Por Pablo Brassiolo, Ricardo Estrada, Gustavo Fajardo y Juan Vargas
La percepción de que existe corrupción en las instituciones del Estado puede desanimar a personas honestas de involucrase en la función pública, generando así un círculo vicioso en el que la corrupción genera más corrupción. Esta afirmación, por más desalentadora que parezca, tiene una contracara positiva, y es que la misma lógica puede operar en sentido virtuoso, con políticas que favorezcan la integridad institucional atrayendo a trabajadores más honestos.
La noción de que se pueden generar círculos viciosos o virtuosos es consistente con evidencia empírica que muestra que hay una relación inversa entre el nivel de corrupción en el sector público de un país y la integridad de quienes se interesan por la función pública. En India, donde existe la percepción de que la corrupción es un fenómeno extendido, estudiantes universitarios más deshonestos muestran mayor interés en ser funcionarios públicos (Hanna y Wang, 2017). En Dinamarca, país caracterizado por la baja percepción de corrupción, son los individuos más íntegros los que manifiestan una mayor preferencia por un empleo en el sector público (Barfort, Harmon, Hjorth y Olsen, 2019).
La idea de que las rentas de la corrupción pueden atraer a la función pública a individuos más proclives a incurrir en actos corruptos no es nueva (Besley, 2005), pero la evidencia empírica escasea por la dificultad de hacer una estimación causal de esta relación. Esta estimación requiere i) tener una medida de integridad a nivel individual y ii) contar con una variación exógena en la disponibilidad de puestos de trabajo con y sin oportunidades de extracción de rentas.
El experimento
En un estudio reciente, diseñamos un experimento de laboratorio con estudiantes universitarios en Bogotá que cumple con estas condiciones, para estudiar cómo la oportunidad de extraer rentas de manera indebida en un puesto de trabajo puede atraer a individuos con mayor o menor integridad (Brassiolo, Estrada, Fajardo y Vargas, 2021).
Lo primero que necesitábamos era una medida de integridad para cada participante. Para obtenerla, seguimos los mismos los pasos de los estudios de India y Dinamarca mencionados antes. Como la integridad es una cualidad que no se observa directamente, estos estudios aplicaron técnicas ingeniosas para medirla a partir de la propensión a hacer trampa en juegos de laboratorio. En particular, utilizaron el ya clásico juego del dado (Fischbacher y Föllmi-Heusi, 2013). La idea es que los individuos deben lanzar un dado en privado (por lo que solo ellos saben el resultado) un cierto número de veces y reportar el valor obtenido, para luego recibir un pago monetario que depende de este valor. Típicamente se ofrece un mayor pago por números altos, lo que crea un incentivo a reportar números mayores a los que se obtuvieron realmente. Esto permite obtener una medida (ruidosa) de integridad a nivel individual: ya que cada cara tiene la misma probabilidad de salir en cada tirada, a medida que los dados se lanzan más veces el valor promedio que obtiene una persona converge hacia 3,5 por tirada. Si una persona, luego de lanzar el dado varias veces, reporta más de 3,5 por tirada es probable que esté mintiendo, y esta probabilidad aumenta cuanto mayor es el número reportado.
Los resultados
En la primera etapa del experimento, entonces, los participantes debían lanzar el dado en privado 40 veces y reportar el total obtenido, sabiendo que luego serían recompensados con una suma de dinero que era directamente proporcional al valor informado. Los resultados dan cuenta de niveles de engaño relativamente altos: el participante típico declaró un total de 158 puntos en las 40 tiradas, una cifra que es un 13% mayor que el valor esperado de lanzar un dado 40 veces. Asimismo, más de una cuarta parte de los participantes declararon valores iguales o superiores a 165, que es el percentil 99 de la distribución teórica de 40 lanzamientos; es decir, puntajes con probabilidades de ocurrencia muy bajas. La siguiente figura muestra la distribución esperada de los puntajes y la reportada por los participantes de nuestro experimento, que está claramente desplazada hacia la derecha.
En la segunda etapa, los participantes debían optar entre dos contratos que emulaban algunas características típicas del empleo público y privado. Bajo el “contrato privado”, los participantes debían resolver sumas en un lapso de dos minutos, a cambio de un pago que dependía del número de sumas resueltas correctamente. Bajo el “contrato público”, los participantes tenían que distribuir un fondo monetario entre cinco ONGs, de manera confidencial y de acuerdo con sus preferencias, a cambio de un pago monetario fijo.
Nuestro interés estaba en la selección del contrato. El tratamiento consistió en variar una característica del contrato público en algunas sesiones seleccionadas al azar. En concreto, en las sesiones de tratamiento, el fondo monetario a distribuir entre las ONGs estaba compuesto por billetes de curso legal, mientras que en las sesiones de control los billetes eran de juguete. Todas las demás características seguían siendo las mismas, incluida la garantía de que el reparto entre las ONGs que hicieran quienes eligieran el contrato público quedaría en secreto. El hecho de que los participantes supieran de antemano si el fondo a distribuir tenía billetes verdaderos o de juguete, junto con la garantía de secreto sobre el reparto de los fondos, permitía a quienes elegían el contrato público quedarse con algunos billetes para sí mismos (de manera indebida). De este modo, introdujimos exógenamente la posibilidad de extraer rentas monetarias en el grupo de tratamiento, lo que nos permitió estudiar cómo las oportunidades de extracción de rentas afectan a la autoselección en un trabajo.
Encontramos que las oportunidades de extracción de rentas afectan a la composición de los que eligen el contrato público en términos de honestidad (medida con el juego del dado), tal como lo muestra la siguiente figura. En el Panel A se muestra que nuestra medida de honestidad está balanceada entre las sesiones en las que se ofreció el contrato público con billetes verdaderos (barras blancas) y aquellas en las que se ofreció el contrato público con billetes de juguete (barras grises), algo que no sorprende si se tiene en cuenta que la asignación fue aleatoria. En el Panel B se muestra cómo cambia la composición en términos de honestidad de quienes eligen el contrato público cuando hay billetes verdaderos (barras transparentes con contornos rojos), con respecto a la de quienes eligen el contrato público cuando los billetes son de juguete (barras grises). Claramente, la primera está desplazada hacia la derecha de la segunda, lo que indica que la composición en términos de honestidad es peor cuando hay billetes verdaderos.
El análisis de regresión, además de confirmar estos resultados, revela algunos patrones interesantes. En particular, la posibilidad de extraer rentas i) reduce la proporción de participantes que eligen el contrato público (de 31% a 20%) y ii) deteriora la composición en términos de honestidad de quienes lo hacen, debido a que atrae a individuos más deshonestos y aleja a los más honestos.
Después de documentar que la posibilidad de quedarse con parte del fondo a repartir entre las ONGs afecta la decisión de elegir el contrato público, estudiamos si los individuos efectivamente aprovechan esas oportunidades. Encontramos que, en efecto, entre quienes hicieron un reparto con billetes reales, el 45% de los fondos no se asignaron a ninguna ONG; mientras que solo el 4% se quedó sin repartir entre quienes trabajaron con billetes de juguete.
Resumiendo, estos resultados muestran que la posibilidad de extraer rentas en el contrato público se traduce en un deterioro de la integridad media de quienes lo eligen y en una mayor apropiación indebida de los fondos a distribuir. En el estudio también mostramos que una parte relevante de la sustracción de los fondos por parte de algunos participantes se explica, exclusivamente, por la autoselección de aquellos más deshonestos cuando la tarea se hace con dinero real.
Implicaciones de política
Estos resultados son relevantes para el diseño de las políticas de recursos humanos en el sector público. Una discusión recurrente gira en torno a la conveniencia de otorgar más discrecionalidad a los funcionarios, dado que puede haber un trade-off entre agilizar la toma de decisiones y aumentar el riesgo de corrupción (como muestra este estudio sobre la flexibilización de las normas de contratación pública para agilizar la respuesta pública ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19). Nuestros resultados ponen una señal de alerta adicional: las políticas que buscan agilizar las burocracias aumentando el poder discrecional pueden aumentar el riesgo de corrupción vía la atracción de individuos menos íntegros.
Los resultados también son relevantes para las políticas de lucha contra la corrupción, pues sugieren que i) es importante tener en cuenta los posibles efectos sobre la selección a la hora de diseñar normas e incentivos en una organización (como se advierte aquí), y ii) la mejora de las prácticas de contratación del sector público (como las analizadas aquí y aquí) debería ser un foco central de la reforma en los lugares donde se percibe que la corrupción es frecuente.
