En los últimos años han aparecido por primera vez datos masivos sobre la posesión de activos en paraísos fiscales por parte de ciudadanos de todo el mundo, gracias a Hervé Falciani en 2012 o al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con los Papeles de Panamá en 2016, los Paradise Papers este año y otras investigaciones.
La prensa que los ha desvelado intenta, naturalmente, atraer la atención destacando los nombres de los ricos y famosos, aunque hay mucha más gente implicada. Pero no dejan de ser listas parciales de inversores con una u otra empresa intermediaria. Nos podemos preguntar, entonces, cuál es la magnitud total de estos activos potencialmente opacos al fisco.
Hasta hace poco solo podíamos encogernos de hombros, pero un artículo de Gabriel Zucman publicado en 2013 mostró que explotando las anomalías de la contabilidad nacional financiera a nivel mundial, usando fuentes de información oficiales y haciendo algunos supuestos razonables, se pueden hacer cálculos aproximados bastante fiables.
¿Qué sabemos sobre España?
Para el caso español tenemos la estimación realizada por Clara Martínez-Toledano (que colaboró en mayo pasado en NeG) usando los métodos propuestos por Zucman. Es un trabajo semiclandestino (para obtenerlo hay que pedírselo a la autora), si bien ha sido mencionado en muchos medios (ver aquí) y está disponible en internet en una versión antigua. Lo que voy a relatar aquí se basa en el reciente Informe sobre la desigualdad global (aquí el resumen en español), del que son autores Zucman y Thomas Piketty, entre otros (y sobre el que espero volver en el futuro).
El siguiente gráfico muestra la estimación de Martínez-Toledano de los activos financieros no declarados −fondos de inversión, acciones, depósitos y seguros, en orden de importancia− de residentes españoles en otros países, entre 1984 y 2015:
Se observa un aumento muy rápido de estos activos entre 1990 y 2005, momento tras el que se estabilizan. Los 147 mil millones de 2015 equivalen al 8.6% de la riqueza financiera de los hogares españoles, según la autora, o al 17.7% del efectivo y los depósitos que estos tenían a finales de 2015 (o al 13.6% del PIB, mezclando stocks y flujos). Es una cifra muy abultada. En su trabajo, Zucman estimaba que a nivel mundial el porcentaje respecto a la riqueza financiera era el 6% en 2008, lo que nos situaría por encima de la media.
Tener en cuenta los activos no declarados en el extranjero eleva la medición de la desigualdad en nuestro país. Martínez-Toledano calcula que el 1% de los residentes más ricos poseían en promedio el 24% de la riqueza entre 2000 y 2013, frente al 21% que resulta si se ignoran esos activos.
Sería muy deseable, por razones de equidad y de cumplimiento de la ley −y en especial tras un largo periodo de ajustes fiscales que persiguen reducir el déficit público− que estos activos se declararan y que sus rendimientos tributaran en nuestro país. Una primera vía para lograrlo es que las autoridades fiscales se esfuercen para que se declaren todos los activos en el extranjero, lo que empezó a hacerse más en serio desde 2012 con la introducción de la declaración sobre bienes y derechos en el extranjero. También conviene que se aprovechen las revelaciones de la prensa para inspeccionar a los implicados, algo que parece que está empezando a suceder.
El artículo de Zucman propone dos medidas que serían fáciles de poner en práctica. Por una parte, que se obligue a los bancos a revelar la información que poseen sobre los propietarios de las cuentas: los propietarios reales, no las sociedades interpuestas que pretenden ocultarlos. La segunda es que las autoridades nacionales compartan entre sí la información que poseen sobre el patrimonio de sus residentes. Véanse también las propuestas de Zucman en este artículo del mes pasado en el New York Times sobre personas "ultraricas" y empresas como Amazon, Apple o Google.
Como la navidad es tiempo de cuentos, confiemos en que la cooperación de las autoridades fiscales de todo el mundo haga cada vez más difícil tener patrimonios no declarados en el extranjero, para que a los contribuyentes no se nos quede cara de santos inocentes tras cada nueva revelación periodística. Felices fiestas a todos los lectores de Nada es Gratis.
Hay 4 comentarios
Pocos colegas economistas me han hecho reír con sus bromas, pero acepto que este post por lo menos sí corresponde publicarlo hoy.
En todo caso recordemos el origen del día de los Santos Inocentes, esto es, la orden de Herodes de matar a todos los niños menores de dos años. Obviamente esa orden generó una fuga de padres con niños menores de dos años. Esta historia se ha repetido muchísimas veces porque los gobernantes jamás han renunciado a tratar a las personas como objeto de explotación para beneficio personal. La fuga de las personas y sus bienes --es decir, votar con los pies, como se ha estado viendo en Cataluña-- es algo casi "natural" en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el análisis económico debería centrarse en la motivación de los gobernantes --no importa si son democráticos o no porque las deficiencias de los incentivos en las democracias constitucionales muchas veces facilitan los abusos de poder y por lo tanto las fugas de personas y sus bienes (la historia de España es un ejemplo clarísimo de estas fugas)-- y no en cómo ayudar a los gobernantes a explotar a la gente.
Tengo una propuesta aún más radical: limitar la cantidad de niveles de filiales de las empresas, por ejemplo a 10 niveles.
Por ejemplo, un inversor individual japonés (nivel 1) integra una sociedad de inversores (nivel 2), que a su vez tiene acciones en un fondo de inversión (nivel 3).
El fondo es propietario de un conglomerado francés (nivel 4), que posee entre otros negocios una cadena de supermercados (nivel 5).
La cadena tiene una división latinoamericana (nivel 6), que a su vez tiene una filial en Brasil (nivel 7).
Ésta tiene una subsidiaria para el Nordeste (nivel 8), y a su vez una filial para cada supermercado (nivel 9). Y permitimos in nivel extra, por las dudas.
Esto evitaría estructuras accionarias infinitas, como las que se suelen encontrar en empresas sospechosas.
Es curiosa la facilidad con la que nos denominamos "contribuyentes" incluso cuando aportamos muy modéstamente a los ingresos de las arcas públicas o incluso cuando nuestro "balance real" es negativo teniendo en cuenta lo que "recibimos" del Estado.
La pretendida superioridad moral de los "cotizantes a pies juntillas" deberia verse matizada por el valor absoluto de su contribución (o, con harta frecuencia, "descontribución") a las arcas publicas.
Más peligroso que la "optimizacion fiscal" (a la que todo "expoliado" por los muchos estados insaciables que en el mundo son tiene derecho) es el sembrar en la población la idea de que la democracia como "sistema por el cual todo el mundo cree poder vivir a costa de todos los demás" (Friedman) es un modelo viable. Convertir la necesidad en una virtud que debe ser recompensada solo puede contribuir a la generación desmedida de necesidades (todos tenemos un cierto cariño a las recompensas, sobre todo a las inmerecidas).
Es curioso ese sistema por el cual "receptores netos" del estado se permiten la crítica moral de sus benefactores forzados bajo el argumento de que, en su opinión, no contribuyen lo suficiente a cubrir sus necesidades.
Por cierto, conviene recordar que ni Amazon, ni Apple ni Google "pagan" impuestos, por la sencilla y conocida razón de que las empresas no "pagan" impuestos (solo los individuos lo hacen).
Los impuestos los pagan, en última instancia, los accionistas, los clientes o los empleados de esas empresas (via menores dividendos, precios más altos y menores sueldos o menos empleos). Quien paga de los 3 depende de las elasticidades relativas.
Es muy dificil encontrar un consenso razonable sobre como se distribuye en la economía real ese efecto. The Tax Policy Center estima (para USA) que el % del corporate tax pagado por los empleados es del 20% pero algunos economistas (por ejemplo Mankiw) sostienen que el porcentaje real es más alto.
Para las empresas del artículo (Google, Apple y Amazon) todas ellas con gran capacidad para fijar precios me aventuraría a afirmar que una gran parte del impuesto adicional acabará (más pronto que tarde) siendo pagado por sus clientes (o sea, casi todos nosotros).
En realidad la ingenieria fiscal de esas empresas es el "Robin Hood" moderno: "roba" los impuestos al "sheriff de Nottingham" que son los insaciables gobiernos para repartírnoslos a todos nosotros pobres consumidores. Hay que tener cuidado con lo que se desea ....
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