De Miguel Almunia (@miguel_almunia) y Pedro Rey Biel (@pedroreybiel)
La recolección y procesamiento de datos son actividades integrales que los estados deben realizar para cumplir muchas de sus funciones básicas. La gestión de la información durante la pandemia de covid-19 ha puesto al descubierto las debilidades existentes en España para gestionar y coordinar los datos provenientes de los distintos niveles de la administración pública. La experiencia de los países que han tenido más éxito en frenar la expansión del virus (por ejemplo, Corea del Sur, Alemania o Vietnam) ha demostrado que las estrategias más efectivas para el control de la pandemia han sido aquellas centradas en la recopilación de datos (tests de diagnóstico y rastreo de contactos) para frenar las cadenas de infección. Estos problemas no afectan solo al ámbito sanitario, como se ha visto en la lenta gestión de las solicitudes del ingreso mínimo vital. También se han producido retrasos en el cobro de los ERTE, por el colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En todos estos casos, la incapacidad para explotar el enorme potencial de una buena gestión de los datos generados por las distintas administraciones públicas ha provocado una pobre implementación de las políticas públicas. En este post ofrecemos tres tipos de propuestas que permitan mejorar la coordinación, ampliar la capacidad de análisis de los datos y convertir la política basada en esta evidencia en un proyecto de país, dejándolo al lado de la disputa política.
Los avances tecnológicos permiten el almacenamiento de una cantidad cada vez mayor de datos a un coste cada vez más bajo. Como ya nos contó Samuel Bentolila en este post, estas mejoras en la capacidad de procesar y analizar datos suponen una oportunidad de expandir el conocimiento científico utilizando los registros administrativos ya existentes, pero en muchos casos ni públicos ni estandarizados, lo cual permitiría mejorar la evaluación de las políticas públicas y que el diseño de las mismas se base en la evidencia disponible más actualizada y completa. El acceso público a estos datos por parte de la comunidad científica, que lleva años reivindicándolo, permitiría además cruzar la información a nivel individual de diferentes fuentes estadísticas, lo que en otros países ha permitido impresionantes estudios, mucho más detallados, sobre los efectos de unas políticas públicas sobre indicadores que no pertenecían necesariamente a las mismas bases de datos. Los países de nuestro entorno han dado pasos importantes para gestionar y facilitar el acceso a datos de las administraciones públicas, siguiendo diferentes modelos, pero España se está quedando rezagada. No se trata por tanto ni si quiera de innovar en cómo hacerlo, sino de analizar qué características de cada modelo existente se adecúan mejor a la realidad de nuestra administración.
Las administraciones públicas en España se enfrentan a dos retos fundamentales: 1) mejorar su capacidad de recolectar y procesar datos y 2) expandir la capacidad de analizarlos. Para mejorar la capacidad de recolectar y procesar datos, sería crucial crear un Plan Nacional para mejorar la gestión de los datos con tres ejes de actuación: (1) establecer mecanismos de coordinación entre distintos niveles de la administración para estandarizar los formatos en que se encuentran los datos y hacer que los sistemas informáticos fueran compatibles entre sí, fomentando de esta forma un eficaz intercambio de datos entre distintos niveles de la administración, (2) realizar una inversión ambiciosa en capital humano para la administración, contratando informáticos, ingenieros y expertos en ciencia de datos, algo que urge a la vista de que la edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado es de 52 años, casi 10 años más que el conjunto de la población activa y (3) forjar un compromiso firme de mantener esta iniciativa al margen de la disputa política, al tratarse de un proyecto de país con el que todos ganaríamos.
El marco legal existente es favorable al desarrollo de estas propuestas. Los ciudadanos son propietarios de sus datos y tienen derecho a que se utilicen para obtener el bien común, mientras que los organismos públicos son simplemente los depositarios de esos datos, por lo que ni el miedo a que los datos señalen los errores de una administración ni el interés por hacer un uso partidista de los mismos tiene ninguna justificación. El que las distintas administraciones y organismos públicos dificulten el acceso y terminen negándose a compartirlos o a cederlos va en contra de la Constitución y de numerosa legislación vigente, que, hasta ahora, ha tenido escaso éxito en lograr sus objetivos.
Para aumentar la capacidad de analizar los datos y expandir el conocimiento sobre los efectos de las políticas públicas, se deben tomar decisiones institucionales concretas: ¿Qué institución debe custodiar los datos? ¿Cómo se garantizará la confidencialidad? ¿Cuáles deberían ser los criterios de acceso a los datos? ¿Cómo se accederá físicamente a los datos? Tras haber hecho un estudio comparado sobre cómo se han resuelto estas cuestiones en los países de nuestro entorno, proponemos que se formalice un consorcio entre instituciones y organismos públicos como el INE, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Banco de España, la AIReF y los Gobiernos Autonómicos. Estas instituciones actuarían como depositarias de los datos, que utilizarían códigos anonimizados, a partir del DNI como identificador individual, para evitar cualquier posible quiebra de la confidencialidad. El acceso para fines de investigación debería otorgarse bajo criterios uniformes y transparentes, priorizando proyectos de alta calidad científica y de interés para las instituciones públicas. Idealmente, y por cuestiones de equidad, se debería terminar ofreciendo la posibilidad del acceso remoto a los datos, como se hace en otros países europeos, si bien en los primeros pasos podría entenderse que se mantuviera un control centralizado mientras las capacidades tecnológicas y los problemas de seguridad fueran resueltos.
No caben ahora las excusas. Si queremos realmente modernizar nuestra administración, y superar el enfrentamiento partidista y regional entre administraciones es el momento de actuar. La situación actual es especialmente propicia para llevar a cabo estas iniciativas. Por un lado, los eventos recientes han contribuido a que emerja un consenso sobre a la necesidad de modernizar la administración pública y alcanzar una mucho mayor transparencia en la gestión de los datos administrativos. Como ejemplo, este informe de la AIREF es una de las muchas voces autorizadas que recientemente han planteado propuestas similares a la nuestra. Por otro, no partimos de cero, pues existen algunas experiencias aisladas y pioneras de facilitar el acceso a datos públicos, que podrían ahora tomar impulso. Entre ellas, por ejemplo, el BELab del Banco de España o el Panel de Empresas y Trabajadores del que nos habló Florentino Felgueroso. Por último, ¿qué mejor uso podría hacer nuestro país de la disponibilidad de abundantes fondos procedentes del Plan de Recuperación para Europa destinados a “reformas para mejorar la eficiencia de las administraciones públicas a través de la digitalización”?
NOTA: Los autores del post, junto con un amplio número de colaboradores, publicaron un informe más amplío sobre cómo se podría hacer esta reforma como policy paper de ESADE EcPol. Dicho informe puede leerse aquí.
Hay 1 comentarios
Hola Pedro,
Me ha gustado tu post. El tema es muy relevante. Tan sólo añadir que en Cataluña, el Departament de Salut, a través de AQuAS, pone a disposición de los investigadores todos los datos de salut i utilización de servicios sanitarios de la población, debidamente anonimizados, y bajo condiciones de seguridad y legalidad. Toda la información para quien le interese está aquí: https://aquas.gencat.cat/ca/ambits/analitica-dades/padris/index.html#googtrans(ca|es)
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