IA que se avecina: competencia y regulación en mercados digitales

Entre las muchas sorpresas que nos depara el próximo 2024, me atrevo a pronosticar una que seguramente no lo será tanto: nuestra interacción económica y social se hará cada vez más digital, exponiéndonos potencialmente a un creciente número de nuevas situaciones no previstas en el actual marco regulatorio de la política de la competencia. No hace falta ser Nostradamus para realizar tal predicción; desde hace unos años los economistas nos hemos venido ocupando (y preocupando) por lo que sucede en los mercados de servicios digitales, incluyendo en estos todos los entornos en donde intercambiamos información a través de internet con el fin de facilitar la comunicación o el consumo. Esta preocupación se ha tornado para algunos incluso en alarma con la creciente irrupción de las herramientas de inteligencia artificial (IA), capaces no solo de relacionarse de manera más natural con el usuario, sino de facilitar hasta extremos casi ridículos labores como la búsqueda de información, la redacción o traducción de todo tipo de textos, la creación y edición de fotografías o videos, la programación y creación de aplicaciones o páginas web, o incluso la resolución de problemas con cierto grado de complejidad.

La ¿necesaria? regulación de la red

Como puede verse aquí, aquí o aquí, no es la primera vez que este blog se ocupa de estos mercados, cuya relevancia económica es más que evidente. Según datos de la CNMC, en lo que se refiere únicamente al comercio electrónico, su volumen de actividad en España superó los 57.700 millones de euros en 2021, representando el 6,4% del PIB. El cambio en los hábitos de consumo se ha notado especialmente en sectores como la alimentación, la moda o el ocio, en los que la red interviene de una forma u otra en casi el 75% de las transacciones, generando ganancias significativas para toda la sociedad. Los consumidores se benefician al poder acceder a una mayor oferta de productos y servicios, comparar precios y ahorrar tiempo y dinero, disfrutando de una mayor comodidad y disminuyendo sus desplazamientos. Por su parte, las empresas pueden ampliar su mercado potencial, reducir costes, mejorar su competitividad, innovar y adaptarse mejor a las necesidades de los clientes.

Si todo fuera así de sencillo, las necesidades de regulación de este sector serían las mismas que las de cualquier otro: minimizar potenciales fallos de mercado y evitar distorsiones desde el punto de vista de la eficiencia, equidad o la sostenibilidad. Sin embargo, el problema fundamental de los mercados de servicios digitales es que el control de la información degenera de forma muy rápida en ventajas anticompetitivas y entra en conflicto muy fácilmente con otros derechos individuales y sociales (en temas como la privacidad, la propiedad intelectual o el acceso a información veraz, por ejemplo). Esto ha dado lugar a cierto consenso sobre la necesidad de regular la red, aunque el enfoque y alcance de tal intervención difiere (para variar) a ambos lados del Atlántico.

Frente a una aproximación más descentralizada y menos intervencionista como la utilizada, en general, en Estados Unidos, la Unión Europea ha optado por un planteamiento armonizador para todo el mercado único. Este se articula alrededor de dos normas principales: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), cuyos objetivos explícitos son hacer que el sector sea más equitativo y competitivo, proteger los derechos y la seguridad de los usuarios y frenar las prácticas abusivas de las grandes empresas. La DSA delimita las responsabilidades de los proveedores de servicios digitales (como las redes sociales o los motores de búsqueda) en relación con el control de los contenidos que difunden o publicitan, así como las medidas para garantizar su transparencia y responsabilidad. La DMA define las obligaciones específicas que se derivan para las plataformas o empresas que tengan una posición dominante al controlar el acceso a uno o varios servicios digitales básicos (como las tiendas de aplicaciones o los servicios en la nube). Estas obligaciones incluyen la prohibición de ciertas prácticas de competencia desleal, el fomento de la interoperabilidad y la portabilidad de los datos y la facilitación del acceso a los mercados de las empresas emergentes y las pymes.

Sin embargo, el consenso sobre qué límites deben imponerse a las grandes empresas (como Meta, Google o Amazon), las cuales se enfrentan a crecientes acusaciones de abuso de posición de dominio (véase aquí, aquí o aquí), está resultando más difícil, ya que el viejo conflicto entre innovación y eficiencia condiciona la posición de cada país y de cada autoridad de la competencia (véase una discusión aquí en relación con el reciente caso Microsoft vs. Activision).

La neutralidad de la red como ejemplo

Uno de los elementos más controvertidos desde el punto de vista del análisis económico y que subyace en el fondo de los diferentes enfoques regulatorios es el ‘principio de neutralidad de la red’ (Wu, 2003), que defiende que todo el tráfico a través de internet debe ser tratado por igual por las empresas de telecomunicaciones proveedoras de servicios (ISP) independientemente del dispositivo, aplicación o plataforma utilizada por los usuarios, frente a la alternativa de cobrar precios diferentes u ofertar condiciones diferentes en función de dichos parámetros. Mientras que en la Unión Europea este principio se considera prácticamente como un derecho incuestionable, en Estados Unidos (y en otros países como Australia o Nueva Zelanda) prefieren la utilización ex post de la legislación de la competencia para controlar posibles prácticas abusivas por parte de los operadores (Kenton, 2023).

Teniendo en cuenta que la capacidad de red es un recurso limitado frente al imparable crecimiento en el volumen de tráfico, y que los ISP deben afrontar importantes inversiones para mantener y mejorar la calidad de las comunicaciones, parece razonable defender – como ocurre en otros mercados – que algunas prácticas ‘no neutrales’ puedan ser eficientes. Por ejemplo, Bourreau et al. (2014) demostraron que, si los ISP cobraran tarifas diferenciadas a los proveedores de contenidos, la inversión y la innovación tecnológica podrían aumentar, siempre que los clientes más sensibles a las demoras por congestión (i.e., los que ofrecen servicios de streaming o comunicación sincrónica) estén dispuestos a pagar más por acceder a una velocidad de internet más adecuada a sus necesidades y que no se degrade la calidad para el resto de los usuarios. Otros estudios aportan conclusiones similares (véanse Economides and Tåg, 2012, o Stucke, 2018, por ejemplo).

Por el contrario, quienes defienden la neutralidad de la red consideran que, por su naturaleza de infraestructura esencial, el acceso a internet ya es per se un ‘cuello de botella’ que otorga poder de mercado a los ISP. Por tanto, para minimizar la capacidad para abusar de este poder mediante conductas excluyentes o limitativas que reduzcan el bienestar social, la red debe mantenerse lo más abierta posible, lo que redundaría en mayor innovación y producción creativa a largo plazo, tal como se argumenta en Becker et al., 2010 o en el último informe de la Unión Europea sobre este tema. Otros autores también defienden la neutralidad desde una perspectiva ética, ya que la consideran consustancial a la transparencia, la libertad de expresión y la defensa de los valores democráticos (Frischmann, 2012).

El debate económico está lejos de ser resuelto y en la literatura reciente encontramos evidencia a favor y en contra de ambas posturas. Entre las aportaciones más interesantes (y también más polémicas) de los últimos años se encuentran los trabajos empíricos de la economista experta en regulación tecnológica, Roslyn Layton. Tal como se analiza con mayor detalle aquí, su conclusión es que – al comparar la situación entre 2010 y 2016 entre diferentes países europeos y Estados Unidos – las políticas más estrictas de ‘neutralidad de red’ parecen haber tenido el efecto opuesto a lo que buscan fomentar, ya que han reducido el grado de innovación y han servido para proteger el poder de mercado de algunos de los grandes operadores. Como ejemplo de esta protección, Layton señala la complejidad creciente de las reglas de privacidad y control de la información utilizadas por algunas empresas grandes para limitar el acceso a los mercados de publicidad online a los operadores más pequeños. Igualmente, destaca la dependencia que tienen las nuevas startups de los contenidos y códigos de las empresas incumbentes, así como los crecientes incentivos que tienen los ISP y los grandes proveedores de contenido para celebrar acuerdos verticales entre ellos, en perjuicio del resto de usuarios.

Regular la inteligencia artificial… o no

El reciente acuerdo entre las instituciones de la Unión Europea para desarrollar la que sería “la primera ley sobre la inteligencia artificial en el mundo” no parece resolver del todo la cuestión de la regulación de la competencia en la red. Aunque la normativa todavía está pendiente de desarrollo, lo que se va conociendo de la propuesta apunta hacia un grado de intervención variable, más estricto cuanto mayor sea el riesgo y con cierta “autorregulación” por parte de los actores, bajo la supervisión de un organismo específico de la UE que estará asesorado por científicos expertos y otros órganos de consulta con la industria y los usuarios.

Aunque todavía es demasiado pronto para valorar su impacto, lo cierto es que al tratarse de una propuesta legislativa novedosa, puede establecer un estándar global para la regulación de la IA en otras jurisdicciones. En todo caso, habrá que esperar y ver cómo se desarrolla la norma, ya que los cambios en este sector suceden de manera tan rápida que quienes lo seguimos habitualmente casi no tenemos tiempo para madurar nuestra posición sobre las distintas situaciones, productos y servicios que van surgiendo cada semana.

La revolución industrial nos llevó casi dos siglos para implementarse, la revolución informática y digital entró en nuestras vidas en apenas dos décadas y, según parece, la revolución de la inteligencia artificial avanza a tal velocidad que en apenas dos años puede darle la vuelta a todo lo que conocemos sobre la competencia en los mercados de servicios digitales. Para los economistas son buenas noticias, ya que nos obligará a seguir investigando y aportar ideas sobre cómo (y cuánto) debe regularse un sector del que dependeremos en el futuro inmediato. Ojalá que 2024 sirva para que todos prestemos la atención que se merece a lo que sucede en estos mercados ya que, en este caso, no podemos permitir que nos den las uvas.

Hay 6 comentarios
  • Buenos días, Javier. Tu entrada me ha recordado una cuestión que me gustaría poner sobre la mesa, a ver si te parece algo descabellado o no.

    Partiendo de las tres grandes preguntas ¿qué producir? ¿cómo producir? ¿para quién producir? escribí hace tiempo un ensayo sobre la transición de una economía analógica a una economía plenamente digital.

    Eliminando el papel moneda, y digitalizando por tanto todas las transacciones, sería posible entrenar un modelo de IA específico para la auto-gestión económica. Con un input de datos que alimenten al modelo, y un output que permita anticipar tanto la oferta como la demanda del próximo ciclo económico. Esto permitiría responder a las tres preguntas, si bien la información o los datos de entrada y salida, deberán ser encriptados para evitar el abuso por parte de actores públicos o privados.

    Este modelo de IA de economía de mercado auto-gestionado, podría ser consultado y auditado por investigadores de instituciones públicas y privadas acreditados, para afinar o sincronizar las pautas del modelo y así lograr unos resultados más eficientes. Esto nos permitiría entender los flujos y las relaciones entre variables arrojando nueva evidencia para alcanzar una comprensión global de fenómenos hasta ahora inconexos o no conocidos suficientemente.

    • Jordi, lo que propones es una economía centralizada que se gestione digitalmente. Esto es muy poco eficiente por muchas razones. La informacion no llega mágicamente al organo central que toma las decisiones, que tampoco se alinean con los objetivos individuales. Por ultimo, las redes neuronales no son un algoritmo de optimizacion.

      • Estimado JM. Muchas gracias por tu crítica razonada.

        En ese sentido, creo que se trataría de una Economía Digital Neutral o Autónoma o no Dirigida. La topología de la misma puede responder a una red de nodos interdependientes, operando como un cluster global.
        Claro que podría haber algoritmos de optimización, no veo el conflicto. DeepMind ya anticipa con datos históricos el clima para diez días, ya se han liberado los modelos.
        Una parte relevante de esta hipótesis es la inmensa cantidad de información redundante, que en este caso, no necesitaría reprocesamiento, se trabajaría como con un sistema de control de versiones, que registrase las fluctuaciones (basadas en el comportamiento imprevisto de los agentes). El sistema financiero e interbancario se integrarían para operar de forma automatizada. Se unifican ciencia y administración, sería pinchar la economía, y monitorizar los datos a la carta, el sueño de toda ciencia de datos.

  • No veo el paralelismo entre la neutralida de la red y la regulación de la IA.

    La neutralidad de la red es una medida salomónica que se tomó en su día para racionar un bien que entonces era escaso: el ancho de banda. Se decició que, p.e., no se iba a privilegiar el tráfico de una videollamada sobre el de un correo electrónico y si se producían cortes en las primeras porque tenían que circular los segundos, ¡mala suerte! Pero es un problema que hoy en día prácticamente ha desaparecido: el ancho de banda se puede considerar, a efectos prácticos, infinito.

    En el caso de la IA se trata de resolver un problema totalmente distinto que solo se asemeja al anterior por un motivo de contigüidad: tiene que ver en cierto sentido con cachivaches electrónicos. Y eso agota las similitudes.

    • Muchas gracias por su comentario, Carlos. Obviamente, se trata de cuestiones técnicas diferentes, pero el paralelismo económico sí es evidente: la regulación de aspectos relacionados con la red puede dar lugar a resultados tanto positivos como negativos. Ese es el mensaje de este post.

  • Casi todo el mundo tiene un proveedor de internet sl hogar y uno móvil (o el mismo), y un solo teléfono móvil.

    Pero es muy común tener una docena de servicios web, entre chat, noticias, videos y juegos.

    Un proveedor de internet, teléfonos o sistemas operativos no debería jamás poder beneficiar a un servicio de internet por encima de los demás.

    Es como si una autopista permitiera ir más rápido a los Mercedes que a los BMW, o que los aviones les dieran asientos más grandes a los que usan valijas Samsonite que a los demás.

Los comentarios están cerrados.