Por Elisenda Jové-Llopis, Marta Trapero-Bertran y Elisa Trujillo-Baute
En los últimos años, la pobreza energética ha dejado de ser un concepto marginal para convertirse en una preocupación central en las agendas de política social y energética. En un país como España, donde más del 17% de la población declara no poder mantener su hogar a una temperatura adecuada, la pregunta ya no es si existe pobreza energética, sino cómo abordarla de forma eficaz, eficiente y sostenible.
En un post anterior en este blog reflexionábamos sobre la necesidad de construir un sistema energético resiliente frente a crisis como la del gas ruso o las olas de calor extremas. Pero la resiliencia no solo se mide en términos de infraestructuras o mercados, sino también en la capacidad de proteger a los más vulnerables. Hoy queremos ir un paso más allá y preguntarnos: ¿puede una política de ayuda directa, como el bono social de electricidad, mejorar no solo el acceso a la energía, sino también la salud de las personas?
Esta es la pregunta que nos planteamos en nuestro último artículo, publicado en Energy Policy (2025), donde analizamos el impacto del bono social de electricidad sobre la salud física y mental de los hogares vulnerables en España. Y aunque la respuesta corta es “sí, pero modestamente”, los matices son importantes y las implicaciones para el diseño de políticas públicas, aún más.
¿Qué es el bono social de electricidad?
El bono social es un mecanismo regulado por el Gobierno español que, desde 2009, ofrece un descuento en la factura de electricidad a consumidores vulnerables. Está dirigido a hogares con bajos ingresos, pensionistas, familias numerosas o personas en situación de dependencia. Los descuentos, entre los primeros años, oscilaron entre el 25% y el 40%, en función del grado de vulnerabilidad. Recientemente, han sido revisados y actualizados para adaptarse a la nueva realidad social y económica. Además, desde 2018, también incluye una ayuda anual adicional para cubrir los gastos de calefacción, agua caliente y cocina.
En teoría, este instrumento debería aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables, permitiéndoles mantener una temperatura adecuada en casa y evitar retrasos en el pago de facturas. Pero, ¿es suficiente para mejorar su salud y bienestar?
¿Qué analizamos y cómo?
Para responder a esta pregunta, utilizamos microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2022, año en que incluye información adicional sobre salud y sobre si el hogar recibe ayudas energéticas. Esto nos permitió aplicar un modelo econométrico probit bivariado recursivo, que estima simultáneamente la probabilidad de sufrir pobreza energética y la de tener mala salud, teniendo en cuenta que ambas pueden estar relacionadas entre sí.
Medimos la pobreza energética a través de dos indicadores:
- No poder mantener una temperatura adecuada en casa.
- Retrasos en el pago de facturas de energía.
Y evaluamos la salud a través de los siguientes indicadores de salud física (estado general de salud y limitaciones para realizar actividades diarias) y mental (nivel de satisfacción vital y dificultades cognitivas, como problemas de memoria y concentración).
Este enfoque nos permite no solo estimar el efecto directo del bono social sobre la pobreza energética, sino también su impacto indirecto sobre la salud en dos dimensiones.
¿Qué encontramos?
El bono social reduce la pobreza energética, pero poco
Nuestro análisis muestra que la tarifa social tiene un efecto estadísticamente significativo, pero modesto: reduce la probabilidad de sufrir pobreza energética entre un 1% y un 2%. Este resultado es coherente con estudios previos que también encuentran efectos limitados.
Esto no significa que el bono social no sirva. De hecho, para los hogares que lo reciben, puede marcar una diferencia importante. Pero su alcance es limitado: solo el 7,8% de los hogares en la muestra declara beneficiarse de esta ayuda, mientras que el 16,5% sufre temperaturas inadecuadas y el 7,7% tiene retrasos en el pago de facturas.
La pobreza energética empeora la salud física y mental
Aquí los resultados son más contundentes. Los hogares que sufren pobreza energética tienen entre un 7% y un 23% menos de probabilidad de reportar buena salud, tanto física como mental, dependiendo del indicador. El impacto es especialmente fuerte en la salud mental: la probabilidad de tener una buena satisfacción vital o no tener problemas de concentración cae más de 20 puntos porcentuales.
Estos resultados refuerzan lo que ya habíamos observado en nuestro trabajo anterior sobre EE. UU. (McTague & Trujillo-Baute, 2025) y lo que otros estudios han documentado en Europa: la pobreza energética no solo es una cuestión de confort térmico, sino un determinante social de la salud.
El bono social apenas mejora la salud directamente
Aunque reduce ligeramente las limitaciones diarias y los problemas de concentración, no tiene un efecto claro sobre el estado general de salud o la satisfacción vital. Esto sugiere que, si bien el bono social puede aliviar principalmente la salud mental, no ataca las causas estructurales del problema.
¿Y entonces? ¿Sirve o no sirve?
La tarifa social cumple una función importante: alivia la carga económica de los hogares más vulnerables. Pero no es suficiente. Como ya argumentamos en Jové-Llopis & Trujillo-Baute, 2024, las políticas basadas solo en transferencias de renta tienen un alcance limitado si no se acompañan de medidas estructurales.
La pobreza energética no es solo un problema de ingresos, sino también de eficiencia energética, de calidad de la vivienda, de acceso a tecnologías limpias y de información. Por eso, las políticas más efectivas combinan ayudas económicas con inversiones en rehabilitación energética, acceso a renovables y programas de asesoramiento energético.
¿Qué implicaciones tiene esto para la política pública?
- No basta con subvencionar facturas. Hay que invertir en eficiencia energética, especialmente en viviendas de alquiler y en zonas rurales. Las ayudas deben ir acompañadas de reformas estructurales que reduzcan el consumo energético y mejoren el confort térmico.
- La salud debe integrarse en el diseño de políticas energéticas. Como propone el enfoque “Health in all policies”, mejorar la salud puede ser un objetivo (y un resultado) de las políticas energéticas. Esto implica incorporar indicadores de salud en la evaluación de políticas como el bono social.
- Se necesitan mejores datos y evaluaciones. La ECV es una fuente valiosa, pero limitada. Sería deseable contar con paneles longitudinales que permitan evaluar efectos a medio y largo plazo, así como con datos más detallados sobre consumo energético, calidad de la vivienda y enfermedades asociadas.
- El papel de los servicios sociales y sanitarios es clave. Médicos, trabajadores sociales y personal sanitario pueden ayudar a identificar situaciones de pobreza energética y canalizar ayudas. Su implicación puede ser decisiva para detectar casos ocultos y ofrecer soluciones integrales.5. Revisar la cobertura y el diseño del bono social. Si solo el 7,8% de los hogares lo recibe, es probable que haya problemas de acceso, información o elegibilidad. Ampliar su cobertura, simplificar los trámites y mejorar la comunicación puede aumentar su eficacia.
Conclusión: hacia una transición energética justa y saludable
La transición energética no será justa si no es también saludable. Y para que lo sea, necesitamos políticas que vayan más allá del precio de la electricidad. La tarifa social es un parche necesario, pero no una solución estructural. Si queremos que nadie se quede atrás, debemos abordar la pobreza energética como lo que es: un problema multidimensional que afecta al bienestar, la salud, física y mental, y la dignidad de las personas.
Como señalamos en nuestro artículo, incluso pequeñas mejoras en el acceso a la energía pueden tener efectos significativos en la salud pública. Pero para lograr un impacto duradero, es necesario combinar medidas de alivio inmediato con reformas estructurales que garanticen un acceso justo, eficiente y sostenible a la energía.
