Por J. Ignacio Conde-Ruiz, Jorge Fernández Orellana, Manu García y Daniel Pérez Gutiérrez
La pandemia de la COVID-19 puso a prueba la capacidad de los mercados laborales mundiales para proteger el empleo y las rentas. En España, la activación masiva de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permitió amortiguar un ajuste que, de otro modo, habría sido mucho más severo. Sin embargo, la cobertura de los mecanismos de protección no fue homogénea, y depende en gran medida de la posición contractual de los trabajadores en un mercado marcado por una dualidad estructural.
En un trabajo reciente (ver aquí), basado en los microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), hemos analizado cómo la estructura contractual condicionó el acceso a los mecanismos de protección durante la pandemia.
Estructura contractual antes de la pandemia
Antes de la pandemia, España registraba una de las tasas de temporalidad más altas de Europa (26%, frente al 13% de la media comunitaria). La precariedad se concentraba especialmente entre los jóvenes, lo que configuraba una base muy frágil ante un shock externo como fue la pandemia.
El patrón es claro: la temporalidad disminuye con la edad, mientras la estabilidad contractual aumenta. El 70% de los ocupados de 16 a 19 años tenía un contrato temporal, frente a apenas un 22% entre los mayores de 50. Esta segmentación estructural fue determinante en la respuesta del mercado laboral durante la pandemia.
Transiciones laborales durante el confinamiento
El confinamiento decretado en marzo de 2020 provocó un ajuste inmediato en el empleo. Los microdatos de la MCVL permiten observar cómo se redistribuyeron los trabajadores entre empleo, ERTE, desempleo y prestaciones.
En el agregado, entorno a un 69% de los ocupados en febrero de 2020 mantuvo su empleo en abril, un 22% pasó a estar cubierto por un ERTE y un 5% accedió a una prestación. Entre los menores de 20 años, sólo el 37% mantuvo el empleo y casi un 31% perdió su trabajo sin cobertura; entre los mayores de 50, la continuidad superó el 76%. Las diferencias responden principalmente a la composición contractual: los jóvenes se concentraban en empleos temporales, de corta duración y alta rotación.
La cobertura de los ERTE: un mecanismo eficaz condicionado por la dualidad
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se desplegaron como un instrumento de contención del desempleo, permitiendo mantener la relación laboral mientras se suspendía temporalmente la actividad. En su punto máximo, en abril de 2020, más de 3,5 millones de trabajadores estuvieron cubiertos por un ERTE.
En apariencia, los trabajadores jóvenes estuvieron menos protegidos. No obstante, una vez se realizan estimaciones logit para la probabilidad de protección por ERTE y se controla por tipo de contrato, antigüedad y factores individuales, las diferencias por edad se reducen sustancialmente. Los jóvenes no solo no estuvieron menos protegidos, sino que mostraron una mayor probabilidad relativa de acceder a un ERTE respecto a otros grupos, a igualdad de condiciones.
Los ERTE funcionaron adecuadamente dentro de su marco institucional, pero su alcance se vio limitado por la estructura dual del mercado. En otras palabras, no fueron los ERTE los que excluyeron a los jóvenes, sino la segmentación contractual preexistente. Los trabajadores temporales fueron en mayor proporción despedidos (o en muchos casos simplemente no renovados) que los trabajadores con otros tipos de contrato.
Prestaciones y subsidios: un patrón de protección regresivo
El panorama es distinto en el ámbito de las prestaciones y subsidios por desempleo. Incluso después de controlar por características laborales, los jóvenes presentan tasas de cobertura claramente inferiores. Esto refleja la naturaleza contributiva del sistema español, que exige un historial mínimo de cotización y continuidad en el empleo, condiciones menos frecuentes entre los trabajadores de menor edad.
Esta asimetría revela que, mientras los ERTE dependían de decisiones empresariales condicionadas por características contractuales observables, el acceso a las prestaciones está mediado por un diseño institucional que penaliza las trayectorias laborales cortas o interrumpidas —más frecuentes entre los jóvenes— y que, al mismo tiempo, favorece la protección de los trabajadores de mayor edad a través de mecanismos específicos como los subsidios para mayores de 52 años, los vinculados a cargas familiares o el acceso a pensiones.
Conclusiones
La experiencia de la pandemia revela que la efectividad de las políticas de protección laboral depende tanto de su diseño como del contexto institucional en el que se aplican. Los ERTE fueron un instrumento eficaz para preservar el empleo y estabilizar la renta de los hogares durante el confinamiento, pero su capacidad de cobertura se vio limitada por la elevada tasa de temporalidad del mercado de trabajo. Las prestaciones contributivas, por su parte, reprodujeron desigualdades preexistentes derivadas de trayectorias laborales fragmentadas.
La reforma laboral de 2021 ha supuesto un avance relevante al reducir de forma sustancial la temporalidad y ampliar el uso del contrato indefinido. Con ello, se ha mitigado parte de la exposición al riesgo de pérdida de empleo ante shocks futuros. No obstante, la reforma no elimina completamente la dualidad: persisten diferencias en la estabilidad y en los derechos de protección asociados a las distintas formas de empleo.
Para consolidar un sistema verdaderamente inclusivo, será necesario complementar las reformas contractuales con una modernización del sistema de protección social, de modo que la cobertura dependa menos de la antigüedad o la historia contributiva y más de la situación efectiva de vulnerabilidad del trabajador. El objetivo debería ser construir un modelo en el que la protección acompañe al individuo a lo largo de su ciclo laboral, independientemente de la naturaleza de su contrato o de la duración de su empleo.
