Si hay algo que se me hace insoportable es el uso distorsionado de las estadísticas laborales, en particular cuando se hace con un afán partidista.
Cada mes, cuando el Ministerio de Empleo da a conocer los datos de sus registros (paro, contratos y afiliación) y, cada trimestre, cuando el INE publica los resultados de la EPA, ya nos resulta penosamente familiar la siguiente escena. En las fases expansivas, el gobierno de turno y sus partidarios se afanan en poner en relieve cuánto aumentó el empleo o cayó el paro. La oposición, por su parte, destaca cómo ha empeorado la calidad del empleo. En las fases recesivas, ocurre lo contrario, y cuando cambia el gobierno, se intercambian los papeles. Por si acaso, siempre hay algún mes o trimestre anterior u otro año de la serie histórica en el que los datos fueron mejores o peores, y en cualquier caso, siempre se puede sacar un indicador alternativo de la manga.
La culpa o el mérito de cada uno casi siempre se otorga a la última reforma laboral. Por ejemplo, como es bien sabido, la reforma del 2012 es la principal responsable de que hoy seamos “campeones del crecimiento del empleo en Europa” o que “es la que ha llevado a los actuales niveles de desigualdad y precariedad”. Son argumentos que acaban calando con la ayuda de “periodistas” y “economistas” afines, aunque no tengamos evidencia rigurosa a favor de una ni de la otra. Es lo que permite un mercado de trabajo que lleva arrastrando problemas estructurales serios desde hace décadas.
Cada bando, en cada momento, tiene su indicador favorito, y el bando contrario suele usar el indicador alternativo. Ninguno de los dos, desgraciadamente, suele decir gran cosa. Los casos más flagrantes son los que se utilizan para tratar de la precariedad laboral. El favorito de la oposición en esta fase es el número de contratos temporales sobre el total de contratos registrados. No recuero casi ninguna entrevista o debate en esta última campaña electoral en el que no se haya utilizado. El favorito del gobierno actual es la tasa de temporalidad, es decir, el porcentaje de asalariados con contratos temporales sobre el total de asalariados. Ambos aparecen dibujados en el siguiente gráfico.
Como pueden ver, el primero nos dice que en media algo más del 92% de los contratos firmados mensualmente son temporales. De ahí que unos afirmen que sólo se está generando empleo precario. El segundo indicador dice que cerca del 75% de los trabajadores asalariados tienen contratos indefinidos. De ahí que “la precariedad laboral en España es un mito”.
Además, en la última legislatura el primer indicador ya ha vuelto a alcanzar niveles similares o incluso algo superiores al registrado entre finales de los 90 y el inicio de la crisis. “Sin duda debido a la reforma laboral”. El segundo, aunque haya crecido moderadamente en los últimos trimestres no llega a los niveles que tenía antes del 2008, “sin duda también gracias a la última reforma laboral”. Por si fuera poco, y para reforzar este último argumento, surgen otros indicadores alternativos. Por ejemplo, uno sui géneris creado por un físico y utilizado reiteradamente por un economista afín: el cociente entre los parados EPA y el número de contratos registrados anualmente por el SEPE. Este indicador demostraría que “la precariedad laboral sube con el PSOE y baja con el PP”
Conclusiones tan distintas sólo pueden deberse a que estos indicadores miden cosas distintas. ¿Cuál es el más correcto para medir la precariedad laboral? Ninguno de ellos.
Los más de 16 millones de contratos temporales que se han firmado este último año no se corresponden evidentemente con 16 millones de asalariados. Como bien dicen los partidarios del segundo indicador, el primero no dice nada, una persona puede tener varios contratos distintos y seguir trabajando en una u otra empresa, de forma regular.
La tasa de temporalidad por su parte tampoco puede reflejar la magnitud del problema. Lo hemos explicado en otras entradas anteriores de este blog. Solo recoge las personas empleadas que hayan trabajado en la semana previa a la entrevista realizada para la EPA. Una parte sustancial de los trabajadores con contratos temporales están continuamente transitando entre situaciones de paro y empleo, y la EPA no deja de ser una fotografía instantánea pero no recoge todas las personas que se encuentran en este segmento del mercado de trabajo. Si utilizamos los datos de afiliación a la Seguridad Social (por ejemplo, la Muestra Continua de Vidas Laborales), las cifras son mucho más escandalosas.
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de afiliados con contrato temporal entre los que estuvieron en alta laboral en algún momento del año 2014, incluyendo todos los regímenes de la SS. El resultado obtenido es el 37%. Según la EPA, calculando el total de asalariados con contrato temporal sobre el total de empleados en media para el año 2014, el resultado es 19,8%, es decir, prácticamente, la mitad. Casi el 30% sólo tuvo contratos temporales (es decir, también pudo tener un contrato indefinido o pasarse a (o proceder de) una situación de autónomo.
Al tercer indicador, el Índice de Precariedad Laboral que divide el número de parados registrados por el número de contratos, creo que merece pocos comentarios. De hecho, por ser franco, he de reconocer que no acabo de entenderlo su utilidad.
Conclusiones
No resulta fácil obtener un indicador de precariedad laboral, sencillamente porque no hay una única definición aceptada de la misma. Como expliqué en entradas anteriores, si incluimos a los desempleados y personas que trabajan a tiempo parcial y/o con contrato temporal de forma involuntaria (porque no han encontrado un empleo a tiempo completo y con contrato indefinido) la cifra supra los 10 millones de personas y una tasa del 45% de la oferta de trabajo potencial. Según la OIT, un elemento clave para definir la precariedad laboral entre los empleados es la incertidumbre que generan los contratos temporales. Por tener un uso tan extendido durante tanto tiempo, probablemente seamos el país que más trabajos científicos ha generado en el mundo sobre este tema. Y, aún así, aún queda mucho por investigar y comunicar para que los resultados lleguen al debate público.
Mientras tanto, como escribía Samuel hace poco, las “estadísticas están perdiendo el paso”. El mercado laboral se está transformando a grandes pasos. Las nuevas tecnologías están alterando las relaciones laborales y las estadísticas al uso son incapaces de captar estos cambios. La Administración sigue sin adaptar sus registros y encuestas, generando datos que sólo parecen útiles para alimentar el corral político.
En cualquier caso, no creo que se pueda iniciar un ciclo político reformista sin que se corrijan los despropósitos que generan los abusos interesados de las estadísticas laborales. ¿De qué sirve tratar de reformas laborales o políticas activas si quienes nos tienen que gobernar ni tan siquiera tienen una noción clara de cómo está evoluciona nuestro mercado laboral?
Hay 11 comentarios
El indicador que se lleva la palma en cuanto a interés es el de porcentaje de intermediación. A los servicios públicos de empleo se les mide por número de puestos gestionados respecto de contratos registrados (como si cada puesto correspondiese a un único contrato) mientras que a las agencias o ETT's se les mide por número de contratos gestionados respecto de contratos registrados. Según el Gobierno actual la tasa de los servicios públicos es tan baja que hay que poner en marcha mecanismos de colaboración público - privados. Según la oposición, la tasa de intermediación es tan baja porque el Gobierno ha dejado en manos de las empresas privadas la intermediación. Si las tornas cambian, el Gobierno de turno dirá que esa tasa es consecuencia de la reforma del Gobierno anterior y la oposición de turno dirá que es a causa de la ineptitud del Gobierno. Y según las personas que buscan empleo, lo mejor es tener un buen enchufe y dejarse de historias.
Así nos va...
Actualmente no hay un indicador de intermediación de los SPE. "A los servicios públicos de empleo no se les mide por número de puestos gestionados".
Cada persona, dependiendo de los intereses que tenga, coge un dato por alli, otro por allá, hace sumas, restas, porcentajes etc y saca el dato que le da la gana.
Los servicios publicos de empleo tienen, según la definición de lo que se entiende por intermediación laboral, indicadores en torno al 20%.
El porqué no salen estos datos, cada cual que saque sus conclusiones.
Vease un ejemplo de la interpretación interesada en el periódico de la Nueva España del día 19 de enero de 2019.
http://www.lne.es/economia/2016/01/19/principado-desvia-agencias-privadas-parados/1870196.html
Sobre el índice de precariedad laboral, creo que el físico y el economista afín entienden que, con un número de parados dado, cuanta más rotación laboral hay (mayor número de contratos), más tiempo habrán estado empleados (temporalmente) esos parados y, por tanto, menos precariedad habrá. En otras palabras, que la precariedad aumenta/disminuye si (a) hay más/menos parados o (b) hay menos/más contratos. O en otras palabras, que cuantos más contratos temporales menos precariedad xD
En resumen, que su error es creer que más número de contratos implica haber trabajado más tiempo. Según este índice, es mejor (menos precario) 2 contratos en un mes que uno que dure 6 meses.
Hola Florentino,
La OIT publica desde hace tiempo una suerte de manual de conceptos e indicadores de "trabajo decente" en el que se incluyen más de 50 indicadores estadísticos: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
Algunos tienen relación con la estabilidad laboral, como la "tasa de empleo precario" (p. 115), y podrían instalarse como estándares comparativos básicos en tanto que, además, proceden de un organismo internacional a priori neutral.
En los foros de debate político y económico sobre el mercado laboral en España difícilmente se encuentran referencias a estos estándares internacionales de trabajo decente. ¿Por qué no se utilizan? ¿Por qué no los utilizáis? Me gustaría saber vuestra opinión al respecto.
Un saludo.
Hola Albert, creo que se trata de una lista de indicador muy elaborada, probablemente demasiado extensa, pero con una mayoría de indicadores que están disponibles sin problemas y son bastante usuales en la economía laboral. La tasa de empleo precario tal como se define debería ajustarse más o menos a los contratos temporales/empleo total (el 19,7% en esta entrada).
Gracias por responder. Planteo la cuestión de otra forma, ya que en ningún caso quería decir que la OIT sea extraterrestre o utilice conceptos e indicadores que nadie utiliza!
Mi comentario iba más en la línea siguiente: en tanto que aquí se critica el uso torticero y partidario de indicadores estadísticos, ¿por qué no se hace referencia directa a indicadores "neutrales" que vienen de fuentes "neutrales", como serían a priori los de la OIT. La alusión a esos estándares nos situarían por medio o por encima de quienes retuercen esos datos, ¿no? De hecho, ¿no se elaboran estos estándares internacionales para prevenir también el uso torticero de estadísticas? Quizá una forma de eliminar cualquier connotación subjetiva sería decir que "según los estándares de calidad de empleo de la OIT pasa esto o lo otro...".
Por poner un ejemplo, con el caso concreto. Un argumento de autoridad podría ser: "la tasa de empleo precario, según es definida por los estándares de trabajo decente elaborados por la OIT, ha aumentado/se ha reducido en la última legislatura en España". De esta forma, podría seguirse de esa simple frase que la precariedad en el trabajo ha aumentado o disminuido en ese periodo de tiempo sin cuestionarnos la subjetividad del indicador ni la intencionalidad de quien lo alega.
Creo que el problema de las estadísticas radica en que una cúpula aislada de la Administración, cuya exacta composición y estructura no viene al caso, accede a un nivel de información del tráfico jurídico-laboral, hipercruzado y protegido con absoluta opacidad respecto de todos los poderes públicos. Se trata de un derecho histórico de la ciudadanía sobre el acceso a la información de "Estado". Esta cuestión es inherente al Estado, y ha de ser contrarrestado mediante la elaboración de estudios propios en combinación con los datos oficiales que facilitan, los cuales siempre serán inconsistentes (los elementos de su consistencia jamás serán facilitados).
Os remito enlace artículo de la Nueva España http://www.lne.es/economia/2016/01/19/principado-desvia-agencias-privadas-parados/1870196.html
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