de Samuel Bentolila, J. Ignacio Conde-Ruiz y Marcel Jansen
El paro es, con diferencia, el problema que más preocupa a los españoles. Y con razón: hay 4,85 millones de parados (una tasa del 21.2%), de los cuales el 61% lleva más de un año parado y el 45% lleva más de dos. La tasa de paro juvenil es el 47% y los empleados temporales suponen el 26% de los asalariados. Los salarios han caído y la desigualdad salarial ha aumentado. Por ello las propuestas sobre este asunto en los programas electorales de los partidos que concurren a las elecciones generales del próximo domingo son potencialmente importantes. En esta entrada y las dos siguientes revisamos esas propuestas y las evaluamos brevemente en función de cuáles creemos que son las causas de los problemas y las soluciones más adecuadas.
Vaya por delante que la lectura de los programas es ardua tarea y que en nuestra revisión no tenemos ánimo de exhaustividad, aunque sí hemos intentado recoger lo que pensamos que es más importante en cada área. Nos ceñimos a lo que aparece en los programas, salvo en algunos casos en que tienen mucha relevancia propuestas posteriores. Hemos dividido nuestro análisis en tres partes. En esta primera parte vamos a revisar la dualidad y el despido, en la segunda las políticas activas de empleo y en la tercera la negociación colectiva. Al final de la entrada aparece una tabla con la lista exhaustiva de las medidas incluidas en los distintos programas electorales.
Existe un gran consenso social acerca de que el mercado de trabajo español tiene una tasa de temporalidad injustificadamente alta y de que esta no solo es muy injusta para quien la padece sino que también genera ineficiencias claras, como los bajos incentivos a la inversión en capital humano o el fomento de actividades de bajo valor añadido. Los trabajadores que tienen estos contratos sufren una altísima rotación (te contrato el lunes, te despido el viernes, te vuelvo a contratar el lunes...) y no pueden tener una verdadera carrera profesional, extendiéndose esta situación mucho más allá de la juventud. Donde surgen las discrepancias entre los partidos es en la forma de luchar contra la temporalidad.
A nadie le sorprenderá que las medidas del programa de Ciudadanos nos parezcan las más acertadas para luchar contra la dualidad, pues coinciden con las que un grupo de académicos propusimos en 2009 en la “Propuesta para la reactivación laboral en España”. En él apostamos por el contrato único con una indemnización creciente (ver en esta entrada una explicación sencilla) como principal medida contra la excesiva temporalidad. Sí nos ha sorprendido que la descripción en su programa es demasiado escueta e imprecisa. Por ejemplo, echamos en falta una mención de que, para ser jurídicamente viable, el nuevo contrato único debe tener dos escalas indemnizatorias: una para el despido procedente y otra para el improcedente. Tampoco se especifica la cartera de contratos temporales que por definición deberían coexistir con el contrato único: los de formación e interinidad.
En nuestra opinión el contrato único se debe diseñar para que el coste medio por despido se mantenga en los niveles actuales y con una escala indemnizatoria que empiece en un nivel similar al de los temporales actuales y vaya subiendo progresivamente hasta un nivel en el entorno de los 33 días. En este nuevo marco laboral todos los trabajadores tendrán un mayor nivel de seguridad, pues el contrato único, al ser indefinido, garantiza la tutela judicial efectiva a todos desde el principio. Una situación que no ocurre con los contratos temporales.
El programa incluye otros dos elementos que también propusimos y que ayudan a dar protección a los trabajadores. Por un lado los llamados “bonus-malus”, es decir, que las empresas que más despidan (o que tengan más temporales, lo que en la práctica es lo mismo) paguen mayores cotizaciones. Esta medida, que proponen Ciudadanos y el PSOE, supone un freno a los despidos, pues obliga a las empresas que más despiden a considerar los costes que ello implica para la prestación por desempleo, evitando así que las empresas con plantillas estables acaben pagando las prestaciones de los trabajadores despedidos por las empresas que más despiden.
Por otro lado tenemos el llamado fondo de capitalización o fondo austriaco, que proponen Ciudadanos y el PP, que gracias a la portabilidad de la "mochila" o fondo individual al que se cotiza de forma continua con una parte del salario, incentiva la movilidad de los trabajadores a lo largo de su vida laboral.
Esta combinación de medidas tiene la ventaja de tratar la raíz del problema de la dualidad, al atacar por varios frentes los incentivos a la rotación, preservando la flexibilidad de las empresas y la movilidad de los trabajadores. Las propuestas de los demás partidos, que revisamos a continuación, no solo son un paso atrás sino que algunas son realmente nocivas.
La otra vía para luchar contra la dualidad, que proponen PP, PSOE y Podemos, consiste en luchar contra el fraude en la contratación temporal. Es la estrategia ya seguida en las últimas reformas, todas ellas infructíferas. Creemos que insistir en esta vía no conseguirá resolver el problema, pues en España se firman mas de 15 millones de contratos temporales al año y aun así han conseguido escapar de la inspección. No tiene sentido el contrato temporal no causal y la forma más efectiva para acabar con su abuso es limitarlo a la mínima expresión (interinidad y formación). Para actividades estacionales como la agricultura o el turismo se puede usar el contrato único para fijos discontinuos. Para actividades de cortísima duración o puramente temporales se deberían usar las empresas de trabajo temporal, en las que todos los trabajadores tendrían el contrato único indefinido.
Tampoco ha funcionado la vía de la bonificación a la contratación indefinida, aunque el PP siga apostando por ella. Sabemos que la bonificación generalizada es cara, por el elevado peso muerto (se bonifican contratos que se harían de todas formas), la mera sustitución de trabajadores cuyas características los hacen no bonificables por los bonificables y por la elevada mortalidad del contrato tan pronto acaba el periodo bonificado. Las bonificaciones deberían limitarse a colectivos muy específicos con grandes problemas de empleabilidad.
Es loable el intento de controlar las nuevas formas de precarización laboral −autónomo dependiente, contratos en prácticas o a tiempo parcial fraudulentos− del PSOE y Podemos. Pero muchos de ellos se esconden detrás de contratos temporales y por tanto creemos que la vía mas efectiva de luchar contra estas prácticas es también la implantación del contrato único indefinido.
En algunos aspectos el PSOE y Podemos quieren incluso endurecer el marco legal previo a la crisis, como en la reintroducción del derecho de readmisión tras el despido improcedente, algo comparable al denostado artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que había en Italia hasta que lo suprimió el gobierno de Renzi. Endurecer el régimen del despido improcedente suena atractivo y justo, pero en la práctica expone a los empresarios a un alto grado de inseguridad jurídica y desincentiva la contratación estable.
De hecho, creemos que se debería atacar otra anomalía de nuestro mercado de trabajo, que es la inseguridad jurídica del despido. La reforma de 2012 quiso restringir el papel de los jueces en la verificación de las causas objetivas para el despido. Sin embargo, posteriores sentencias han vuelto a introducir criterios basados en la proporcionalidad para la procedencia, abriendo otra vez la puerta a la judicialización excesiva de los despidos. Además, en el caso de los despidos colectivos (ERE) está el problema de la nulidad por errores de forma. El control de los jueces debería limitarse a comprobar la existencia de las causas reconocidas en la ley y deberían ser viables despidos colectivos en sectores con demanda estacional sin elevados costes. Por supuesto, estos asuntos son impopulares y ningún partido los trata en su programa.
Tabla 1. Medidas sobre Dualidad y Despido
