Crisis y confianza

Por Alfonso Novales – Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La pandemia provocada por el coronavirus está teniendo un enorme coste humano que no podemos ni debemos olvidar. También nos ha mostrado múltiples ejemplos de lo mejor de nosotros como sociedad; hemos aplaudido diariamente a trabajadores sanitarios que, con independencia de su rango y especialidad, se han volcado en atender a enfermos y, con una terrible infradotación de material, han tenido que hacer frente a decisiones enormemente difíciles para las que ninguno estamos preparados.

Sus dramáticos efectos económicos se reflejan en la destrucción de empleo. El confinamiento ha traído una brusca caída del PIB en estos trimestres, pero no es momento de distraernos con su evolución ni con la figura que pueda adoptar en su recuperación, especialmente dada la gran incertidumbre acerca de los posibles escenarios futuros. Tampoco nos informa el PIB sobre el heterogéneo impacto que la crisis tiene sobre los ciudadanos. Es momento de buscar el mantenimiento de rentas a corto plazo, como se ha hecho, y tratar de estimular la generación de empleo según van retomando las empresas su actividad. Lamentablemente, estamos condicionados por nuestra situación presupuestaria, que nos hace excesivamente dependientes de la ayuda que pueda instrumentar la UE, incluyendo los retrasos que en su diseño y aprobación se producen.

Pero se puede hacer mucho más, y sería exigible que se hiciese. Toda crisis tiene enormes costes sociales y económicos, pero siempre suscita una oportunidad, y ésta no es una excepción.

No aprovechamos bien la salida de la crisis financiera de 2008; no cabe escudarse en las políticas de austeridad, por mucho que impusieran una fuerte disciplina que no dejó margen a intervenciones que pudieron haber reducido el impacto social y contribuido a generar un entorno de progreso. Lo más trascendente es que no hubo ningún movimiento por diseñar el modelo de país hacia el cual queríamos progresar. Lejos de ello, desde entonces la política se polarizó más y muchos ciudadanos, quizá la mayoría, asistimos perplejos y con creciente desilusión a los debates que se han ido sucediendo en el Parlamento y fuera del mismo. Poco más de diez años después estamos de nuevo en un punto crítico que ha vuelto a generar enconamiento y agrias descalificaciones entre nuestros representantes políticos, pero muy poca, si alguna, visión de futuro.

Aparte de sus evidentes implicaciones para la convivencia social, ¿es esto importante para nuestra economía? ¿es relevante para la generación de empleo? ¿es trascendente para nuestro potencial futuro de progreso? Sería crucial que, como sociedad, nos convenciésemos todos de que la respuesta a todas estas preguntas es indudablemente afirmativa. Tenemos la oportunidad de producir grandes transformaciones; la más relevante posiblemente sería la de recuperar la confianza en nuestras instituciones, y la confianza en nosotros mismos, la confianza en quienes, junto con nosotros, configuran este país. Lo que necesitamos en este momento, quizá de la Comisión para la Reconstrucción, es un debate franco sobre todo aquello que compartimos en nuestra visión de futuro. Muy especialmente, estableciendo acuerdos, con un firme compromiso de mantenimiento, sobre los aspectos relativos a educación, innovación, sanidad, empleo y pensiones que puedan ser comunes a los representantes de las distintas posiciones políticas.

Una inspección informal sugiere que uno de los parámetros que puede estar influyendo más en el éxito relativo de algunos países en la lucha contra la actual pandemia es precisamente su capital social, es decir, el grado de confianza que cada ciudadano tiene en los demás y en las instituciones. No es nada que pueda cambiarse a corto plazo, pero puede explicar, al menos en parte, el buen comportamiento de un país en aspectos como educación, sanidad, medio ambiente, o delincuencia. Nada mejor para generar confianza que percibir que los gobiernos se ocupan de mantener la seguridad jurídica y el cumplimiento de las normas y contratos; en definitiva, una buena calidad institucional. Es asimismo importante que la sociedad perciba que sus representantes políticos se preocupan realmente del bienestar de los ciudadanos como primer objetivo, sin supeditarlos a sus intereses personales o de grupo político.

La sociedad española no merece que se siga desperdiciando el tiempo en peleas estériles que solo parecen buscar la ocupación del poder. Necesitamos devolver el protagonismo a los ciudadanos y a su bienestar.

España es una economía de mercado en la que un 95% de las empresas españolas son pequeñas, con menos de 10 empleados, pero crean un porcentaje importante del empleo. La mayoría tiene la propiedad y, con ella, el riesgo, concentrados en pocas personas. Este grupo incluye también muchas empresas innovadoras, creadas al hilo de desarrollos tecnológicos, en ocasiones como spin‐off emergentes de algunos de nuestros centros de investigación. No es momento de entrar en las razones que conducen a esta asimetría de tamaño empresarial, pero es nuestra realidad, y hemos de contar con empresas de estas características para lograr una buena parte de nuestro progreso tecnológico y de nuestra capacidad de generación de iniciativas productivas, de exportación de tecnología y servicios, y de creación de empleo cualificado.

Y, sin embargo, daría la impresión de que en el debate público nos referimos todavía a las empresas como grandes estructuras, en las que el trabajador es sistemáticamente explotado. Especialmente desafortunado e inoportuno fue el anuncio de acuerdo político de reversión de la reforma laboral de 2021 sin consultar con ningún representante empresarial.

Si no queremos perder definitivamente el tren del progreso tecnológico, necesitamos cuidar mucho más la empresa como elemento innovador, generador de empleo y de rentas, dinamizador de la actividad social y cultural, y potenciar su participación en el sistema educativo. Así como su potencial papel canalizador de una actividad pública en I+D+i mucho más decidida y relevante que la que hemos realizado hasta ahora.

Necesitamos diseñar el sistema educativo del futuro, en el que el acceso a las nuevas tecnologías y a las grandes bases documentales y de datos debe jugar un papel relevante; como también debe hacerlo la formación a lo largo de la vida, y cuya integración con el mundo de la empresa, como se intenta con la FP dual, debe funcionar correctamente. Debemos diseñar un sistema de pensiones sostenible y un sistema de ciencia e innovación verdaderamente eficaz; tenemos expertos en estas áreas cuyas propuestas, algunas de las cuales se han expuesto en este blog durante años, deben ser escuchadas atenta y objetivamente.

¿Cómo utilizar ayudas de la UE? Llegará ayuda financiera importante de la UE, y no podemos consumirla en construir aceras ni en abrir y cerrar minas, por mucho que pueda contribuir al crecimiento del PIB. Estamos en una coyuntura muy trascendental y las decisiones que se tomen pueden perfilar nuestro futuro en muchos aspectos.

Nada sería más sustancial para nuestro futuro como sociedad que la búsqueda de lo que nos une, el diseño de una estrategia de futuro con firmes compromisos de acuerdos sobre los aspectos comúnmente aceptados y el establecimiento de objetivos sobre los pilares sociales basados en el reconocimiento de la necesaria solidaridad transversal e intergeneracional. Podríamos debatir mucho sobre la adecuación de políticas económicas específicas en los aspectos que he mencionado, y hemos de intercambiar opiniones al respecto; pero más allá de su justificación teórica, su eficacia estará condicionada por el marco institucional que podamos mantener.