por Jaume Puig-Junoy, Juan Oliva
Ha pasado bastante desapercibido en la prensa general otro importante informe de un organismo de control externo que debería sacar los colores a los responsables estatales de la política sanitaria y farmacéutica, al tiempo que la ministra del ramo asistía a una reunión promovida por la OECD para abordar mejoras en la eficiencia del gasto sanitario de sus países miembros.
El Tribunal de Cuentas en su sesión de 22 de diciembre de 2016, aprobó el “Informe de fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 2014 y 2015” (aquí), el cual ha sido publicado hace unos días. Dentro del informe, un apartado específico es dedicado a la “Inclusión de medicamentos en la financiación pública del SNS y fijación de precios”. Para situarnos en contexto, a la espera de conocer las cifras de gasto en medicamentos de uso hospitalario, que hace un año ya representaba el 49,6% del mercado farmacéutico total (aquí), solo el gasto sanitario público en recetas de medicamentos alcanzó en 2016 los 9.913 millones de euros, cifra que por sí sola supera toda la financiación del sistema universitario público. No son palabras menores.
El informe del Tribunal de Cuentas viene a insistir en varios aspectos ya denunciados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe publicado en mayo de 2015, con casi idéntico impacto mediático, sobre la excesiva discrecionalidad en los procedimientos y criterios para la financiación pública de medicamentos. A grandes rasgos, ni se ha desarrollado ni se aplica lo que el propio gobierno ha regulado con rango de ley, persiste una insoportable vaguedad sobre los elementos a considerar en la fijación de precios de medicamentos financiados de nueva comercialización, todo ello favorecido por una falta absoluta de transparencia y predictibilidad en la actuación de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que parece tener a gala la no publicación de los informes motivados de resolución sobre financiación y precio.
Parece que año y medio después de la publicación del informe de la CNMC el Tribunal de Cuentas no detecta mejorías sustanciales en el procedimiento de financiación pública y fijación del precio de nuevos medicamentos y sus recomendaciones se alinean con las de la Comisión. Nada que no sepamos, pero ya sería hora de que los decisores estatales tomarán en cuenta lo que han dicho CNMC y TC, además de algunas Comunidades Autónomas, que no es otra cosa que lo que llevan haciendo desde hace dos décadas países de nuestro entorno como Reino Unido, Suecia, Holanda, Alemania, Francia, Portugal, etc. Con todo, ya siendo grave lo anterior, las alegaciones presentadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia llenan de estupor por la falta de conocimiento técnico sobre la materia tratada y por la trascendencia de las implicaciones que tienen para las cuentas públicas y la salud de la población.
Por hiriente que resulte, el trasfondo de todo esto dista de ser un tema nuevo. La evaluación económica de medicamentos, servicios y organizaciones sanitarias en España o, siendo precisos, su alarmante ausencia en el proceso de toma de decisiones, ya ha sido objeto de otros post anteriores en Nada es Gratis, de manera específica y dentro del marco de normas de Buen Gobierno de la sanidad pública (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí). Parece que el paso el tiempo no reconduce esta situación y que la oportunidad de salir de la crisis habiendo reforzado la solvencia del SNS mediante cambios estructurales que abordaran elementos de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en las políticas sanitarias se está escapando como agua entre los dedos. O como lágrimas en la lluvia, que decía el replicante Roy Batty, quien al menos anunciaba que “Es hora de morir.”
Si no mortal, sí lacerante y agónico es que ello suceda en el campo concreto del medicamento, donde la evaluación económica es una herramienta empleada en Europa de manera habitual en cada vez más países para informar la toma de decisiones sobre reembolso público, negociación del precio y uso en la práctica habitual de los fármacos. Y no cabe alegar que en España existe una carencia de conocimiento, de interés por parte de los profesionales sanitarios, que no contamos con expertos cualificados para aplicar estas técnicas o que se están pidiendo mejoras imposibles.
España ha sido un país pionero en varios aspectos relacionados con la evaluación económica (EE) en el campo sanitario. A comienzos de la década de los 90 del pasado siglo, cuando los primeros países (Australia y Canadá) comienzan a aplicar los criterios de eficiencia en el proceso de reembolso público de medicamentos, España ya contaba con un buen número de investigadores reconocidos, había abordado propuestas de estandarización metodológicas y contaba con varias agencias de evaluación de tecnologías a partir de las cuales podían potenciarse el uso de la EE en la toma de decisiones. Sin duda, existían barreras administrativas, metodológicas; y de aplicación práctica (aquí, aquí y aquí), pero barreras, a fin de cuentas, comunes a otros países europeos (aquí) que sí han sido capaces de superarlas (aquí y aquí). Después de más de 25 años no debería resultar tan complicado sacar lecciones de la experiencia internacional. Desde ese momento, y pese a las insuficiencias legislativas, la actividad en la EE ha sido creciente, tanto por el número de trabajos realizados (aquí), como por los agentes con interés e implicación en los mismos: entidades públicas, empresas privadas y sociedades científicas y profesionales (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí).
Desde la promulgación del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, y con el posterior Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el marco legislativo ya prevé un papel destacado para la EE en los procedimiento de financiación pública del medicamento y en el proceso de fijación de su precio. Sin embargo, saber cómo se aplica la norma en España (o si se aplica) resulta no ya complicado sino imposible por la opacidad demostrada por nuestras instituciones. “Transparencia ministerial” se ha convertido en el nuevo oxímoron al uso.
El informe del Tribunal de Cuentas, y el precedente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a pesar de que se centra básicamente en el análisis de aspectos técnicos e instrumentales, sin entrar en valorar en ningún momento la eficiencia de la prestación farmacéutica del SNS, ponen de relieve lo que muchos responsables de farmacia de CCAA, investigadores y expertos llevan diciendo por activa y por pasiva desde hace años: frente a la transparencia y la rendición de cuentas el Ministerio de Sanidad ha optado por el juego de sombras y la opacidad. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice en público: el emperador se sigue paseando desnudo. Sin embargo, los ciudadanos nos jugamos un coste de oportunidad muy elevado en términos de recursos públicos invertidos y en términos de ganancias potenciales de años y calidad de vida.
La evaluación económica de intervenciones sanitarias proporciona un marco conceptual para determinar cuantitativamente para comparar los beneficios terapéuticos y sociales y los costes sanitarios y sociales de tratamientos alternativos. Nada más. Pero no es poco. Una ventaja evidente de la evaluación económica es que hace explícita una información incorporable en el proceso de toma de decisiones sobre la asignación de los recursos escasos entre alternativas excluyentes que compiten entre sí. Este aspecto ha sido considerado una ventaja en otros países. En el nuestro parece que ha jugado en su contra, especialmente, en los centros de decisión sanitaria de más alto nivel. A más discrecionalidad y ausencia de rendición de cuentas, más corrupción. El problema no está únicamente en personas concretas sino en las reglas que adoptamos en nuestros procesos de toma de decisiones y en el interés de aplicar las normas con la que ya contamos. Este es el marco que requiere un cambio urgente.
Uno de los mayores retos de nuestro sistema de salud es interiorizar que la evaluación, no sólo la económica, sino la evaluación en sentido amplio, no es meramente una opción o un conjunto de herramientas relativamente útil. Es el gran cambio cultural que precisamos para garantizar la solvencia de nuestro sistema de salud y para que éste continúe mejorando el bienestar de nuestra sociedad, tal y como lo ha hecho en las últimas décadas. Por desgracia, en las instancias de máximo nivel de nuestro Sistema Nacional de Salud no parecen estar de acuerdo. Siguen prefiriendo disfrutar sin responsabilidad de la capacidad de adoptar decisiones discrecionales, rehuyendo procesos objetivos y apoyados en la evidencia disponible para evitar entrar en contacto con conceptos tan indeseados como los de la rendición de cuentas y la transparencia. Acaso más que desnudo, el emperador hace tiempo que va enseñando sus vergüenzas.
*Agradecemos los muy oportunos comentarios y sugerencias de nuestro brillante colega Ricard Meneu. La responsabilidad del texto final recae únicamente en los firmantes.
Hay 19 comentarios
La evaluación económica es fundamental para la correcta gestión de nuestro sistema de salud. De acuerdo. No obstante, no se puede perder de vista que la presión que se hace es para incorporar evidencia nacional, a veces regional. Y eso es lo que no tiene ningún sentido. Si una tecnología se ha mostrado efectiva en los Paises Bajos, va a ser efectiva aqui. Las agencias de evaluación nacionales deberían tener un papel residual, pero es que aquí nos encontramos con agencias de evaluación autonómicas, y queremos que se engrase el sistema para dar trabajo a todo el mundo. Y eso es indefendible.
MODELLER,
gracias por el comentario.
La eficacia y la seguridad medida en ensayos clínicos debería ser igual aquí y en los Países Bajos. Vamos a asumir que la efectividad (en condiciones reales) fuera muy similar. Lo que no tiene por qué ser igual son los costes ni la capacidad de pago de cada país. Lo que puede ser eficiente en Alemania no tiene por qué serlo aquí. O viceversa. Y en esa dimensión el papel que debería jugar la evaluación económica a la hora de generar información útil para la toma de decisiones es fundamental.
Respecto al papel de las agencias, solo por aclarar, ¿te refieres a las agencias o comités de medicamentos o a las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias? Cada una tiene su circunstancia, sus potencialidades y, qué duda cabe, la estructura tiene sus debilidades.
La discusión sobre la doble evaluación es un laberinto con trampa. La eficacia y seguridad la establecen los ensayos clínicos en condiciones ideales, aunque a veces con problemas de validez externa, nada que ver con la efectividad. En muchas ocasiones, la mayoría, la eficacia de la que se dispone en el momento de la autorización es escasa, de baja calidad (n pequeña, horizonte temporal insuficiente, etc) y con el placebo como comparador. Las decisiones de financiación y precio, preferiblemente dinámicas, deberían saber de eficacia comparada y de coste-efectividad. Cuando a nivel autonómico se evalúa la eficacia comparada y, en algún caso se tiene en cuenta el coste-efectividad, no se está re-evaluando sino teniendo en cuenta elementales criterios que deberían guiar los criterios de compra de medicamentos y que el regulador estatal ha pasado por alyo.
Para los que hemos visto brillar los rayos-NICE cerca de la puerta de Tannhauser, si es verdad que casi es hora de morir. O quizás no, a lo mejor es hora de hacer lo que habéis hecho. Señalar como niños al emperador desnudo.
Si el tribunal de cuentas y la comisión no han podido, la batalla es difícil, pero no imposible. Quizás hay que buscar alianzas entre la academia, la gestión y lo profesional por un lado y la propia sociedad civil por otro. No se, me refiero a asociaciones de consumidores que en otros países (Prescrire en Francia, Health Action Internacional, etc.) y también FACUA en España tienen mucho interés en el mundo del medicamento.
Otras estrategias podrían pasar por conseguir interesar hacia este tema a la nueva prensa digital para que lo ponga en agenda mediática. No se, por ejemplo, llamando desde nuestras asociaciones a personas como Ignacio Escolar o similares.
Un abrazo.
Que la evaluación económica de los medicamentos es un instrumento útil para afrontar su coste creciente y la repercusión de éste en el crecimiento incontrolable del gasto sanitario en todos los países desarrollados resulta innegable. Pero lo es también que es sólo uno de los instrumentos, aunque sea imprescindible, que puede contribuir a los fines citados.
La efectividad de su uso depende en todo caso de la forma en que se utilice en cada país, en un contexto en el que intervienen en cada caso los mecanismos propios de cada uno para autorizar la entrada de los productos en el mercado nacional, para fijar su precio, y para determinar el precio al que se suministran, si es que son incluídos en la cobertura pública (lo que no es automático, como demuestra el NICE británico), a los servicios sanitarios públicos de cada estado. En cada uno de éstos la evaluación económica se utiliza de manera y en fases distintas de las tres descritas, sin que tampoco sean iguales los efectos en cada caso.
En la crítica que hacen a la situación en España, que comparto en su totalidad, echo de menos, sin embargo, alguna referencia a otro mecanismo complementario de la evaluación económica que resulta imprescindible para afrontar a nivel de cada país con alguna garantía de eficacia el control del aumento del gasto farmacéutico (una cuestión que requiere en todo caso de mecanismos a nivel supranacional correspondiente al poder económico de la industria farmacéutica, superior al de muchos estados)
(Continuación)
La recomendación de ese mecanismo de intervención ha sido objeto de un informe reciente de la OCDE (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en#.WHzHelPhCUk%23page230 ), precisamente presentado en la reunión a la que acudió la actual ministra de Sanidad a la que se refieren en su artículo. Siguiendo esas recomendaciones, además de modificar la organización y funcionamiento de la evaluación en España, debería, en mi opinión, crearse una central única de compras para todo el Estado. Estas cuestiones las trato en un artículo por casualidad publicado ayer también en otro foro (http://www.actasanitaria.com/el-sistema-sanitario-sns-puede-y-debe-comprar-mas-barato-y-mejor/).
Apreciado Javier, gracias por tus comentarios. La medida de la efectividad comparada (eficacia incremental) podria ser de ámbito supranacional siempre que los comparadores fueran los relevantes para este país y las medidas de resultado adecuadas y lo más alejadas posible de medidas intermedias y surrogadas para las que no se haya establecido de forma adecuada la relación de causalidad con los resultados en salud. Sobre los demás elementos de la evaluación, hay muchas publicaciones que han puesto de relieve los problemas de transportabilidad. Que buenas agencias internacionales lleguen a conclusiones diferentes en la interpretación del ICER (ratio coste-efectividad incremental) tiene que ver con comparador, medida de resultado, horizonte temporal, medida de resultado, costes relativos, y ello no es un problema sino un hecho. La mejor forma de "empoderar" el poder de negociación de cada comprador nacional es una compra basada en el valor incremental de las innovaciones (ver al respecto el bonito estudio de Harris et al, 2016 en Pharmacoeconomicshtt).
(continuación)
Respecto de las compras centralizadas sólo dos comentarios, ya que es un tema para darle de comer aparte (y que confieso que me pone de los nervios cada vez que oigo ese tema como la gran aportación del Secretario General de Sanidad en esta legislatura y la pasada): a) ámbito limitado a las compras cuando hay competidores (equivalencia química), si bien el mismo papel lo pueden hacer unos precios de referencia (tal como se entienden en la literatura y con los que se compran medicamentos para más del 50% de la población europea), además de permitir ampliar la equivalencia a la terapéutica y farmacológica; y b) existe evidencia mixta en la literatura internacional sobre el efecto de centralizar compras y sobre la dimensión óptima de las compras; sin ir más lejos tengo evidencia personal de compra a menor precio desde una Comunidad Autónoma que desde el nivel estatal.
Gracias Juan y Jaume! Muy oportuno y clarificador ¡ Y por expresarlo de forma tan contundente.
Desde mi punto de vista la falta de transparencia y la falta de método para la asignación de precios va unida íntimamente a la aprobación de precios abusivos para los nuevos medicamentos y al aumento del gasto farmacéutico, con el consiguiente riesgo para la sostenibilidad del SNS.
Para superar esta situación, ¿qué podemos hacer?. Solo se me ocurre difundir lo que está pasando entre la ciudadanía y los medios en general. Y apoyar y potenciar las iniciativas y campañas de la sociedad civil, que en este momento están muy activas movilizadas, por ejemplo:
-“No es sano” http://noessano.org/web/downloads/manifiesto-noessano.pdf http://noessano.org/es/
- “El precio de la vida” de Medicos del Mundo https://thecostoflife.org/es-ES/
- “No es sano” y “El precio dela vida” llevan una campaña conjunta desde el 1/2/2017 http://noessano.org/es/el-precio-de-la-vida/
-“Asociación por un acceso justo al medicamento” auspiciada por la OMC creada el 1/2/2107 http://www.medicosypacientes.com/articulo/nace-la-asociacion-por-un-acceso-justo-al-medicamento
- Etc
y no olvidar como referentes las recientes propuestas del panel de la ONU o las presentadas al parlamento europeo para establecer un precio justo y equilibrado de los medicamentos. A ver si conseguimos que los políticos y responsables de la gobernanza, se planteen que algo hay que hacer: Está en su tejado ¡.
Muy bien, pues a mi se me ocurre, además del activismo, algo mucho más sencillo: primero, aplicar la ley y no desobedecer los informes de CNMC y TC; y segundo, dejar de poner trabas a los Servicios de Salud autonómicos que son los que pagan a fin de mejorar sus decisiones de compra mediante la introducción de criterios de eficacia comparada y coste-efectividad. Los informes de la CAEIP en Catalunya (incluidas las guias de evaluación económica,impacto presupuestario y riesgo compartido:http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmacia-medicaments/farmacoeconomia/caeip/) y de las comisiones de armonización de la compra de medicamentos son públicas. Lástima que quien toma las decisiones de financiación y precio lo haga con un manifiesto riesgo moral y además acuse a los compradores de doble evaluación y de no cumplir con sus informes de posicionamiento terapéutico.
Lo del informe llamado Cabezón del Parlamento europeo genera dudas económicas sobre su sentido: el único precio justo es lo que se esté dispuesto a pagar por una mejora incremental; los precios no pueden ni deben basarse en los costes (porque es imposible y seguramente poco deseable e ineficiente) y porque el valor depende de la contribución a la mejora de la salud y no del coste de producción. Si queremos dar incentivos a la I+D, incurrir en el conocido efecto Averch-Johnson, sigamos pidiendo precios basados en el coste.
En la segunda parte de mi comentario de ayer, probablemente como consecuencia de su composición en dos partes, quedó suprimida la primera frase , lo que hacía difícil su comprensión. Ese segundo comentario debería figurar asi:
Se trata de reforzar el poder de gasto de los compradores, en especial de los servicios públicos, que mediante economías de escala pueden y deben negociar rebajas sustantivas en los precios que les son aplicados.
La recomendación de ese mecanismo de intervención ha sido objeto de un informe reciente de la OCDE (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/managing-new-technologies-in-health-care_9789264266438-en#.WHzHelPhCUk%23page230 ), precisamente presentado en la reunión a la que acudió la actual ministra de Sanidad a la que se refieren en su artículo. Siguiendo esas recomendaciones, además de modificar la organización y funcionamiento de la evaluación en España, debería, en mi opinión, crearse una central única de compras para todo el Estado. Estas cuestiones las trato en un artículo por casualidad publicado ayer en otro foro (http://www.actasanitaria.com/el-sistema-sanitario-sns-puede-y-debe-comprar-mas-barato-y-mejor/).
Cierto que probablemente podría evaluarse mucho mejor el coste-beneficio, pero... estáis teniendo en cuenta que los precios de los medicamentos financiados en España se suelen fijar con referencia a los precios más baratos en la UE? Pagamos mucho menos por los medicamentos (mucho más que la diferencia en el coste de la vida) respecto a casi todos nuestros vecinos (principalmente Alemania y los escandinavos).
De hecho, en Alemania muchísimos medicamentos comprados en farmacia llevan packaging español y una pegatina sobrepuesta para cumplir la legislación alemana. Indicio de que hay arbitraje.
Seguro que JFV se me echa encima como acostumbra, pero de veras, a veces presentáis problemas donde no los hay o no son relevantes...
No soy JFV, pero voy a entrar a saco sobre otro de los mitos en los que se esconde la incapacidad ministerial para fijar precios basados en el valor. Me refiero aquí a los precios de los medicamentos nuevos, nada que ver con los medicamentos cuyo período de protección ha expirado, para los que se debería ya de una vez dejar de regular y fomentar la competencia mediante verdaderos precios de referencia, subastas bien diseñadas, incentivos a los prescriptores, etc. Primero, la entrada delos medicamentos nuevos se produce primero en los países en los que se consigue entrar con precios más elevados y éstos son los que acaban fijando la referencia, con precios que cada vez son menos distintos entre países. Segundo, decir que se compra al precio más bajo observado en otro país no quiere decir que se paga por el valor de la aportación incremental a la salud. Tercero, para comprar al precio más bajo observado en el mercado internacional hay que saber cual este precio y a día de hoy resulta que no es observable ya que son norma más que excepción la existencia de dobles precios y de acuerdos de riesgo compartidos que esconden simples acuerdos financieros con los que los precios han pasado a ser confidenciales, tanto que muchas filiales desconocen el precio real al que su compañía realmente vende en otro país europeo. Problemas donde no los hay o irrelevantes? Tienes toda la evidencia en contra.
VALENSIANET
Hay dos elementos a considerar. El primero es que si seguimos pensando que las leyes no son preceptos de obligado cumplimiento sino unas alusiones que podemos tener a bien cumplir cuando nos interesa e ignorar a conveniencia, nos irá mal como país. Especialmente cuando debería ser la propia Administración Pública quien diera ejemplo de virtud y respecto a la norma establecida.
El segundo elemento es el económico. El profesor Puig ya ha señalado algunas objeciones a tu argumento:
(i) Estrategias de la industria para solicitar financiación y precio en aquellos países donde espera encontrar precio más elevados.
(ii) Diferencias entre precios notificados y precios reales de compra.
Añadiré alguno más:
(iii) Cuando comparamos precios entre países, tengamos en cuenta que en España se financian prácticamente todos los medicamentos mientras que en otros países el número de medicamentos financiados es muy inferior. Cuidado con las comparaciones.
(continúa)
(iv) Efectivamente, Alemania es un outlier en Europa. Precios notificados mucho más elevados que el resto (otra cosa son los precios a los que compran las aseguradoras). Dejando fuera el caso alemán, en otros países se observa convergencia en precios (de nuevo, notificados). Pero, ¿esto es una buena noticia? ¿Pagar el mismo precio que Reino Unido, Francia, Holanda, Austria…? Me temo que ni la renta per capita española es la misma ni los recursos que dedicamos a políticas públicas están cerca de la media de la UE (en NeG ya se ha comentado la paradoja fiscal española: tipos teóricos muy elevados, recaudación magra, 7-8 puntos de PIB por debajo de la media de la zona euro). Por tanto, aun creyéndonos que los precios notificados fueran iguales a los reales, igualdad en precios no sería una buena noticia para España
(v) En último término, si cada vez más países europeos toman sus decisiones sobre financiación y precios del medicamento empleando la evaluación económica como una herramienta clave y en España nos limitamos a observar sus niveles de precios (notificados), en realidad estamos surrogando una pieza clave de nuestra política económica y sanitaria a las decisiones de los demás.
(finaliza)
Ya hemos expuesto además que lo eficiente en un país, aun en igualdad de condiciones de eficacia y seguridad, no tiene por qué serlo en otro (diferentes estructuras de recursos, distintos costes unitarios de otros inputs sanitarios, diferencias en la disposición a pagar por una mejora en salud,…).
Creo que el concepto técnico para describir la situación es “estamos haciendo el canelo” en una parte fundamental de nuestra política del medicamento. Y esta es una materia muy delicada, tanto por el montante de los recursos públicos invertidos como por el impacto sobre la salud de la población.
Muchas gracias por el artículo y la oportunidad de debate. Aunque puede que llueva sobre mojado, es un lujo contar con vuestra atención y diagnóstico.
Me gustaría comentar dos cuestiones por orden de aparición:
1) Sobre la aplicación de la Ley que apunta el Prof. Puig Junoy: Esperemos que el RD de Precio y Financiación siga observando (es premisa) al menos como la Ley lo hace hasta ahora, un criterio de evaluación farmacoeconómica como el coste-efectividad (o coste-utilidad puestos a ser ambiciosos).
2) En línea con la respuesta del Prof. Oliva en el debate sobre Ref. Internacional de Precios y comparar cosas homogéneas: Hay incluso aquí alguna referencia legal indirecta a la necesidad de comparar lo comparable, en el ámbito de medicamentos fuera de patente. La sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo que anuló en 2015 la disposición adicional segunda del RD 177/2014 “de precios de referencia”, apuntaba ya en esta dirección tan obvia, haciendo alusión a la renta per capita, (ajustada por PPA, entiendo), fluctuaciones del valor de las divisas, etc. Independientemente de que como comentais, la falta de transparencia sobre el precio efectivo, o el "precio basado en valor" hagan de esto un juego confuso -o potencialmente tan sólo un borroso límite máximo-.
JC
Muchas gracias Jaume y Juan por hacer de altavoz de la frustración que seguimos teniendo con la falta de criterios explícitos en las decisiones sanitarias de nuestro país. Desde la AES (http://www.aes.es/documentos-aes/), y desde muchas organizaciones, asociaciones e instituciones se lleva muchos años trabajando para vestir al emperador y no dejarlo que se pasee desnudo. Le ofrecemos todo tipo de vestimentas. Lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo, precisamente porque aún nos queda la esperanza, como tu dices Bernardo, que no es imposible. Estamos aquí Sine Die, siempre listos para cuando nos necesiten. Aunque la situación no deja de crear un sentimiento continúo de frustración cuando se evidencia de manera pública la falta de cultura evaluativa, de interés y de conocimientos técnicos. Está claro que la evaluación económica no nos va a resolver todos los problemas y que no es el único criterio. Pero en cualquier caso, lo más importante es la aplicación de criterios explícitos. Otros muchos países aplican la evaluación económica como criterio....¿porque “Spain is different”? Yo no digo, ni mucho menos, que sea LA SOLUCIÓN, pero sí que nos va a ayudar a introducir un criterio evaluativo y de racionalización explícita en la toma de decisiones sanitarias. A mis alumnos siempre les enseño que las críticas destructivas sin proponer alternativas no nos llevan a ningún sitio. Las críticas a los instrumentos son necesarias y muchas veces imprescindibles, pero siempre constructiva
Continuación:
A mis alumnos siempre les enseño que las críticas destructivas sin proponer alternativas no nos llevan a ningún sitio. Las críticas a los instrumentos son necesarias y muchas veces imprescindibles, pero siempre constructivas, siempre que nos sirvan para construir sobre lo que tenemos, buscando la mejora. La crítica destructiva de “esto no sirve para nada” sin dar alternativas no busca soluciones, solo aporta continuar estancados en el mismo sitio de siempre. Aunque a lo mejor es lo que se busca....in eadem navi.
Quico estoy contigo. Hay que reflexionar sobre como implicar a la ciudadanía y a todos los agentes del sistema...tempus fugit!
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