El terrible dilema para reducir la violencia organizada: El caso de Medellín

Por Christopher Blattman, Benjamin Lessing y Santiago Tobon

Casi todos los barrios de Medellín, Colombia, tienen un combo o pandilla local. Son alrededor de 400. Cada uno tiene 15-35 miembros, usualmente hombres entre los 14 y 40 años. Ganan la mayor parte de su dinero con la venta local de drogas. Algunos también se dedican a la protección a cambio de “cuotas de seguridad” que muchos interpretan simplemente como una extorsión. Otros comercializan productos legales, como las arepas, los huevos, lácteos, e incluso gas de cocina en sus barrios. Todos estos ingresos hacen que cada barrio de Medellín sea un botín valioso que hay que controlar.

Como resultado, casi todos los barrios de ingresos medios y bajos están controlados por un combo. Parece una receta perfecta para la violencia. Sin embargo, la ciudad tiene una tasa de homicidios anual muy inferior a la de ciudades como Chicago. ¿Cómo puede pasar esto? La respuesta corta es que los grupos criminales de Medellín han aprendido a cooperar en lugar de combatir. Por desgracia, la relativa paz de Medellín tiene un precio oculto: menos violencia a cambio de bandas más fuertes, mejor organizadas y más populares.

En conjunto, hemos pasado la última década estudiando los grupos criminales en Brasil, México, Colombia y Chicago. Vemos que los gobiernos se enfrentan al mismo dilema en todas las ciudades de las Américas: ¿más violencia o grupos criminales más fuertes y mejor organizados? Cada ciudad ha tomado una decisión diferente, a menudo sin saberlo.

Veamos el caso de Medellín. Los cientos de combos de la ciudad son el escalón más bajo de una elaborada jerarquía criminal. Las bandas callejeras se ganan la vida vendiendo drogas y extorsionando buses y pequeñas tiendas. Pero el verdadero dinero no proviene de vender bazuco—la versión local de crack—a los habitantes de calle. Un número de grupos más sofisticados extorsiona a las grandes empresas de construcción y lava dinero para la industria del narcotráfico. También son los distribuidores mayoristas de droga para los combos. Hay unas 17 de estas organizaciones, una especie de mafias comúnmente llamadas razones, aunque el gobierno prefiere llamarlas bandas criminales.

Hace algunos años, las razones resolvieron que debían encontrar una fórmula para evitar que ellas mismas y los combos se enfrentaran. Las consecuencias del fracaso inicial fueron claras. Desde 2009 hasta 2012, luego de la extradición de un jefe criminal que monopolizaba el poder, dos poderosos líderes de las razones lucharon por el dominio. Todos los grupos criminales de la ciudad se alinearon detrás de uno u otro y, durante un breve período, Medellín se convirtió en uno de los lugares más violentos del planeta.

Esta guerra tuvo unos costos enormes. No fue sólo el elevado número de muertos. Los jefes del crimen también perdieron el bajo perfil que los había protegido de la represión estatal. De pronto vieron sus fotos en los periódicos, los nombres de sus organizaciones en los noticieros, y elaborados organigramas de los “más buscados,” con grandes recompensas. Muchos líderes de las razones acabaron en la cárcel, donde todavía residen.

Para ayudar a mantener la paz y construir su propio poder militar, las razones invirtieron mucho en la organización de los combos. Sus acuerdos se parecen menos a las relaciones comerciales entre mayoristas y minoristas y más a las confederaciones políticas. Los combos de una misma zona de la ciudad suelen depender de la razón local. La alianza significa que la razón puede llamar a los combos a la guerra si es necesario. Mientras tanto, cada razón también mantiene la paz entre sus subordinados, y les ayuda a coordinarse para vender drogas a precios no competitivos.

Las razones también gestionan las disputas entre ellas para evitar una nueva guerra en la ciudad. Para ello, crearon una mesa de negociación informal que funciona como una especie de consejo de administración. Las autoridades suelen llamar a este consejo criminal “La Oficina.” Durante una década han conseguido mantener la paz. Las razones llaman coloquialmente "el pacto del fusil" a este acuerdo.

Irónicamente, al detener a los líderes más importantes de combos y razones, y mantenerlos en los mismos sitios de reclusión, el gobierno de Colombia ha contribuido a fomentar el pacto y a sostenerlo. Los líderes de las razones pueden interactuar cara a cara en la cárcel, lo que les ayuda a establecer relaciones de confianza. Y el hecho de que estén encerrados todos juntos les da una poderosa herramienta para controlar las calles: como se espera que la mayoría de los criminales de la ciudad pasen por la cárcel en algún momento, ignorar las normas fuera de las cárceles puede tener consecuencias una vez se está adentro.

En conjunto, este sistema ha tenido el desafortunado efecto de hacer más fuertes a las razones, pero este es un precio que algunas administraciones han estado dispuestas a pagar por la paz.

Cuando el mundo criminal de una ciudad está controlado por un número pequeño de organizaciones, los gobiernos pueden usar este poder para reducir los homicidios. Esto suena traicionero y difícil, pero hay muchos ejemplos prácticos. Las ciudades de EE.UU., por ejemplo, usan estrategias de “disuasión focalizada,” en las que las autoridades locales se reúnen con los líderes criminales y les prometen castigos rápidos, seguros y severos para futuros homicidios. También hay casos en los que los gobiernos negocian directamente pactos y ceses de hostilidades entre grupos delictivos, como en El Salvador.

Aquí es donde entra en juego el terrible dilema del título de la entrada. En este contexto, lo que le conviene a los gobiernos puede fortalecer la posición de los grupos criminales. Uno de los factores es que cualquier política que ayude a establecer la paz podría proporcionar más oportunidades a los grupos criminales para obtener rentas ilegales.

En la medida en que exista un quid pro quo entre los grupos criminales y el gobierno, mantener un entorno de bajos homicidios puede significar también menos recursos públicos para combatir el crimen organizado.

Otro patrón que observamos en Colombia, Brasil y México, es que la relativa paz y la fortaleza y legitimidad de los grupos criminales contribuyen a fomentar el gobierno criminal. Las pandillas y grupos criminales imponen un orden cotidiano y resuelven conflictos, lo que puede incluso beneficiar a los ciudadanos.

Por último, aunque el encarcelamiento masivo e incluso la detención de sus líderes rara vez elimina las organizaciones criminales, a menudo desplaza el centro de control al sistema penitenciario. En todo el continente americano, los periodos de "represión" y de aumento del encarcelamiento han ido seguidos de saltos en el poder de las bandas de presos en la calle.

Hacer la paz con grupos criminales podría ser la decisión política correcta, aunque sea desagradable. Pero no lo sabemos. El principal problema es que muchos gobiernos no son conscientes de estos dilemas. O, si son conscientes, no están seguros de lo que están intercambiando por la paz.

La mayoría de los gobiernos disponen de información detallada sobre los crímenes denunciados y los homicidios. Pero este sistema de información está muy sesgado, ya que desconoce otros resultados, como la fuerza, la rentabilidad o la popularidad de los grupos criminales.

Durante seis años hemos trabajado en cerrar esta brecha en Medellín, desarrollando un equipo independiente y multidisciplinar que ha sido capaz de desarrollar inteligencia y datos que, hasta ahora, el gobierno no ha logrado obtener de una manera sistemática.

Parte de nuestra estrategia consiste en utilizar la independencia académica y la reputación para desarrollar la credibilidad y la confianza suficientes para poder entrevistar a los líderes criminales de todos los niveles. Hasta hoy hemos entrevistado a más de 110 miembros de rango medio y alto de más de 40 organizaciones criminales en la ciudad.

También hemos ayudado al gobierno a desarrollar mejores sistemas de información sobre el crimen organizado. Por ejemplo, para medir la fuerza de los grupos criminales, preguntamos a los residentes con qué frecuencia acuden a grupos armados o al Estado para resolver disputas comunes y problemas de seguridad. Utilizamos las respuestas para construir un índice de gobierno relativo de los grupos criminales que varía entre -1 y 1. El índice toma valores negativos cuando los grupos criminales responden con más frecuencia que el Estado. La Figura 1 ilustra el gobierno relativo del crimen organizado. Resulta evidente que algunas zonas están dominadas predominantemente por el crimen.

Figura 1. Gobierno del crimen organizado relativo al gobierno del Estado en Medellín

 

Nuestro enfoque es diferente a los sistemas de inteligencia estatales. Una vez recolectamos información, nuestros datos y conclusiones están disponibles públicamente y son transparentes. Los Estados necesitan, por supuesto, sus propios sistemas de inteligencia, pero creemos que los gobiernos tomarán mejores decisiones a largo plazo si rinden cuentas de sus compromisos y decisiones.

Al final, los votantes y los políticos pueden decidir que su prioridad es reducir la violencia. Si es así, deben entender que algunos de los medios para conseguirlo—acuerdos informales, facilitación de espacios comunes de líderes criminales en la cárcel, o un dilema como que grupos armados con suficiente control para facilitar la paz no verán el mismo grado de aplicación de la ley—pueden tener el precio de unas bandas más fuertes.

Mientras tanto, deben ser conscientes de que las estrategias de "pacificación" y otras medidas duras y amplias contra los grupos criminales podrían desestabilizar a los grupos existentes y aumentar los homicidios.

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