Salieron la EPA y Contabilidad Nacional de fin de año con datos esperanzadores. Mientras tanto continúa la disputa sobre el impacto que la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 (añadida al 12,3% de aumento en 2017-18 y al reciente 5,5% en 2020) haya podido tener sobre el empleo en la economía española. En general, se trata de un debate sesgado y algo desordenado. Con frecuencia, se utilizan tanto los argumentos teóricos como la supuesta evidencia empírica de manera torticera por partidarios y opositores. En esta entrada, repaso algunos argumentos teóricos sobre el salario mínimo y el funcionamiento del mercado de trabajo a tener en cuenta en dicho debate. En una siguiente, comentaré varias estimaciones del impacto del salario mínimo en el empleo para el caso español que se citan recurrentemente, señalando sus limitaciones y cómo mejorarlas.
Argumentos teóricos
El efecto del salario mínimo sobre el empleo depende del grado de concentración empresarial en el mercado de trabajo. Es bien conocido el resultado de que, en caso de monopsonio (un solo grupo empresarial contratando en un determinado segmento del mercado de trabajo), un aumento (no excesivo) del salario mínimo resulta en un mayor nivel de empleo.
Hay muchas razones para pensar que el mercado laboral no funciona de la manera competitiva que se enseñaba en los antiguos libros de texto ilustrando el equilibrio en este contexto. ¿Implicaría un recorte de 1 euro en el salario de una empresa el abandono de sus trabajadores hacia otras empresas que no lo hayan recortado? Parece que no. La razón básica se centra en la existencia de costes de búsqueda por parte de los trabajadores. En lo que se conoce como la Paradoja de (Peter) Diamond (Nobel 2010) se obtiene un resultado que puede parecer sorprendente: con empresas idénticas que determinan sus salarios en presencia de dichos costes, la competencia entre ellas por atraer trabajadores puede dar lugar a salarios por debajo del equilibrio competitivo. En efecto, si los trabajadores creen que todas las empresas ofrecen el mismo salario, entonces no se molestaran en buscar otro empleo, dado que es costoso. Ahora bien, si no buscan, entonces la política óptima de las empresas será bajar el salario. Obviamente, este resultado se debilitará si las empresas son capaces de anunciar sus propias acciones (p. ej, a través de comités de empresa que divulguen la información), pero sugiere la gran capacidad de distorsión de la presencia las fricciones en el proceso de búsqueda.
En otras palabras, en aquellos sectores con escasa movilidad laboral, el hecho de que el salario de reserva (outside option) de los trabajadores sea reducido provocará que sean remunerados por debajo de su productividad. En estas circunstancias un salario mínimo apropiado o la propia negociación colectiva pueden incrementar el empleo y los salarios, reproduciendo el equilibrio competitivo. Aunque el clásico ejemplo de la mina en el pueblo haya quedado obsoleto, la creciente concentración de la actividad económica está transfiriendo mayor poder monopsonístico a las empresas, provocando salarios más bajos allá donde los sindicatos sean débiles, un argumento que debería resultar familiar en el contexto del mercado laboral español post-2012.
En el libro de Alan Manning, titulado Monopsony in Motion, se ofrecen muchos ejemplos de casos donde, en línea con el razonamiento anterior, la existencia de costes de búsqueda permite a los empresarios fijar salarios por debajo del equilibrio competitivo mientras todavía se mantiene una oferta suficiente de trabajadores. En un mercado laboral competitivo, como en el que parecen creer los partidarios de no aumentar el SMI, la elasticidad de la oferta de trabajo es muy elevada: los trabajadores se marchan a otras empresas cuando el salario de reduce en 1 euro, de forma de forma que acaban siendo remunerados según su productividad. Este no es el caso en la vida real. Evidencia reciente por parte de Harasztosi y Lindner (2019) muestra que subidas del salario mínimo suelen trasladarse a precios en sectores de bienes no comerciables mientras que, a veces, se traducen en reducciones de empleo en sectores de bienes comerciables (p.ej. en empresas exportadoras). Algunos comentaristas han apuntados que los mayores precios reducirán la subida salarial en términos reales, pero si parte del consumo de estos productos corresponde a los hogares más pudientes, habrá redistribución. Después de todo, la aprobación de un salario digno es un compromiso de toda la sociedad que no solo debe recaer en las empresas. También es cierto que, ante la subida de los costes laborales, las empresas pueden encontrar óptimo invertir en la formación específica de sus empleados, mejorando su productividad en línea con un mayor salario mínimo.
Evidencia empírica
Como decíamos, la debilidad sindical en España, debida a sus propios errores y a la reforma laboral de 2012, apunta a la posibilidad de que las empresas hayan aumentado el poder de monopsonio sobre los salarios de sus trabajadores. En cualquier caso, si la subida del salario mínimo ha aumentado o disminuido el empleo es, al fin y al cabo, una cuestión empírica pero siempre guiada por el tamaño de la elasticidad de oferta de trabajo y la posibilidad de discriminar salarialmente a diversos asalariados.
Apoyándose en el modelo dinámico de búsqueda de Burdett y Mortensen (1998), el trabajo empírico de Weber (2015, con datos a nivel de empresa del U.S. Census Bureau’s Longitudinal Employer Household Dynamics Survey) estima una elasticidad de oferta de 1,1 para el total de la economía norteamericana, un valor mucho más reducido que el que se esperaría en un mercado competitivo. Solamente un 3% de las empresas presentan valores superiores a 5. Cuando se examina el poder monopsonístico por sectores, se encuentra que es reducido en las manufacturas y muy elevado en los sectores de cuidados sanitarios y apoyo administrativo. Finalmente se computa cual sería la distribución salarial contrafactual en ausencia de monopsonio (aumentando en una unidad la elasticidad de oferta de trabajo asociada a cada empresa), encontrando que la varianza de la misma se reduciría en casi un 10 pp.
Resolver esta cuestión empírica y otras preguntas relevantes sobre el impacto del salario mínimo sobre la desigualdad y la pobreza es crucial para la toma de decisiones políticas (como recordaba hace unos días un artículo muy recomendable de Carlos Sánchez en El Confidencial). Para combatir la desigualdad y mejorar el empleo, ¿Es mejor utilizar cambios en el SMI (un párrafo en el BOE) que un impuesto negativo a la renta como en EITC en EEUU (más costoso administrativamente pero seguramente más eficiente)?, ¿Por qué no plantear directamente un salario digno (tipo el National Living Wage aprobado en Gran Bretaña en 2016) en vez de uno mínimo?, ¿Por qué no recuperar el salario mínimo para jóvenes entre 16 y 18 años que se abolió en 1998?, ¿ Debe indiciarse el SMI al salario medio o mediano, dada la asimetría positiva de la distribución salarial? Sería deseable que los dirigentes de nuestras instituciones destinadas a informar sobre el impacto de la política económica dediquen más recursos de investigación e información estadística a arrojar luz sobre estas cuestiones. Es preferible que quedar atrapados en aquella famosa frase de Keynes: “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist”.
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