Salarios militares y golpes de estado en la España del siglo XIX

De Oriol Sabaté, Sergio Espuelas y Alfonso Herranz Loncán

En tan sólo unos días se cumplirán 40 años del último intento de golpe de Estado de la historia parlamentaria española. Esa intentona (algunas de cuyas consecuencias se analizaron en este post) fue un recordatorio anacrónico de una realidad que había sido tristemente frecuente en la España del siglo XIX y principios del siglo XX. En la mayor parte de la Historia Contemporánea coincidieron en nuestro país los factores que, según la literatura académica, son el fermento necesario del que se nutren las intervenciones militares: escasa legitimidad de los gobiernos, participación política restringida, bajos niveles de renta, o la propia abundancia de golpes de estado en periodos anteriores. Todo ello explica que la historia de España del siglo XIX estuviera plagada de los comúnmente conocidos como pronunciamientos, donde grupos de oficiales y generales intentaban forzar la destitución del gobierno con el objetivo de instaurar un nuevo liderazgo. Esa tradición intervencionista del ejército culminó en los golpes de 1923 y 1936, que llevaron a los propios militares a tomar las riendas del gobierno del país.

No obstante, la frecuencia con que tenían lugar los pronunciamientos fue variando en el tiempo. Si entre 1833 y 1874 se contabilizaron un total de 29 pronunciamientos militares, es decir, un promedio de 0,7 por año, entre la Restauración Borbónica de 1874 y el golpe de Primo de Rivera en 1923 tan sólo se registraron 4 intentonas en la década de 1880, todas ellas fracasadas (figura 1).

Figura 1. Pronunciamientos militares en España (1831-1920)

¿Qué factores contribuyeron a esa reducción? La historiografía española ha explicado habitualmente ese cambio en la frecuencia de los pronunciamientos como un resultado de las modificaciones en el sistema político. Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), el fraude electoral y el sufragio restringido dificultaban la alternancia política entre partidos, por lo que la única vía que tenían los partidos de oposición para acceder al poder era apoyarse en una parte del ejército. La inestabilidad que caracterizó al Sexenio Revolucionario de 1868-74 no hizo sino recrudecer los intentos de intervención militar en la vida política. No fue hasta la Restauración (mediante golpe militar) de los Borbones en el trono en 1874 que los partidos conservador y liberal acordaron alternarse en el poder a través de procesos electorales fraudulentos y amañados de antemano (lo que se conoce como el turno pacífico). Los militares ya no eran necesarios para colmar las aspiraciones políticas de los dos principales partidos, y los pronunciamientos perdieron la función que habían tenido anteriormente.

Esa explicación, sin embargo, es insuficiente por dos motivos. En primer lugar, el sistema del turno pacífico seguía dejando fuera del gobierno a la mayor parte de partidos existentes. En segundo lugar, esa interpretación se centra exclusivamente en los motivos que los políticos tenían para recurrir al ejército, pero deja fuera las posibles motivaciones que el estamento militar podía tener para alterar el curso de la vida parlamentaria. Los militares no eran un simple instrumento al servicio de los políticos excluidos del gobierno, sino que tenían sus propios intereses corporativos, y su intervención en política no estaba sólo dirigida a cambiar el partido en el gobierno sino también a alcanzar sus propios objetivos en términos de condiciones de trabajo, remuneraciones, autonomía, prestigio, etc. En ese sentido, en un artículo reciente sugerimos que la práctica desaparición de los pronunciamientos a partir de 1874 no fue solo el mero resultado del turnismo, sino que estuvo también asociada, entre otras medidas, al esfuerzo de los gobiernos de la Restauración por reducir el descontento en los cuarteles mediante mejoras sostenidas en las remuneraciones de los oficiales.

Leyendo la prensa militar o los debates parlamentarios sobre política militar se detecta claramente la vinculación que se hacía en la época entre el bienestar de los militares y la lealtad de los ejércitos al marco constitucional. Por ejemplo, el 23 de junio de 1900 se publicaba en La Correspondencia Militar, después de la intervención del ejército en unos disturbios de Madrid, que: “(…) gobernar es reprimir; por eso ahora se ha reprimido y el triunfo de la Patria viene á alegrar muchos corazones muertos (…). Pero se reprime de esa manera definitiva y concluyente cuando los Ejércitos están al lado de los gobiernos, porque los gobiernos se preocupan del porvenir de los Ejércitos (…)”.  Años antes, en marzo de 1884, el General López Domínguez, que había sido Ministro de la Guerra y había participado en pronunciamientos antes de 1874, preguntaba a sus compañeros diputados en el Congreso: “¿desde cuándo acá no es libre cada individuo de pensar, en vista de los ejemplos que se registran en la historia tristísima de este país, que el llevar un día y otro día el disgusto a las clases del ejército, pueda conducirle a que se justifiquen esos tristísimos recuerdos (…)?” Más transparente aún era el artículo publicado por El Correo Militar el 10 de mayo de 1886, en el que se vinculaba con sorprendente franqueza la situación material de la oficialidad y los golpes de estado: “Con un ejército mezquino como el nuestro, con su oficialidad á quien se niega todo privilegio, que vive en la miseria, á quien se escatima todo medio de bienestar y de decoro, solo son posibles la ruina, el descrédito, el pronunciamiento, las luchas interiores, la paralización del comercio y la anulación de la industria, que cuando la oficialidad es pobre en sus medios y aspiraciones, pobre es el ejército y pobre la nación” (el énfasis es nuestro).

A primera vista, la información cuantitativa disponible no parecería confirmar esa estrategia de contención del descontento militar por parte de los gobiernos de la Restauración a la que hacíamos referencia. El gasto militar total se mantuvo en buena medida estancado durante el siglo XIX, al menos hasta los nuevos planes de modernización naval de principios de siglo XX y el posterior estallido de la Guerra de Marruecos.  Del mismo modo, los salarios base de la mayor parte de categorías de oficiales se mantuvieron prácticamente inalterados entre mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, sin experimentar ningún incremento perceptible en los primeros años de la Restauración. No obstante, esos datos sólo cuentan parte de la historia. En nuestro trabajo hemos estimado una nueva serie de remuneración de los oficiales entre 1850 y 1915 en la que incluimos, a partir de la información publicada en los Presupuestos Generales del Estado, no solo los salarios base, sino también la amalgama de gratificaciones que existieron durante el período. Dado que dichas gratificaciones variaron entre categorías e individuos en función de diversos condicionantes no es fácil elaborar una serie para cada categoría de oficiales. Por ello, lo que hemos hecho es estimar la remuneración total media del conjunto de los oficiales con mando de tropa del ejército de tierra. Como se puede observar en la figura 2, dicha remuneración media, en contraste con lo que ocurría con los salarios base, aumentó significativamente durante el período y, a partir de la Restauración de 1874, lo hizo claramente por encima de los salarios de otros sectores civiles de la administración pública.

Figura 2. Remuneración media de la oficialidad con mando de tropa y de empleados públicos de alto nivel, 1850-1915, (1876 = 100)

Ese crecimiento podía ser el resultado combinado de dos procesos: el aumento de las remuneraciones de cada categoría de oficiales (a través de complementos, gratificaciones, etc.) y la mayor presencia relativa en el ejército de oficiales de los rangos superiores y mejor pagados. Aunque los datos no nos permiten estimar la importancia relativa de cada uno de esos procesos, en la figura 3 mostramos un índice de presencia relativa en las principales armas del ejército de seis categorías de oficiales (desde alféreces hasta coroneles). Un aumento en la serie indica un aumento del porcentaje de rangos superiores (y con mayores salarios) en el conjunto de la oficialidad. La tendencia ascendente de la serie desde la década de los 1870s indicaría que la concentración creciente de la oficialidad en las categorías superiores tuvo un papel relevante en la mejora de sus remuneraciones medias.

Figura 3. Índice de la presencia relativa de categorías de oficiales en las principales armas del ejército (1850-1915)

Nuestros resultados irían en la misma línea de los publicados recientemente por Álvaro La Parra en este post en el que, hablando del golpe de Estado de 1936, se indicaba que aquellos oficiales cuyas rentas mejoraron con las reformas azañistas fueron más proclives a permanecer leales al gobierno republicano. También nos ayuda a entender los resultados presentados recientemente por Miguel Artola en este post sobre salarios y desigualdad en la España de principios del siglo XX, en que mostraba la sobrerrepresentación de los militares en el top 1% de los asalariados españoles. La consolidación de un cuerpo de oficiales sobredimensionado y con unas remuneraciones muy altas en las categorías superiores, mientras el conjunto del gasto militar se mantenía en buena medida estancado, tuvo sus costes para la España decimonónica, ya que favoreció la perpetuación de un ejército costoso y a la vez ineficiente. Tim Besley y James A. Robinson argumentaban en un trabajo reciente que los gobiernos deben escoger entre dos tipos de ejército para prevenir golpes de estado: aceptar las demandas militares y crear un ejército poderoso (con el riesgo que ello implica en caso de conflicto con las autoridades civiles) o desestimar sus peticiones y mantener un ejército débil que no pueda poner en jaque al poder civil (pero poco útil en las contiendas internacionales). España, con una baja capacidad fiscal y sin grandes ambiciones internacionales, optó por una tercera vía: dedicar cuantiosos recursos al cuerpo de oficiales pero sin crear un ejército poderoso.

Esta política, sin embargo, no fue suficiente para prevenir el deterioro progresivo de la legitimidad de las autoridades civiles a ojos de una parte de la oficialidad militar, especialmente después de la pérdida de las colonias de ultramar en 1898 y de la I Guerra Mundial. Además, como sugiere Theodore McLauchlin, la política salarial solo es efectiva para prevenir golpes de estado si las expectativas de que el gobierno será capaz de continuar en el poder (y por tanto podrá cumplir sus promesas salariales) son altas. En ese sentido, una vez que el régimen de la Restauración empezó a tambalearse, la capacidad de los gobiernos para mantener el ejército en sus cuarteles se deterioró irremediablemente.