Se está convirtiendo en una tradición del blog que Cabrales use una recomendación de lectura para hablar de otra cosa que le apetece. Y como uno es un poco tradicionalista, pues no va a cambiarlo simplemente porque Hay Derecho sea un buen blog, y el correspondiente libro sea interesante. En este caso, la obsesión es que en España hay demasiadas reglas; y se cumplen según conviene a los que mandan. Y este derroche normativo está muy relacionado con una deprimente falta de capital social en nuestro país.
El libro habla de más cosas, claro. Es una historia de la captura y degradación del estado de derecho en España por parte de las élites económicas y partitocráticas. De reguladores independientes que no lo son, y de justicia ciega para los ciudadanos de a pie, pero no tanto para los poderosos (César Alierta, Alfredo Sáenz). Como ya he dicho, mucho más, y espero que lo disfruten. Aunque la verdad sea dicha, lo de disfrutar es como decirles que disfruten viendo El Exorcista.
Pero también he dicho que mi comentario se iba a centrar en otra cosa, que también es un punto central a todo el libro: España tiene cien mil leyes, dice Sansón Carrasco (el seudónimo colectivo de los autores), pero no son bastantes porque cada organismo público genera toneladas de normativa. Y a la que nos descuidamos hasta los departamentos universitarios tienen reglamentos que regulan desde mecanismos de control interno para que un doctorando puede hacer los trámites oficiales para defender su tesis, hasta las reglas de promoción interna de sus profesores, que se suman a las acreditaciones nacionales y procedimientos propios de la universidad.
El ejemplo universitario es útil porque me permite ilustrar algo que después mostraré de manera más general. Estos reglamentos internos no se generan por maldad ni por inquina. Son necesarios porque no nos fiamos de los filtros que pone la administración. Sus formalismos no nos parecen suficientes para que los doctores o aspirantes a profesor tengan los méritos que creemos necesarios en un doctor o profesor de nuestra institución. De la misma manera, las acreditaciones nacionales a profesorado parecen necesarias a la administración para evitar que los departamentos tomen decisiones que no se basen en criterios constitucionales de mérito y capacidad.
Por contraste, en la mayoría de los departamentos americanos que conozco, de universidades públicas o privadas, las decisiones sobre quién es doctor, y a quién se contrata o se promociona, o son puramente internas, o hay controles relativamente laxos de la universidad, y nunca por parte de una administración central. Y la razón es que allí la administración y las universidades gozan de una confianza recíproca. Y en nuestros lares esa confianza, por desgracia, no existe.
En realidad, es un problema general de España. Tenemos uno de los niveles más bajos de confianza en los otros de la OCDE, como muestra la siguiente figura obtenida (del World Value Survey vía Morrone et al. 2009) En Europa occidental solamente están peor Francia (un caso especial que explica de manera muy interesante el libro de Algan, Cahuc y Zylberberg del que también hablaré algún día) y Portugal.
¿Y qué tiene que ver la desconfianza hacia los otros con la hipertrofia regulatoria de nuestro país? Pues todo, usamos las leyes porque no nos fiamos de que las normas sociales nos vayan a proteger. Normas que son costosas, y a menudo protegen poco, pero quizá impiden los peores abusos. Esto lo entendemos todos intuitivamente, no hay más que ver la reacción el blog a alguna propuesta de reforma de las oposiciones (aquí y aquí) o de autonomía escolar.
Muchos lectores dicen básicamente: "quizá eso funcione en USA o UK, pero aquí, ni de coña, para algo que más o menos va, no lo toquemos." Para que no me acusen de elevar un par de anécdotas a categoría, les comento brevemente los resultados de un estudio de Aghion, Algan, Cahuc y Shleifer, sobre cuya pista me puso Víctor Lapuente , y que lleva el expresivo título de regulación y desconfianza (dados los datos anteriores no les sorprenderá que tres autores sean franceses, y dos de ellos coautores del libro que les cité anteriormente). El artículo señala acertadamente que el nivel de confianza y las instituciones muy probablemente co-evolucionan. En el modelo que usan para ilustrar después los datos, los individuos deciden invertir o no en capital social, y convertirse en funcionarios o empresarios. Los empresarios y funcionarios sin capital social son deshonestos y generan externalidades (empresarios) o corrupción (funcionarios). La comunidad regula la actividad empresarial para evitar las externalidades.
En el modelo, cuando la gente espera vivir rodeada de ciudadanos honestos, todos esperan bajos niveles de corrupción y regulación, e invierten en capital social. Sus creencias están justificadas, y la inversión conduce a un entorno honesto, baja regulación y altos niveles de actividad empresarial. Cuando por el contrario la gente espera vivir en una comunidad deshonesta, se esperan altos niveles de regulación y corrupción, y no se invierte en capital social. Sus creencias están de nuevo justificadas, y la falta de inversión conduce a alta regulación, alta corrupción, y bajos niveles de actividad empresarial. Parafraseando a Luis: una historia de Dinamarca y Venezuela.
Esta co-evolución de instituciones y capital social hacen difícil tener una comprobación empírica muy limpia, porque es muy difícil encontrar una variable instrumental, pero les dejo con un par de gráficos de correlaciones muy ilustrativos. El primero trata de la relación de la desconfianza con un problema del que hemos hablado aquí a menudo (aquí y aquí): Desconfianza (horizontal) y número de procedimientos para abrir una empresa (vertical).
El segundo de como la desconfianza se relaciona con otro problema que ha sido casi una obsesión de este blog, la disfuncional regulación laboral y su relación con la desconfianza:
Y el tercero, algo más directamente relacionado con Hay Derecho, el formalismo judicial.
Dado que la desconfianza no es algo que se cambie de un día para otro, y que probablemente estamos en un mal equilibrio me temo que hoy no hay soluciones fáciles. Pero darse cuenta del problema es una precondición para cambiar de equilibrio. Así que el libro de Hay Derecho nos enfrenta a otra faceta del dilema de España, pero con una consecuencia parecida, ¿quieren que seamos como Dinamarca o Venezuela?