Gabriel Doménech-Pascual y Marta Martínez-Matute Los procesos judiciales ocasionan considerables costes, que inicialmente son asumidos por los litigantes y el Estado (es decir, los contribuyentes), pero que finalmente pueden ser redistribuidos entre ellos de acuerdo con diversas reglas, básicamente, la «americana» y la «inglesa». Con arreglo a la primera, cada litigante soporta sus gastos. De [leer más ...]