Como es bien sabido, una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física y/o sexual alguna vez en su vida, en la mayoría de los casos infligida por su pareja. Se trata de un problema social complejo, con múltiples causas (sobre las que hemos hablado anteriormente aquí, aquí, aquí o aquí) y consecuencias, que tiene un profundo impacto no solo sobre la salud física y mental de las víctimas (Bhuller et al., 2025; Le and Giang, 2025), sino también sobre sus posibilidades económicas y laborales (Gedikli et al., 2023; Fajardo-Gonzalez, 2021).
Dada su alta prevalencia y sus amplias repercusiones, muchos gobiernos han intentado implementar políticas para prevenirla y reducirla. Sin embargo, la efectividad de estas políticas se ve obstaculizada por una barrera importante: la baja tasa de denuncias. En la Unión Europea, solo un 14 % de mujeres denunciaron a la policía el incidente más grave de violencia por parte de la pareja que experimentaron (Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, 2014). En España, apenas una de cada cinco agresiones se comunica a la policía (Ministerio de Igualdad, 2019). Por ello, una prioridad clave para el diseño de políticas públicas es entender qué medidas aumentan la probabilidad de que las víctimas pidan ayuda y denuncien la violencia sufrida.
En un trabajo reciente analizamos el papel que juega el acceso a la sanidad pública en la decisión de denunciar la violencia de género. Lo hacemos aprovechando una reforma de 2012 que restringió el acceso al sistema sanitario español a todas aquellas personas que no cotizaban a la Seguridad Social. En la práctica, los principales afectados por esta restricción fueron las personas inmigrantes en situación irregular. Antes de esta reforma, la sanidad era prácticamente universal: para acceder al sistema sanitario público bastaba con estar empadronado y tener una tarjeta sanitaria. Pero tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, las tarjetas sanitarias de inmigrantes sin permiso de residencia fueron automáticamente canceladas, dejándolas fuera del sistema público de salud. En entradas anteriores ya se ha documentado que esta reforma tuvo efectos negativos sobre la salud de la población extranjera, aumentando la mortalidad (aquí) y reduciendo su acceso a la atención médica programada (Jiménez-Rubio y Vall, 2020). En este estudio nos centramos en un aspecto poco estudiado: cómo la restricción a la sanidad pública afectó a la probabilidad de denunciar la violencia de género.
¿Por qué pensamos que los centros de salud podrían desempeñar un papel importante en la detección y denuncia de violencia de género? Porque muchas víctimas encuentran en las consultas médicas un espacio de confianza donde hablar de su situación con profesionales, recibir información sobre sus derechos y ser derivadas a servicios especializados. Además, en España, el personal sanitario tiene la obligación legal de notificar a las autoridades cualquier indicio de violencia de género a través de un parte de lesiones, lo que activa de manera automática una investigación judicial (Goicolea et al., 2013).
Para nuestro análisis, utilizamos datos judiciales del Consejo General del Poder Judicial. En concreto, recopilamos información trimestral y desagregada por comunidad autónoma sobre el número de casos de violencia de género registrados en los juzgados y las solicitudes de órdenes de protección presentadas por mujeres españolas y extranjeras entre 2011 y 2013. A partir de estos datos, calculamos el número de denuncias y solicitudes de protección por cada 10.000 mujeres, diferenciando por nacionalidad.
Para estimar el efecto de la reforma, comparamos la evolución de las denuncias y de las órdenes de protección presentadas por mujeres extranjeras y españolas, antes y después de la reforma. Como podemos ver en la Figura 1, los resultados muestran un patrón claro: justo después de la retirada del acceso a la sanidad pública, las denuncias por violencia de género entre mujeres extranjeras se redujeron en un 12,22% respecto al nivel anterior. También cayeron las solicitudes de órdenes de protección en la misma proporción.
Figura 1: Impacto de la reforma sobre el número de denuncias por cada 10.000 mujeres
Ahora bien, la reforma no se aplicó por igual en todo el país, dado que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas. Mientras que seis comunidades (Madrid, Murcia, Baleares, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha) aplicaron la ley sin apenas cambios, otras mantuvieron programas alternativos para garantizar la atención sanitaria a personas en situación irregular. Aprovechamos esta variación regional para, como muestra la Figura 2, mostrar que, efectivamente, el descenso en las denuncias fue más pronunciado en las comunidades que aplicaron con más rigor el recorte: en ellas, las denuncias se redujeron un 16,6% (un patrón muy similar se observa si utilizamos las solicitudes de órdenes de protección).
Figura 2: Impacto de la reforma en el número de denuncias por cada 10.000 mujeres, según el grado de aplicación de la ley: (a) regiones con aplicación laxa y (b) regiones con aplicación estricta
¿Podría la caída en las denuncias deberse a una menor incidencia de la violencia? Nuestros resultados apuntan a que no. Utilizando las Macroencuestas de Violencia de Género del 2011 y 2016, comprobamos que la incidencia de la violencia entre mujeres extranjeras, en comparación con las españolas, no varió de forma significativa tras la reforma. Tampoco encontramos ningún efecto de la reforma sobre los homicidios de mujeres extranjeras. Además, identificamos que la reforma afectó a la vía a través de la cual se denuncian los casos de violencia doméstica. En particular, la mayor caída proviene de una reducción en los partes de lesiones emitidos por los centros de salud. En conjunto, estos resultados sugieren que la reducción en las denuncias no responde a una disminución de la violencia, sino a nuevas barreras para denunciarla impuestas por la exclusión del sistema sanitario.
En un contexto en el que muchos países debaten cómo responder al aumento de la inmigración irregular, este trabajo aporta evidencia sobre los efectos no deseados de limitar el acceso a servicios públicos esenciales, como es el sistema sanitario público. La exclusión sanitaria no solo afecta negativamente la salud de las personas afectadas, sino que, como hemos visto, puede dificultar la denuncia de situaciones de violencia agravando la vulnerabilidad de quienes más necesitan protección. Estos efectos colaterales suelen pasar desaparecidos cuando se realizan evaluaciones de políticas públicas. Ignorarlos supone silenciar a quienes más necesitan ser escuchadas.
