Suponga que su coche empieza a dar señales de agotamiento: pierde potencia y hace ruidos extraños. Es muy probable que, incluso tras una obra cara de ingeniería mecánica, no vuelva a ofrecer durante un plazo suficientemente largo las mismas prestaciones que en tiempos pasados. Aunque le tiene cariño porque le ha servido mucho y bien, se plantea cambiarlo por otro nuevo, si bien su restricción presupuestaria no le permite uno de gama alta. Salvando las distancias, el sistema público de pensiones lleva en parecida situación unos cuantos años. Sin embargo, se sigue discutiendo casi exclusivamente sobre “reparaciones”, no tanto acerca de la conveniencia de cambiar de sistema.
Negaciones en forma de vanas esperanzas
En NeG han aparecido numerosas entradas sobre pensiones. Una de nuestras favoritas se escribió hace más de seis años cuando estaba bajo discusión la reforma aprobada por el último gobierno socialista que entró en vigor en 2011. En tono irónico, allí se desmontaban algunos de los argumentos erróneos y contradictorios que han utilizado los que se resisten a reconocer que el actual sistema público de pensiones no puede seguir ofreciendo las mismas prestaciones que en el pasado. Aquí, sin ironías, volvemos a señalarlos destacando los fallos e inconvenientes de algunas de las soluciones con las que ahora se pretende ingenuamente que es posible mantener las prestaciones actuales del sistema público de pensiones y restaurar su sostenibilidad financiera (esto es, la condición ingresos=gastos):
a. “Creando suficiente empleo”. En España hay unos 18 millones de cotizantes a la Seguridad Social y la población en edad de trabajar (de 16 a 66 años) es de alrededor de 31,2 millones. Según el INE, en 2050 la población en este grupo de edad será de 24 millones (casi 26 si consideramos que la edad de trabajar se extiende hasta los 70 años). Incluso si resolviéramos todas las disfunciones de nuestro mercado laboral y la tasa de empleo aumentara hasta el 70% (ahora es el 61% de la población de 16 a 64 años), el número de cotizantes en dicho año no sería muy superior al actual (unos 17 millones con jubilación a los 67 años, alrededor de 18,5 millones con jubilación a los setenta). Podría ser que se creara mucho empleo en el corto plazo, pero llegará el momento en el que, incluso en los escenarios más favorables, el número de ocupados disminuirá y tendremos que financiar un número de pensiones (que podría llegar a ser el doble del actual) con una población de cotizantes similar a la que hay ahora. Parece muy improbable que se produzcan aumentos de la tasa de natalidad u otra llegada masiva de inmigrantes (más allá de los cambios ya contemplados en las proyecciones demográficas del INE). Pero incluso si así fuera, la ratio citada mejoraría solo marginalmente, muy poco en comparación con lo que sería necesario para restaurar la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones con las prestaciones actuales.
b. “Aumentando los salarios”. Si suben los salarios, los ingresos del sistema serán más elevados, pero también lo serán las pensiones futuras, dado que nuestro querido sistema público es de naturaleza contributiva y trata de asegurar rentas de sustitución por encima de un determinado porcentaje de los salarios percibidos. De hecho, una vez que se tienen en cuenta la tasa de empleo y la ratio pensión media-salario medio (a la que llamaremos tasa de sustitución) la sostenibilidad financiera de las pensiones no depende de la participación de los salarios en el PIB; solo depende del tipo impositivo efectivo de las cotizaciones sociales y de la ratio entre cotizantes y pensiones a financiar.
c. “Con tasas de crecimiento de la productividad más elevadas”. Un incremento de la tasa de crecimiento de la productividad solo puede contribuir a restaurar la sostenibilidad financiera si da lugar a un crecimiento de la pensión media inferior a del salario medio, es decir, a una disminución de las tasas de sustitución de las pensiones. Por tanto, con sostenibilidad financiera, el crecimiento de la productividad ayudaría a que la cuantía de la pensión media fuera mayor, pero no permite que la renta de la población jubilada en relación con la de la población ocupada se mantenga en sus niveles actuales.
d. “Aumentando las cotizaciones sociales”. El tipo impositivo legal de las cotizaciones sociales que financian las contingencias asociadas a pensiones es del 28,3% de la masa salarial; el correspondiente tipo efectivo, como consecuencia de la existencia de bases de cotización topadas por mínimos y máximos, es del 21% aproximadamente. Hay tres maneras de incrementar los ingresos por cotizaciones sociales: aumentar el tipo legal, elevar el tope mínimo de la base de cotización, y suprimir el tope máximo de la base de cotización. Todas ellas tienen el inconveniente de que producen aumentos de los costes laborales que podrían traducirse en disminuciones de la tasa de empleo, que harían más difícil restaurar la sostenibilidad financiera. Por otra parte, las dos últimas medidas no tendrían muchos efectos sobre el saldo financiero del sistema en el medio plazo, dado que a mayores bases de cotización les corresponden prestaciones más elevadas. Solo si el destope de la base de cotización fuera acompañado de la congelación de la pensión máxima, se podría producir una cierta mejoría de las cuentas de la Seguridad Social. Pero en este caso, se reduciría la naturaleza contributiva del sistema que se pretende preservar.
e. “Usando los impuestos generales”. A primera vista parece una medida razonable (e inevitable a corto plazo), pero tiene varios inconvenientes. El primero es que se necesita una aportación cuantiosa de recursos financieros para que se consiga igualar los gastos y los ingresos del sistema de pensiones, manteniendo, al mismo tiempo, las tasas actuales de sustitución (alrededor de 2 pp de PIB en el corto plazo y, posiblemente, casi 7,4 pp de PIB en el medio y largo plazo). Con un déficit público todavía superior al 4,5% del PIB y una ratio de deuda pública-PIB de más del 100% del PIB, no parece que exista (ni que vaya a existir en un futuro próximo) mucho margen para obtener tales recursos. En segundo lugar, la naturaleza contributiva del sistema se nutre de su financiación mediante transferencias intergeneracionales, y con una parte importante de los ingresos procedentes de impuestos generales dicha naturaleza acabaría convirtiéndose en algo residual. Y el tercer inconveniente es que para conseguir tales recursos habría que recurrir a impuestos con bases amplias (IRPF, IVA, ¿patrimonio?) que también soportan la población jubilada, por lo que, de hecho, su renta disponible también se reduciría, que es justo lo que se quiere evitar manteniendo las tasas actuales de sustitución de las pensiones.
Alternativas realistas con prestaciones razonables
Así pues, las cinco reparaciones anteriores, incluso si se realizaran conjuntamente, no podrían conseguir que el sistema público de pensiones mantuviera tanto su naturaleza contributiva como las tasas de sustitución que ha ofrecido hasta la fecha. De hecho, la principal consecuencia de la introducción del índice de revalorización de las pensiones, que implica su cuasi-congelación por un largo periodo de tiempo, y del factor de sostenibilidad (que también reducirá las prestaciones por jubilación a partir de 2019), ambos aprobados en la reforma de 2013, no será otra que disminuciones sustanciales de tasas de sustitución y del grado de contributividad de las pensiones públicas.
En lugar de prometer que esto se puede evitar apelando a reparaciones que no son precisamente de ingeniería avanzada, sería conveniente (como se sugiere aquí o aquí) que más discusiones y análisis versarán sobre cuál es la forma más eficiente y equitativa de restaurar la sostenibilidad financiera y garantizar la suficiencia de las pensiones, porque ni la que va a tener lugar con el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, ni las que resultarían de las medidas que parecen más probables en un próximo acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, lo son. Al igual que hace seis años, inaccesibles al desaliento, nosotros seguimos creyendo que la mejor manera de conseguirlo es esta propuesta, basada en un sistema de cuentas nocionales de contribución definida.
Como ya avisamos en 2010 y 2011, los problemas de sostenibilidad financiera y suficiencia de las pensiones se agravarán, incluso si transitoriamente se encontrarán los recursos necesarios para cubrir el déficit actual de la Seguridad Social. Y no podemos dejar de insistir en que cuanto más tarde cambiemos de sistema, más costoso será el ajuste, porque una mayor parte de su coste tendrá que ser soportado por la población ya jubilada o cercana a la edad de jubilación, cuyas decisiones de ahorro y laborales estarían ya determinadas y no podrían adaptarse a dicho cambio. Nos llamarán agoreros, pero, hasta ahora, el tiempo nos ha dado la razón.
Hay 17 comentarios
Lo que no entiendo es por qué se dedica tanto a hablar del déficit de las pensiones y tan poco ha hablar del déficit en educación o en sanidad o en cualquier otro servicio básico. Que de especial tienen las pensiones que no tenga la educación o la sanidad. Hace años, la sanidad se financiaba vía cotizaciones sociales y hoy vía impuestos. Por qué no puede ocurrir lo mismo con las pensiones.
Le llamemos nombres complicados o lo envolvamos en celofán, al final el problema no tiene otra solución que reducir prestación de jubilación y alargar la vida laboral, que viene a ser lo que se propone en el post con algunos adornos. O crecimiento de la población de una u otra forma, lo que tampoco se puede descartar como sabemos por lo ocurrido de 2000 a 2008.
Por otro lado, en el articulo hay una incoherencia. No tiene mucho sentido decir que no hay margen para pagar las pensiones de 2050 debido al déficit publico de 2016. No tiene relación ninguna el déficit actual con la situación fiscal de dentro de 20 o 30 años. No hagamos trampas.
Olvida usted lo siguiente: "y una ratio de deuda pública-PIB de más del 100% del PIB", que es la variable stock relevante.
Lo de dar tanta relevancia a la variable deuda pública-PIB es uno de los misterios que me resultan incomprensibles: el "PIB" no "existe", se estima y se corrije y se modifica y se discuten hasta el infinito sus componentes y la deuda pública es una cantidad bien cierta.
Entiendo más relevante la variable deuda púlica-ingresos del estado donde ambas son cifras ciertas, no estimadas (y medibles en euros y no en %) y que mide mejor la capacidad de devolver la deuda (si alguna vez fuera la intención) sin tener que modificar substancialmente ni la capacidad del pais para producir bienes y servicios ni el sistema impositivo/recaudatorio (ambas cosas más fáciles de decir que de hacer).
La deuda pública española es de más de 1,100,000 millones de euros y los ingresos anuales del estado español son de unos 400,000 millones. Para mi eso significa que la deuda son casi 3 veces los ingresos: el misterio es por qué los bancos siguen prestando a "emisores" así que, además, son "inembargables" (buques escuela en puertos extranjeros aparte).
Pero aún peor es entender (también sin inventarse cifras como el PIB) que España solo puede hacer frente a los intereses de su deuda (los intereses!!) pidiendo más dinero prestado: eso es lo que Reinhart y Rogoff llamaban "deuda especulativa".
''eso significa que la deuda son casi 3 veces los ingresos: el misterio es por qué los bancos siguen prestando a "emisores" así ''
Puede que lo sea porque eses mismos bancos se prestan entre si y a otras empresas privadas (p.ej. las constructoras como ACS), empresas todas ellas con ratios financieros -liquidez, solvencia,patrimonial, etc..- VARIAS VECES peores que los del Estado. Además esos bancos ingenuos e inocentes prestan con dinero casi ilimitado del Estado, dinero público : el Banco Central. Ahy,supongo su argumento, ¡pero el Estado no es una empresa privada-poco le falta, tenga paciencia- , y es muy malo y mucho peor.(Rajoy)¡...Como ve, no hay misterio alguno.
No. La deuda de ACS a cierre de 2015 era de 7,382 m de euros con ingresos de 35,448 m. Un 20% de deuda/ingresos no se parece al 300% del estado. Ninguna empresa podría financiarse con ratios de deuda como los de un gobierno.
Yo no mezclaría bajo el concepto "dinero público" la recaudación fiscal, que es un "ingreso" y representa una transferencia de poder adqusitivo desde un ciudadano concreto al gobierno (sin generar "pasivo" a cambio) y operaciones de balance del banco central donde se incrementa un activo: el dinero prestado a los bancos y un pasivo: efectivo en manos del público/bancos) que es, en principio, neutra a efectos de "transferencia de poder adquisitivo" de alguien a alguien.
No es un debate sobre si el estado es o no una empresa privada. Tampoco a empresas "no privadas" (ONGs, RENFE, partidos políticos ...) nadie en su sano juicio les prestaría dinero con deudas 3 veces superiores a los ingresos (aunque los partidos políticos tienen alternativas "ingeniosas").
El estado puede hacerlo porque quien le presta dinero confía en 2 cosas: que seguirá controlando la policia y, por tanto, podrá recaudar "lo que le de de por la gana" y que podrá emitir dinero y librarse de la deuda via inflacion. Ambas son un error: los banqueros flamencos ya aprendieron que la policia también podía usarse contra ellos (haciendoles perder, literalmente, la cabeza) y la inflación es una transferencia de poder adquisitivo de los prestamistas a los endeudados.
Ni la composición del gasto público será la misma hoy que dentro de 30 años, pero ¿y lo que mola llamarle "sistema de cuentas nocionales de contribución definida" a rebajarlas más de un 40%?
Las pensiones son un sistema piramidal que no es delito porque su promotor es el gobierno pero que, si ese no fuera el caso, llevaría a todos sus gestores directamente a la cárcel.
De hecho todas sus "soluciones" son de sistema piramidal:
* Reducir la "rentabilidad garantizada" de los "inversores iniciales", que aquí se llama "reducir la tasa de sustitución" pero es lo mismo
* Aumentar la proporción de "nuevos inversores" (los que meten dinero "fresco" en el timo) respecto a los "inversores iniciales" (los que quieren hacer cash-out), que aquí se llama "mejorar el ratio afiliados/pensionistas" pero es lo mismo
* Endeudarse para pagar las "rentabilidades garantizadas", que aquí se llama "cargar las pensiones a los PGE" pero es lo mismo
Simplemente, los sistemas piramidales deberían ser delito incluso cuando los perpetra el estado.
La solución pasa porque los promotores (y defensores) del sistema corran la misma suerte que los gestores de Afinsa ... pero dudo que estemos cerca de eso.
Un problema añadido es, ¿qué sucede cuando, en democracia, la mayoria de los votantes (y, por lo tanto, quienes deciden qué es y que no es "legal") son los beneficiarios de un sistema como el de Afinsa y pueden "elegir" que el resto de habitantes del país sigan financiando la rentabilidad ficticia de sus aportaciones iniciales? ¿van a votar por "destapar" el sistema piramidal? ... lo dudo
Por favor, no hagamos semejante demagogia.
En un sistema piramidal, los títulos se heredan, las pensiones se dejan de cobrar al morir.
Un sistema piramidal requiere de nuevos primos constantemente y si no se desmorona. Con las pensiones no hay problema se recluta al nacido por decreto.
Se monto este sistema por que el de capitalizar quebró, como ha vuelto a suceder en Chile.
Nada impide (bueno, la ley si no eres el gobierno) montar un sistema piramidal donde lo que consigues con tu "inversión inicial" sean "anualidades vitalicias".
Es el que no haya ninguna relación ni financiera ni actuarial entre tu contribución y el monto de la anualidad vitalicia percibida y el hecho de que los pagos se financien con las contribuciones de los nuevos "primos" lo que convierte el esquema en piramidal.
El que puedas obligar a toda la población a ser inversor en tu esquema (privilegio del estado) tampoco afecta al caracter piramidal del timo, solo a su tamaño. De hecho, hasta así "sí hay problema".
El sistema piramidal no se montó porque quebrase ningún sistema de capitalización, se montó porque Bismarck necesitaba impulsar la "cohesión social" en el "avispero" que era alemania durante la reunificación liderada por Prusia. Entre la razones para clearlo la clarividente de que "un trabajador que depende del gobierno para su retiro será más obediente y servil ante las autoridades de ese mismo gobierno".
Crear un sistema público de pensiones fue una genialidad política pero un error financiero (al parecer, ambas cosas ya iban de la mano en el s. XIX).
El sistema chileno no ha quebrado, los sistemas de contribución definida no pueden quebrar. Lo que sucede es que cuando quitas la componente piramidal puede pasar que el retorno real de tu inversión no te satisfaga. Protestar para que te aumenten piramidalmente los retornos suele funcionar ... durante un tiempo
Yo el problema lo veo precisamente en que los pensionistas nunca son la mayoría ) 9 mill ) y eso implica que la verdadera mayoría puede decidir parar el sistema. ¿ Y entonces qué ? ¿ Qué pasará cuando gran parte de los 18 millones de trabajadores decidan que ya no quieren cotizar más ? No todos votarán eso porque muchos están cerca de su jubilación pero en contrapartida hay muchos que no trabajan y que son "competidores" de los pensionistas para cazar gasto público. Habría que echar cuentas. Puede venir un político iluminado y populachero y exaltar a las masas contra el sistema de SS. Que ese día llegue o no no es un cálculo modelizable pero es muy relevante.
***¿ Y si ese día llega...? ¿?¿?¿?***
Los políticos "populacheros" siempre aumentan las pensiones y siempre acaban llegando al poder.
El problema es la falta de políticos (y electores) serios que asuman que en el tema de las pensiones debería haber dos componentes:
* Una financiera: el estado me "obliga" a ahorrar hoy (nunca sabremos si el estado es "padre" porque nosotros somos niños o somos niños porque el estado es tan padre) para cuando no pueda trabajar y fija una "cantidad mínima" de ese ahorro que genera retornos que percibo cuando me jubilo. Esta parte no requiere ni edad de jubilación ni tasas de sustitución
* Una "política" (no se le puede llamar "solidaria" sin pervertir el término) en la que si no he podido trabajar el suficiente número de años o el trabajo que era capaz de desempeñar no tenía una retribución suficiente para poder ahorrar el "mínimo" necesario, el estado, con cargo a los PGE, "complementa" mi ahorro para alcanzar un mínimo actuarialmente razonable (a ser posible año a año y como contribución al fondo anterior). En esta segunda componente tiene sentido fijar edades mínimas y contribuciones máximas.
La primera componente está sometida a "leyes financieras y actuariales" que los políticos no pueden alterar a voluntad.
La segunda responde a una decisión política con un trade-off claro entre impuestos-prestaciones que la sociedad tiene derecho a debatir y fijar como estime adecuado.
Es mezclar las dos componentes lo que da lugar a un sinfin de demagogias.
Ya, y "los pisos nunca bajan".
Ese político puede llegar y el sistema de SS puede ser eliminado de una tacada. Nada impide que la gente vote eso mismamente en las próximas elecciones y desde luego daría un ingente número de votos: la gente no tiene más que meterse en un simulador de pensiones y ver la rentabilidad que va a obtener de sus cotizaciones actuales.
No es un asunto solo de cálculos actuariales y de que 145 sabios opinen en un despacho ricamente alfombrado sobre cuánto va a soportar la gente este sistema. La gente es volátil y vota. Y nada impide que voten terminar con la SS mañana mismo. ¿ Cómo demonios metes eso en un cálculo actuarial ? ¿ Vas a usar una distribución normal para anticipar semejante cambio ?
El problema no es de un 1% arriba o un año abajo sino de que no hay alternativa y puede reventar totalmente.
Creo.
También puede llegar un político y prohibir el futbol, o obligar a todo el mundo a vivir con su suegra ... yo no dedicaría mucho tiempo a planes de contigencia para esos escenarios.
Epatante analogía.
Como comentan arriba parece que la solución es reducir prestaciones y alargar la vida laboral: en el artículo de referencia (Vidal, 2002) que explica en qué consiste un sistema de “cuentas nocionales de contribución definida” explicita literalmente que "este cambio en el paradigma puede permitir a las autoridades hacer modificaciones en el sistema, dificultando su detección; cambios que hubiesen sido demasiado obvios bajo un sistema tradicional.".
Por otro lado, sobre el sistema propuesto…
1) Quitando los aspectos de marketing no termino de ver la ventaja real de este sistema con uno puro de capitalización (pública o privada).
2) Si se quiere introducir un factor de proporcionalidad con la esperanza de vida, ¿por qué imponer aumentos en la edad mínima de jubilación?
Como siempre, gracias por los artículos y reflexiones siempre interesantes.
Desde mi escasa experiencia, y teniendo menos de 30 años, he asumido que no habrá pensiones.
Entiendo que es una preocupación para aquellos que llevan cotizando toda la vida, y puede que no "se compense" esa aportación, pero la verdad que para los "millenials" ese problema no está entre nuestras prioridades.
La pirámide de población cada vez empeorará más, y, si bien es cierto que una mejora económica y del mercado laboral no puede solucionar el problema del todo, sí que considero que cada uno debería gestionarse su ahorro y su jubilación. Pero claro, para eso se necesita una educación financiera que no parece interesar mucho y un mercado laboral activo y dinámico.
http://danielclaros.com/mi-pension-cuando-me-jubile-una-preocupacion-real/
No obstante, buen análisis,
Un saludo,
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