Los plagios en la administración Trump y en España: una comparación en la que salimos perdiendo

Esta entrada es conjunta de los editores de NadaEsGratis (en orden alfabético, J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Fernández-Villaverde, Libertad González, Gerard Llobet y Pedro Rey Biel) más Antonio Cabrales, Samuel Bentolila y Anxo Sánchez.

La recién inaugurada administración Trump está plagada de problemas éticos. Los negocios del presidente y las relaciones con empresas de muchos de sus nombramientos han llevado a una preocupación extendida sobre los potenciales conflictos de intereses a los que la administración se enfrentará durante los próximos años.

Sin embargo, incluso en este ambiente, hay algo que en el mundo de Trump se considera inaceptable para un cargo en la administración (aunque quizás no para un discurso): el plagio.

Monica Crowley, que Trump había seleccionado para ser (ponemos el título en inglés para evitar confusiones) “Senior Director of Strategic Communications at the National Security Council”, ha sido obligada a no tomar posesión de este cargo debido a los plagios descubiertos en su libro “What The (Bleep) Just Happened” y en su tesis doctoral en Columbia.

Las consecuencias no se han limitado a la retirada política. El libro (cuyo título por otra parte no tenía desperdicio y el contenido, por los extractos publicados, era peor) ha sido retirado del mercado por la editorial HarperCollins y ya no se puede comprar en Amazon. Y Columbia puede tomar medidas enérgicas como las que ha seguido en casos similares en el pasado. La política de Columbia incluye en la definición de plagio, por ejemplo, “Failure to "quote" or block quote author's exact words, even if documented”.

Comparemos el caso de Monica Crowley con la situación de muchos casos similares en España.

José Antonio Martínez Álvarez

Empecemos con el caso del director del Instituto de Estudios Fiscales, José Antonio Martínez Álvarez, que plagió bastantes páginas en su libro La Escalera de Jacob, plagio que además era mucho más serio y descarado que el de Monica Crowley. Dos años largos después de la publicación de la noticia, José Antonio Martínez Álvarez sigue ejerciendo de director del Instituto de Estudios Fiscales, la editorial Tirant lo Blanch continúa vendiendo el libro y, que sepamos, la UNED, donde es profesor José Antonio Martínez Álvarez, no ha abierto ningún tipo de procedimiento sancionador.

En este caso existen cuatro responsables de la sangrante impunidad del plagio:

1) En primer lugar, y antes que nadie, José Antonio Martínez Álvarez, que no ha tenido la dignidad de dimitir de su cargo. Un plagio de tal magnitud le incapacita a uno a continuar de director de un centro de investigación.

2) Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública, que ampara y consiente a un plagiador en su equipo y que, siendo catedrático universitario, debería de tener, al menos, un mínimo de sensibilidad con este tema. Después de dos años, ha tenido tiempo más que de sobra de buscar a un sustituto.

3) La Editorial Tirant lo Blanch, que muestra un interés nulo por el rigor científico de sus publicaciones. La editorial debería de haber retirado el libro de circulación de manera inmediata tras haberse documentado el plagio.

4) La UNED, que no piensa que esto sea un problema serio que deba ser investigado en su claustro.

Fernando Suárez Bilbao

El segundo ejemplo, en boca de todos durante estas últimas semanas, es el caso del rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Este affaire es, con diferencia, el más increíble que hemos visto nunca en la universidad en España. Y no es solo por la magnitud del mismo (al menos 11 casos según eldiario, algunos de decenas de páginas y que probablemente generaron sexenios de investigación que pagamos todos) o por la absoluta falta de arrepentimiento del rector (el comunicado del rector del 25 de noviembre pasará a los anales de la insolencia), sino por la sospecha de que fue el producto de una trama organizada para “fabricar” un CV, algo que implícitamente admite el rector en su comunicado (“porque trabajamos con mucho material de aluvión y en equipos de investigación”). Y esa trama organizada, con claros vínculos con el Partido Popular en Madrid, parece dominar la Universidad Rey Juan Carlos con total descaro y emplear sus aliados mediáticos para defender lo indefendible. Lejos de ser el caso de un investigador vago o descuidado, nos enfrentamos, con el esperpento de los plagios del rector, a una enfermedad de la universidad pública española mucho más profunda y que, como tal, nos deja mucho más intranquilos.

Fernando Suárez Bilbao no ha quedado totalmente impune. Ha tenido que dimitir como director del Anuario de Historia del Derecho Español después de que varios miembros del consejo del mismo amenazasen con su dimisión en bloque. Además, ha dejado sus cargos en la CRUE , no se presenta a la re-elección como rector, ha sido suspendido de la Real Academia de la Historia (aunque uno se pregunta cómo llego ahí en primer lugar en tan pocos años y con lo que nunca pareció un CV muy impresionante) y puede verse envuelto en juicios. Pero tales consecuencias parecen pocas dada la gravedad del tema (incluso en su propia habilitación) y nos queda el temor de que nada profundo cambie en la Universidad Rey Juan Carlos (aquí y aquí). Fernando Suárez Bilbao debería de haber dimitido, aunque solo fuera simbólicamente, antes de las elecciones y los miembros del claustro de la Universidad Rey Juan Carlos meditar debidamente sobre las circunstancias en las que se encuentran.

Si en Estados Unidos, incluso en el de Donald Trump, todo esto parecería un despropósito, está claro que España no puede seguir funcionando así.

(No son todos estos los problemas de la universidad española de mirar hacia otro lado cuando no debería. Noticias como esta sobre la tolerancia hacia el acoso sexual nos preocupan profundamente, pero merecen por su gravedad una entrada entera que dejaremos para otro día).