¿Puede afectar a la salud el aumento del salario mínimo? Evidencia de España

Por Dolores Jiménez, Silvana Robone y Kwame Ansere Ofori-Mensah

Muchos países, desarrollados y en vías de desarrollo, han introducido algún tipo de legislación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para mejorar el bienestar y el nivel de vida de los trabajadores más vulnerables. La investigación económica tradicional se ha centrado en el efecto del SMI sobre el mercado laboral (véase Card y Krueger (2016); Neumark y Wascher (2008)). En particular, un número considerable de estudios documentan una asociación sustancial entre el salario mínimo y el desempleo o la dinámica del empleo (Gorjon et al. 2024, Cengiz et al, 2019). Por ejemplo, para el caso español, estudios anteriores destacan un trade-off entre mejoras en los niveles de desigualdad de ingresos y aumentos en los niveles de desempleo tras la reforma del salario mínimo de 2019 (resumidas anteriormente en este blog aquí y aquí). Sin embargo, el SMI puede influir en muchos aspectos del bienestar individual más allá del mercado laboral. En los últimos años, los responsables políticos se han centrado cada vez más en los posibles efectos de las regulaciones del SMI en la salud pública, como lo demuestra un creciente volumen de investigación empírica y las recientes recomendaciones de importantes instituciones sanitarias (ver aquí).

Teóricamente, los efectos de las regulaciones del salario mínimo sobre la salud son ambiguos. Por un lado, el aumento del salario mínimo se traduce en mayores ingresos, lo que, siguiendo el modelo de Grossman, puede incentivar a los individuos a invertir más en su salud (comida más sana, más ejercicio, etc.). Unos mayores niveles de ingresos para los individuos relativamente menos acomodados también pueden ser beneficiosos para permitir un mejor acceso a la asistencia sanitaria, mejorar las condiciones de vida en general, proporcionar una mayor seguridad de los ingresos y reducir los niveles de estrés y ansiedad. Por otro lado, si las empresas responden al aumento del salario mínimo reduciendo sus plantillas, algunos trabajadores podrían encontrarse en situación de desempleo. Además, algunas empresas pueden responder a esta legislación exigiendo a sus empleados que trabajen más horas, aumentando las exigencias de esfuerzo o modificando las prestaciones no salariales. Como resultado, las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral pueden deteriorarse, lo que puede tener efectos adversos sobre la salud.

Los estudios empíricos del efecto del salario mínimo en la salud han arrojado resultados dispares. Algunos estudios encuentran efectos positivos, especialmente en indicadores subjetivos (Chen, 2021; Leigh y Du, 2018; Lebihan, 2022; Lenhart, 2017a; Lenhart, 2017b; Sotirakopoulos et al., 2025; Van Dyke et al., 2018; Wong y Ye, 2015), mientras otros resultados negativos o neutros (Liu et al., 2024; Horn et al., 2017; Buszkiewicz et al., 2021; Averett 2017; Averett 2018; Maxwell et al., 2022; Narain y Zimmerman, 2019).

Para contribuir a este creciente debate, en un trabajo reciente investigamos los efectos de los salarios mínimos sobre la salud de los trabajadores, aprovechando varias reformas que han aumentado progresivamente los niveles de ingresos de los trabajadores no cualificados en España desde 2017 (ver Figura 1). Inicialmente, una coalición de centro-derecha liderada por el Partido Popular (PP) implementó un aumento del 8%, elevando el salario mínimo de 655,2 € a 707,7 €. Posteriormente, una coalición entre partidos de izquierda y el Partido Socialista (PSOE) acordó un considerable aumento del 22% del salario mínimo, que ascendía a 900 euros al mes o 12.600 euros al año. Esto representó uno de los mayores aumentos entre los países de la OCDE y el mayor en España desde 1977 (Consejo de Ministros, 2018).

Figura 1. Evolución del salario mínimo interprofesional en España

El análisis empírico utiliza la Encuesta Española de Condiciones de Vida (ES-SILC) entre 2012 y 2023. Estos datos forman parte de las Estadísticas Europeas sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EU-SILC), un conjunto armonizado de datos estadísticos entre los países de la Unión Europea. Esta encuesta recoge información transversal y longitudinal, con seguimientos realizados cada cuatro años.

Siguiendo la literatura en este campo, primero utilizamos un modelo de Diferencias en Diferencias con efectos temporales heterogéneos en el tiempo desarrollado por Callaway y Sant'Anna (CSDID). Este método es especialmente adecuado para nuestro estudio, ya que relaja el supuesto de efecto de tratamiento constante del estimador convencional de diferencias en diferencias. Para que los grupos tratados y de control sean comparables, realizamos un emparejamiento por entropía , asumiendo que las unidades de control replican los resultados contrafactuales de las tratadas, dado un conjunto de características observadas. Definimos el grupo de tratamiento como individuos con niveles de ingresos salariales en 2016 por debajo de € 9907,80 -que era el salario mínimo en 2017-, mientras que la cohorte de comparación está formada por individuos con niveles de ingresos en 2016 entre este salario mínimo y el 140% del SMI. El SMI aumentó aproximadamente un 8% entre 2016 y 2017.

Nuestra variable de resultado clave es el estado de salud auto-reportada, una variable categórica ordenada con cinco categorías de respuesta ("Muy bueno"; "Bueno", "Regular", "Muy malo", "Malo"). Estudios previos han demostrado que esta variable está fuertemente correlacionada con medidas objetivas de salud como la mortalidad, el uso de hospitales y el deterioro funcional (Desalvo et al., 2006; Tamayo-Fonseca et al., 2015). Nuestra estrategia principal consiste en agrupar las mejores categorías de salud autoevaluada -muy buena/buena- en una única categoría, y hacer lo mismo con las peores categorías de salud -muy mala/mala-. Utilizamos estas dos categorías "agrupadas" como variables dependientes.

 Los resultados preliminares se ilustran en la Figura 2, Panel A para la muestra completa, mientras que el Panel B presenta los resultados de la estimación para la muestra emparejada. No parece haber efectos significativos considerables antes del año de la política (2017), lo que respalda la validez del supuesto de tendencias comunes, un requisito clave del modelo de diferencias en diferencias. La política de salario mínimo parece reducir modestamente la probabilidad de declarar una salud mala o muy mala, mientras que se aprecia un ligero aumento en la probabilidad de declarar una salud buena o muy buena. En concreto, estimamos que un aumento de un euro en el salario mínimo reduce la probabilidad de declarar una salud mala o muy mala en aproximadamente 0,048 puntos porcentuales en la muestra completa (0,029 en la muestra emparejada). A la inversa, el mismo incremento del salario mínimo aumenta la probabilidad de declarar una salud buena o muy buena en aproximadamente 0,118 puntos porcentuales en la muestra completa (0,080 en la muestra emparejada). En general, nuestros resultados apoyan la hipótesis de que un aumento del salario mínimo incrementa los ingresos de los trabajadores, lo que les permite gastar más en atención sanitaria, alimentos nutritivos, vivienda y otros bienes y servicios beneficiosos para la salud. Como mecanismo potencial encontramos una reducción de las limitaciones en las actividades diarias y una reducción en necesidades insatisfechas en salud bucodental.

Figura 2. Efectos del salario mínimo en salud auto reportada 2012-2023

Estos resultados preliminares corroboran estudios anteriores que indican que el aumento del salario mínimo puede ser una herramienta política eficaz, no sólo para mejorar las condiciones de trabajo y reducir las disparidades de ingresos -como se pretende habitualmente-, sino también para mejorar la salud pública y las desigualdades en salud. Esto sugiere que las evaluaciones de las políticas de SMI deben tener en cuenta no solo el empleo o la pobreza sino otros aspectos clave como la salud poblacional. Además, una implicación importante de estos resultados es que los beneficios asociados a esta política -en términos de mejora de la productividad o reducción del uso del sistema sanitario- podrían contrarrestar los costes económicos que conlleva. La experiencia de España ofrece valiosas lecciones para otros países que estén considerando intervenciones similares, destacando la importancia de integrar las perspectivas económica y de salud pública en el diseño de las políticas.