De Pedro Rey Biel y Javier Rey del Castillo
La industria farmacéutica es el principal inductor del aumento descontrolado del gasto sanitario en la mayoría de los países desarrollados, lo que se debe fundamentalmente a la introducción de nuevos medicamentos en el mercado, de precio cada vez mayor . Esta tendencia se había moderado en los últimos años, por agotamiento del desarrollo de nuevos productos por síntesis química, pero los nuevos productos biotecnológicos la han reactivado.
Gracias a los altos ingresos y a las asimetrías de información, los laboratorios farmacéuticos tienen amplia capacidad de inducir la demanda de sus productos mediante su influencia sobre prescriptores y pacientes. Esta influencia se extiende también sobre quienes deben autorizar y financiar su prescripción y consumo, a precios en cuya fijación los laboratorios tratan ante todo de evitar la capacidad de negociación de los consumidores colectivos más importantes, como son los servicios públicos de salud.
Por otra parte, ante la extrema dificultad de conocer de forma no sesgada los verdaderos costes asociados a la investigación y el desarrollo de los nuevos productos, en especial los biotecnológicos, existe amplio consenso en considerar que la causa principal de su elevado precio es la escasez de competencia en el momento en que sale el primer medicamento para cualquier enfermedad que, debido al fuerte sistema de protección de patentes, influencia de forma clara la evolución de los precios de productos similares y derivados cuando aumentan las condiciones de competencia.
Ambos factores han contribuido a la actual “crisis” desencadenada por la utilización de un nuevo fármaco, caro pero efectivo contra la hepatitis C, el sofosbuvir (Sovaldi):
- Como se ha publicitado extensamente, Gilead, el laboratorio que comercializa el medicamento que centra la polémica, no participó de forma activa en su investigación ni, por tanto, en sus costes de desarrollo, y se limitó simplemente a anticipar las posibilidades de negocio y comprar los derechos de patente a Pharmaset (en el que participaba Roche) a un precio de alrededor de 11.000 millones de dólares (8.000 millones de euros. Sin embargo, ese precio se considera ahora bajo en relación con las perspectivas de negocio que sugieren los 1.100 millones de euros conseguidos por Gilead en el primer año de comercialización del producto, aún en condiciones de uso limitado en la mayoría de los países que lo han autorizado, a precios muy elevados (62.000 euros por tratamiento de 12 semanas en los Estados Unidos; 55.000 en Francia).
- Los altos precios del medicamento impuestos en todos los países son una muestra de hasta qué punto se puede descontrolar el gasto de los servicios sanitarios, ya comprometido, si en la formulación de la demanda (inducida), determinada por las indicaciones del uso del producto, y en la fijación de los precios, el poder de monopolio del laboratorio productor se impone al (potencial) poder monopsonista de quien sea en cada caso el principal comprador, sea el servicio público de países como el Reino Unido, Francia o Alemania, o privado, como es el caso de las aseguradoras privadas norteamericanas .
Unos y otros han reaccionado de maneras diferentes para afrontar el problema: desde una delimitación de las indicaciones de uso del tratamiento, como ha ocurrido en Francia, al intento de introducir mecanismos de competencia que hagan que el precio se reduzca. Ejemplos de esto último son los convenios de uso exclusivo de nuevos medicamentos de eficacia curativa similar a la del sofosbuvir, ya autorizados y a punto de lanzarse al mercado, firmados por algunas aseguradoras americanas con los laboratorios correspondientes . Una actitud similar parece subyacer al acuerdo adoptado hace pocos días por el NHS británico para demorar hasta el mes de julio la autorización del uso del producto, que, tras los informes del NICE (National Institute of Clinical Excellence, su agencia de evaluación tecnológica), estaba previsto comenzar a utilizarse en abril .
Sin embargo, en el caso de España, a estos factores generales se han añadido algunos específicos, que han hecho que la “crisis” haya alcanzado aquí una relevancia pública mayor:
1) La extensión de la enfermedad: a falta de datos oficiales consolidados, la prevalencia de la hepatitis C en los países del Sur de Europa parece mucho mayor (del 0,5% de la población en países escandinavos al 5% en países mediterráneos). En España se estima que hay hasta unos 300.00 afectados “reconocidos” (cifra que podría alcanzar los 900.000 si se incluyen los portadores no detectados), para una población de alrededor de 46 millones de habitantes, mientras que en Francia, donde el número de afectados ronda los 200.000 para una población total de alrededor de 70 millones.
2) El mecanismo de fijación de los precios de los medicamentos. Esta función corresponde en España a una Comisión Interministerial presidida por el Mº de Sanidad, de la que también forman parte los Mºs de Hacienda e Industria, cuyos objetivos recaudatorios y de desarrollo de determinados sectores industriales pueden diferir de los sanitarios. Sin embargo, dicha Comisión fija los precios para su uso por el Sistema Nacional de Salud (SNS), que no participa directamente en la negociación.
En la inclusión de medicamentos en la financiación del SNS y la determinación de los precios para el uso de los mismos en este ámbito, la Ley 29/2006, de 26 de julio, en distintos artículos (89, 89 bis, y 90) de su redacción actual, dice que la Comisión debe tener en cuenta distintos criterios sanitarios y no sanitarios, incluidas valoraciones de su coste-efectividad e impacto presupuestario, antes de fijar el precio "de manera motivada y conforme a criterios objetivos", sin cuya fijación no es posible su prescripción en el SNS.
La reiteración legal de la necesidad de justificar las razones que han llevado a establecer el precio fijado para el uso de cada medicamento por el SNS, no se acompaña, sin embargo, del establecimiento legal de una obligación taxativa de hacer pública la justificación mencionada, de manera que el precio fijado pudiera ser recurrible en su caso por quien se pudiera ver afectado por el mismo en sus intereses. La ausencia de una clausula legal que lo establezca así se ha venido acompañando, por el contrario, de una práctica sistemática en la que el conocimiento del precio, siquiera el industrial de referencia, se oculta, o se dificulta sistemáticamente, en especial en el caso de los medicamentos de uso hospitalario. Por otra parte, los precios industriales tienen el carácter de “máximos”, y no tienen por qué ser los aplicables por igual en todas las instituciones y servicios, que tampoco son conocidos públicamente. La existencia de diferentes sistemas de compra descentralizados facilita, por el contrario, que el precio real aplicado a instituciones y servicios distintos del SNS responda a las políticas de precios diferenciales que más convenga a los intereses del laboratorio implicado.
Esta manera de actuar, que se ha mantenido en equilibrio aparente hasta la fijación del precio del Sovaldi, sin que ni los laboratorios ni la Administración la hayan puesto en cuestión, dista mucho de ser una negociación en la que un comprador, el SNS, pueda ejercer su poder monopsonista para negociar un precio bajo. Aunque en apariencia la fijación de precios unilateral por parte del comprador le daría aún más poder de mercado, en la práctica la falta de trasparencia en el proceso, y la descentralización de los sistema de compra, provoca que el regulador se adapte en gran medida a las demandas de los laboratorios, que ejercen presión a través de asociaciones de pacientes y de médicos, informados de forma obviamente interesada, sobre la benevolencia y novedad de sus medicamentos.
En el caso del Sovaldi, la reciente creación de una nueva comisión, dependiente únicamente del Mº de Sanidad, para analizar los aspectos epidemiológicos y clínicos de la enfermedad, y proponer las medidas de utilización más adecuada del producto desde el punto de vista médico, confirma que su labor en este caso, que legalmente debería haber correspondido a la Comisión Interministerial antes de la fijación del precio, no se ha cumplido, sin que, como se ha indicado, existan siquiera vías establecidas para recurrir el acuerdo que se haya adoptado; el mismo puede , sin embargo, ser revocado por el propio órgano, la Comisión Interministerial que lo ha adoptó. Como consecuencia, hasta el momento, el precio “máximo” que parece se ha fijado (25.000 euros por tratamiento de 12 semanas) es muy elevado.
3) La demora en la fijación del precio ha tenido efectos secundarios muy importantes en la manifestación y la extensión del problema ante la opinión pública.
La autorización del medicamento por la Agencia europea (EMA) se produjo en noviembre de 2013, aunque la fijación del precio para el SNS no parece haberse hecho hasta un año después. A su vez, el Mº de Sanidad hizo pública la previsión de los pacientes a los que se podría aplicar en función del precio y el presupuesto disponible fijados, y no a la inversa. El criterio era el de incluir a los pacientes afectados en fases más avanzadas (fase 4 descompensada ), de manera aún más restrictiva que en otros países (que incluyen la fase 4 no descompensada) hasta un total de entre 5.000 y 6.000.
Durante el año trascurrido entre autorización y fijación de precio, el conocimiento por parte de los profesionales médicos de la existencia de un producto más eficaz para el tratamiento de la infección que los disponibles, sin que, sin embargo, fuera posible su uso por no estar establecido su precio, creó suspicacias frente al Mº de Sanidad. Esas razones llevaron finalmente a que, cuando el Mº hizo públicas las pautas de uso indicadas adaptadas al precio fijado, estas fueran contestadas mediante un comunicado un tanto insólito de la Asociación Española de Estudio del Hígado, invitando expresamente a que los profesionales del SNS no siguieran las pautas indicadas.
Son esos fundamentos los que dieron lugar a la protesta de distintas asociaciones de pacientes, que, de manera comprensible pero no necesariamente compartida, demandan el uso inmediato y generalizado del producto, sin referencias a las indicaciones en que se debería utilizar, ni al precio aplicable para su utilización .
Pero no sólo es peculiar la situación de la “crisis” en España. También lo son las propuestas que se están planteando para su solución desde distintos ámbitos. Como ya nos estamos extendiendo, esta tarde, en una segunda entrada, discutiremos las posibles soluciones.
Hay 22 comentarios
Muy interesante. No me parece que el problema sea que la patente sea transmisible. La patente ha surgido de la actividad innovadora de un laboratorio que tiene todo el derecho a venderla. Quizá sí que se deba plantear el debate de si no se podría mejorar el sistema de protección de la actividad innovadora, mejorando las patentes o sustituyéndolas por otras fórmulas. Pero todos estos debates deben ser internacionales y se deben hacer hacia el futuro. ¿Qué credibilidad tendría cualquier sistema que naciese del incumplimiento de los compromisos del anterior? Sí se podrían mejorar los mecanismos de fijación de los precios, pero seguramente tardaríamos mucho.
Lo que está en cuestión ahora son dos concepciones de la sanidad pública. En una el gasto está fijado y los gestores se encargan de lanzar pautas de reparto, en otra son los profesionales los que deciden cual es la mejor opción y hay que buscar hueco en los presupuestos para financiarla. Yo estoy más a favor de la segunda, porque es la manera de que el sistema se adapte a la innovación, es la única en la que puede existir confianza médico-paciente (en la otra el paciente acaba viendo al médico en un mero instrumento para la fijación del nivel de gasto), y porque supone un reto para la confección del presupuesto (para poder gastar en sanidad y otros gastos prioritarios y mantener la estabilidad presupuestaria hay que ser rigurosos en el resto del presupuesto).
Un cordial saludo.
Gracias por su comentario. Respecto a los derechos de patente, lo que planteamos en la entrada (más en la de esta tarde sobre propuestas) es que precisamente España, por diversos motivos, no puede ni debe sin más recurrir a declarar una situación de excepcionalidad para eludir la patente. Respecto a la fijación de precios, y en línea con alguna de tus apreciaciones, precisamente el problema en este caso ha estado en invertir el orden de decisiones y fijar un precio, sin haber definido claramente antes por criterios el grupo de pacientes para las que el medicamento está indicado. Una vez se ha anunciado un precio, redefinir, como se está haciendo, las indicaciones, tiene problemas de credibilidad, pues hace sospechar que los criterios se definen por razones económicas.
En todo caso, en un sistema en el que únicamente los médicos prescriptores decidan las indicaciones de los nuevos fármacos, debe buscar mecanismos de protección frente a la enorme capacidad de influencia que pueden tener los laboratorios sobre los médicos.
Muchas gracias por este post, que indudablemente trata un problema importante y que se puede presentar de nuevo en el futuro con otros medicamentos innovadores. Me parece que en el caso de Gilead, se ha producido la compra de la empresa Pharmasset, no de la patente, pudiendo las consideraciones éticas y de rentabilidad valorables desde otros prismas.
En cuanto al precio establecido, habría que considerar que si tratase de otro producto “no vital”, el precio se establecería en función de su valoración por el mercado y no por los costes de I+D y producción y comercialización. Sin embargo, al tratarse de un caso especial es lógico pensar que debe administrarse dicho medicamento a todos los pacientes que lo necesiten desde el punto de vista humanitario, lo que puede ser compatible con una rentabilidad razonable para la empresa comercializadora.
Además, habría que considerar los costes que se ahorran, ya que se ha estimado que un transplante hepático y tratamiento posterior puede costar 200.000 euros, si bien no todos los pacientes necesitarían un transplante.
En cuanto al establecimiento de precio, existen tendencias a vulnerar el derecho de patente o establecer licencias obligatorias, lo que puede constituir un grave peligro de cara a desincentivar el desarrollo de nuevos principios activos.
Este es un tema que ya ha sido tratado ampliamente y recomiendo la lectura de otros artículso que comento a continuación y pueden ayudar en el debate: http://hayderecho.com/2015/01/19/que-puede-hacerse-frente-a-los-precios-abusivos-de-los-medicamentos-patentados-la-posible-concesion-de-licencias-obligatorias-por-la-autoridad-de-competencia/ y http://golpedefecto.blogspot.com.es/2015/01/la-hepatitis-c-y-los-medicamentos.html
En cualquier caso, muchas gracias por el post, creo que es un tema interesante de debate.
Gracias por las matizaciones. Pharmaset, era un conglomerado de empresas, en cuyo accionariado participaban otros laboratorios, como Roche, y cuyo único objetivo principal era el desarrollo del nuevos fármacos para la hepatitis C, de ahí que simplifiquemos diciendo que Gilead “compró la patente”, pues, a efectos prácticos, es lo que hizo.
Lo que discutimos en esta entrada (y en la posterior) es el sistema de fijación de precios, que dista mucho de ser trasparente y que, en España de manera específica, aunque hay ejemplos de otros países, no utiliza el poder de negociación de ser el Sistema Nacional de Salud el comprador principal.
Entrar en el debate de qué medicamentos son “vitales” o no, conduce a un callejón sin salida. Lo que hay que hacer es establecer claramente y por criterios médicos el grupo de enfermos para el que un fármaco está indicado de manera insustituible por estar en riesgo vital más inmediato. Otras indicaciones más amplias en casos de evolución previsible más lenta pueden ser discutidas en función de la reducción del precio que podría obtenerse si se obtiene un precio más reducido. Esto es lo que están haciendo todos los países en el caso de la hepatitis C, para cuyo tratamiento además se estaban ya utilizando hay otras alternativas de menor precio, menos eficaces en términos de resultados porcentuales , pero también valorables (hasta 70%), y con mayores efectos secundarios.
Es cierto que la erradicación de la enfermedad proporcionaría a largo plazo un ahorro, evitando trasplantes (no todos: los que ya tienen afectados el hígado en determinado grado pueden precisarlo en todo caso después de ser tratados) y otros costes, pero hacerlo a todos de manera inmediata, incluso realizando el screening de los casos no conocidos que existen en esta enfermedad, lo que, por otra parte, es discutible desde el punto de vista médico (BMJ 2015; 350 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g7809 ) derivaría en un gasto añadido inmediato que ningún sistema sería capaz de afrontar al precio que ahora se aplica en todas partes. En todo caso cabría utilizar esa posibilidad como alternativa en la negociación con el laboratorio si se reduce el precio de manera que la hiciera asumible.
Muchas gracias por tu respuesta y estoy prácticamente de acuerdo con todos tus comentarios. Sin embargo, desde mi punto de vista no es exactamente lo mismo comprar la empresa que la patente, aunque naturalmente son matizaciones subjetivas.
Es indudablemente obvio, que con los precios marcados, no es un tratamiento para toda la población afectada, sino para la clínicamente indicada, sobre todo en función del grado de fibrosis, pero este nuevo medicamento tiene una eficacia muy superior sobre los subtipos 1 y 4 que los tratamientos anteriores y sin efectos secundarios.
Además, llama la atención que en un asunto como este, no se produzca una negociación a nivel de la Unión Europea en su conjunto, con mayor poder de negociación. Aunque supongo que este tema será tratado en la segunda parte del post que se anuncia.
Yo hago unos números y creo que va a salir más barato comprar la empresa que el medicamento.
Gilead tiene una capitalización bursátil de unos 145.000 millones de euros.
Sólo la población de Europa y USA es superior a los 1.000 millones de habitantes. Suponiendo que de esa población el 0.5% tiene hepatitis C tenemos 5 millones de pacientes.
Esto supone 29.000€ de market cap por paciente, menos de la mitad de lo que cuesta el medicamento.
Y eso sin contar que Pharmaset costó 8.000 millones y sólo en España el Sovaldi para todos los pacientes "reconocidos" costaría 18.600
Me pregunto quiénes controlarían y administrarían esa empresa mundial. Seguramente algunos de los miles de políticos y burócratas inútiles y corruptos que andan sueltos por todo el mundo gozando de privilegios, esos que todos denuncian cuando pertenecen al bando contrario.
El problema no es ahora hacer números, sino cómo se puede mejorar el sistema de establecimiento de precios para que ésto no continúe ocurriendo y cómo solucionar esta crisis sin crear problemas de credibilidad (tanto para incentivar la investigación que realmente interesa como para no dar señales de que se va a comprar cualquier innovación a cualquier precio en el futuro).
Respecto a la compra directa de Gilead, estaría bien preguntarles si se dejan comprar... !y a qué precio! 🙂
Sin duda son problemas complejos y muy importantes, pero es que las cifras que se manejan son muy "llamativas".
Yo también espero con interés la continuación del post. Como comenta golpedefecto una negociación en bloque por parte de la UE parece que podría ser más efectiva. Después está el funcionamiento del sistema de patentes en sí, que es mejorable. Recuerdo haber leído un comentario de Jesús Fernández-Villaverde en el que sugería sustituír las patentes por premios al descubrimiento, que en la práctica es lo que ha hecho Gilead con Pharmaset: "Has descubierto un medicamento, toma, 8.000 millones y el medicamento para mí". Y eso podría hacerlo un ente público.
En fin, no sé si hablarás de todo esto por la tarde, desde luego, hay mucha tela que cortar para hacerlo en un blog.
Este comentario es interesante, y refuerza una pregunta más fundamental: ¿se debe delegar toda la investigación de base al sector privado?
Parte del alto coste del medicamento es que las empresas privadas "asumen" el riesgo de la investigación de medicamentos que pueden no ser rentables a largo plazo - o al menos así lo argumentan. Sin embargo, estoy seguro de que un número importante de laboratorios de investigación estarían encantados de recibir financiación pública para realizar esta investigación de base - que debería ser coto de las universidades y centros de investigación.
Sin embargo, la financiación de la investigación se recorta a marchas forzadas y existe un pernicioso incentivo entre universidades y otros centros a desarrollar investigación con aplicación inmediata. Pero se pierde de vista que gran parte de estos desarrollos se fundamentan en investigación de base realizada en el pasado, y que alguien tiene que asumir.
¿Porqué no delegar en la empresa privada lo que realmente sabe hacer, es decir, ganar dinero con aplicaciones prácticas de la ciencia, mientras se delega al menos en parte el trabajo de investigación de base al dominio público? Esto permitiría incrementar la competencia en los productos finales, y abaratar costes en el largo plazo.
La investigación básica está ya en buena parte en manos del sector público(universidades, centros de investigación) en la mayoría de los países. El problema es que las empresas privadas se aprovechan de ello sin pagar ningún coste por ello, o muy bajo, y sin que el gasto que supone esa parte de la investigación repercuta en términos de reducción del precio al fijar el de los productos desarrollados.
La forma de establecer una relación razonable entre la investigación básica y la aplicada o entre empresas productoras y el sector público es muy compleja. Se pueden ver distintas sugerencias al respecto en:
- Stop Subsidizing Big Pharma:
http://www.nytimes.com/2015/01/06/opinion/stop-subsidizing-big-pharma.html?_r=0
- El número de 13 de enero de la revista JAMA está dedicado a este tema: http://jama.jamanetwork.com/issue.aspx?journalid=67&issueid=931913&direction=Phttp://jama.jamanetwork.com/issue.aspx?journalid=67&issueid=931913&direction=P
Gracias. Como comentamos en la siguiente entrada, aunque Francia propuso en Junio de 2014 el coordinarse entre varios países de la UE, sin llegar a proponer una compra conjunta (que aprovecharía el poder de mercado de un monopsonista mayor), ni siquiera ésto se consiguió, en parte porque los intereses industriales de cada país y las tasas de afectación de la enfermedad son diferentes. Tiene un ejemplo aquí:
http://jhppl.dukejournals.org/content/34/6/931.short
Respecto al sistema de premios que propuso Jesús, tiene también la ventaja de que el organismo que otorga el premio podría dirgir la investigación hacia productos que por sus características (facilidad de administración, segmento de afectados a los que está dirigida, precio...) más le convenga. Hablé de ello hace tiempo en un artículo sobre la escasez de incentivos para la investigación de una vacuna contra el SIDA. Puede encontrarlo aquí:
http://www.world-economics-journal.com/Why%20is%20There%20No%20AIDS%20Vaccine.details?AID=84
En todo caso, el problema es ¿qué organismo internacional tiene la voluntad y la capacidad (económica y legal) de establecer este tipo de premios?
Ex post todos sabemos cómo aprovecharnos del idiota que descubrió o inventó algo (hoy, lo menos que paga el idiota es un impuesto alto sobre su ganancia extraordinaria). Ese aprovechamiento va acompañado de una promesa de respetar a los nuevos idiotas que descubran o inventen algo. Los gobernantes de turno, hayan accedido al poder por la fuerza o por los votos, gustan jugar ese deporte, y no hace mayor diferencia lo bueno o lo malo que pueda ser el poder judicial porque se lo puede regatear con argumentos jurídicos.
No hay magia que pueda controlar el abuso de poder. Lo único que limita el ejercicio abusivo del poder es la competencia de quienes están dispuestos a desafiar al titular. En economía uno diría a los que se quejan de que la empresa X patentó su invento es que compitan con esa empresa inventando algo que no esté protegido por la patente, pero el costo es alto y muchas veces la mejor alternativa es acudir a los políticos. En política, la competencia por el poder hoy es en base a promesas fuertes a grupos de interés (los peores son los que dicen representar el interés general) y promesas vagas a la masa para motivarla a votar y a votar bien. Pero excluida la violencia, no hay medio para hacer cumplir las promesas, ni las fuertes ni las vagas, y entonces cada titular queda librado a su voluntad y su capacidad para jugar con los grupos de interés y la masa.
Soy estudiante de Biotecnología y si bien la parte de patentes no la acabo de dominar, la producción de la molécula que constituye el principio activo de Sovaldi (sofosbuvir) es realmente trivial, ya que su desarrollo está bien caracterizado (gracias en gran parte, imagino también, al dinero que habrá invertido la farmacéutica que lo haya desarrollado).
Según recuerdo, cada caja cuesta unos 130$ de fabricar. El coste medio del desarrollo de un nuevo medicamento oscila entre los 10 y 40 millones de dólares, si mal no recuerdo, coste que además se ha reducido gracias al desarrollo reciente de técnicas de screening y bioassays que permiten descubrir de forma masiva actividades enzimáticas de interés industrial/farmacéutico. Dada la naturaleza económica de esta página y lo bien argumento del artículo, mi duda es: Teniendo en cuenta los costes mencionados y otros que imagino se me habrán escapado, ¿cuánto es razonable pedir desde el punto de vista económico por el
medicamento? ¿Alguna idea?
Te aporto cita de un artículo en el que se ve cómo se puede influir sobre los precios por vías distintas, aplicadas por Francia en este caso:
France uses tax to put pressure on hepatitis C drug prices:
http://www.reuters.com/article/2014/09/30/france-deficit-gilead-idUSL6N0RV27X20140930
Esto es como la factura
girar un tornillo 1$
Saber qué tornillo girar 99.999$
El Estado moderno se creó en base a un Pacto Social para proteger a la sociedad actuando como un punto de equilibrio. Es por ello, que considero que el Estado tienen unas responsabilidades IRRENUNCIABLES: Salud, Educación, Seguridad, Justicia y Obras Públicas. En todo lo demás, bienvenidos la iniciativa privada y el mercado. Si todos los que defienden el mercado y sus consecuencias como por ejemplo las patentes de cosas relacionadas con algo tan sensible como la vida humana estuviesen enfermos y supiesen a ciencia cierta que iban a morir por no poder acceder a un medicamento sería muy interesante poder leer su pensamiento. El artículo está bien, pero hecho en falta el componente humano, que se quiera o no, está presente en la economía y con el que hay que contar para que la ecuación o el modelo econométrico (que tan de moda está) de el resultado correcto.
Gracias por el comentario, que encuentro un poco desenfocado, puesto que los autores del post no podemos ser más defensores de lo que considera irrenunciable como la Sanidad o la Educación Públicas.
Gran parte de la investigación de nuevos fármacos la realizan instituciones públicas, y no termino de entender por qué impedir que también lo hagan instituciones privadas, siempre y cuando se establezca un sistema de incentivos que evite que lleguemos a situaciones como la actual.
Empieza a cansar el argumento de que una "ecuación o modelo econométrico" no tiene en cuenta el componente humano. La Econometría es sólo una manera precisa de medir las interrelaciones entre variables, cuyas mediciones, en muchos casos surgen por el comportamiento "humano" de las personas. No por medir las cosas de forma precisa, tratamos a los seres humanos como robots. Tu afirmación sería similar a decir que por tomar la temperatura a mis hijas para ver si tienen fiebre, o por medir su peso o altura las dejo de tratar como "humanas".
Que a muchos estudiantes se les atragante la Econometría como asignatura no implica que no sea una herramienta muy útil para poder ser precisos. Obviamente los modelos que utilizamos son a veces simplificaciones de la realidad pero, precisamente en los últimos años, ha habido una tendencia a incorporar aspectos psicológicos, sociales, etc., en el análisis que hacemos los economistas. De hecho, el área de "Behavioral Economics" es precisamente, como habrás podido ver en otras entradas mías, el área a la que me dedico.
Mientras no se comercialicen nuevos fármacos y la misma competencia haga bajar los precios, a los políticos solo les queda tener que negociar el precio y tratar a todos los casos urgentes, ningún político podría aguantar la presión de pacientes crónicos y de familiares con pacientes a los que no se llego a tiempo existiendo curación. El debate es si se deben establecer otros mecanismos para lograr un precio justo, esta claro que en la mayoría de casos es el mercado quien mejor asigna los precios, pero cuando no es asi, se debe de regular, recordemos que los ordoliberales hace décadas demostraron la necesaria regulación en casos determinados. Por otro lado es interesante estudiar las propuestas de la economia del bien común en el caso del debate sobre el precio justo. http://politica.elpais.com/politica/2015/01/30/actualidad/1422653989_148543.html http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/352541_combinacion-nuevos-farmacos-sienta-bases-para-erradicacion-hepatitis.html http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/omc-recuerda-a-pacientes-de-hepatitis-c-la-necesidad-de-definir-criterios-medicos-de-gravedad-para-priorizar-terapias_GecoKFmMbZhO7q9JPiZDE2/
Me resulta curioso lo de la demanda inducida de un medicamento por los laboratorios. ¿Eso quiere decir que el laboratorio tiene la culpa de crear la enfermedad? . O ¿tal vez el laboratorio tiene la culpa de inducir a la gente a seguir viviendo? Me parece que esto último lo llevamos todos en los genes sin que ningún laboratorio nos lo induzca. Yo estaría encantado de que esto mismo ocurriese con muchos otros medicamentos. Creo que el problema del precio está en el coste de creación del fármaco, no en la producción y en eso tal vez tenga mucho que ver las infinitas regulaciones burocráticas.
Si alguna entidad pública lo hubiera creado ¿sería más barato? Lo dudo, pero seguramente nunca lo llegaremos a comprobar porque ¿cuándo fue la última vez que unos funcionarios crearon un medicamento? Por alguna extraña razón el talento suele estar en el sector privado.
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