La actual Secretaria General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones—MISSM (Mónica Martínez-Bravo, una de las mejores economistas españolas) se hacía eco en una tribuna en El País de unas palabras de Manuel Arellano en su discurso de aceptación del Premio Rey de España de Economía 2020, “una nación sin buenos datos administrativos es como un sistema hospitalario sin acceso a equipos avanzados de resonancia magnética”.
Las instituciones españolas vienen haciendo un esfuerzo por poner a disposición de los investigadores bases de datos administrativos o microdatos custodiados por diversas administraciones públicas estatales y locales. Un magnífico ejemplo es el Laboratorio de Datos del Banco de España (BELab) donde se permite el acceso in situ o remoto a una gran variedad de datos financieros o a la propia Central de Balances por otras vías. Lo mismo ocurre con la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), dependiente del MISSM, que se ha convertido en una de fuentes estadísticas más utilizadas por investigadores españoles y extranjeros para analizar la problemática del mercado laboral en España. Y así se podrían citar otros muchos casos de buenas prácticas.
Sin embargo, no todo el monte es orégano, como bien señalaba Mónica en su tribuna: la realidad es que el grado de acceso es notablemente inferior al de los países de nuestro entorno. A ello quiero referirme en este post. En concreto, el caso que pretendo denunciar es la actitud obstruccionista de la Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social en lo referente a una solicitud de datos del Panel de Empresas y Trabajadores (PET) que he vivido en primera persona.
En enero de este año, comencé a supervisar el Trabajo de Fin de Grado (TFG) de un alumno de UC3M cuyo objetivo es estudiar el papel que juega la diferencia en poder de monopsonio de las empresas en determinados sectores a la hora de explicar la brecha salarial por género. Siguiendo las contribuciones seminales sobre este tema de Alan Manning (LSE) y otros autores (acá y acá), el grado de concentración de las empresas puede dar lugar a diferentes grados de explotación monopsonística (la diferencia relativa entre la productividad marginal del trabajador y el salario percibido, que en un mercado competitivo sería cero mientras que un mercado sujeto a fricciones de movilidad sería positivo). La medida habitual para medir dicho grado de concentración es el conocido índice de Herfindahl–Hirschman (HHI), que se calcula computando la suma de los cuadrados de las cuotas de empleo de las empresas competidoras en una industria, de manera que varía entre 0 (un gran número de pequeñas empresas en el sector) y 1 (una empresa monopsonística).
Para implementar este análisis, el alumno sugirió el PET (con datos disponibles de 2013 a 2016) como la mejor fuente estadística para abordar esta investigación por su naturaleza de matched employer-employee data. Esta base de datos, presentada en 2019, ha sido elaborada siguiendo la metodología de la MCVL por la Tesorería de la Seguridad Social en colaboración con FEDEA (con un papel fundamental de Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, entre otros). En el discurso de presentación del PET, el Director de Ordenación de la Seguridad Social subrayó “la importancia de desarrollar herramientas como ésta que se abran al campo de la investigación para permitir análisis más certeros de nuestro mercado de trabajo, de cara a diseñar políticas públicas adecuadas y realizar evaluaciones rigurosas de estas políticas”.
Inmediatamente, nos pusimos a rellenar la solicitud con la esperanza de que los datos solicitados llegaran en un plazo razonable pues la entrega del TFG está prevista para junio. Nada mas lejos de la realidad. Hasta el momento hemos recibido varias denegaciones por escrito debido a los siguientes motivos.
- Dado que se trataba de un estudiante de grado, no podía firmar como Investigador Principal (IP) del proyecto. Por tanto, me puse yo mismo de IP con el alumno como investigador asociado al proyecto, dado que en las normas de la solicitud se dice: Usuario: Puede ser una persona física o una entidad, como por ejemplo un departamento universitario. Craso error. En la denegación de la primera solicitud se nos requirió que “el IP acredite fehacientementeque el cargo que ocupa dentro de la estructura administrativa de la misma, en su caso la UC3M, le habilita para adquirir en nombre de dicho institución los compromisos requeridos por la Tesorería General de la Seguridad Social para la cesión de datos del PET (Poder notarial, certificado de nombramiento y estatutos, etc.), o en su caso declaración responsable compromisos en nombre la misma (Presidente o similar o quien ejerza las funciones por delegación)”. Por tanto, ser catedrático, profesor titular o visitante parece no ser condición suficiente para convertirse en usuario. Ante esta situación, optamos por la vía institucional y solicité a alguien entre mis colegas, con gran experiencia en temas de economía laboral y perteneciente al Consejo de Gobierno de UC3M, que me ayudara en la supervisión y apareciera como IP, petición que aceptó gustosamente.
- Craso error de nuevo, no solo debía tratarse de un/a académico/a con responsabilidades en UC3M sino acreditarlo. Nueva solicitud adjuntando un certificado del Boletín Oficial Electrónico de UC3M con su nombramiento como miembro del Consejo de Gobierno de la universidad.
- Había sido un camino tortuoso con un mes de retraso en recibir respuesta a cada solicitud, pero pensábamos que con el certificado todo estaría arreglado. Vana esperanza. A primeros de abril recibimos un nuevo comunicado de denegación en base a los siguientes argumentos peregrinos. En primer lugar, se nos dice que " la persona que figura y firma como responsable de la Entidad Investigadora lo hace en calidad de miembro del Consejo de Gobierno de UC3M. El formar parte de un órgano colegiado per se no indica que las competencias que ostente el mismo las pueda ejercer a título individual las personas físicas que lo componen. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, el ser un miembro del Consejo de Gobierno de la entidad investigadora no justifica que se pueda asumir los compromisos que supone conceder en su nombre un ejemplar del PET". De ello se infiere que, al parecer, los únicos firmantes autorizados debían ser bien el Rector de UC3M o quizás el propio Consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid. Pero la cosa no queda ahí. En segundo lugar, se nos comunica que “observamos que el objeto de la investigación que figura en la solicitud es la realización de un Trabajo Fin de Grado (TFG). En este punto, se debe tener en cuenta que sólo se puede proporcionar un ejemplar del PET por entidad investigadora, dejando imposibilitado a cualquier otro investigador de la UC3M el acceso al Panel en el momento en que se conceda para una investigación avalada por dicha entidad”.¿Qué sentido tiene este requisito? Ninguno, primero porque hemos comprobado que no hay otros solicitantes del PET y segundo porque los investigadores tienen agendas de investigación diferentes, con independencia de que estén integrados en un mismo departamento o institución. De hecho, aparte de ser una condición ridícula, no se especifica que solo se pueda dar un PET por institución en ninguna de las normas de cesión de los datos. Por cierto, este no es el caso de la MCVL, cuyos datos se han facilitado a varios profesores y estudiantes de UC3M sin problemas. Finalmente, del tono del correo parece inferirse que un TFG es un trabajo de investigación de menor categoría, frente a lo que defendían Juan Luis Jiménez y Carmen García hace unos días en NeG.
En resumen, “vuelva usted mañana” como el título del famoso artículo en 1833 de Mariano José de Larra en el que se satirizaba la burocracia y la ineficiencia del sistema administrativo de nuestro país. En este caso, todavía es más grave: en un país donde el acceso a los datos administrativos todavía es complicado y, en muchos casos, se convierte en una auténtica pesadilla (pese a comprometernos a cumplir todas las cláusulas exigidas para el uso anonimizado y confidencial de dichos datos), resulta muy decepcionante que las administraciones públicas sigan poniendo trabas absurdas a una labor fundamental para el desarrollo de la investigación con datos sufragados con nuestros impuestos. Seguro que muchos colegas habrán sufrido experiencias como estas. Esperemos que, con estas denuncias, los Freddy Krueger que custodian con afán patrimonial nuestras bases de datos se alejen de nuestros sueños.