Políticas extrañas en tiempos confusos

admin 1 comentario

Por Ramón Mateo y Manuel Alejandro Hidalgo

Durante la semana pasada, diferentes instituciones financieras y de análisis económico publicaron varias estimaciones sobre el posible efecto que la crisis del COVID-19 puede tener en la actividad productiva. Así, la estimación del Deutsche Bank, la más citada hasta hace unos días, apuntaba a una más que probable contracción del PIB en varios países de no menos del 25%, cifra jamás observada salvo en tiempos de guerra. Igualmente, en este mismo blog, José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri publicaban los resultados de una simulación del impacto sobre el PIB que puede tener la parada económica a la que nos obliga la necesidad de frenar los contagios del virus. Sus estimaciones indicaban que las medidas de confinamiento podían llevar aparejadas una caída del PIB de entre el 4% y el 8%. Posteriormente, los mismos autores también publicaban sus estimaciones sobre la capacidad que las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020 podrían tener para frenar esta caída del PIB. En este caso, obtienen que las medidas aprobadas sí permitirían minorar esta contracción hasta el 0,6% y 4,5%, respectivamente.

Por supuesto, todas estas estimaciones están realizadas para un escenario moderado, con un confinamiento de unos dos meses y que suponen que de algún modo en la segunda mitad del año se produzca una recuperación parcial. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre con la contracción que se experimentará en este segundo trimestre, se espera que la salida de la crisis sea probablemente mucho más tortuosa y lenta, mostrando un fenómeno de histéresis.

Esta predicción, en todo caso, no es determinística. Desde hace no pocos días, el consenso entre economistas es elevado sobre qué consideran que es mejor para mantener a las economías con vida mientras el impacto directo del virus permanezca. Antonia Díaz y Luis Punch hacían ya hace algunas semanas una revisión de las mismas en este blog. Por estos análisis que se han reproducido por desde no pocos departamentos universitarios, centros de análisis económicos e, incluso, gobiernos, sabemos, con una dosis de seguridad poco habitual, que es preferible aplicar ciertas políticas para conseguir que la contracción sea lo más reducida y que la recuperación sea lo más rápida posible. Por el contrario, si predomina la inacción o las medidas aplicadas no fueran suficientes, correremos el riesgo de que la salida de la crisis se dilate y sus costes se amplifiquen.

Todas y cada una de las políticas planteadas son convenientes. Pero creemos que podemos y debemos ir más allá. La tipología de esta crisis, caracterizada por el riesgo de una paralización abrupta de la economía cuya causa viene inducida por factores externos, como son las medidas de confinamiento para frenar la propagación del COVID-19, obliga a ser originales respecto a las políticas para minorar sus efectos y superarla y a ir más allá de lo aplicado hasta ahora. Trasladar hacia el futuro políticas del pasado más reciente, concebidas para una crisis de naturaleza muy distinta, no va a funcionar.

Por otro lado, cabe señalar que en una crisis de estas características las políticas deben diseñarse para ser aplicadas en dos fases. En la primera de ellas, el objetivo es mantener con vida a la economía en un coma inducido, esto es, reduciendo al mínimo sus constantes vitales, para evitar, lo máximo posible, que la parada en el circuito de ingresos y gastos se traduzca en una cadena de impagos, quiebras y despidos, lo que al final del día que acabe derivando, esta vez sí, en una crisis económica que implique la destrucción de parte de la capacidad productiva de nuestra economía. En la segunda fase, la prioridad pasa a ser estimular la economía en el preciso instante que el confinamiento sea superado para restablecer lo antes posible sus niveles previos a la crisis.

Teniendo claras ambas fases, de manera esquemática, en la primera de ellas necesitamos políticas que permitan transferir en el tiempolos costes económicos de esta crisis sanitaria, es decir, debemos trasladar y distribuir gran parte de este coste al futuro. Haciendo una analogía con la ya famosa “curva de contagio” usada en epidemiología, el economista Pierre-Olivier Gourinchas ilustra que el objetivo de estas políticas sería aplanar la “curva de recesión económica”. En la segunda fase, el principal objetivo es distribuir entre agentes parte de estos costes, haciendo que el Estado actúe como una enorme compañía de seguros. La primera andanada asegura que las empresas se mantengan con vida durante la caída de ingresos, mientras que la segunda asegura la disponibilidad de músculo para la posterior recuperación económica.

Dentro del primer grupo, una parte importante de las medidas planteadas inicialmente estaban dirigidas a garantizar la liquidez de las empresas y trabajadores autónomos. Una de ellas consistía en la concesión de avales públicos que trasladaran al Estado el riesgo derivado de la expansión crediticia para la financiación de circulante en la que se vean forzadas a incurrir las empresas por la caída de la demanda. Otras de estas medidas buscaban minimizar ciertos costes fijos que podrían acabar con la capacidad de supervivencia de la empresa si los ingresos pasaban a ser cero o se reducían considerablemente. Entre ellas, se planteaba una moratoria fiscal general tanto de las obligaciones con Hacienda como con la Seguridad Social; medida que ha sido parcialmente adoptada con la aprobación de un aplazamiento de las deudas tributarias inferiores a 30.000 euros para contribuyentes con un nivel de facturación menor a 6 millones de euros.

Aunque estas medidas han sido adoptadas por un amplio abanico de países, y aunque creemos de la necesidad de estas, nos surgen, al menos, dos dudas razonables de que la eficiencia de las mismas sea la esperada. La primera es si serán suficientes para atender las actuales necesidades de liquidez de las empresas, puesto que, si bien superan cualquier importe de nuestra historia, puede ser muy inferior al que finalmente sea necesario. En segundo término, se cuestiona también si la utilización de las entidades financieras como canales de transmisión es realmente adecuada. A fin de cuentas, con un aval la entidad financiera sigue asumiendo un riesgo de crédito que, aunque posteriormente se vea compensado por la garantía pública, puede ocasionar tensiones de liquidez inmediata que la entidad puede tratar de minimizar para reducir costes financieros, lo que hará que estos avales tal vez no lleguen a las empresas menos solventes –que, en el contexto actual de desplome de demanda, suelen coincidir con aquellas que tienen menos patrimonio y por tanto que son más pequeñas, que por otra parte son la mayoría en nuestro país–.

Es por ello por lo que cada vez más se empieza a considerar la posibilidad de implementar otros mecanismosmás innovadores, que complementen los anteriores, y que permitan llegar directamente y sin intermediarios a los destinatarios de estas garantías de liquidez.

Uno de estos mecanismos sería la utilización masiva de créditos fiscales. Para llevar a cabo esta política disponemos de la mejor agencia posible, con plena capilaridad en el tejido productivo de la economía: la Agencia Tributaria (AEAT). Con esta medida, la AEAT aplicaría una tributación negativa que funcionaría como un crédito que se saldaría con cargo a las diferentes obligaciones fiscales que genere la empresa en un futuro. Para ilustrar su funcionamiento, la AEAT podría permitir que cada pyme pudiese solicitarle directamente un crédito de hasta 30.000 euros para hacer frente a los vencimientos de obligaciones vigentes, cualesquiera que fueran, y contraídas antes de la declaración del estado de alarma. Posteriormente, la empresa saldaría esta deuda mediante recargos sobre los impuestos que la empresa tenga que pagar en un futuro, por ejemplo, un recargo sobre el importe de las cuotas de IVA soportado por la empresa.

La ventaja de este esquema es que la AEAT posee canales adecuados para acceder a las empresas y puede actuar a través de los diferentes accesos que le confiere la liquidación impositiva tanto del IRPF, como del IVA o el IS. Estos ingresos a cuenta de la AEAT en las empresas se harían con cargo a préstamos directos del BEI o del MEDE, en las cuantías disponibles si finalmente hay un acuerdo de máximos en Europa. Esto, a su vez, permitiría mutualizar el riesgo a nivel de la UE; eso si, y por lo que hemos visto, sujeto a algún tipo de condicionalidad y con el objetivo de sostener la evolución de la deuda a largo plazo, tal y como revelan en este post Aitor Erce, Antonio García Pascual y Toni Roldán. Además, aunque esta política tuviera un impacto en el corto plazo en el déficit público, este se vería compensado por los ingresos futuros a cuenta de dicho crédito fiscal.

Esta política se podría complementar con un mecanismo análogo por el lado de la demanda. Se ha hablado mucho de renta básica y del famoso “helicóptero monetario”, unas medidas con evidentes dificultades teóricas y prácticas, y sobre la que es difícil pensar ningún momento mejor que otro como este para llevarlas a la práctica.

En ese sentido, una posible implementación podría ser a través de una línea de emergencia de préstamos a hogares. Ciertamente, lo ideal sería que esta transferencia pudiese llevarse a cabo a través de los bancos centrales directamente a las familias. Sin embargo, en nuestro caso, esto no sería posible, ya que el Banco Central Europeo carecería de capacidad para hacerlo por mandato estatutario. Dada esta limitación, es posible encontrar el modo de sortearla. Para ello, y en este caso, se podría optar por la banca comercial. En este caso, los bancos podrían utilizar los créditos concedidos a las familias, para transformarlos en activos financieros. Estos activos podrían convertirse en activos más complejos que, una vez asegurada su calidad, pudiesen ser utilizadas exclusivamente como colateral o garantía, para que estos mismos bancos pudiesen, a su vez, solicitar liquidez al BCE. El BCE compraría estos activos financieros, cuya rentabilidad se revelaría a través de la amortización de dichos préstamos. esta figura recuerda mucho a los activos complejos de la crisis subprime, con una única diferencia, servirían solo para solicitar liquidez al Banco Central.

Por último, y en el caso de que tal medida no funcionara, se han planteado otras igualmente originales que ayudarían a fomentar la recuperación acudiendo a un importante impulso fiscal. Una posibilidad sería utilizar lo que se ha venido a llamar“burning money” o “dinero menguante”. Es una propuesta muy original y agresiva desde el punto de vista de política fiscal. Aunque tiene costes de implementación, su puesta en marcha no debería ser imposible (por ejemplo, la Generalitat catalana ha devuelto en modo de tarjetas con dinero los pagos de comedores escolares no consumidos en estos días).

De manera similar, se podría pensar en una política consistente en la entrega a cada familia de una “tarjeta monedero” de pago electrónico, con un saldo fijo inicial que disminuiría de manera automática si no es consumido a medida que pasan los meses o incluso las semanas. Este diseño incentivaría a que las familias utilizasen el dinero asignado lo antes posible para no perder fondos, reforzando así el efecto multiplicador del estímulo sobre la economía. Es más, podría además ser un buen instrumento de política redistributiva y social, ya que son las familias con menos ventajas económicas las que poseen una mayor propensión marginal al consumo, lo que facilitaría el incremento en este agregado. También, por ejemplo, a personas en una particular condición laboral. En particular, el diseño de estas tarjetas permitiría incorporar un tipo de interés negativo del 100% a partir de un momento concreto (con una fecha determinada en el cual el saldo caduca) o un tipo negativo lineal (con una reducción del saldo a una tasa semanal o mensual). Aparte de estas condiciones “temporales” pueden establecerse, adicional o alternativamente, condiciones de tipo “situacional” (p.ej., mientras se esté́ en el paro o en un ERTE).

De este modo tan original sería posible incorporar en la política fiscal tipos negativos, rompiendo de este modo el límite cero de los tipos de interés y, además, y quizás más importante, atacando directamente a la incertidumbre que seguro dominará en las decisiones individuales una vez superemos la crisis, amenazando con disparar el ahorro y, con ello, a deprimir por más tiempo el consumo. Obviamente, hablamos de una política sin sentido mientras dure el confinamiento, pero que sin duda tendrá una enorme utilidad en la recuperación. En este post de Fernando Gutiérrez en Agenda Pública tendréis un desarrollo más completo de la idea.

Creemos pues que estas medidas serían un magnífico complemento a algunas que sí se han llevado a cabo en estas últimas semanas, así como permitirían combatir, en parte, a otras muchas que, en especial estos últimos días, no parecen vayan a alcanzar el objetivo de ayudar a sostener el empleo y las rentas de empresas y trabajadores.

Ramón Mateo es economista por la Universidad Carlos III.

Manuel Alejandro Hidalgo es profesor de Economía Aplicada y Análisis de Coyuntura en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En estos momentos en servicios especiales en la Junta de Andalucía como Secretario General de Economía.

Hay 1 comentarios
  • Yo solo queria saber si tienen calculado los costes y el agujero de financiacion q supondrian sus propuestas. En estos momentos de crisis en los mercados.
    Proponer estas ideas sin saber su viabilidad me parece como minimo inadecuado, si fuere el caso.
    Un saludo

Los comentarios están cerrados.