Reproducimos por su interés un artículo publicado por Fernando Orejas Valdés en El País el pasado sábado. El artículo también está firmado por Lluís Tort, Jordi Freixenet y María Paz Suárez. Antonio y Anxo ya denunciaron esta situación aquí, situación que consideramos verdaderamente lamentable para la ciencia en España. El acoso y derribo que desde el Ministerio de Hacienda se ejerce sobre los investigadores, es una táctica recaudatoria a la que se debe poner fin de inmediato.
Son conocidos los recortes que han sufrido los presupuestos de investigación en España en los últimos años. Algo menos conocidos son los obstáculos que, sistemáticamente, pone el Ministerio de Hacienda a que los fondos asignados presupuestariamente puedan ser ejecutados; por ejemplo, retrasando la salida de convocatorias o reduciendo su financiación prevista. Pero lo que probablemente es desconocido para la mayoría de los ciudadanos es el acoso al que, desde hace varios años y con finalidad recaudatoria, Hacienda somete a los investigadores, tratándonos casi como a presuntos delincuentes, y exigiéndonos, con muchos años de retraso, otra justificación adicional de nuestros gastos.
Vaya por delante que uno de los principios que asumimos los investigadores es el rendimiento de cuentas y la evaluación. Somos evaluados continuamente, y lo consideramos adecuado y positivo. En particular, como receptores de dinero público, estamos absolutamente de acuerdo en que los gastos que realizamos tengan que ser justificados y fiscalizados y asumimos que hemos de dedicar una parte de nuestro tiempo de trabajo a actividades administrativas. De hecho, cuando un grupo de investigación recibe financiación para la realización de un proyecto científico, normalmente de tres años de duración, se compromete a presentar anualmente un informe técnico del trabajo realizado y un informe económico describiendo todos los gastos en que se ha incurrido. Habitualmente, estos gastos cubren la compra de libros y equipos de laboratorio, los viajes de trabajo, la inscripción a congresos y la contratación de personal. Evidentemente, estos informes han de ser evaluados positivamente para que el proyecto pueda continuar. Además, al finalizar el proyecto, hemos de realizar un informe final académico y económico para que el proyecto sea evaluado en su conjunto. Si esta evaluación no fuera positiva, se podría dar el caso de tener que devolver total o parcialmente la financiación recibida.
Pero, adicionalmente, desde hace unos años, el Ministerio de Hacienda, a través de empresas contratadas con este fin, somete a los proyectos a auditorías varios años después de su terminación. Estas empresas analizan los gastos realizados en cada proyecto y piden que se justifiquen los que consideran dudosos. En caso de que alguna justificación sea considerada inadecuada, se exige al centro de investigación que retorne ese dinero con intereses de demora. La realidad es que estas empresas parecen ignorar los informes existentes y piden que se justifiquen por segunda vez un porcentaje altísimo de los gastos realizados. Imaginamos que, en lugar de analizar cada gasto basándose en los informes previos, les cuesta menos pedir que se justifique todo de nuevo. Como estas empresas van a comisión sobre el dinero retornado, así maximizarán la ganancia con un trabajo mínimo por su parte, pero con un coste altísimo en personal y tiempo para los centros.
Veamos un ejemplo representativo real. En un proyecto (de tamaño medio/pequeño) financiado con unos 110.000 euros, se pide que se vuelvan a justificar gastos por casi 100.000 euros. El número total de justificaciones que se solicitan para este proyecto es de casi 200, incluso de cantidades de 2,92 euros. Además, en algunos casos, la descripción que se hace del gasto es casi insultante para el investigador acusado; por ejemplo, un gasto es tildado de “personalísimo”, cuando en realidad se trata de la inscripción de un doctorando a un seminario de formación avanzada, lo que indica el nulo conocimiento del auditor del marco universitario.
El ejemplo anterior pertenece a una remesa de más de 80 proyectos a justificar recibida a principios de año en la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC). Se trata de proyectos cuyos gastos se realizaron entre 2007 y 2009. Según las estimaciones de la unidad de gestión de la investigación de la UPC, esta debía dedicar 3.525 horas de trabajo a esta tarea (si para cada proyecto se pide que se justifiquen 200 gastos, se tendrán que elaborar más de 16.000 informes distintos). Como consecuencia, esta unidad ha quedado saturada de trabajo durante semanas. A ello, evidentemente, hay que sumar las muchas horas que también han tenido que dedicar los investigadores responsables de los proyectos.
Al final, después de un proceso que puede durar varios años, en el que habrá que hacer nuevas alegaciones y justificaciones, el ministerio exculpará unos dos tercios de los proyectos auditados (insistimos, proyectos ya justificados reglamentariamente) y pedirá la devolución de una parte de los gastos del tercio restante. Esto no quiere decir que esos gastos representen ningún tipo de malversación. En muchos casos, el problema se deberá a la aplicación de criterios más restrictivos del gasto que no existían cuando se aprobó el proyecto. Como consecuencia, muchos centros puede que acaben recurriendo a los tribunales para evitar un expolio que consideran arbitrario.
En cualquier caso, el coste que habrá supuesto todo este proceso para un centro de investigación será muy superior al dinero recuperado por Hacienda. Calculen ustedes el coste en personal y horas dedicadas a estos ejercicios contables, dinero que en lugar de usarse para fomentar la investigación o formar investigadores sirve para pagar esas auditoras.
La política que está siguiendo el Gobierno en materia de investigación está sumiendo a la comunidad investigadora en el desánimo. Pero estas auditorías lo que están generando es indignación: no basta con que nos recorten los fondos o que se esté perdiendo una generación de investigadores; además es necesario acosar a los investigadores y a sus centros como si todos fuéramos corruptos y defraudadores. El sistema de ciencia español tiene que destinar el poco dinero disponible en financiar la investigación y la formación y no en duplicar auditorías. Si en los proyectos europeos también somos auditados y los costes y metodologías son radicalmente diferentes, ¿por qué sufrir innecesariamente en los proyectos españoles?
Fernando Orejas es vicerrector de Política de Investigación en la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech. Firman también este artículo Lluís Tort, vicerrector de Proyectos Estratégicos y Planificación en la Universitat Autònoma de Barcelona; Jordi Freixenet, vicerrector de Investigación en la Universitat de Girona, y María Paz Suárez, vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional en la Universidad de Oviedo.
Hay 12 comentarios
Hacienda no está contra la investigación, y eso que la justificación de gastos sobre todo últimamente se están poniendo aún más fea, es que le falta dinero. Lo que pasa es que como en muchos otros aspectos, los investigadores son igual de corruptos y defraudadores que los demás y el control sobre sus actividades también ha estado descuidado. De hecho el mayor "interés" del artículo enlazado del par de colaboradores del blog es el de justificar ese poltergeist cuando acaban los proyectos y los ejercicios presupuestarios, el de los ordenadores que misteriosamente se rompen. Escrito por unos tipos en cuya institución donde alguien se fue a USA viajando en en el Queen Mary II a tod trapo. Si las trabas administrativas en las justificaciones dan para un libro, no es para menos la ignorancia y la mala intención de algunos investigadores. Porque al final sean 2,92 euros o 2,92 millones es lo de menos, el dinero de todos se justifica. A ver si lo de la transparencia y la rendición de cuentas va a ser para todos menos para quienes se creen seres de luz. Lo cual no quita que en la actualidad estemos sufriendo situaciones extremas y absurdas. Pero no es que Hacienda odie a los investigadores, es que necesita dinero y durante mucho tiempo se ha estado malgastando y malversando.
Leyéndolo me ha dado vergüenza. Los políticos conservadores en España como en EEUU y me imagino que en otros países, nunca han sido muy aficionados a la ciencia. No se si hay algún componente ideológico (el capital humano es más difícil de concentrar que el físico, creo) o simplemente estupidez (al no ver como puede aumentar el crecimiento de una economía a largo plazo).
En cualquier caso, lo siento mucho por lo que tenéis que pasar los investigadores, por los costes que esto tiene para todos los españoles, pero no me sorprende nada de este gobierno y menos de un ministro de Hacienda como Montoro, que ya en la campaña electoral demostró su poco amor hacia los académicos, cuando los desprecio al preguntarle Escolar por el contrato único de "los 100".
Saludos y gracias por el artículo.
Vaya por delante mi apoyo a los investigadores españoles y lamentar sus condiciones de trabajo en muchas ocasiones precarias, sin embargo no entiendo por qué una segunda solicitud para justificar gastos que el Ministerio considera necesario aclarar es tan trabajoso y causa tanta problemática si ya se han justificado adecuadamente en una primera ocasión. Con acudir a los archivos y volver a enviarlos parece solucionado, salvo que no se haya hecho de forma fehaciente en una primera ocasión. En cuanto al ejemplo representativo real, no me parece tan injustificado ni complicado aclarar por qué una inscripción de un doctorando a un seminario de formación avanzada se ha hecho con dinero destinado a un proyecto de investigación concreto. Tampoco me parece que sea “casi insultante” calificar este gasto de personalísimo cuando lo aprovecha una persona determinada para realizar un seminario dentro de una financiación a un proyecto de investigación que con seguridad realiza un grupo de investigadores. Creo que en este escrito se detecta algo de hipersensibilidad y susceptibilidad, seguramente derivado de una situación difícil y complicada que atraviesan los investigadores españoles al igual que otros muchas personas u organizaciones que se nutren con fondos públicos, que son escasos y más que nunca en esta triste época de recortes nos toca vivir a todos y debemos justificar con todo detalle.
La situación es lamentable, y el empeño persecutorio de este país contra la ciencia y los investigadores es digno de análisis antropológico: históricamente el "que inventen otros", después los conducimos a la precariedad a ver si unos cuantos abandonan la actividad o, al menos, se van del país... y ahora, los convertimos en sospechosos malversadores y, si no cuela, al menos habremos interferido en su trabajo y con un poco de suerte no obtienen los resultados que esperaban...
Por cierto, si en el titular cambiáis la "coma" de ubicación y la ponéis detrás de la palabra "inverstigación", el titular sí que dice lo que pretende decir.
Saludos.
Este blog se llama Nada Es Gratis, idea que refleja la esencia del análisis económico neoclásico y que todos los neoclásicos creemos que jamás debe ser olvidada en el momento de tomar decisiones, sean individuales o colectivas. Sí, todo los que hacemos tiene un costo de oportunidad mayor que cero; sí, hay un trade-off entre lo que queremos lograr y lo que sacrificamos para conseguirlo. Y si aceptamos esa idea, entonces rechazamos el simplismo de hablar sólo de los beneficios de lo que preferimos ignorando los costos y también el simplismo de hablar sólo de los costos de lo que no preferimos ignorando los beneficios. Sí, la aceptación de nuestra idea básica implica rechazar la magia de quienes quieren hacernos creer que sólo hay beneficios o que sólo hay costos.
Lamentablemente el artículo de este post es un ejemplo más de los miles de grupos de interés alegando sólo por los beneficios (o costos) ignorando los costos (o beneficios). El artículo presenta una variante de ese argumento porque alega que los beneficios de hacer ciencia son tan importantes que no se justifica controlar costos. Sí, el sistema de control de costos se puede mejorar mucho y quizás los nuevos controles sean malos, pero sí estoy seguro que alegar que los científicos son diferentes por su gran contribución y deben ser tratados con privilegios no ayuda en nada a mejorar España. Si los científicos consideran que el sistema de control de costos es malo, entonces propongan uno claramente mejor.
La ciencia no se puede inaugurar ni te puedes hacer fotos con ella, supongo que eso tiene algo que ver. Como mucho se puede aspirar a tener edificios muy chulos, diseñados por arquitectos de mucho nombre, que se llenen de personal no investigador o bien que no se lleguen a utilizar nunca.
Efectivamente se trata de un artículo muy interesante. La cuestión es enormemente compleja. Es evidente que hay que mantener un equilibrio entre un marco de apoyo estable y predecible a la investigación y el necesario control de las cuentas públicas.
La investigación, por su propio carácter de adentramiento en lo desconocido, es un proceso complejo que normalmente necesita de mucho tiempo, de fases sucesivas con un cierto grado de incertidumbre, al no saber lo que finalmente deparará cada una de las fases. Requiere de unas bases de estabilidad, de conocer de qué recursos se va a disponer, lo que facilitará enfrentarse a un entorno, de por sí, incierto.
Por otro lado, el presupuesto público exige un control interno por parte de la Administración, además del control parlamentario y el del Tribunal de Cuentas. No se nos olvide que parte de los recursos que se dice que se dedican a la investigación acaban dedicándose a otras actividades, defraudando unos recursos muy necesarios para los verdaderos investigadores. No me parece mal que exista un control a posteriori de que se cumple lo que se previó a priori, me parece una garantía para los investigadores.
Por supuesto, la aplicación de criterios más restrictivos no debe caber en ese control, que debería respetar la confianza legítima del investigador en contar con unos recursos después de cumplir con los requisitos previstos.
Reciban un cordial saludo.
El tema no hay por donde cogerlo. En comparación con el sector privado, y sólo siguiendo la lectura del artículo, aparece lo siguiente:
- Presupuestos asignados que no se pueden ejecutar, retrasando convocatorias y/o reduciendo financiación sin justificación directamente imputable al proyecto.
- Auditoría adicional de Hacienda con años de retraso, sin criterio cientiífico alguno sobre la idoneidad de un gasto que un responsable de proyecto decidió años atrás en un contexto determinado.
- Ignorancia del principio contable de relevancia y de economía de la información (¡justificar importes de 2,92 euros!). ¿Por qué no se fiscalizan sólo los gastos con un importe que represente un determinado porcentaje del proyecto (ABC)?
- Puestso a esto, ¿Dice Hacienda cuánto gasta en contratar a estas empresas y cuánto ha "recaudado" por esta vía? ¿Se justifica su decisión de gasto?
- Si esta práctica no se da en Europa, ¿qué se persigue realmente? ¿Cuál es el efecto? ¿Mantener plantillas administrativas de control y/o justificación que no aportan valor alguno y desincentivar las plantillas reales dedicadas a la investigación? ¿Mantener la actividad de empresas auditoras a cuenta del sector público?
Y mientras perseguimos la cola del ratón, ¿dónde está todo ese celo en perseguir el gasto superfluo y absolutamente innecesario que desde las administraciones públicas se ha hecho en aeropuertos inútiles, radiales vacías, circuitos de Fómula I, y demás proyectos absurdos. Rayaría el esperpento que se hubiesen fiscalizados sus gastos al céntimo -en un nuevo gasto innecesario- cuando lo que había que hacer era impedir el despropósito.
No puedo resistirme a hacer dos comentarios más:
1.- Iremos observando cuántos comentarios hay a esta entrada en relación con otras. Es un indicador más del interés que la investigación despierta en España.
2.- La pesadilla de la investigación no sólo está al final del camino. Es que desde el inicio ya ve uno que es un camino que conduce a Mordor. La convocatoria que ha realizado el Ministerio de Educación para las ayudas de doctorado FPU 2013 ha sido asombrosa. Resoluciones administrativas mal redactadas y contradictorias, una web de solicitud mal estructurada y también contradictoria con las Resoluciones, exigencia de documentos que no pueden conseguirse materialmente antes de ciertos plazos, presunción de que todos los masters son de 60 créditos y acaban en junio, etc, etc.
Algunos sostienen que la educación ha empeorado en España. Se habla del efecto Logse, etc. Todo es mejorable, por supuesto, pero yo tengo otra idea. Antes, como en la época de Wert, que es la mía, también había buenos y malos estudiantes. Como ahora. La sensación que siempre he tenido es que "Dios" no ha "castigado" nunca a los malos estudiantes. No. Ha castigado siempre a los buenos. En la escuela nos tocaban los castigos "colectivos" que aquéllos ocasionaban. Y en la vida, te los encuentras en el Ministerio de Educación, en el de Hacienda, etc, diciéndole a los buenos estudiantes cómo lo tienen que hacer. Eso en el mejor de los casos. En el peor te los encuentras de Ministros...
Taxpayer y rendición de cuentas:
A lo que se refiere el post es a un formalismo excesivo típico de España (y por lo que conozco Francia hasta cierto punto). Salvo contadas excepciones, los primeros interesados en ahorrar dinero de nuestros proyectos somos los propios investigadores porque... nos queda más dinero para nuestras investigaciones. Así de sencillo. Si gasto menos en ir a un congreso, a lo mejor puedo ir a dos y mi trabajo tiene más repercusión, o puedo mandar a un estudiante y eso le vale además para su formación. Ejemplos: tengo una reunión en Parma invitado por un organismo europeo. Inmediatamente tengo otra en Nápoles de un proyecto europeo en el que participo. Me gustaría que mi universidad me pagase el tren a Nápoles y la vuelta en avión a España. Imposible! resulta que solo se pueden pagar viajes (y alojamiento) de ida y vuelta (da igual el precio). Así que me proponían volar a España y después tomar un avión a Nápoles. Tengo anécdotas parecidas para dar y tomar pero el mensaje es el mismo. Queremos rendir cuentas y somos los primeros interesados, pero queremos sobre todo poder hacer nuestro trabajo
Voy a poner un ejemplo. En un proyecto del Ministerio ya terminado utilizaba Mathematica. El mantenimiento de la licencia venció en octubre del último año de vigencia del proyecto. La renovación solo puede hacerse por períodos anuales, así que renové el mantenimiento por un año. Ahora, dos años después, han hecho una auditoría del proyecto y concluyen que solo se puede imputar al proyecto la parte proporcional al tiempo que faltaba para terminarlo, 2 meses. ¿Y los otros 10 meses? Al terminar ese proyecto empecé otro nuevo proyecto del Ministerio. Pues tampoco se pueden imputar al nuevo los 10 meses restantes, porque la fecha de la factura es anterior a la de inicio del proyecto. Obviamente, cuando se hizo la renovación tampoco se podían imputar al nuevo proyecto porque aún no había empezado. Además, podría no haber conseguido un nuevo proyecto. Y, entonces, ¿cómo haría? ¡Kafkiano!
En el proyecto actual vuelvo a estar en la misma situación. Acaba de vencer el mantenimiento de una licencia y el proyecto termina el 31 de diciembre de este año. He llamado al Ministerio y me han dicho que, en lo que respecta a la justificación técnico-científica, no habría problema, pero que no pueden asegurar que en gestión económica no pongan reparos. Por prudencia, no la renovaré.
P.S.: He de confesar que sigo utilizando el ordenador que compré con mi anterior proyecto. ¡Quizás debí tirar con él aquel 31 de diciembre! Y con los libros, ¿qué debo hacer? ¿Quemarlos?
Pues a mí se me ocurre que eso de pasarle mis datos fiscales a una empresa probablemente va contra algún punto de la ley de protección de datos...
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