Recientemente he publicado otro artículo sobre pensiones (en la Revista Econòmica de Catalunya; se puede descargar aquí). Lo que sigue a continuación es un resumen actualizado con una breve valoración de las nuevas 21 recomendaciones del Pacto de Toledo que señalan el camino por el que han de transcurrir posibles reformas.
A efectos expositivos, conviene darle una estructura secuencial, refiriéndose a la situación del sistema español de pensiones antes, durante y después de la crisis de la Covid-19.
La situación pre-crisis: Nubarrones anunciados
Lo que han mostrado muchos estudios sobre “la viabilidad del sistema de pensiones” (incluido el muy citado de la AIReF) es que incluso en escenarios demográficos y macroeconómicos optimistas (con previsiones de repuntes de la natalidad y de la inmigración que, por ahora, no se están cumpliendo) el gasto en pensiones contributivas, suponiendo reducciones no pequeñas de sus tasas de cobertura y sustitución, aumentaría en 3-4 puntos porcentuales (pp) del PIB en 2050,. En consecuencia, el actual tipo efectivo de las cotizaciones sociales, que en España ya es elevado, no sería suficiente para evitar déficits del sistema de pensiones contributivas de aproximadamente esa misma magnitud.
Además, un sistema de pensiones contributivas es muy dependiente de la evolución del mercado de trabajo, en particular, del empleo y de su composición, de los salarios y de la productividad. En concreto, los cambios tecnológicos, especialmente en un contexto demográfico marcado por la disminución de la población en edad de trabajar y el envejecimiento de la población, apuntan a un contexto macroeconómico de muy bajos tipos de interés y a una disminución de la participación de los salarios en el PIB. En este contexto, es muy probable que se produzca un déficit permanente de demanda de consumo y de inversión. La política fiscal, constreñida por los elevados niveles de endeudamiento público actuales y por el desequilibrio financiero de los sistemas públicos de pensiones, poco podría hacer para compensar dicho déficit, especialmente cuando la crisis de la Covid-19 elevará la ratio de endeudamiento público por encima del 120% del PIB. También cabe esperar cambios profundos en la composición de la demanda de bienes de consumo (con menor demanda de bienes duraderos) y de inversión (con mayor importancia de la inversión en I+D e intangibles) y de bienes públicos (con un mayor peso del sector de servicios personales, sanidad y educación) que obligarán a reformular las políticas sociales.
La crisis de la Covid19: Llueve más
Con la pandemia, la situación económica, presente y futura, ha empeorado mientras que la demográfica no cambiará cualitativamente
La Covid-19 ha provocado, en primer lugar, que la actividad económica se ralentice a un ritmo nunca observado, en segundo lugar, puede provocar cambios de largo plazo en las pautas de consumo y en la organización de la producción de bienes y servicios y, finalmente, ha causado un gran aumento de las desigualdades económicas al afectar fundamentalmente a los trabajadores menos cualificados del sector servicios. La ralentización económica puede prolongarse durante algún tiempo, incluso en el caso de que se alcanzara pronto el control total de la pandemia. Es probable, pues, que la vuelta a la normalidad se produzca muy gradualmente y no necesariamente a una situación similar a la etapa pre-crisis.
Con las estadísticas disponibles, se estima que el exceso de mortalidad durante 2020 estaría cerca de 75.000 personas, de las que un 95% serían mayores de 65 años. Este año será el primero en mucho tiempo en el que se registre una disminución de la esperanza de vida (que es estima en alrededor de un año). Dado que cabe esperar que dicha disminución sea transitoria y, por tanto, que termine afectando muy poco a la estructura de edades de la población española, también cabe esperar que las proyecciones de gasto en pensiones existentes antes de la crisis no se vean significativamente alteradas por la trágica perturbación demográfica asociada a la Covid-19.
Más relevantes son los efectos derivados de la variación en la situación del mercado de trabajo (una panorámica reciente aquí). Con los parámetros actuales, por cada 5 puntos porcentuales (pp) de disminución en la tasa de empleo (que considerando a la población de 16 a 64 años como la población en edad de trabajar era del 64,7% en el cuarto trimestre de 2019), el gasto en pensiones sube en 1 pp de PIB. A la vista de las protecciones macroeconómicas disponibles, el déficit del sistema de pensiones contributivas que ya se anticipaba de alrededor de 2 pp del PIB sin la pandemia, puede aumentar significativamente hasta llegar a duplicarse en 2020-2022 (véase la figura siguiente).
A esto habrá que sumar dos tendencias estructurales relevantes por sus implicaciones sobre el sistema de pensiones. Una, de origen tecnológico, está asociada a la automatización y la digitalización; otra es la ralentización de la productividad. Ambas apuntan a un contexto macroeconómico de “estancamiento secular”, esto es, bajo crecimiento económico, muy bajos tipos de interés y riesgos recurrentes de deflación.
Post-Covid19: Regreso al pasado
Ante este panorama hay dos decisiones clave a tomar. Una es el equilibrio deseable entre pensiones contributivas y universales/asistenciales; otra es la tasa de sustitución que deberían ofrecer las pensiones contributivas.
El sistema público español de pensiones es insuficiente en su pilar asistencial y demasiado generoso en el contributivo. En el probable escenario de pérdida de peso del factor trabajo en la producción, asociado a las tendencias tecnológicas comentadas anteriormente y al aumento de formas de empleo atípicas sin la protección que recibe el empleo asalariado regular, aumentará la población que puede quedar sin acceso a las pensiones contributivas. Por tanto, dado el desequilibrio actual entre prestaciones asistenciales y contributivas y teniendo en cuenta los factores que pueden hacer ese desequilibrio aun mayor y el dramático aumento de las desigualdades económicas causado por la pandemia, garantizar la suficiencia de las pensiones pasa necesariamente por ampliar la cobertura y la cuantía de las asistenciales.
En definitiva, el reto es cómo conseguir al mismo tiempo la sostenibilidad financiera y la suficiencia de las pensiones. A este respecto, las recientes recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, ya aprobadas por el Congreso, no parecen avanzar significativamente. A la espera de que esas 21 nuevas recomendaciones se concreten en nuevas medidas de reforma y más allá de declaraciones grandilocuentes propias de este tipo de informes, lo que se propone se resume en cuatro líneas de actuación. Una es la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, asegurando su revalorización con el IPC. La implicación fundamental de esta propuesta es proteger a los ya jubilados de cualquier ajuste en la tasa de sustitución de las pensiones que sea necesaria para alcanzar la sostenibilidad financiera.
En segundo lugar, se propone “eliminar los gastos impropios de la Seguiridad Social” separando la fuente de financiación de las prestaciones contributivas y de las asistenciales. En realidad, por lo que respecta a contingencias comunes cubiertas por la Seguridad Social (vejez, viudedad, orfandad, incapacidad laboral, etc.) tal separación ya está prácticamente alcanzada y en lo que parece que esta recomendación se traduciría es en el trasvase de cotizaciones sociales por desempleo a la financiación de pensiones contributivas, agrandando el agujero que empieza a tener el SEPE con las prestaciones contributivas por desempleo.
En tercer lugar, se pretende avanzar en el retraso de la edad efectiva de jubilación. Siendo esta una medida necesaria y recomendable para afrontar tanto las consecuencias del cambio demográfico como las de los avances tecnológicos, tiene un impacto limitado sobre el equilibrio financiero del sistema de pensiones, sobre todo si se trata de conseguir vía incentivos al retraso de la edad de jubilación y no tanto con penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, que como consecuencia de la crisis de la Covid19 se han vuelto a disparar.
Finalmente, se apuesta por el desarrollo del pilar de previsión para la jubilación basado en la capitalización del ahorro con un mayor peso de los planes de pensiones colectivos (de empresas y también, probablemente, públicos). Aun reconociendo que es necesario promover el ahorro para la jubilación, la constitución de planes de pensiones de capitalización ni resuelve los problemas de financiación del sistema público de pensiones ni ayuda en gran medida a constituir una renta suficiente para la vejez en un contexto de bajo crecimiento y muy reducidos tipos de interés, especialmente en el caso de los trabajadores de menor nivel de renta.
En definitiva, nos enfrentamos a los mismos problemas demográficos, laborales, económicos, financieros y sociales que ya teníamos antes de la crisis de la Covid-19, solo que ahora tenemos menos tiempo, mucho menos margen de actuación y otra oportunidad perdida.
