El pasado junio tuve la oportunidad de participar en Madrid en una conferencia sobre economía de las conductas de riesgo, coorganizada por la Universidad Autónoma de Madrid y la American University. La ponente principal fue Janet Currie, una de las investigadoras más influyentes en economía de la salud. Su charla, dedicada a la crisis de salud mental juvenil, fue de esas que dejan huella: clara, rigurosa y, al mismo tiempo, muy útil para pensar en qué tipo de políticas públicas necesitamos en este terreno.
En esta entrada quiero resumir sus ideas principales, que presentó a partir de un documento de trabajo reciente (disponible aquí) y que también podéis ver en vídeo (en inglés) en la web de la Fundación Ramón Areces.
Para situar el debate, Janet Currie acude a la evidencia: en EEUU, alrededor del 13% de niños entre 3 y 17 años tienen un diagnóstico de trastorno mental o conductual, una cifra muy similar a la media mundial (Unicef, 2021). España no se queda atrás: según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del 2023 un 20% de jóvenes de entre 10 y 14 y un 22% de los de 15 a 19 presentan algún diagnóstico de este tipo.
También son alarmantes las elevadas tasas de suicidio juvenil. En EEUU, 15 de cada 100.000 hombres y 4,4 de cada 100 .000 mujeres de 10 a 24 años se suicidaron en el 2020, cuatro veces más que la media europea. En España, los números son más bajos (3,5 y 1,1 respectivamente), pero no dejan de ser preocupantes (Bertuccio et al., 2024).
El problema no es solo humano, sino también económico. En 2021, el gasto sanitario directo en EEUU asociado a la salud mental infantil ascendió a 31.000 millones de dólares, el 47% de todo el gasto médico infantil (Loo et al., 2024). Además, a esto hay que sumar el coste de las pérdidas laborales parentales y los efectos de largo plazo sobre el capital humano: peor rendimiento escolar, mayor dependencia de prestaciones sociales y problemas que se arrastran hasta la vida adulta (Currie y Stabile, 2006; Currie et al., 2010; Anderson et al., 2015; Biasi et al., 2023, entre otros). Nada sorprendente si tenemos en cuenta que la mitad de los trastornos mentales en adultos empieza en la infancia (Kessler et al., 2005).
En este contexto, Janet Currie desmontó tres mitos muy extendidos sobre la crisis de salud mental infantil.
1.- Mito 1: “La crisis es nueva”
La idea de que la crisis de salud mental infantil es reciente y sin precedentes no cuadra con la evidencia histórica. Ya en 1970 y en el año 2000, informes oficiales en EE. UU. estimaban que entre el 11 y el 12 % de los niños sufrían trastornos mentales graves. Y en 1990, el suicidio ya era la tercera causa de muerte entre adolescentes (Cutler et al., 2001). Es decir, el problema viene de lejos y, en conjunto, la prevalencia parece haber sido alta y bastante estable durante décadas.
¿Por qué, entonces, tenemos la sensación de que todo empeora? En buena parte, por la forma en que definimos y registramos las enfermedades mentales, y por los incentivos que favorecen su diagnóstico. En EE.UU., por ejemplo, las últimas versiones de los manuales diagnósticos ampliaron las categorías de ansiedad y depresión. Por otro lado, los hospitales cambiaron la codificación de lesiones, lo que aumentó los registros de autolesión (Steward et al., 2017). Desde 2011, además, se recomienda la detección precoz anual de depresión en chicas adolescentes (Corredor-Waldron y Currie, 2024). Y todo esto ha ocurrido en un contexto donde el estigma de sufrir una enfermedad mental se ha reducido, lo que anima a más personas a pedir ayuda.
Y los datos reflejan estos cambios. Como se puede ver en el gráfico más abajo, las visitas a urgencias con diagnóstico de salud mental aumentaron hasta 2011 y luego se estabilizaron. Después de esa fecha, crecieron mucho los diagnósticos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, mientras que otros diagnósticos retrocedieron. Además, la recomendación de detección precoz de 2011 coincide con más diagnósticos de depresión en esa época en chicas (pero no en chicos). En las encuestas escolares, se observa cómo el porcentaje de alumnado que declara sentirse triste o desesperanzado (un tercio) es estable desde 1999, con un repunte solo a partir de 2017. La ideación y planificación suicida se mantiene entre el 16 y el 20%, y los intentos de suicidio en torno al 10%, cifras estables durante décadas.
En suma, la “crisis” parece ser persistente más que nueva. De hecho, ha habido un gran número de niños con trastornos de salud mental durante décadas. Este punto es importante porque, si la crisis es de larga duración, entonces debemos buscar también causas estructurales y de largo plazo, en lugar de fijarnos solo en fenómenos más recientes, como las redes sociales.
2.- Mito 2: “El alza del suicidio solo refleja peor salud mental”
El reciente aumento del suicidio juvenil en EE.UU. podría hacer pensar que la salud mental de los menores se ha deteriorado rápidamente. Sin embargo, otros indicadores de salud mental no apuntan en esta dirección. Por ejemplo, las visitas a urgencias con algún diagnóstico de salud mental se han mantenido estables después de 2011, justo cuando las tasas de suicidio juvenil empezaron a subir. Además, hay claras diferencias de género: los chicos tienen tasas de suicidio más altas, mientras que ellas presentan más diagnósticos de trastornos mentales. Y aunque la prevalencia de problemas de salud mental en la infancia parece similar entre EE. UU. y Europa, el suicidio juvenil es mucho más frecuente en EE. UU.
Entonces, si no es simplemente un mayor deterioro de la salud mental lo que explica el aumento de suicidios, ¿qué lo hace? Una hipótesis recurrente es el mayor acceso a armas de fuego en EE. UU. Para analizarlo, Janet Currie combina microdatos de mortalidad con una base de datos que recoge los cambios legislativos en materia de armas entre 1991 y 2021. En ella se observa cómo distintos estados aprobaron o eliminaron cinco tipos de leyes “fundacionales” de seguridad: (1) verificación de antecedentes o permiso de compra, (2) permiso para porte oculto, (3) leyes “red flag” que permiten retirar armas a personas que representan un riesgo para sí mismas o para otros, (4) leyes de “disparar primero”, que autorizan a usar un arma si uno se siente amenazado incluso cuando habría alternativas seguras, y (5) requisitos de almacenamiento seguro y prevención del acceso de menores a las armas.
Janet Currie estima un modelo de efectos fijos de dos vías (estado-año) y encuentra, como se puede ver en la tabla de más abajo, que una ley adicional de seguridad reduce el suicidio juvenil en 0,397 por 100.000 jóvenes (alrededor de un 6%), un efecto concentrado prácticamente en los chicos. Además, muestra que estas leyes afectan únicamente a las muertes por arma de fuego, sin evidencia de sustitución hacia otros métodos de suicidio. Al descomponer, el resultado es todavía más claro: son las leyes de “libertad de armas” (como las normas de “disparar primero” o el porte sin permiso) las que elevan los suicidios. En particular, permitir una ley de “libertad de armas” adicional incrementa el suicidio por arma de fuego en chicos de 10 a 19 en alrededor del 16,4%.
Otro sospechoso habitual en el debate sobre el incremento de suicidios son las redes sociales. Sin embargo, Janet Currie presenta distintos estudios causales que encuentran únicamente efectos pequeños (Allcott et al., 2020; Braghieri et al., 2022). Es más, los datos descriptivos muestran que en 2019 los estados con más suicidio juvenil reportaban menos tiempo de pantalla. Y a nivel agregado, las tasas de suicidio adolescente tocaron techo en 2017 y empezaron a descender después, justo cuando las redes sociales, si acaso, se volvían más tóxicas.
La conclusión es clara: el aumento en las tasas de suicidio juvenil no parece provenir de un incremento paralelo en los trastornos mentales entre los jóvenes. Y esta distinción es crucial, porque sugiere que es posible reducir las muertes por suicidio incluso aunque la prevalencia subyacente de problemas de salud mental se mantenga alta.
3.- Mito 3: “Invertir en infancia no sirve para la salud mental”
En las dos últimas décadas, EE.UU. ha aumentado notablemente el gasto en infancia: entre 2002 y 2019 el gasto público real en niños creció casi un 60%, acercándose al nivel de otros países. Estas inversiones se han traducido en mejoras claras: menos pobreza infantil, menor mortalidad, caída de embarazos adolescentes y menos detenciones de menores. Un éxito en muchos frentes. Sin embargo, la persistencia de los problemas de salud mental abre la pregunta: ¿son estas políticas igual de eficaces en este terreno?
Janet Currie mostró evidencia de que sí, ciertas inversiones han tenido impacto positivo en salud mental. Durante el embarazo y la primera infancia, por ejemplo, la exposición prenatal a un programa de alimentación muy extendido en EE.UU. (WIC) reduce entre un 5 y un 6% los diagnósticos de TDAH y otros trastornos (Chorniy et al., 2020). El mecanismo parece claro: mejor nutrición, más acceso a cuidados prenatales y menos estrés. La evidencia sueca apunta en la misma dirección: el estrés materno severo durante el embarazo aumenta después la probabilidad de TDAH, ansiedad y depresión en los hijos (Persson y Rossin-Slater, 2018). También programas de transferencias a familias con bajos recursos (EITC), ayudan a proteger la salud mental materna (Evans y Garthwaite, 2014).
En edad escolar y adolescencia, la relación entre escuela y suicidio juvenil es evidente: en EE. UU. las tasas de suicidio siguen el calendario académico (picos en octubre y abril, mínimos en verano y vacaciones). Durante los cierres por COVID, los suicidios cayeron un 25%, y repuntaron entre un 12 y un 18% al reabrir los colegios (Hansen et al., 2024). Además, el bullying escolar parece ser un factor de riesgo crítico. Algunos estudios encuentran que las leyes antibullying redujeron victimización, depresión e incluso suicidio entre chicas (Rees et al., 2022). También funcionan las intervenciones en el aula: programas de empatía, lectura con padres o actividades audiovisuales reducen la violencia y acoso a bajo coste (Alan et al., 2021; Cunha et al., 2023). Por último, ampliar los servicios de salud mental en los centros educativos también funciona: más diagnósticos, más psicoterapia y menos intentos de suicidio (Golberstein et al., 2024).
La calidad del tratamiento es otro factor clave. La práctica clínica muestra enormes variaciones: muchos niños reciben fármacos inadecuados o fuera de guías, con peores resultados. Aquí la lección es sencilla: la formación médica y la adherencia a protocolos marcan la diferencia. Cuando se siguen los protocolos profesionales, los costes y la autolesión bajan; cuando se recetan medicamentos no aprobados o desaconsejados, los daños aumentan (Currie et al., 2024).
Conclusión
La charla de Janet Currie nos deja un mensaje claro: la crisis de salud mental infantil no es nueva, no se explica solo por un empeoramiento reciente de la salud mental de los jóvenes y, sobre todo, sí responde a políticas públicas bien diseñadas.
¿Y qué hay de España? Aunque nuestras tasas de suicidio juvenil son más bajas que las de EE. UU., los diagnósticos de problemas de salud mental entre adolescentes están en niveles preocupantes. Y también aquí las cifras van acompañadas de costes a largo plazo para las familias, el sistema educativo y la productividad futura. Si algo nos enseña la evidencia que presenta Janet Currie es que no estamos condenados a aceptar estas cifras como inevitables: se puede actuar y, además, las inversiones en infancia tienen retornos enormes en bienestar y capital humano.
Quizá la pregunta más relevante para nuestro contexto sea si estamos haciendo lo suficiente: ¿estamos invirtiendo de verdad en apoyo temprano a las familias, en prevención dentro de las escuelas, en servicios de salud mental accesibles y de calidad para niños y adolescentes? La evidencia dice que vale la pena.
