Este post ha sido escrito por César Molinas
El Pacto de Toledo tiene sus orígenes en el debate cara a cara entre Felipe González y José Mª Aznar previo a las elecciones de 1993. Cuando ya se terminaba el tiempo acordado, González insinuó que, de llegar al poder, el PP no pagaría las pensiones. A Aznar se le mudó la faz pero, agotado su turno, no pudo replicar. Las elecciones las ganó el PSOE por los pelos y muchos analistas resaltaron entonces el papel que en esa victoria había tenido el voto del miedo, movilizado por el tema de las pensiones. Con estos antecedentes nació en Pacto de Toledo en 1995, con el objetivo explícito de debatir periódicamente sobre la situación del sistema de pensiones públicas y acordar las reformas necesarias para asegurar su buen funcionamiento. El objetivo implícito, sin el cual no hubiese sido posible el pacto, fue evitar que en el futuro volvieran a utilizarse las pensiones como arma electoral.
En el primer objetivo el Pacto de Toledo ha pecado, en mi opinión, por defecto y en el segundo lo ha hecho por exceso. Me explico. La Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados trabaja por consenso. Eso es una tarea difícil porque entre los partidos políticos que la forman no existe un diagnóstico compartido sobre la problemática de las pensiones. Los partidos de izquierda han sostenido -y siguen sosteniendo- que no existe un problema demográfico que amenace la viabilidad de las pensiones públicas (versión fuerte) o que no existe un problema demográfico que no pueda resolverse aumentando los ingresos de la Seguridad Social (versión light). Los partidos de derechas, incluyendo a los nacionalistas, no parecen tan seguros de que no exista tal problema, pero se han guardado mucho de decir que sí existe, básicamente por razones de oportunismo táctico. Dada esta situación, resulta sorprendente que el Pacto haya sido capaz de llegar a algunos –pocos- acuerdos que, además, suponen pasos en la buena dirección, como la extensión a quince años del período de cómputo de la base reguladora de las pensiones. Pero estos pasos se han dado sin explicitar una estrategia a largo plazo y sin explicar a la ciudadanía por qué son necesarios. Esto nos lleva al pecado por exceso. El Pacto de Toledo ha tenido un éxito rotundo en sacar a las pensiones del debate electoral navajero, y eso es algo muy positivo, pero lo ha hecho a costa de sacarlas del debate político, lo cual es particularmente negativo. Para no crear “alarma social” se ha insistido en que el futuro de las pensiones “está garantizado”, obviando que esta “garantía” depende de que se apliquen desde ya mismo reformas de mucho calado para que el sistema sea financieramente sostenible. Ello ha resultado en una ciudadanía perpleja – que, aunque barrunta que hay problemas con las pensiones, no entiende cuáles son porque le dicen que no los hay- y en una clase política dimitida de sus responsabilidades de liderazgo y educación de la población.
Así las cosas, acuciado por los problemas de control del déficit y acosado por los mercados financieros, el Gobierno remitió el pasado mes de enero al Congreso de los Diputados un escrito titulado “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo”. El título refleja bien el carácter del escrito. No es un proyecto de reforma de las pensiones. No es, tampoco, una propuesta al respecto. Puestos a no ser, no es ni tan siquiera un diagnóstico elaborado de la sostenibilidad del sistema. Es eso: un documento. La mayor parte de sus 46 páginas están dedicadas a un catálogo de posibles reformas del sistema de Seguridad Social que, si bien convenientes, poco o nada tienen que ver con el problema de la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. El análisis de las consecuencias de la evolución demográfica es muy rudimentario –no se menciona, por ejemplo, la evolución previsible de la tasa de dependencia- y sólo al final se enuncian, como de pasada, las reformas que garantizarían la sostenibilidad del sistema: la extensión de la edad de jubilación y los “cambios” en el cómputo de la base reguladora de la pensión.
No consta que, en los nueve meses transcurridos desde entonces, la Comisión para el Pacto de Toledo se haya reunido para debatir el documento del Gobierno que, a pesar de sus limitaciones, es lo único que tiene sobre la mesa para debatir una reforma de las pensiones. Sí se ha reunido para escuchar, como ya hizo en 2009, a un gran número de analistas y expertos, cuya impresión mayoritaria, tras sus comparecencias, fue que la Comisión no sentía ninguna urgencia para llegar a acuerdos que posibilitasen las reformas. Sin embargo, algo parece haber cambiado en las últimas semanas, puesto que han sido convocadas dos sesiones a principios de octubre para debatir el documento gubernamental, lo que abre la posibilidad de que el Pacto de Toledo acelere sus trabajos y de que haya una propuesta de reforma consensuada antes de fin de año.
¿Cuán probable es esa posibilidad? No es fácil hacer un pronóstico porque, en el Pacto de Toledo, las reformas de las pensiones necesarias para conseguir la sostenibilidad financiera del sistema apenas tienen partidarios convencidos. Por lo que respecta al PSOE, hay que suponer que será sensible a las presiones del Gobierno, pero también hay que tener en cuenta que, para muchos de sus diputados, apoyar el aumento de la edad de jubilación y la extensión del período de cómputo de cálculo de la base reguladora de la pensión –en román paladino: hacer menos generosas las pensiones futuras- supone un acto de apostasía muy grande. No puede decirse que el PSOE sea amigo de las reformas pero, debido a la influencia del Gobierno, tampoco que sea enemigo. Dejémoslo en involuntario compañero de viaje. El PP debería ser el mayor amigo de las reformas, porque hay mucha gente en sus filas que entiende el problema y porque también tiene algunas mentes lúcidas que saben que la reforma de las pensiones la tiene que hacer el PSOE desde el Gobierno. Un gobierno del PP, aunque tuviera mayoría absoluta, no tiene ninguna posibilidad de reformarlas contra el fragor del PSOE, IU y los sindicatos unidos y en la calle. Pero la tentación tacticista de apuntillar al PSOE con este tema puede acabar siendo demasiado grande y una nueva “pinza” PP-IU-sindicatos que haga fracasar el consenso sobre la reforma no es, en absoluto, descartable. Los nacionalistas catalanes de CIU son, quizá, los que mejor entienden la problemática de las pensiones y los más dispuestos a consensuar soluciones. Pero su calendario electoral –las elecciones catalanas son el 28 de noviembre- anula el papel de catalizador del consenso que podrían tener en el debate. IU está, por supuesto, en contra de cualquier reforma y los demás grupos, mal que les pese, tienen poca relevancia en esta discusión.
Como el reinado de Witiza, oscuro e incierto se presenta el debate del Pacto de Toledo. Y eso que es de vital importancia para el país que de él surja un consenso favorable a una reforma creíble, suficiente, transparente y gradual que estabilice a largo plazo las finanzas de la Seguridad Social. Los que, durante años, hemos insistido en la necesidad de esta reforma, deberíamos seguir haciendo oír nuestra voz.
César Molinas
Hay 18 comentarios
Todos sabemos que el gobierno actual no ha sido presisamente un ejemplo de buena gestión económica. Este hecho hace que pueda dejar reformas que paradógicamente podrían pasar a la historia como valientes:
Primero.- Otro gobierno con posibilidades de permanencia no se lo podría permitir. El PSOE no tiene nada que perder.
Segundo.- Recupera el pestigio que ha perdido y puede dejar algo como aval para futuras campañas.
El actual sistema de pensiones no funciona ni es sostenible en el presente, esto es obvio. Nuestro sistema de pensiones no funcionará ni será sostenible en el futuro, sean cuales sean las reformas que se le apliquen, esto también es obvio. Lo que quizás no sea tan obvio es lo que debería ser más obvio, porque conocemos perfectamente los hechos: nuestro sistema de pensiones no ha funcionado jamás y ha sido insostenible siempre, desde su primer día de funcionamiento. Al fin y al cabo es, desde el principio, un sistema Ponzi, un esquema piramidal.
Los sistemas Ponzi, no es que funcionen bien durante un tiempo hasta que dejan de funcionar porque se vuelven insostenibles. Son insostenibles desde el principio y por eso no funcionan en ningún momento. Introducir en estos sistemas Ponzi las "reformas" que hagan aflorar de forma progresiva, controlada y lo más inocua posible para la casta política (los estafadores al cargo del sistema Ponzi), esta falta de funcionamiento y este carácter insostenible fundamental, no logra hacer que estos sistemas funcionen ni los vuelve sostenibles.
Como un sistema Ponzi destruye progresivamente el capital que se le suministra porque el capital que aportan los suscriptores es transferido ilegítimamente a quienes lo controlan, el rendimiento, para los cotizantes entre el capital aportado y el capital recibido tiende progresivamente a cero.
Reformar unilateralmente "el contrato" de forma que vaya reflejando progresivamente este rendimiento asintóticamente cero, no consigue que el sistema funcione o vuelva a funcionar. Si modificamos progresivamente las condiciones del contrato del sistema de pensiones público de tal manera que el cotizante deba entregar al menos el 60% de su salario durante al menos 45 años para tener derecho a una prestación consistente en un par de calcetines de algodón cada 4 años, evitaremos el default formal del sistema pero no el default real, el que tiene consecuencias económicas, que es el que importa.
Y es que independientemente de cuales sean las modificaciones legales que se apliquen al sistema, y que son irrelevantes, el futuro del sistema depende de unas leyes económicas, que son leyes "naturales" que ningún gobierno o parlamento puede modificar. En este sentido la actual quiebra (real) del sistema y su actual default (real) no pueden evitarse ni tampoco la economía puede librarse de sus consecuencias. El sistema de pensiones succionó y destruyó riqueza colectiva durante décadas. El agujero de vacío que toda esta riqueza desaparecida ha dejado no puede llenarse con un cambio legislativo pueril.
Si aumentan el esfuerzo que supone para los cotizantes mantener vivo el sistema, la riqueza adicional necesaria para prolongar la agonía del muerto viviente, será sustraída del resto de la economía con consecuencias catastróficas. Si reducen la riqueza que los beneficiarios obtienen del sistema, la riqueza en manos de esos beneficiarios se reducirá con consecuencias igualmente catastróficas. Y es que robar a Pedro para pagar a Juan nunca ha solucionado los problemas económicos, especialmente cuando Pedro y Juan son, en realidad, la misma persona.
Y dale que te pego con que las pensiones son un sistema Ponzi.
¿Como puede ser Ponzi si se FINANCIAN, repito, FINANCIAN CON IMPUESTOS?
Otra cosa es que no haya suficiente dinero para cumplir con el "compromiso" de pago presente y futura, dada un "presion" fiscal determinada. Y eso solo tiene una solucion, o aumentas la recaudacion o disminuyes los pagos. Son habas contadas. De Ponzi nada
Pero sí están basadas en un sistema piramidal, se llame Ponzi o lo que sea. La diferencia es que están garantizadas por el Estado. Por lo que es muy lógico y decente que este intente solucionar un problema, que heredarán nuestros hijos y nietos y los políticos que les acompañarán.
Perdón... acabo de anunciar en otro tema mi cambio de nombre para no confundir y lo primero que hago es olvidarme.
Para ser un esquema piramidal, debería el estado comprometerse con los cotizantes a devolverles lo que han aportado durante su vida laboral con un determinado interés. Eso no es así, como es bien sabido, así que no puede ser un esquema piramidal. Punto.
La confusión es sin duda consecuencia de que hay una cierta relación entre lo cotizado y la pensión que se recibe. Sin embargo, los que cotizan más saben que nunca van a recibir tanto como han aportado. Sería interesante intentar montar un sistema piramidal prometiendo a los que más pongan que van a perder dinero.
Un sistema piramidal necesita que crezca el número de participantes. Un sistema de pensiones como el que tenemos puede funcionar con una economía y una demografía estacionarias. Simplemente, el gasto en pensiones sería igual al total de las cotizaciones.
Estaría bien que hicierais un post explicando que en TODOS los sistemas de pensiones que conocemos la sostenibilidad del sistema depende de factores demográficos y que no tiene que ver con que el sistema sea de reparto o de capitalización, y que ambos son equivalentes en la mayor parte de aspectos económicos relevantes -salvo el debate, que está lejos de estar cerrado, del efecto sobre la tasa de ahorro individual. Empieza a ser irritante que se repita de forma mecánica que es un esquema ponzi y bla bla bla...
Eso, o debe ser que solo leo a autores "heterodoxos" como Peter Diamond http://eprints.lse.ac.uk/2630/1/economics_of_pensions_final.pdf
Fulano y Citoyen.
Por mi parte lo he entendido perfectamente y no voy a necesitar más explicaciones
"Un sistema piramidal necesita que crezca el número de participantes. Un sistema de pensiones como el que tenemos puede funcionar con una economía y una demografía estacionarias. Simplemente, el gasto en pensiones sería igual al total de las cotizaciones"
No, en realidad no. Un sistema de reparto está diseñado bajo el supuesto implícito de que la población crecerá a buen ritmo. Cuando la velocidad de crecimiento demográfico baja de cierto umbral el sistema colapsa.
El sistema se basa en en poder del monopolio, que permite transferir pérdidas por la fuerza, imponiendo el sistema a los ciudadanos aunque sea perjudicial para los ciudadanos. Sin embargo el poder del monopolio no es ilimitado. Si la penalización que supone participar en un sistema impuesto es excesiva, la gente termina revelándose.
Hay otro problema: aunque el monopolio, o la capacidad de imposición del Estado, permita transferir esas pérdidas de unos agentes a otros, eso no hace desaparecer esas pérdidas. La destrucción de riqueza que representan afecta al conjunto de la economía y una vez que se franquea un cierto umbral (que ha sido franqueado ya) la economía comienza a contraerse hasta desaparecer. (Esta carga de las pensiones para la economía productiva es una carga entre muchas otras, es la suma de cargas lo que lleva a la economía productiva hacia el colapso)
"Estaría bien que hicierais un post explicando que en TODOS los sistemas de pensiones que conocemos la sostenibilidad del sistema depende de factores demográficos y que no tiene que ver con que el sistema sea de reparto o de capitalización, y que ambos son equivalentes en la mayor parte de aspectos económicos relevantes"
En realidad esto no es cierto pero podría admitirse como aproximadamente cierto en un análisis purista, que se desarrolle en el país donde ocurren los cuentos de hadas. El problema es que en nuestro mundo las cosas no ocurren como en los cuentos de hadas. Por ejemplo, dependiendo de las fluctuaciones demográficas y otros factores, un sistema de reparto podría acumular un patrimonio en unos momentos y una deuda en otros ¿Qué ocurre si, cuando hay un patrimonio positivo en el sistema, "alguien" se lleva y gasta, sin intención/posibilidad de devolverlo, ese patrimonio?
¿Podría ocurrir en la práctica? o, reformulando esta pregunta con los pies en el planeta Tierra y no en un universo paralelo, ¿Se conoce algún caso en el que el Estado que custodiaba ese patrimonio de los cotizantes pensionistas no lo haya robado? ¿Hay documentado algún caso exótico de un Estado que no robó el fondo de pensiones y lo gastó?
"No, en realidad no. Un sistema de reparto está diseñado bajo el supuesto implícito de que la población crecerá a buen ritmo. Cuando la velocidad de crecimiento demográfico baja de cierto umbral el sistema colapsa. "
En un sistema de capitalización: los jóvenes trabajan, producen un output y un parte de ese output lo intercambian con el Estado o un fondo de pensiones por un papelito que se llama "activos". Cuando los jóvenes se hacen viejos, "venden" esos papelitos a los jóvenes de la generación siguiente a un precio determinado por,... hum, el número de jóvenes de la generación siguiente (es decir, la oferta de trabajo) y con eso financian el consumo en la jubilación. Si la población crece mucho, esos papelitos (capital) son escasos y los pueden vender a un precio adecuado. Si la población decrece, el capital será abundante y uno sólo lo venderá a un mal precio porque en un modelo de generaciones solapadas el tipo de interés biológico depende del crecimiento demográfico.
En un sistema de reparto funciona exactamente igual: ahora en lugar de acumular papelitos con el nombre de "activos", lo que uno hace es pagar una contribución (no necesariamente al Estado; hay sistemas de reparto en empresas privadas) y recibir la promesa de que se le pagará una cantidad X. De nuevo, la sostenibilidad del sistema depende de que la gente que trabaja pueda producir lo suficiente para mantenerse ellos y la gente que no trabajo.
Todo lo demás son malabarismos financieros; la "acumulación de patrimonio" no existe a nivel macroeconómico -salvo si se trata de bienes duraderos, como inmobiliario, etc...-, en todos los casos el consumo de los jubilados viene del trabajo de los activos y lo único que haces con un sistema es dividir el output de una u otra forma.
"Todo lo demás son malabarismos financieros; la “acumulación de patrimonio” no existe a nivel macroeconómico"
Pero existe la acumulación de capital. El output futuro no es simplemente proporcional a la población ocupada del futuro. Cien trabajadores japoneses producen mucho más output que cien trabajadores nigerianos porque la economía japonesa está mucho más capitalizada.
En su análisis parece incluir una obligación de que el trabajador que capitaliza su pensión invierta ese capital en su propio país y que por tanto esté obligado a depender de la demografía futura de su país pero nada impide a este trabajador capitalizar sus aportaciones en forma de inversiones en otros países. Esto es algo que da a ese trabajador, entre otras cosas, la oportunidad de comparar a unos gobiernos con otros gobiernos y no estar obligado a conformarse con el gobierno que le haya tocado en suerte.
Tampoco explica cómo pueden los cotizantes evitar que el Estado robe su fondo de pensiones y el que el Estado robe esos fondos es algo que ha sucedido en todos y cada uno de los casos conocidos.
"Pero existe la acumulación de capital."
¿Y de qué depende la acumulación de capital? De la tasa de ahorro y del output. ¿Es la tasa de ahorro distinta en un sistema de capitalización y uno de reparto? Es algo que está a años luz de estar claro, ni en la literatura empírica, ni en la teórica. Obivamente, un sistema de capitalización individual produce más ahorro hoy si implicitamente asumes que se dejan de pagar las pensiones actuales.
"En su análisis parece incluir una obligación de que el trabajador que capitaliza su pensión invierta ese capital "
Sí, porque es una simplificación para mostrar que en una economía cerrada los dos sistemas son equivalentes. El problema del envejecimiento es un problema global, no es algo estrictamente europeo y en cualquier caso eso a largo plazo correr un superavit de balanza de pagos hoy tiene que traducirse en un déficit mañana.
"Tampoco explica cómo pueden los cotizantes evitar que el Estado robe su fondo de pensiones"
Algo que puede ocurrir de forma similar tanto en sistemas de capitalización como en los de reparto: sólo hay que cambiar una ley, por ejemplo, Argentina.
“¿Es la tasa de ahorro distinta en un sistema de capitalización y uno de reparto? Es algo que está a años luz de estar claro, ni en la literatura empírica, ni en la teórica”
Bueno, yo no he dicho que un sistema de capitalización condujese necesariamente a una tasa mayor de ahorro y de capitalización. Lo que decía es que no puede deducirse la equivalencia de los dos modelos basándose en que la capitalización debe ser constante.
El un sistema de capitalización individualizado y privado, la calidad y cantidad de la pensión que recibe cada agente depende del esfuerzo de ahorro que decida hacer durante su vida laboral. La gente podría decidir vivir mejor hoy y tener una vejez más austera o vivir más austeramente hoy y más desahogadamente durante la vejez. La capitalización de la economía aumentaría o no dependiendo del conjunto de las decisiones individuales de cada trabajador. En este sistema, lo que cada uno obtiene es función de la importancia que cada uno dé a su propia vejez y del esfuerzo que haga y no de su capacidad de imponer a otros ese esfuerzo contra su voluntad. Un sistema de incentivo en el que el ahorrador que hace el esfuerzo de ahorrar disfruta de los beneficios de ese ahorro parece que tiene que ser más efectivo.
“Sí, porque es una simplificación para mostrar que en una economía cerrada los dos sistemas son equivalentes. El problema del envejecimiento es un problema global, no es algo estrictamente europeo y en cualquier caso eso a largo plazo correr un superavit de balanza de pagos hoy tiene que traducirse en un déficit mañana”
Aunque en un modelo numérico simplificado pueda ser equivalente invertir el capital de las pensiones de capitalización en el propio país o en otro y todo ello ser equivalente a un modelo de reparto, en el mundo real las cosas son muy diferentes.
Imaginamos que en España hubiera funcionado un sistema de pensiones privado de capitalización individual desde hace 50 años. Hoy, (imaginemos) quizás el 35% del capital de la economía española sería propiedad de los jubilados. Si la economía española estuviese “demasiado capitalizada”, esos jubilados obtendrían un retorno mayor de ese capital invirtiéndolo en, por ejemplo, Perú, un lugar con poco capital y con fuerte potencial de crecimiento (Un lugar donde en capital es más valioso porque es más escaso). La población activa en España podría disminuir y aún con todo, los jubilados españoles seguirían obteniendo sus pensiones de la renta producida por el uso de su capital por el gobierno peruano o por trabajadores y empresarios peruanos. Quizás 8 millones de trabajadores peruanos podrían hacer uso del capital sobrante en España propiedad de los jubilados españoles. Todo esto podría basarse además en la voluntariedad. Los jubilados españoles ofrecerían su capital y quien lo usase, fuera español o peruano, aceptaría voluntariamente pagar una remuneración por el uso de ese capital.
En un sistema de reparto, la alternativa a exportar un capital “sobrante” a países que lo necesitan y pueden darle un uso productivo, como Perú, es importar la mano de obra de 8 millones de peruanos que den uso en España a ese capital. Esto es algo completamente irracional. No tiene sentido económico mover, de un lugar a otro, poblaciones humanas de millones de personas para colocarles cerca de donde está la fábrica de muebles. Lo que tiene sentido es mover la fábrica de muebles a donde estén las personas que puedan trabajar en ella.
El que se plantee esta aberración económica y social y cultural y humana consistente en “importar inmigrantes”, en lugar de la solución lógica consistente en que los países ricos financien prestando su capital el desarrollo de los pobres, es una consecuencia de esa otra aberración que es el sistema de pensiones de reparto, basado en la imposición.
Como la nueva generación, quizás menos numerosa, debe costear las pensiones de los jubilados por la fuerza, se hace necesario que tanto el capital como los trabajadores que usan ese capital estén situados geográficamente bajo el dominio de la imposición, bajo la jurisdicción del Gobierno español. Por eso es necesario que el capital se quede en España y que los trabajadores se vean obligados a venir a España a utilizarlo. El Gobierno español no puede extraer renta por la fuerza ni del capital en Perú ni de quienes trabajan en Perú.
Igual el problema no es (sólo) demográfico.
http://www.fundstrategy.co.uk/opinion/comment/notion-of-a-pensions-time-bomb-is-a-myth/1018276.article
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