De Juan J. Dolado (dolado.blogspot.com)
Hace un poco más de un año que volví a la universidad española tras un lustro fuera de ella. Me marché a finales de 2013 porque las miserias que arrasaban nuestro sistema universitario durante la recesión animaban a abandonar la nave a cualquier afortunado que contara con una buena oferta laboral del extranjero. No eran el recorte de sueldos (común a todos los empleados públicos) lo que nos empujaba a marcharnos 1. Los detonantes de la diáspora eran la desesperación por la prohibición de contratar (con la infame regla del 10%: un alta por cada 10 bajas), el absoluto desprecio a la investigación por parte de la Secretaría de Estado a que fueron destinados estos menesteres y el inmovilismo contumaz de asociaciones académicas como la ANEP, ANECA y CRUE.
Aunque generalmente uno no vuelve por motivos profesionales, siempre existen diversas motivaciones personales detrás de la decisión de retornar a casa. Y en muchas ocasiones lo hace uno con la ilusión renovada, debido a cambios políticos, el fin de los recortes, la admiración a los colegas que han aguantado la travesía por el desierto, la posibilidad de contratar a gente joven muy prometedora que tome el relevo de aquellos que vamos envejeciendo, las nuevas hornadas de estudiantes, etc. Poco dura, sin embargo, la alegría en casa del pobre (o de un colchonero). Esta entrada está destinada a poner algunos ejemplos concretos de lo que le espera en el camino a alguien con buena fe.
En primer lugar, quiero presentar un caso reciente que me concierne directamente. Cuando me marché al European University Institute (EUI) en Florencia, era co- investigador principal (IP) de un programa de investigación del Plan Nacional junto a uno de mis colegas en UC3M. Pues bien, pese a ser el EUI una institución de la Comisión Europea que mantiene los derechos académicos de sus profesores en sus países de origen (al ser los contratos de duración determinada), me fue retirada la figura de IP por parte de la Secretaria de Estado de Investigación y D&I, sin ningún tipo de información previa. A la vuelta, necesitaba ser IP para poder integrarme en la solicitud de renovación de una Ayuda María de Maeztu (MdM) por parte de mi Dpto. Para acelerar los trámites, otro colega que estaba de sabático me propuso sustituirle como IP en su proyecto mientras estaba fuera, petición que fue denegada. Ante la urgencia de presentar la solicitud de la MdM (en España siempre hay un plazo cortísimo entre la convocatoria de estos proyectos y su fecha límite), pedí entonces reincorporarme al proyecto original con ayuda de los servicios jurídicos de UC3M. Ante la falta de noticias, se me incluyó en el equipo aspirante a la ayuda. Dicho proyecto, fue desestimado porque uno de sus miembros no era IP. Poco tiempo después llegó una comunicación oficial del nuevo Ministerio de Ciencia no permitiendo la vuelta al proyecto original por lo que ahora me encuentro en un limbo. En fin, supongo que todo este proceso habría hecho las delicias del gran Franz Kafka.
El segundo caso tiene que ver con contratos laborales en la universidad española, en este caso en relación a los jóvenes. El Dpto. de Economía de una conocida universidad pública madrileña fue al mercado de doctores en Economía (job market) a finales de 2018, contactando con un recién doctorado de mi universidad que había hecho la tesis con un investigador muy conocido. Le ofrecen un contrato de profesor visitante (lo que en argot se conoce como tenure track) a partir de Setiembre 2019. En este caso, todavía más grave que el anterior, el interfecto firma el contrato y, unos días antes de incorporarse a su nuevo Dpto, recibe un correo comunicándole que el Rectorado ha decidido no llevar a cabo la contratación al tratarse de un contrato temporal (como no puede ser de otra forma un contrato de prueba). Es obvio que el estudiante hubiera ganado una demanda judicial contra dicha universidad por goleada. Ahora bien, como la competencia funciona, otra muy buena universidad fuera de Madrid se enteró de lo sucedido y le contrató ipso facto, permitiendo que los responsables de este desaguisado se fueran de rositas. Tanto la Asociación Española de Economía como la European Economic Association deberían ser informadas de estas prácticas irregulares, impidiendo que las instituciones culpables puedan contratar a través del job market.
Por último, queda el caso de las torpezas de la institución llamada Aneca en la acreditación del profesorado, tema que ya ha saltado a los medios en varias ocasiones dando lugar al término “anecado” (perjudicado por Aneca). Hasta hace poco yo solo había seguido estos escándalos por la prensa, pero recientemente me ha tocado de cerca a través de un joven investigador, a quien conozco bien. Esta persona solicitó ser acreditado para la posición de Ayudante Doctor o AD (una de las más precarias en la escala universitaria) en la universidad en la que trabaja, tras 4 años tras doctorarse en una excelente universidad británica. Con un artículo (sin coautores) en una muy buena revista de campo y otras 2 enviadas a buenas revistas, la acreditación le ha sido denegada por no cumplir el requisito de tener al menos 2 publicaciones-- sin que importe el número de coautores o que las revistas sean conocidas (en la lista de la Aneca caben incluso los predatory journals). ¿Por qué este criterio tan absurdo para acceder a una plaza de AD donde se debe juzgar el potencial de un investigador joven? Simplemente porque las reglas se aplican a todos las áreas científicas por igual, sin distinción de campos, y resulta que en las ciencias básicas y médicas es normal publicar muy rápido artículos cortos con un gran número de coautores (la clínica o el laboratorio), mientras que en las Ciencias Sociales este no es el caso. Alguien con buena fe pensaría que quizás este fallo pudiera ser compensado por un cierto grado de discrecionalidad por parte de los miembros de los comités. Después de todo, uno que confía que, al tratarse de buenos investigadores, sabrán dilucidar las cuestiones específicas de cada caso. No debería haberme sorprendido pero el caso es que he consultado la composición del comité para la acreditación de AD en Ciencias Sociales y la verdad es que no conozco absolutamente a nadie, pese a llevar muchos años en esta profesión. Aunque no siempre ha sido fácil, he localizado el CV de alguno de los miembros de dicha comisión y francamente dejan mucho que desear. La explicación es meridiana. La Aneca tiene pocos medios y no remunera bien a sus evaluadores, a quien por cierto recluta por cooptación, no por sorteo. Por ello hay selección adversa: solo aquellos investigadores poco destacados que tienen algo que medrar en estas acreditaciones están interesados en participar en los comités, mientras que, para los buenos profesionales, el coste de oportunidad es demasiado elevado. ¿Quién sale perdiendo con todo esto? Obviamente el sistema universitario español que continúa en su denostado empeño de perder talento a toda costa. La solución a este despropósito es sencilla: un sorteo en los profesores con al menos 4 sexenios potenciales de investigación, y al que le toque, le ha tocado.