La corrupción en la política es un problema persistente en muchas democracias, a pesar de que uno de los propósitos fundamentales de las elecciones democráticas sea responsabilizar a los políticos de sus acciones pasadas. La idea es que, si los políticos saben que serán castigados electoralmente por sus actividades indebidas, deberían ser menos propensos a involucrarse en ellas. Sin embargo, la corrupción en el sector público sigue siendo un problema significativo. Lo demuestran escándalos como el de los gastos parlamentarios en el Reino Unido (ilustrado por la imagen que encabeza esta entrada) o el mapa de la corrupción a nivel municipal en España del que recientemente nos habló Juan Luis Jiménez.
En este blog, no nos cansaremos de insistir en que la persistencia de la corrupción es preocupante debido a sus bien documentados efectos perjudiciales sobre el crecimiento económico, el bienestar social y la redistribución. Entonces, ¿por qué los ciudadanos a menudo no castigan a los políticos corruptos? Se trata de un fenómeno inquietante y generalizado del que nos hemos ocupado en varias ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí) y que alcanza la categoría de meme, como sucedió con “Layín” Ramirez, el alcalde de una pequeña ciudad de México que fue reelegido pese a haber admitido en plena campaña que “Sí robé, pero poquito.”
Una explicación de este fenómeno que propone la literatura es que los votantes pueden estar haciendo un equilibrio entre corrupción y políticas favorables. Si la ciudadanía siente que obtiene beneficios indirectos de la corrupción, pueden ser más propensa a hacer la vista gorda y dejar sin castigar a los políticos corruptos. Así lo sugiere para el caso español este trabajo de Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero.
Otra explicación podría ser la lealtad al grupo. Los votantes pueden estar dispuestos a pasar por alto la corrupción si el político corrupto comparte su origen étnico o creencias ideológicas. Por ejemplo, este estudio de Eva Anduiza, Aina Gallego y Jordi Muñoz o este otro de Héctor Solaz, Catherine De Vries y Roosmarijn de Geusen muestran que los votantes españoles tienden a considerar menos graves los escándalos de corrupción cuando el partido político involucrado es aquel al que favorecen.
Este sesgo partidista de los votantes en la percepción de la gravedad de la corrupción podría deberse a la expectativa de que los políticos de su propio grupo priorizarán sus intereses o a la lealtad de grupo, es decir, una preferencia puramente identitaria, como quien preferir los westerns, el helado de fresa o las camisetas de rayas.
Si la identidad social afecta la tolerancia de los votantes hacia la corrupción es la pregunta principal que nos hacemos en este estudio con mis coautoras María Cubel y Anastasia Papadopoulou. Nos centramos en una forma particular de corrupción política: la apropiación de fondos públicos, es decir, la extracción de rentas por parte de un político a expensas de los votantes. La interacción básica es la siguiente: Un político tiene que decidir si invierte el presupuesto del que dispone en un proyecto publico o si se lo apropia. El votante representativo tiene que decidir si reelige al político, pero no puede observar la decisión de este, solo si el proyecto ha salido adelante o no. Si sale adelante, el votante sabe que el político hizo su trabajo. Si no, el votante no puede estar seguro de si el político se embolsó el presupuesto o si fue honesto pero el proyecto falló por razones exógenas.
Llevamos este simple juego al laboratorio. Comparamos los resultados de un tratamiento de control en el que no mencionamos ni inducimos ninguna identidad con otro en la que creamos grupos de identidades artificiales e informamos al participante que actúa como votante de la “identidad” del político y, por tanto, si son de su mismo grupo o no. Es aquí donde radica la ventaja de utilizar un entorno controlado. Las identidades creadas artificialmente en el laboratorio se diseñan para eliminar cualquier influencia de factores externos que podrían distorsionar los resultados, que es lo que sucedería si usáramos identidades “naturales”, que por definición están correlacionadas con atributos importantes de los individuos. Este paradigma, conocido como el del grupo mínimo, se basa en los trabajos pioneros de Henri Tajfel en la década de 1970, quien estudió la importancia de la identidad social en el comportamiento, tanto cooperativo como competitivo, y nos brinda la capacidad de aislar y estudiar de manera más efectiva cómo la identidad social afecta las decisiones y el comportamiento de los individuos.
Los resultados de nuestro experimento muestran que la identidad social influye en las decisiones de los votantes. Como puede verse en la figura (que en el eje vertical mide el porcentaje de ocasiones en el que el político fue reelegido), cuando los votantes no pertenecen al mismo grupo que el político (“Different”), los votantes son menos propensos a reelegirlo después de haber observado que el proyecto público ha fallado. Los votantes muestran un apoyo significativamente mayor a los políticos de su mismo grupo de identidad (”Same”). Análisis de regresión posteriores confirman este resultado.
El siguiente paso es preguntarse por qué sucede esto. Este resultado se puede deber, por ejemplo, a preferencias pro-sociales o a la percepción de mayor honestidad en los políticos del mismo grupo. Las preferencias pro-sociales se refieren a la tendencia de las personas a mostrar generosidad hacia otros. En el contexto en el que nos centramos, esto se traduciría en respaldar a un político de su mismo grupo, lo que conlleva otorgarle una serie de beneficios. Al hacer esto, los votantes podrían sentir que están mostrando solidaridad y apoyo a su grupo, reforzando su sentido de pertenencia.
Otra posibilidad que consideramos en nuestro experimento es que los votantes pueden creer que los políticos de su mismo grupo son inherentemente más honestos y éticos que los de otros grupos. Al observar que el proyecto público ha fallado, pueden tender a creer que es más probable que eso se haya debido a la mala suerte si el político es de su mismo grupo. Esto es exactamente lo que observamos en las respuestas de nuestros participantes a la pregunta sobre la frecuencia con la que creen que el fallo del proyecto se debió a la mala suerte en vez de a un comportamiento oportunista. Cuando votante y político comparten identidad, la confianza reportada es mayor que cuando no la comparten.
Por supuesto, estos dos mecanismos no son mutuamente excluyentes y pueden operar de forma simultánea. Las preferencias pro-sociales pueden llevar a una mayor disposición a perdonar a los políticos del mismo grupo, mientras que la percepción de honestidad puede influir en cómo los votantes interpretan y justifican la conducta corrupta o procesan la información sobre escándalos de corrupción. Esta combinación de factores puede ayudarnos a entender por qué los votantes muestran una mayor tolerancia hacia la corrupción cuando se trata de políticos de su misma identidad.
