El extraño caso de la universidad (presencial) más grande de España

Por Antonia Díaz y Luis Puch
(@antoniadiazrod.bsky.social, @AntoniaDiazRod y @lpuch.bsky.social, @lpuchg)

En este blog hemos hablado muchas veces sobre la universidad pública y su papel esencial para mejorar la movilidad social, véase aquí, aquí o aquí. También es de sobra conocido por todos que Madrid es la Comunidad Autónoma que menos invierte en sus universidades públicas. Para centrar las ideas, el 80% de los recursos de las universidades públicas provienen de la Comunidad Autónoma en la que operan. En Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana, el total de las transferencias corrientes y de capital superan los 10.000 euros por estudiante. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el valor más bajo de España, con 6.975 euros por alumno. Los datos, aquí. Además, la inversión por alumno ha ido cayendo a lo largo de los años. La situación actual es complicada para toda la universidad pública y muy especialmente para sus estudiantes que necesitan tener a su alcance los medios materiales y humanos adecuados a su formación.

Para la Universidad Complutense de Madrid, la situación es crítica, como nos han venido transmitiendo los diversos actores implicados en su gestión, y los medios de comunicación a partir de la información disponible al efecto. Tan crítica es que, por ejemplo, no hemos cobrado aún el 4% de aumento de sueldo (actualización a la inflación en realidad: un 2.5% de subida correspondiente a todo el año 2025 todavía pendiente, y un 1.5% adicional a ese 2.5% para la nómina de 2026). Todo ello aprobado por el Congreso de los Diputados (Real Decreto 14/2025 de 2 de diciembre) para el conjunto de los empleados públicos. Se trata de una actualización salarial que ya han percibido los empleados públicos de la Administración Central, y suponemos que bastantes empleados adscritos a las Administraciones Autonómicas, lo que incluye a los de algunas de las universidades públicas de Madrid, gracias a la eventual disponibilidad de fondos propios de dichas universidades. Los demás trabajadores de las universidades de Madrid estamos a la espera de que la Comunidad Autónoma haga la transferencia correspondiente para que se pueda pagar la actualización retributiva acordada por el Congreso.

Esta circunstancia da lugar, sin duda, a una situación anómala por la que, ciertas competencias transferidas a las CCAA resultan indirectamente en que haya funcionarios del Reino de España de primera y de segunda (o incluso de tercera, veremos). Nos parece un escenario de desidia disparatado para la relación de los Gobiernos Autonómicos con las instituciones públicas transferidas en las que trabajan muchos funcionarios del Estado.

¿Por qué el estado latente de quiebra?

La Universidad Complutense ha acumulado un déficit de caja de 142,3 millones de euros entre 2023 y 2024. Y ha pedido un préstamo de 30 millones de euros a la Comunidad de Madrid el año 2025. ¿Por qué está la Universidad Complutense en esta situación de quiebra técnica? No solo se trata de los recortes de la Comunidad de Madrid. Una parte importante del desequilibrio tiene que ver con el propio entorno inflacionario en España y en Europa desde el año 2020. Mientras que España acumula una inflación superior al 20% desde el año 2020, los ingresos de la UCM sólo han aumentado un 15% de acuerdo con la información compartida por el Rector con toda la comunidad universitaria hace unos días. Los gastos han aumentado en diversas partidas. Primero, como señala el informe, “gastos sobrevenidos, como un aumento significativo del gasto energético, obligaciones legales y mayores costes sociales”. Después, los incrementos salariales, tanto los vinculados a la actualización a la inflación como los debidos a los crecientes méritos docentes e investigadores de plantillas ampliadas y envejecidas (quinquenios docentes, sexenios investigadores). Pero también están los crecientes gastos en gestión debidos al funcionamiento rígidamente centralizado de toda la actividad universitaria (¿imprescindible o burocrático?), la ineficiencia de grupos lectivos demasiado pequeños, raramente organizados por criterios de calidad docente (faltan a la vez clases magistrales y clases prácticas), o la proliferación de grados atomizados y a veces redundantes. Por último, no se puede olvidar que la UCM tiene unas infraestructuras enormes y anticuadas con un mantenimiento muy costoso.

¿Cómo se pretende hacer frente a la quiebra?

Mucho nos tememos que se pretende hacer frente a la delicada situación económica de la universidad (más allá de escatimar unos pocos euros a su personal) con recortes en investigación. De hecho, es sólo el éxito en las convocatorias competitivas de financiación de la investigación lo que sostiene el núcleo duro del progreso científico que se sigue desarrollando en la universidad. Casi todo lo demás juega en contra: el estado de las instalaciones, la casi inexistente contratación de jóvenes investigadores en condiciones aceptables del mercado internacional, la ausencia de fondos específicos, y el aumento de la carga docente de los investigadores por la vía expeditiva de eliminar las descargas docentes por méritos de investigación acumulados (los sexenios). Hay muchos ejemplos en cada uno de estos ámbitos. Un caso reciente que nos ha parecido que puede ser muy ilustrativo es el disparate en la ejecución de la convocatoria de contratos asociados al programa Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En un primer momento, la comunidad universitaria recibió un mensaje bajo la firma de los Vicerrectores de Ordenación Académica (Julio Banacloche, CU Derecho Procesal) y de Investigación (Lucía de Juan, CU Sanidad Animal) donde se nos anunciaba que la UCM renunciaba a avalar cualquier candidato presentado por cualquier centro de la UCM. El motivo:

…la convocatoria Beatriz Galindo acaba de publicarse pero, a diferencia de otros años, especifica que la contratación de los beneficiarios debe realizarse bajo la figura de profesor distinguido (art. 84 de la LOSU). Dado que no es posible incrementar el número de efectivos del capítulo de profesorado y que las condiciones laborales asociadas a esta figura contractual no han sido negociadas con la parte social, la Universidad Complutense de Madrid no presentará ninguna solicitud a esta convocatoria.

Hemos subrayado lo que, a todas luces, parece la verdadera razón y resaltado en negrita la excusa técnica declarada a la comunidad universitaria y al Ministerio. Los contratos Beatriz Galindo tienen dos modalidades, senior y junior. La universidad debe aportar 25.000€ de los 90.000€ de un contrato senior y 15.000€ de los 50.000€ de un contrato junior. Es decir, que si la UCM consiguiera el máximo de contratos posibles, cinco, y todos fueran senior el coste directo anual para la universidad sería de ¡oh, dispendio! … 125.000€ anuales. Conviene recordar que el presupuesto anual de gastos de la Universidad Complutense de Madrid para el año 2026 está cerca de los 700 millones de euros, por lo que el esfuerzo supondría algo menos del 0.015% del presupuesto anual de gasto de la universidad. Finalmente, tras el malestar expresado por muchos centros, el Rectorado consiguió ponerse de acuerdo con el Ministerio en la definición de la relación laboral implicada por la convocatoria, y según el último comunicado, "solo ha avalado candidatos a contratos junior".

Paradójicamente, sin embargo, la otra forma en la que los recortes recaen sobre la investigación es fundamentalmente en lo que se refiere a los investigadores jóvenes, con la suspensión de la estabilización de investigadores contratados mediante los programas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, César Nombela y otros programas de atracción de talento. Tenemos investigadores excelentes a mitad de su carrera investigadora en el limbo profesional porque las universidades no pueden contratar (y menos aún la UCM), lo que las mantiene al albur de los diversos programas centralizados de becas para potenciar sus plantillas.

Lo que sí está haciendo la UCM es convocar multitud de plazas de Ayudante Doctor gracias al programa María Goyri. Pero aquí hay dos problemas. El primero es el mal diseño institucional en la convocatoria de las Plazas de Ayudante Doctor y los criterios para adjudicarlas. Este mal diseño (que pondría los pelos de punta a los que impulsaron la Declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, DORA) crea un incentivo perverso a publicar artículos en revistas elegidas no por su calidad científica sino por su rapidez en aceptar artículos y su factor de impacto. De esta manera, los malos incentivos dejan fuera a los investigadores jóvenes que planean un trabajo ambicioso y de largo alcance. El segundo problema es que el sueldo de un Profesor Ayudante Doctor no es suficiente para pagar un alquiler en Madrid. Así de simple. Estos dos problemas combinados llevan a un deterioro enorme de los equipos investigadores. Y sin excelencia investigadora simplemente no hay universidad.

Y la falta de criterios en la política universitaria

El caso de la Universidad Complutense de Madrid es, sin duda, un caso extremo. Su tamaño no juega a su favor. La organización centralizadora que no deja autonomía a los Departamentos y los Institutos de Investigación paraliza la actividad. Pero el entorno institucional externo también ha ayudado a exacerbar los males de la UCM. Por un lado, tenemos la autonomía de las Universidades y una forma de organización universitaria muy centralizada. Por otro lado, la financiación directa que reciben las universidades no depende en ningún grado de sus resultados investigadores. La historia de la legislación sobre universidades muestra cómo se ha intentado impulsar nuestro sistema universitario. Las nuevas universidades creadas a la luz de la LRU de 1983 suponen un punto de inflexión hacia la modernidad científica en España. Dicha modernidad permitió en algunos casos (junto a otro cúmulo de circunstancias específicas a su favor) que se desarrollaran departamentos con estándares de excelencia científica a nivel europeo. Este es el caso que conocemos bien, por ejemplo en Economía, de la Universidad Carlos III de Madrid (fundada en 1989) o de la Universitat Pompeu Fabra (fundada en 1990), entre algunas otras. Por el contrario, en el ámbito más regional resultado de la LRU, y en la línea del espíritu autonómico de la Constitución de 1978, no diríamos que, en general, se generó tanto progreso hasta nuestros días. A la vez, hemos asistido muy recientemente a un auge desmedido de las universidades privadas, que raramente responden a estándares básicos de excelencia a la altura de lo que se espera de la universidad en sociedades avanzadas (como ya habíamos apuntado aquí).

Nuestra impresión es que, a lo largo de todo este proceso, la desconfianza desde los organismos gestores de la financiación de la ciencia hacia las universidades como centros de investigación ha sido máxima (seguramente por buenas razones). En ese entorno de desconfianza se han intentado incorporar esquemas de incentivos para impulsar la excelencia investigadora (y, por tanto, docente). A esta motivación responde, a nuestro entender, el sistema de organismos públicos de financiación de la investigación, así como los programas correspondientes de los distintos Ministerios y Comunidades Autónomas, que han llegado hasta nuestros días. Concretamente, la CICYT se pone en marcha en 1987 en sustitución de la CAICYT (creada en 1958). Por otro lado, en 2011 se aprueba la creación de una Agencia Estatal de Investigación que tras muchas vicisitudes y algo de alternancia política recibió su primer presupuesto en 2017, antes de ayer como quien dice, y habiendo sufrido ya una reorganización a finales del año pasado.

El problema básico, a nuestro entender, es que todos esos esquemas de incentivos no están incorporados en las leyes de organización universitaria, sino superpuestos a ellas. Básicamente se crea un sistema de vigilancia sin atacar los problemas de raíz, lo que produce resultados indeseados. Por ejemplo, los procedimientos de contratación y promoción desde hace años están sometidos a una normativa asfixiante, que no se corresponde con nada que podamos observar al efecto en los países punteros en ciencia en el mundo (que típicamente se realiza en la universidad), y que impide en muchos casos la atracción de talento y la consolidación de los mejores investigadores (más bien favorece lo contrario).

En estas condiciones han proliferado todo tipo de programas centralizados para la atracción de talento desde los Ministerios, los organismos públicos de investigación y las CC.AA. sometidos a una casuística que resulta a veces difícilmente procesable, especialmente ante el muy deficiente soporte de gestión que tenemos la mayor parte de las unidades de investigación. Programas que al final son inasumibles por las universidades que no tienen margen de maniobra efectivo para contratar, consolidar y promocionar en las condiciones del mercado de doctores internacional.

En definitiva, se trata de un cóctel explosivo de ineficacia, obstáculos y desidia por parte de los distintos agentes implicados que no puede más que resultar ser una losa para el futuro de la universidad (presencial) más grande de España, y al tiempo, para unas cuantas de las demás.