Cumplimientos y realidades

Alfonso Novales
Universidad Complutense y Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La transparencia en todas las acciones de gobierno, la evaluación del impacto de las políticas públicas, y la rendición de cuentas, describiendo rigurosamente el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobernantes y altos directivos del sector público forman parte del núcleo de exigencias en toda sociedad democrática. Las democracias funcionan porque, utilizando un sistema electoral plenamente libre, los ciudadanos escogen a sus representantes, quienes a lo largo de la legislatura toman decisiones que afectan a la organización de la sociedad y a la utilización de los recursos que ésta genera, teniendo como objetivo el bienestar de todos.

Por eso es una carencia grave que en una sociedad que se precia de tener cierta calidad democrática, el cumplimiento de los tres criterios enunciados no sea una prioridad. La calidad democrática es, en tales casos, más imaginada que real. Pero puede ser aún más grave que se pretenda que tales tareas se están llevando a cabo cuando, en realidad, lo que se hace es calificar de “transparencia”, “evaluación de impacto”, o “rendición de cuentas” a un mero subterfugio de actuaciones que, por el respeto debido a los ciudadanos, deben realizarse con la máxima exigencia de rigor.

Esto es lo que sucede con el informe “Cumpliendo”, presentado por el presidente del gobierno el 29/12/2020, en aparente cumplimiento de promesas efectuadas en su discurso de investidura.

En el mismo, se especifica que, desde la investidura, el Gobierno ha asumido 1.238 compromisos, 428 de las cuales proceden del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Según el informe, se ha cumplido ya un 23,4% del total pero, si se añaden los compromisos en los que se está trabajando, se deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total. Tan solo han decaído 7 compromisos, lo que representa un 0,6% del total. Es habitual en España que cuando un gobierno, de cualquier signo, anuncia un Plan o Programa para resolver definitivamente los problemas en una determinada área, se anuncien planes o programas con un elevado número de actuaciones o de objetivos. Desconozco si es el perfil académico, educado en la búsqueda de un rigor que siempre nos elude, lo que me abruma siempre que veo semejante número de compromisos y tareas pendientes. Quizá el mundo de la política habilita para convivir diariamente con tranquilidad en tal contexto de deuda con los ciudadanos. Pero creo compartir el sentimiento de muchos cuando imploro (en silencio, desde luego) que se anuncien muchas menos medidas u objetivos, cuatro o cinco, a lo más, pero eso sí, se supervise estrictamente su cumplimiento.

En todo caso, la realidad es que, dejando por el momento a un lado el informe “Cumpliendo”, existe sobrada evidencia de que los compromisos adquiridos no se cumplen. Tampoco es cuestión de entrar en este punto en el debate sobre si se cumplen o no, porque el hecho es que nunca, nunca, se ha puesto en marcha un comité de evaluación de un Plan o programa con estas características, que haya desvelado a los ciudadanos si los compromisos adquiridos se han materializado finalmente o no, si el coste final ha sido el inicialmente anunciado, y si el gasto ha merecido la pena, dados los resultados alcanzados. Tan perdidos estamos ya en esta crucial cuestión, que frecuentemente, altos cargos de distintos gobiernos, incluyendo sus presidentes, han dado públicamente por resuelto un problema simplemente porque se había aprobado una nueva normativa que especificaba las medidas que se iban a dar para resolverlo. Es decir, se equipara la publicación de una normativa a la resolución del problema al cual se dirige y, coherentemente, puesto que se da por resuelto el problema, nadie se preocupa de evaluar a posteriori, si realmente el problema se resolvió.

El informe “Cumpliendo” se enmarca en este escenario. En sus últimas páginas se presenta un listado de los “Compromisos cumplidos y en proceso más relevantes” en las cuatro áreas consideradas (España verde, España digital, España sin brecha de género, y España cohesionada e inclusiva). La mayoría de ellos consisten en la aprobación de determinados Planes o normativas;[1] estrictamente hablando, no hay nada que objetar, si el compromiso anunciado en su momento se restringió a publicar textos. Cuestión diferente sería si el compromiso especificó resolver determinadas deficiencias; aunque en todo caso, el ciudadano entiende que el objetivo es la resolución del problema, y no la publicación de una normativa, que frecuentemente es excesivamente extensa y de redacción prolija y difícil comprensión. El lector quizá se pregunte cuántos de los textos de los Planes, Estatutos, Estrategias y Hojas de Ruta incluidos en el informe “Cumpliendo” incorporan un mecanismo para evaluar el impacto social y económico de sus medidas; la respuesta es decepcionante; algunos planes incluyen una evaluación “prevista” de su impacto, a veces bajo distintos escenarios, pero nunca un mecanismo riguroso de evaluación real a posteriori, en un horizonte que la normativa debería especificar, poniendo los beneficios derivados en la perspectiva del coste asumido, y a la luz de las alternativas que en su día pudieron haberse considerado. Por cierto, muchas de estas apreciaciones, si no todas, aplicarían igualmente a la reforma CORA de la administración introducida en 2013 por un gobierno de signo opuesto.

Muchos estamos convencidos de que contamos con un sistema de ciencia e investigación, que es competitivo internacionalmente en muchas áreas, aunque forzado a moverse bajo una penuria económica que no se corresponde con su calidad (real y potencial). En él hay una extensa práctica de evaluación de proyectos, programas y planes, desde lo muy concreto a lo muy ambicioso, y la administración pública podría utilizar dicho conocimiento y experiencia para implantar una práctica ya permanente para la evaluación de impacto real de las políticas y programas públicos. El plan de recuperación para Europa (que incluye el Marco Financiero Plurianual 2021-27, y el programa Next Generation EU, entre otros) requiere que cada gobierno realice una evaluación de las propuestas recibidas, antes de enviarlas a Bruselas para su evaluación allí, así como una rendición de cuentas a posteriori, respecto del uso dado a los fondos concedidos. La evaluación de los proyectos a nivel nacional es un esfuerzo enorme, pues se supone que el número de ellos será muy elevado, y las áreas a las que puedan referirse, serán muy variadas. Además, los plazos han de ser necesariamente muy breves; se han llegado a mencionar esquemas de simplificación que difícilmente son compatibles con el rigor exigible. El hecho es que, nuevamente, no existe ningún indicio de que vaya a utilizarse la experiencia del sistema de investigación y ciencia para esta tarea, altamente exigente.

Volvamos al informe “Cumpliendo”. Sonroja leer que, con la presentación del mismo, España se sitúe “en la vanguardia de la rendición de cuentas en el ámbito internacional”. Esto es, sencillamente, falso. No somos “el primero de los países de nuestro entorno que somete al escrutinio público el cumplimiento de su programa de gobierno.” Un gobierno, en información proporcionada a los ciudadanos a quienes en definitiva representa, no puede hacer este tipo de afirmaciones. En definitiva, lamentablemente, es bien dudoso que la presentación del informe “Cumpliendo” alcance los objetivos pretendidos por el presidente del gobierno: “Avanzar en términos de calidad democrática; Combatir la desafección política, sometiendo la acción de gobierno al escrutinio de la ciudadanía; y Desarrollar un proceso de aprendizaje institucional enriquecido por el debate público”.

[1] Otros se describen como “Se ha continuado apostando por”, “Se han promovido medidas de”, “Se ha trabajado en el impulso de políticas”, habiendo conducido a la “preparación de una propuesta de resolución o del borrador de un proyecto”. Muy difícilmente deberían aparecer en un listado mínimamente riguroso de objetivos cumplidos.