Llevamos años hablando, y con razón, de la violencia de género como un problema de salud pública, de justicia y de derechos. Pero cada vez que un caso de violencia doméstica vuelve a primera plana, la sensación es casi siempre la misma: llegamos tarde. Tarde para proteger a la víctima, tarde para frenar la escalada y tarde para reparar daños que a veces ni siquiera llegan a constar en las estadísticas.
Porque la violencia rara vez “aparece de golpe”. Más bien suele construirse durante meses o años, con señales previas que no siempre encajan bien en los protocolos habituales. Estos días, una vez más, la prensa ha vuelto a subrayar fallos de protección incluso cuando había denuncias previas o algún tipo de seguimiento institucional.
En este blog hemos insistido en una idea que a veces incomoda, pero que es importante: la violencia dentro del hogar también responde a incentivos, restricciones y contexto. El confinamiento, por ejemplo, reordenó la vida familiar y las restricciones diarias, y con ello cambiaron también los patrones de violencia doméstica. También hemos mirado cómo los feminicidios tienen efectos políticos allí donde ocurren. Y, en la misma línea, cómo políticas que alteran la autonomía económica, como ciertas transferencias, pueden cambiar la exposición a distintas formas de violencia.
Hoy quiero poner el foco en una dimensión que en economía hemos tratado bastante menos: el control económico. Y no como “efecto colateral” del maltrato, sino como parte del mecanismo. A menudo el proceso empieza ahí: aislamiento, restricciones, supervisión… hasta que salir de esa relación se vuelve mucho más difícil de lo que parece desde fuera. Dicho de otra manera: puede que estemos mirando el problema cuando ya es tarde. La violencia puede arrancar mucho antes del primer parte policial, y puede hacerlo por algo tan mundano como trabajo, ingresos y dependencia.
Un estudio reciente publicado en The Quarterly Journal of Economics por Abi Adams, Kristiina Huttunen, Emily Nix y Ning Zhang, lo documenta con datos administrativos de Finlandia: cuando una mujer empieza a convivir con un hombre que terminará siendo denunciado por violencia física, su trayectoria laboral cae de manera inmediata y persistente. El punto clave es ese: la violencia no empieza cuando llega la denuncia, sino cuando empieza la convivencia.
Violencia económica y estadísticas en España
Pero, cuando hablamos de violencia o control económico, ¿de qué estamos hablando exactamente? En psicología se suele definir como “conductas que controlan la capacidad de una mujer para adquirir, usar y mantener recursos económicos, amenazando así su seguridad económica y su potencial de autosuficiencia”.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024 incorpora como novedad una medición específica de esta dimensión, separándola de la violencia psicológica. Y lo hace con preguntas muy concretas: si la pareja controla toda la economía doméstica o fiscaliza en exceso los gastos; si retrasa o deja de pagar facturas a nombre de ella pese a tener medios; si usa su dinero o su tarjeta o contrae deudas a su nombre sin consentimiento; si le impide decidir sobre la economía familiar o comprar de forma independiente; si le bloquea el acceso a una cuenta bancaria; si se niega a aportar dinero para los gastos del hogar cuando sí lo hay para otras cosas; o si directamente no la deja trabajar o estudiar fuera de casa. Con esa batería, la encuesta estima que el 11,7% de las mujeres residentes en España (de 16 años o más) ha sufrido violencia económica en el ámbito de la pareja alguna vez en su vida; si se calcula sobre el conjunto de mujeres que han tenido pareja, la prevalencia a lo largo de la vida sube al 12,8%.
La encuesta sugiere que el fenómeno no es marginal. La cuestión es si podemos detectar su arranque antes de que llegue la denuncia.
Mirar el inicio de la convivencia, no el final
La mayoría de los estudios, y también el debate público, tienden a “poner fecha” a la violencia cuando aparece la denuncia, el parte médico o el episodio extremo. Las autoras de este artículo cambian el reloj: sitúan el punto de referencia en el momento en que la pareja empieza a convivir. La intuición es sencilla: si una relación abusiva genera dependencia (emocional, social y también económica), el giro puede producirse precisamente al inicio de la vida en común, cuando se reorganizan rutinas, redes, movilidad… y, con ello, decisiones laborales. El objetivo, por tanto, es medir el “efecto económico” de convivir con un hombre abusivo.
Pueden hacerlo porque Finlandia ofrece algo que a los economistas nos resulta particularmente útil: registros administrativos que permiten seguir, año a año, convivencia, empleo e ingresos y enlazarlos con partes policiales que identifican de forma única a víctima y agresor.
El problema metodológico es el de siempre: no puedes comparar sin más a mujeres que acaban con un agresor con mujeres que no, porque ya eran distintas antes (y sus parejas también). Para evitarlo, el estudio construye para cada víctima un grupo de comparación “lo más parecido posible”: mujeres con características muy similares justo antes de convivir y que empiezan convivencia en el mismo momento, pero con parejas que no aparecen denunciadas por violencia en ningún momento.
Con el grupo de comparación ya construido, el contraste central es un diseño de diferencias en diferencias, complementado con un análisis año a año (event study) alrededor del inicio de la convivencia (el año 0). La idea es sencilla: para cada mujer se mira cómo cambian sus resultados laborales e ingresos antes y después de empezar a convivir, y ese cambio se compara con el cambio en su grupo de control, que también empieza a convivir en el mismo momento, pero en una relación sin violencia registrada.
Lo que encuentran
Las autoras encuentran que antes del año 0 (momento del inicio de la convivencia) las tendencias entre víctimas y controles son similares, y que después aparece una divergencia persistente. En particular, como se puede ver en los gráficos B y D más abajo, encuentran que, justo después de comenzar la convivencia, las mujeres en relaciones abusivas tienen 6,7 puntos porcentuales menos de empleo que sus controles y esa brecha persiste al menos cinco años. En ingresos, pierden de media 1.600 € al año durante los cinco años posteriores, alrededor de un 12% respecto a sus ingresos del año anterior a convivir. La clave no es solo el tamaño, sino la dinámica. No parece que estas mujeres “ya fueran peor” y por eso acabaran en una relación violenta; el quiebre aparece con la convivencia.
¿Y si lo que ocurre es que la mujer pierde el trabajo por un shock externo y eso genera conflicto? Las autoras exploran esa posibilidad con información de shocks de empresa/mercado laboral y no encuentran que explique el patrón. Tampoco parece reducirse a “es que en esas parejas hay más hijos”: aunque la fertilidad cambia de forma diferencial, el deterioro laboral no desaparece cuando se acotan ventanas y submuestras para aislar ese canal.
Para reforzar la causalidad, hacen un análisis triple de diferencias en diferencias dentro de la misma mujer, comparando sus relaciones abusivas con sus relaciones no abusivas. La caída no aparece “en cualquier convivencia”, sino específicamente al convivir con un abusador. Y, finalmente, muestran algo inquietante: hombres que alguna vez son violentos con una mujer tienden a empeorar los resultados laborales de sus parejas incluso cuando no hay denuncia de violencia física en esa relación. Esto apunta a un “tipo” de hombre violento contra mujeres que, de forma persistente, reduce la autonomía económica de sus parejas.
Implicaciones de política pública
Con esta evidencia en mente, vale la pena volver a la política pública. Si aceptamos que el control económico puede ser un mecanismo temprano del maltrato, entonces la política pública tiene un reto claro: anticiparse. España ya mide violencia económica de forma específica y tiene estimaciones de prevalencia nada triviales. El siguiente paso es convertir esa medición en capacidad de acción: integrar el control financiero en protocolos de detección, en formación de profesionales (sanidad, servicios sociales, empleo) y en la oferta de “salidas” reales (liquidez, asesoramiento, acceso a cuentas, vivienda, red de apoyo). Porque si la autonomía económica se erosiona desde el inicio de la convivencia, intervenir solo cuando hay denuncia es intervenir cuando el margen de maniobra ya se ha reducido.
