No todo gasto público multiplica igual… cuando cuentas el planeta

Por Omar Rachedi (ESADE)

Cuando el Estado gasta, pensamos en empleo, inversión, actividad. Vemos las ondas visibles en la superficie de la economía. Pero, como toda piedra que cae en un lago, el impacto va más allá de esas ondas: también remueve sedimentos, enturbia el agua y deja una huella.

En mi columna anterior (aquí), “No todo gasto público multiplica igual”, mostraba —a partir de un trabajo con Hafedh Bouakez y Emiliano Santoro— que el efecto de un euro de gasto depende de dónde aterriza: en sectores más o menos aguas abajo, con márgenes altos o bajos, con mayor o menor intensidad laboral. El multiplicador fiscal no es un número grabado en mármol, sino un mosaico moldeado por la anatomía productiva de la economía.

Hoy recojo ese hilo y lo llevo más lejos. Porque, además de mover el PIB, el gasto público deja un rastro medioambiental. Cada euro invertido por el Estado genera actividad… pero también emisiones que, con el tiempo, erosionan parte del beneficio inicial. Esa es la motivación de un nuevo trabajo, The Carbon-Adjusted Fiscal Multiplier, que he escrito con Henrique Basso y Valerio Nispi Landi (aquí). En él proponemos ampliar el concepto de multiplicador para incluir el coste climático que generan las políticas de gasto. Lo llamamos ajuste por carbono: el valor monetario de los daños medioambientales asociados a cada euro gastado. Igual que en la columna anterior mostraba que la composición sectorial modula el multiplicador, aquí mostramos que la “composición climática” también importa.

El modelo combina tres piezas. Primero, una economía keynesiana con precios rígidos que permite seguir la transmisión habitual del gasto a corto plazo. Segundo, una red de producción con casi 400 industrias conectadas mediante insumos intermedios, cada una con su peso en consumo, inversión y compras públicas, su propia rigidez de precios y, sobre todo, su intensidad de carbono: las emisiones por unidad de producto. Tercero, un bloque ambiental que rastrea el camino de las emisiones: del pulso inicial de CO₂ al stock atmosférico y oceánico, al aumento de temperaturas y, por último, a la pérdida de productividad que ese calor provoca.

Con esta arquitectura podemos medir no solo el multiplicador clásico —el aumento del PIB por euro gastado—, sino también el coste climático que acompaña a ese aumento. La Figura 1 ilustra la dinámica tras un impulso de gasto público: las emisiones suben de inmediato, el carbono en la atmósfera tarda décadas en disiparse, la temperatura responde lentamente y, al final, ese calor erosiona parte del impulso inicial sobre el PIB. En valor presente, un choque de consumo público eleva la producción de inmediato, pero también aumenta las emisiones. El carbono atmosférico tarda casi medio siglo en reducirse a la mitad, y la temperatura sigue subiendo durante años. Cuando esas temperaturas afectan a la productividad, el impulso inicial del gasto se atenúa. Con estimaciones conservadoras del Social Cost of Carbon (SCC), el multiplicador baja de 0,82 (si ignoro el clima) a 0,75; con valores más altos del SCC cae hasta 0,63. Es decir, entre 7 y 19 céntimos de cada euro de estímulo se evaporan en forma de daños medioambientales a largo plazo.

Figura 1. Dinámica tras un aumento del gasto público: gasto público, emisiones de CO₂, carbono en la atmósfera, anomalía de temperatura, daños climáticos, y respuesta acumulada del PIB.

La composición del gasto vuelve a ser clave. Es por esto por lo que la huella de carbono de las compras públicas es más del doble que la del consumo privado y cinco veces la de la inversión. Y dentro del propio gasto hay un abanico enorme: los servicios profesionales apenas generan emisiones, mientras que el cemento, la generación eléctrica o ciertos cultivos concentran los mayores “ajustes por carbono”. Si el gasto se dirige a esos sectores, el multiplicador neto se reduce drásticamente; en algunos casos extremos, la rentabilidad económica puede incluso desaparecer.

Nuestro análisis es positivo, no normativo: describe cómo funcionan los multiplicadores cuando incorporamos el coste climático, sin prescribir políticas concretas. Pero ese hallazgo abre una pregunta: ¿conviene adaptar el diseño de los estímulos para tener en cuenta también estos efectos a largo plazo? Medidas que reactiven la economía en el corto plazo y, al mismo tiempo, faciliten la transición hacia tecnologías limpias —subsidios o compras públicas que apoyen la descarbonización, o programas que ayuden a los hogares con mayor propensión al consumo a reducir su huella climática— pueden maximizar el impulso inmediato del gasto y minimizar su coste ambiental.

Por supuesto, medir con precisión los daños climáticos no es trivial. Hay incertidumbre sobre la sensibilidad de la productividad a la temperatura y sobre la senda futura de emisiones. Por eso analizamos distintos valores del SCC, desde los más prudentes (64 dólares) hasta otros que superan los 900. Pero incluso con supuestos conservadores, el ajuste por carbono es relevante: ignorarlo lleva a sobreestimar el beneficio neto de la expansión fiscal, especialmente en economías todavía dependientes de energías fósiles.

Este enfoque también enlaza con debates más amplios sobre sostenibilidad y finanzas públicas. Si parte del gasto de hoy erosiona la base productiva de mañana, los criterios de sostenibilidad deberían incorporar esa externalidad. No basta con vigilar déficit y deuda; conviene preguntarse si el PIB futuro —del que dependen ingresos y bienestar— quedará mermado por los efectos ambientales de nuestras propias políticas.

Al final, gastar no es solo decidir cuánto y dónde. También es decidir en qué planeta queremos que ese gasto deje su huella. Porque, después de todo, un multiplicador que ignora el clima puede inflar las cifras hoy… pero encoger el futuro.