (226), como considera el CGPJ, así como aquellas con sentencia condenatoria (756) o absolutoria (588): un total de 1.570 casos de corrupción política aplicando dicho criterio más restrictivo, menos de la mitad de los inicialmente considerados.
Tipos de delitos
Según la tipología de los delitos cometidos empleamos la clasificación realizada por el CGPJ, añadiendo otros delitos cuya naturaleza se engloba en la definición de corrupción empleada en este trabajo. En 154 casos (el 4,1%) se ha tipificado más de una infracción, dada la complejidad para encuadrar la causa en un solo tipo de delito.
Así, casi un tercio (32,3%) de causas están relacionadas con la corrupción urbanística, especialmente en los gobiernos locales. España experimentó un ciclo económico expansivo apoyado en el boom inmobiliario (Jiménez, 2009; Jerez et al., 2012) desde mediados de los años 90 hasta la crisis económica de 2007, una etapa que propició la concesión irregular de licencias y operaciones de especulación urbanística.
En segundo lugar, se encuentran los delitos de malversación de caudales públicos (20,7%), que llevan aparejado un perjuicio económico para las Administraciones Públicas. La manipulación de licitaciones públicas (bid rigging), ya sea mediante el amaño directo de la subasta o el fraccionamiento de contratos, representa el 15,9% de los casos.
Por partido político
El Partido Popular (PP) es el que más causas de corrupción tuvo entre los años 2000 y 2020, participando en el 40,5% de los procedimientos recopilados. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), implicado en el 38,3% de los casos. Teniendo en cuenta que ambos partidos intervinieron de manera conjunta en 111 casos (aproximadamente el 3% del total), PP y PSOE han tenido algún cargo implicado en el 75,8% de las causas. No es trivial recordar que ambas formaciones acaparan la mayoría de las alcaldías, diputaciones y gobiernos regionales en el período de estudio. Izquierda Unida (IU) ocupa el tercer lugar en este ranking de corrupción, con acusados en el 4,1% de los casos, seguida de la extinta Convergència i Unió (CiU), que aparece en el 3,6% de las causas (vea figura 2 y 3)
Figura 2: Casos de corrupción por partido político
Figura 3: Casos de corrupción por partido político (excluyendo PP y PSOE)
Resumen
Las dos entradas muestran un inédito análisis descriptivo de la dimensión de la corrupción política en España. Como apuntamos en la entrada anterior, los resultados no son positivos para el conjunto de la sociedad y ahora toca evaluar los efectos que esta ha tenido en diferentes ámbitos. Inicialmente pensábamos que su análisis sería suficiente para una tesis doctoral pero, por desgracia, hay margen para muchos más años de investigación. De todas formas, en nuestras manos está parte de la solución.
Hay 5 comentarios
Hola,
en el capítulo anterior, cuando se estudiaban los casos por ubicación geográfica, se hizo algo muy útil: dividir entre el número de habitantes.
En este, cuando se miran los casos por partido político, convendría hacer lo mismo: dividir entre el número de alcaldías que tiene y/o entre el número de concejales que tienen. Si no, evidentemente los grandes partidos tienen muchos más casos, pero no nos dice nada; eso era inevitable. No sabemos si la corrupción se acumula en los grandes o los pequeños, en los partidos nacionales o los regionales, en los de un signo político u otro.
No digo que sea un dato fácil de obtener, pero es que si no se ofrece... el dato ofrecido en realidad no ofrece ninguna información.
Estimado J.,
gracias por su comentario, con el que estamos de acuerdo pero, como puede intuir, resulta imposible determinar con exactitud ese ratio, por varios motivos: no todos los gobiernos municipales son estables, hay varios casos dentro de un mismo municipio, etc.
Es por ello que, como habrá visto en el post, lo aclaramos: "No es trivial recordar que ambas formaciones acaparan la mayoría de las alcaldías, diputaciones y gobiernos regionales en el período de estudio."
En cualquier caso, todo este trabajo supone un análisis descriptivo de la corrupción inédito hasta el momento y que muestra una versión más aproximada a la gravedad del problema.
Un saludo
Juan Luis Jiménez
Hola Juan Luis.
Muy preocupante las conclusiones que arrojan los datos. Yo vivo en Marbella, un municipio que ha sido epicentro mediático por casos de corrupción. Me centro en el ámbito municipal.
Creo que hay dos vías para atajar la cuestión, una a largo plazo que pasaría por la educación y formación ética, y otra a corto y medio plazo que adoptara medidas coercitivas y disciplinarias.
Para doblegar la voluntad de un corrupto, hay que incentivar en contra de dicha práctica. Yo propondría una doble auditoría externa, una al principio y otra al final de cada periodo de gobierno, tanto de los bienes y patrimonio del municipio, como de la renta y patrimonio de los responsables políticos. Aplicando sanciones económicas, multas y embargos, en caso de enriquecimiento ilícito por malversación o abuso en el uso de fondos públicos. Aparte de la prohibición del ejercicio de cargo público o político de por vida.
No basta con una fiscalia anti-corrupción desbordada ni un tribunal de cuentos. Yo abriría una oficina anti-corrupción en cada municipio, dirigida por expertos economistas y juristas, que realizarían un seguimiento por tramos, que no liberarán partidas presupuestarias de no estar formalmente justificadas, una especie de “autoridad monetaria local” del gasto público, con publicaciones periódicas de su actividad de supervisión en un portal local para la transparencia.
Buenas tardes Juan Luis,
En cuanto he leído la entrada he pensado exactamente lo mismo que J. Yo me cuidaría mucho de opinar mucho de un tema que desconozco, pero me parece que sería muy interesante resolver la duda que plantea. Y creo (con humildad o atrevimiento, no sé) que no puede ser tan complicado. Se puede averiguar cuál es el/los partido/s del equipo de gobierno. Supongo que habrá casos dudosos, pero se puede fijar algún criterio o ponderación. Al fin, veo que, para bien (o para mal) hay muy pocos "independientes", lo que facilita las cosas.
Resolver estas cuestiones es importante. Pienso, por ejemplo, que el poder municipal del PP es mayor que el PSOE, pero esté tiene prácticamente los mismos casos de corrupción. Por tanto, podría suponerse que el PSOE es más corrupto que el PP. Pero sin esa información no se puede afirmar con seguridad. En fin, creo que sería importante resolver este tema. Además hay ciertos partidos regionales (UM, por ejemplo) que parecen tener un exagerado número de casos de corrupción para la poca importancia que tienen. Pero, una vez más, no estoy seguro.
Aprovecho para comentar lo de Jordi Casado, desde mi experiencia personal, y desde una doble perspectiva . En este tema de las soluciones hay una figura clave: el interventor del ayuntamiento. Su problema es que carece de autonomía y competencias. Personalmente, para luchar contra la corrupción yo reforzaría su papel.
At last but not least: ¡muy interesante! Enhorabuena
Hola
¿Habeis pensado en crear una pagina web con las fotos de los condenados, la mencion de su formacion politica, administración afectada y un link a su sentencia?
Tal cual lo presentais resulta muy inocuo.
De este modo se crearia un instrumento disuasorio para otros que se atrevieran a pedir coimas. Se le podria llamar el muro de la vergüenza.
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