Desde el final de la Segunda Guerra Mundial las sanciones económicas como herramienta de política exterior han ido adquiriendo protagonismo (ver Gráfico 1). Por medio de ellas, se pretende presionar a los países sancionados con el propósito de que estos cambien su comportamiento y se logren objetivos, tales como: poner fin a un conflicto bélico, a un régimen o a violaciones de derechos humanos. Se estima que las probabilidades de éxito de dichas sanciones están supeditadas a la capacidad de estas para provocar consecuencias negativas en la economía del país sancionado. Por lo tanto, se presta una gran atención a este aspecto. Ver aquí, por ejemplo, un comentario sobre el caso de las sanciones a Rusia o aquí y aquí una revisión de la literatura sobre las consecuencias económicas de las sanciones.
Gráfico 1: Evolución del número de sanciones impuestas a nivel mundial
En el trabajo en el cual me centro hoy, publicado en European Journal of Political Economy (ver aquí), pone el foco en el efecto de las sanciones económicas sobre las Fusiones y Adquisiciones transfronterizas (FyA). Las FyA forman parte de la Inversión Extranjera Directa (IED); es decir, es uno de los modos de inversión en el exterior que pueden emplear las empresas multinacionales. Sorprendentemente, existe poca evidencia empírica sobre los efectos de las sanciones sobre la IED en general y, hasta donde yo sé, ninguna para el caso de las FyA. Además de la limitada evidencia, los resultados aportados por la literatura anterior tendían a ser contradictorios. Detrás de los resultados divergentes existen motivos tanto teóricos -que resumiré en las siguientes líneas-, como metodológicos (que no serán comentados, ya que merecen una publicación propia).
Los efectos de las sanciones sobre la IED
Tal como cabría esperar, existen diversos motivos por los cuales las sanciones pueden limitar los flujos de IED desde el país sancionador al país sancionado. Dichos motivos podrían ser agrupados en tres grandes bloques.
En primer lugar, la imposición de sanciones tiene asociado un empeoramiento de las relaciones políticas entre ambos países, lo cual hace que la inversión entre estos tenga un mayor riesgo asociado. Ello se debe a que la empresa inversora puede enfrentarse a una mayor discriminación o riesgo de expropiación en el país sancionado únicamente por motivos políticos. Así mismo, la empresa puede tener mayores problemas en acceder a información sobre el país sancionado y un menor apoyo por parte de su país de origen. En otras palabras, el coste de operar en el país extranjero aumenta a causa de la sanción. En el momento actual, por ejemplo, nadie recomendaría a una empresa española invertir en Rusia.
En segundo lugar, aquella empresa que decida invertir en un país que sea actualmente sancionado por su país de origen, corre el riesgo de sufrir un problema de prestigio con el coste económico asociado que ello tiene. Por ejemplo, para el caso español existe evidencia de que empresas españolas han reducido el comercio con Rusia por miedo a las consecuencias reputacionales que ello puede tener (ver aquí).
En tercer lugar, las sanciones pueden implicar una menor IED en el país sancionado como resultado de los efectos económicos negativos que estas puedan tener. Una empresa puede encontrar poco atractivo invertir en un país que tenga perspectivas económicas poco halagüeñas o que se encuentre comercialmente aislado.
No obstante, existen motivos por los cuales las sanciones pueden llegar a ser inocuas para la IED en general, y para las FyA en particular. En primer lugar, las decisiones de inversión de las empresas son el resultado de su estrategia de maximización de beneficios y pueden no estar condicionadas por preocupaciones de política internacional. En relación con este aspecto, las sanciones tienen efectos negativos sobre el comercio entre países (ver aquí). Dicho efecto negativo puede empujar a las empresas a invertir en el país sancionado en aras de no perder su lugar en el mercado.
En segundo lugar, las consecuencias económicas negativas de las sanciones pueden promover la entrada de inversiones en forma de FyA. Esto puede suceder cuando los efectos negativos sobre la economía del país sancionado implican que el valor de mercado de las empresas del mismo caiga. En este caso puede haber un aumento de lo que se conoce como “Fire-sale FDI”, el cual supone la compra de empresas a un precio descontado. Así mismo, el gobierno del país sancionado puede implementar medidas para atraer capital extranjero, especialmente de países no sancionadores. Por ejemplo, las sanciones a Rusia por parte de Occidente pueden llegar a implicar un crecimiento en la IED de otros países como India o China. Ambas circunstancias pueden contrarrestar el potencial efecto negativo de las sanciones sobre la IED, especialmente en sectores que son estratégicos para las cadenas globales de valor de las empresas multinacionales.
En tercer lugar, las empresas multinacionales pueden llegar a utilizar terceros países para invertir en el país sancionado. De este modo, la empresa puede ganar flexibilidad operativa al evitar las restricciones de su país de origen y minimizar los riesgos antes mencionados al incorporar a un tercer país en la operación.
El efecto de las sanciones sobre las FyA
En el trabajo publicado en European Journal of Political Economy me centro en el impacto que tienen las sanciones sobre las FyA bilaterales entre países. Es decir, en qué medida las restricciones impuestas por el país sancionador afectan a las decisiones de inversión por parte de sus empresas en el país sancionado. Para ello estimo un modelo de gravedad y utilizo una base de datos que cubre más de 100 países durante el periodo 1995-2019.
Los resultados principales muestran que las sanciones tienen un efectivo negativo. En promedio, las sanciones reducen el número de FyA desde el país sancionador al sancionado en un 13,5%. Este efecto es sustancialmente mayor cuando las sanciones son impuestas por una coalición de países, pudiendo llegar a provocar una caída del 33,4%.
Los resultados también señalan que el impacto varía significativamente según el sector. La minería y las industrias manufactureras se ven menos afectados que otros sectores. Esto se debe posiblemente a que los inversores buscan asegurar el acceso a recursos naturales clave o proteger sus cadenas globales de valor.
Otro aspecto relevante es el tipo o los tipos de sanciones que son impuestas. Aquellas sanciones que combinan restricciones en el comercio internacional, flujos financieros y viajes entre el país sancionador y el sancionado son las más dañinas. En estos casos pueden llegar a reducir el número de FyA entre un 55% y un 76%.
Finalmente, el trabajo aporta cierta evidencia indicando que las empresas multinacionales utilizan a países de tránsito para invertir en los países sancionados. No obstante, cabe recalcar que, de efectivamente haberlo, dicho comportamiento parece ser minoritario para el caso de las FyA.
En definitiva, la evidencia hallada señala que las sanciones económicas tienen un efecto negativo sobre las FyA. Las inversiones por parte de las empresas multinacionales son a largo plazo y son sensibles a la inestabilidad política, económica y social que puedan generar las sanciones. Además, las sanciones incrementan los costes y la dificultad de hacer negocios entre el país sancionador y el sancionado. Dicho efecto negativo varía en función de si las sanciones son puestas por una coalición de países, las restricciones que estas incorporen y el sector que se analice.
