En la reciente Cumbre Europea, los líderes europeos ratificaron el acuerdo de liberar unos 6 mil millones de euros para combatir el paro juvenil de los cuales 1,9 millones corresponderán a España. La semana anterior a la cumbre, participé en una de las tantas conferencias sobre paro juvenil que se organizan estos días en el CEPS, un think tank de reconocido prestigio en Bruselas. Por la mañana, hice una presentación sobre el caso de España (programa, presentación, artículo, aquí) y por la tarde me senté en una mesa junto con el comisario húngaro László Andor, difamado en España por su tímido apoyo al contrato único, y otros economistas para debatir sobre formación dual.
La sesión sobre España fue sin duda la más viva e instructiva de las sesiones matutinas. Centré la mayor parte de mi presentación en un análisis comparativo de los determinantes de las malas cifras de paro juvenil en España basándome en este estudio para la OCDE de Juan Dolado, Florentino Felgueroso.
Como siempre, el público se quedó impactado por las malas cifras españolas. Pero el verdadero interés no estuvo en mi presentación, sino en la discusión posterior, primero con mi oponente, un representante de la Comisión Europea, y luego con el resto del público. La polémica surgió porque durante mi presentación había calificado la recomendación europea sobre la garantía juvenil como una propuesta inasumible (“ciencia ficción” para ser más exactos) en países como España, motivada más por el deseo de lanzar algún mensaje de esperanza sin poner en apuros a ningún gobierno que por la ambición de ofrecer soluciones reales a los jóvenes desempleados. La afirmación tenía el efecto de una blasfemia en medio de la misa de domingo y durante el resto del debate quedó patente la absoluta falta de concreción en los planes europeos y un entendimiento más que discutible de las prioridades en España.
Antes de nada, hay que destacar que España no tiene un problema (específico) de paro juvenil. El problema de España es un mercado laboral disfuncional con problemas estructurales que afectan a trabajadores de todas las edades. Sólo uno de cada seis parados es un menor de 24 y el ratio entre la tasa de paro para jóvenes y mayores ronda el valor de 2,3 desde el principio de los años noventa. Este valor es prácticamente igual a la media europea y mucho menor que el ratio en otros países como el Reino Unido o Suecia. Por lo tanto, en contra de lo que se suele pensar, en España la crisis no ha afectado de manera desproporcionada a los más jóvenes y cualquier estrategia para reducir el paro juvenil debería priorizar reformas que mejoren el funcionamiento del mercado laboral. La absoluta prioridad sigue siendo la lucha contra la dualidad laboral que condena a tantos jóvenes a la precariedad y que genera una excesiva volatilidad del mercado laboral.
Cómo hemos comentado muchas veces, las reformas laborales apenas han introducido avances en este ámbito. La brecha entre los costes de despido para contratos temporales e indefinidos se ha reducido algo, pero el contrato de apoyo a emprendedores es nada más que un intento (fracasado) de enmascarar las cifras de temporalidad. Sobre el papel se trata de un contrato indefinido, pero en la práctica se permite el despido libre y gratis durante un año. Además, las esperanzas de que el gobierno fuera a tomarse en serio la tarea de reducir la dualidad laboral y el paro juvenil quedaron definitivamente sepultadas con la publicación de la Estrategia para el Emprendimiento y Empleo Joven (EEEJ). Este plan, un requisito para las ayudas europeas, avanza por el camino equivocado, creando nuevos tipos de contratos precarios e introduciendo bonificaciones para contratos temporales y a tiempo parcial sin un claro vínculo a la formación (ver aquí y aquí).
Y es aquí donde radica el problema principal de la estrategia europea. En un pasado reciente, la Comisión Europea (CE) intentó lanzar una propuesta propia para un contrato único e indefinido inspirada en las propuestas hechas en España, Francia e Italia. Este intento fracasó estrepitosamente por la resistencia feroz de países como España y Alemania, como pude notar en primera persona durante una cumbre informal en Budapest hace dos años. Ante este fracaso, la comisión cambió el rumbo y de apoyar una propuesta que hubiera significado avances importantes en los países periféricos, pasó a apadrinar la propuesta de la garantía juvenil según la cual las autoridades de cada país deberían ofrecer opciones de trabajo, formación o educación a cualquier joven que tardara más de cuatro meses en encontrar trabajo.
Comparto totalmente el espíritu de la propuesta, pero en este momento estamos hablando de una medida idónea para los países nórdicos. En estos países el paro juvenil está subiendo temporalmente por la falta de crecimiento (causada en gran medida por el exceso de austeridad recetada por Bruselas y Berlín), pero en situaciones normales la gran mayoría de jóvenes no encuentra obstáculos en su transición hacia el empleo. Al contrario, en España la garantía juvenil es totalmente inasumible por el momento, primero porque no hay fondos suficientes y segundo porque la gran abundancia de jóvenes desempleados colapsaría los servicios públicos de empleo.
Para dar una idea, actualmente hay más de 700,000 jóvenes que están en desempleo durante más de seis meses. Además, incluso en situaciones más favorables, como en los primeros años del boom inmobiliario, los jóvenes españoles solían tardar en promedio unos doce meses para encontrar su primer empleo regular (con una duración superior a tres meses). Por lo tanto, antes de poder ofrecer alguna garantía a los jóvenes hacen falta reformas que mejoren la transición de los jóvenes de la educación al empleo.
Con el cambio de rumbo la Comisión Europea no solo se olvida de estos pasos necesarios: en el proceso, también quita la presión sobre los países periféricos para acometer las reformas necesarias, dando por bueno propuestas como la EEEJ que ni siquiera en su espíritu comulgan con la idea de la garantía juvenil. Las autoridades españolas no asumen ningún compromiso y la única garantía que ofrece la EEEJ es la descausalización de los contratos temporales para jóvenes sin experiencia laboral.
La Comisión Europea haría bien en exigir algo más para desbloquear los fondos para España. Con los planes actuales, los fondos apenas son suficientes para compensar, durante dos años, el recorte en políticas activas introducido por este gobierno y con la diferencia que todos los fondos se dirigen a un solo colectivo.
Primero, sería conveniente ampliar las ayudas a jóvenes menores de 30 años. La caída en la tasa de empleo para jóvenes entre 24 y 30 años es muy superior a la de los jóvenes de 16 y 24. El gobierno reconoció las necesidades de formación de este colectivo con el aumento (temporal) en el límite de edad para los contratos de formación y aprendizaje hasta los 30 años. La CE debería apoyar esta iniciativa permitiendo el uso de los fondos disponibles para ofrecer formación a aquellos que lo necesitan pero que no encuentran un contrato de formación.
Segundo, para los jóvenes de 16 a 24 sin estudios secundarios post-obligatorios la prioridad debería ser la vuelta al sistema educativo. Es dificil entender porqué España todavía no cuenta con un ambicioso plan a nivel nacional para ofrecer “educación de segunda oportunidad” a este colectivo. Ahora sería el momento de utilizar parte de los fondos para ofrecer educación a medida a los jóvenes motivados que desean volver al sistema educativo para completar sus estudios secundarios.
Tercero, se podrían mantener las bonificaciones para los contratos de primera experiencia laboral para jóvenes con un nivel de educación adecuado, pero el resto de las bonificaciones deberían estar vinculadas a contratos fijos o de formación. El dinero ahorrado debería servir para mejorar la calidad de las políticas activas dirigidas a jóvenes. Hay muchas alternativas. El Sistema Público de Empleo podría contratar más orientadores laborales o crear ventanillas únicas para jóvenes en algunas de sus oficinas para coordinar las políticas activas e intentar captar plazas de prácticas o primera experiencia. Otra opción válida sería utilizar parte de los fondos para derivar algunos colectivos de jóvenes hacia agencias privadas de colocación. Incluso podría ser conveniente invertir parte de los fondos en proyectos novedosos para reducir el abandono escolar temprano siguiendo las recomendaciones de la OCDE.
Hasta ahora el gobierno no parece contemplar ninguna de estas medidas. Prefiere tapar los agujeros y utilizar todo el resto de los fondos para bonificaciones. Ojalá la situación mejore a la vuelta de vacaciones.
Hay 6 comentarios
Lo de la garantía juvenil suena a parche para mitigar a posteriori problemas que habría que solucionar a priori. No creo que sea ni siquiera útil en paises nórdicos. En Suecia, por poner un ejemplo, el problema del paro juvenil parece ser una consecuencia de una formación profesional deficiente (ver esta nota de los servicios de la Comisión). La solución es mejorar este aspecto del sistema educativo, pero eso es un objetivo de largo plazo y se entiende que a los políticos les cuesta quedarse de brazos cruzados a corto plazo.
En cuanto a las formas, no sé si no es un poco peligroso pedir que Bruselas tenga más poder para bloquear fondos y cosas así. En materia de política económica, la fuerza de Bruselas debería residir en su prestigio y su poder de persuasión, nunca de coacción.
Por lo demás, comparto la crítica de Aleix a la propuesta de la Sara de la Rica del otro día. Entonces eran los mayores, ahora los jóvenes. ¿A quién vamos a dejar sin bonificaciones?, y si todos reciben bonificaciones, ¿no se anulan todas unas a otras?
Hola Jorge,
Dos comentarios breves, porque estoy de acuerdo con todo lo que dices: Elegir a quien tendremos que ayudar no es una tarea nada baladí. En mi opinión el balance se ha girado en exceso hacia los jóvenes por el simple hecho que los problemas se concentran ahí en los países del norte, mientras que aquí los mayores retos se presentan en la recollocación de mayores. En cuanto a Europa, sería conveniente que la CE huyese de fórmulas mágicas y comunes para todos ( que mechas veces se reduce a copiar Alemania ). Dicho esto, los fondos no deberían gratis. Es razonable exigir que se gastan en manera adecuada en políticas eficaces.
Sí, de las fórmulas mágicas hay que huir como la peste. El problema es que dan titulares, por eso son tan populares.
Con lo otro a lo mejor estamos hablando de cosas distintas. Si das dinero tienes que poder exigir garantías de que se usará para lo que se concedió. Pero eso ya se hace. Ahí está el seguimiento que se hace del programa de asistencia para recapitalizar el sistema financiero.
Otra cosa completamente distinta es mezclar churras con merinas. Que te exijan una reforma laboral para desbloquear unos Fondos Estructurales. Eso me parecería inaceptable.
Jorge,
Me sorprendería si el control de la Comisión Europea en el caso de las ayudas para los jóvenes vaya más allá que la exigencia de "recibos", es decir un listado de las partidas en que se ha gastado el dinero. Se ha repartido dinero entre los estados miembros para una operación de imagen - unos para escenificar su preocupación sobre el paro juvenil y otros para salvarse de la crítica que la austeridad pueda habver causado estragos entre los jóvenes en Europa - pero no van a exigir muchas respuestas. La mejor prueba es el plan español. Un elenco de buenas intenciones y ninguna medida concreta más allá de lo de siempre, es decir bonificaciones a rajatabla.
Estoy de acuerdo que Europa no debe prescribir las recetas exactas para la reforma laboral. Pero sí puede incentivar buenas prácticas o reformas con más fondos. Incluso no me parece mal que la Comisión Europa estipulara que las bonificaciones no pueden ir a contratos temporal y a tiempo parcial sin ningún contenido de formación.
Ah, perdón, he malinterpretado la entrada. Cuando te referías a "la presión sobre los países periféricos" pensaba que tenías en mente cosas como la llamada macro-condicionalidad, que permitiría a la Comisión "suspender pagos asociados a la política regional en caso de que un estado miembro no sea capaz de corregir un 'desequilibrio macroeconómico' del tipo que desató la crisis de deuda en la Eurozona".
En políticas concretas, si Bruselas pone dinero, por supuesto que tiene que poder decir algo. Por ejemplo, como tú dices, que las bonificaciones no puedan ir a contratos temporales.
Creo que nuestros problemas no son el paro juvenil: nuestros problemas son la dualidad de contratos de la que se deriva, como un subproducto, la mayor parte de la precariedad juvenil, dado que son empleados como mano de obra temporal para compensar la existencia de indefinidos protegidos, y la ausencia de unas políticas de formación para la reinserción laboral eficientes que no se limiten a que el orientador de algún sindicato, vía SEPE, te explique como redactar un curriculum. Sin una auténtica política de formación nos resultará imposible recolocar a los parados de la construcción, y todos aquellos que entraron en el mercado laboral en la era de los contratos temporales difícilmente podrán alcanzar uno indefinido. Como dice con mucha ironía Escudier: el paro juvenil es una enfermedad que se cura con la edad
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