Tras meses de escaramuzas políticas y parches económicos, algunos sin embargo con un resultado más que aceptable, se echaba en falta un plan integral para abordar los problemas a los que se enfrenta la Unión Económica y Monetaria, y por extensión la Unión Europea. Según algunas noticias, grupos de trabajo dependientes de los distintos órganos de gobierno europeo estaban discutiendo estos temas, pero poco o nada hemos sabido hasta ahora. Por ello parece que Angela Merkel –con la colaboración de Sarkozy- se ha decidido a dar el paso y ha puesto sobre la mesa un plan cuyo objetivo fundamental es la corrección del déficit de convergencia económica que está en la raíz de nuestros problemas estructurales. Por ahora sólo conocemos las líneas generales del plan, pero creo que esto es suficiente para hacernos una idea de sus méritos y deficiencias y para hacer una primera valoración de una hoja de ruta que va a guiar la elaboración de política económica en los próximos años. Mi opinión sobre lo que se sabe es que el plan tiene los ingredientes adecuados para sentar las bases de un crecimiento sostenido ya que toma en serio los desequilibrios europeos más importantes, en particular, y por fin de forma prioritaria, el problema de competitividad exterior de muchos países. Sin embargo, la propuesta deja algunos cabos sueltos que pueden poner en entredicho su eficacia como, por ejemplo, la ausencia de referencias al estímulo a la creación de empleo a corto plazo.
Lo primero que hay que destacar de este plan es precisamente el hecho de que no emane de los órganos de gobierno regulares de la UEM sino de los dirigentes de los países económicamente más fuertes. Esto, que desde una perspectiva política puede ser valorado negativamente, es en mi opinión un plus desde el punto de vista económico. Se nos acusa con frecuencia –y con razón- a los economistas de estar encantados con la idea del planificador benevolente. Pero es que en este caso parecería un contrasentido encargar el diseño económico de la futura Europa a órganos de gobierno supranacionales que tienen una autoridad muy limitada, o a los países que peor lo han hecho hasta ahora y que por ello tienen que poner primero su propia casa en orden. Porque este hacerlo mal no ha sido algo coyuntural o del gobierno de turno, sino el resultado de años de políticas estructurales y de incentivos equivocados, precisamente esos que hay que cambiar
En cuanto al contenido del plan, por lo que se sabe habla de cosas muy relevantes pero deja otras en el tintero. Parece que va a girar en torno a cuatro ejes. Por una parte, un refuerzo de las reglas de estabilidad fiscal para controlar la evolución de la deuda pública. En segundo lugar, también en el ámbito fiscal, una mayor armonización impositiva para evitar soluciones no cooperativas en las que algunos países tratan de atraer capital con tipos impositivos significativamente inferiores a los demás. En tercer lugar un mecanismo de resolución de crisis bancarias. Por último, y esto es lo más novedoso, un esfuerzo decidido por la homogeneización de las estructuras de mercado, en especial del mercado de trabajo para evitar la aparición de elevados déficits comerciales que exacerban el riesgo soberano y que son considerados, cada vez más, la causa última de las dificultades que atraviesa en la actualidad la Eurozona.
Los dos primeros puntos suponen una extensión y renovación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Junto al mantenimiento de los fondos de estabilidad, estas medidas permiten corregir la descoordinación fiscal que ha sido una de las debilidades de la UEM. En este caso se pretende ir más allá del PEC, moderando el gasto de una forma más eficaz mediante el establecimiento de un límite al gasto de las administraciones públicas, acompañado de la reducción y homogeneización de algunas partidas que suponen un riesgo a largo plazo dada la evolución demográfica esperada, como las pensiones de jubilación entre otras.
En las primeras filtraciones del contenido de la propuesta no aparecía ninguna referencia explícita a la reordenación del sector financiero, pero al final parece que afortunadamente la resolución de crisis bancarias va a ser también un elemento central de la nueva coordinación europea. Es cierto que los aspectos más técnicos relativos a la gestión del riesgo y a la regulación se están estudiando ya en ámbitos específicos. Sin embargo la reconversión y el rescate de las entidades bancarias es un tema central en cualquier propuesta que apueste por la sostenibilidad fiscal y la competitividad. En lo fiscal porque sabemos que los rescates bancarios constituyen una de las causas principales por las que la deuda privada acaba convirtiéndose en pública tras una crisis financiera. Como hemos visto recientemente cuando un país retrasa o diseña inadecuadamente su reconversión financiera puede acabar imponiendo costes al conjunto de la UEM. Es deseable que los países tengan un margen de maniobra suficiente para abordar y financiar ese gasto siempre que la reconversión se aborde de una forma efectiva y constituya una inversión rentable para la mejora de la eficiencia económica. Por ello los planes de rescate bancario deben contar con la aprobación y la tutela de las instituciones europeas y con un grado de coordinación suficiente que, sin embargo, deje margen de maniobra para las especificidades nacionales. Además, el funcionamiento inadecuado de este sector ha sido un factor determinante en la acumulación de deuda por parte de algunos países desde la entrada en vigor del Euro, por lo que su ordenación debe constituir -junto a la devaluación real y la prudencia fiscal- la principal palanca para el mantenimiento del equilibrio exterior.
El último apartado de la propuesta constituye sin duda su principal novedad y, como hemos visto ya desde el primer minuto, la mayor fuente de discrepancias cuando no de franca oposición. Una consideración inicial es que Alemania quiere una Europa competitiva en su conjunto. Un argumento muy popular entre los analistas económicos antes y durante la crisis, ha sido que Alemania ha labrado su competitividad a costa del déficit del resto de los países europeos y que sus medidas de reforma laboral y control fiscal y salarial pretendían una devaluación competitiva a costa de otros miembros de la UEM. Esta propuesta deja claro que no es así. Si Europa ha de ser un actor importante en el concierto internacional y con capacidad de inversión exterior, tendrá que ser competitiva frente a las otras grandes regiones económicas del mundo, muy en particular los países emergentes.
Una simple mirada a la evolución de los déficits por cuenta corriente en Europa muestra la magnitud del problema con el que se encuentran algunas economías cuando pueden cerrarse los mercados de capital y de crédito externo. Conseguir la convergencia estructural que evite grandes desviaciones de cuenta corriente en el futuro se ha convertido en un objetivo de primera magnitud y sin embargo parece que –a diferencia de lo que ocurre con las variables fiscales- se evitan unos objetivos basados en límites concretos a las cifras de la posición exterior. El objetivo de recuperar la competitividad conjunta de la Eurozona y reducir los desequilibrios se centra razonablemente en medidas que aceleren la convergencia a medio plazo y ello requiere reformas adicionales del mercado laboral, de los mercados de productos, de la educación, etc, pero tiene como instrumento central la homogeneización de los costes laborales unitarios. Esta homogeneización precisa de mecanismos que no están suficientemente explícitos pero de los que depende en buena medida el éxito del plan. Por una parte es necesario que la evolución a medio plazo de los salarios reales esté en línea con la evolución de la productividad, y eso requiere la adaptación del proceso de fijación de salarios y cambios en la negociación colectiva. Pero esto puede no ser suficiente. Es preciso que este proceso se acelere en los países más endeudados con el exterior mediante la aplicación de medidas transitorias que aseguren un realineamiento de estos costes de una forma rápida; esto requiere una moderación adicional del crecimiento salarial por debajo del crecimiento de la productividad en términos nominales. Las medidas concretas que aseguren este comportamiento de los costes salariales deberán ser objeto de un análisis más detallado pero, si el plan se pone en marcha, aquellos países que no logren frenar la sangría de su sector exterior pueden verse obligados a intensificar los recortes fiscales con margen de maniobra ya muy reducido y con efectos negativos sobre la demanda.
El plan tiene también algunos olvidos importantes. El primero hace referencia a la consabida dificultad para hacer creíble un sistema de convergencia fiscal, y en este caso también de cuenta corriente, sin un mecanismo sancionador o preventivo que asegure su cumplimiento entre países que sufren shocks asimétricos y tienen estructuras productivas todavía muy diferentes. Este fue el talón de Aquiles del PEC y puede ser lo que anule la eficacia de lo que ahora se proponga. Dado lo poco que se conoce de la propuesta, es posible que el diseño del mecanismo sancionador se deje a los órganos de gobierno de la Unión ya que puede requerir un mayor grado de consenso. Si no es así el plan quedaría en papel mojado una vez que salgamos de la difícil situación actual que nos obliga a todos a prometer un buen comportamiento.
Por último están las contrapartidas que los países europeos del ‘centro’ ofrecen al resto de sus socios por la imposición de medidas de indudable coste electoral. La más importante parece que va a ser la participación más decidida y flexible de estos países en los fondos para la estabilidad europea, lo que implica que están dispuestos a aportar transferencias adicionales de renta a la periferia. Esta es una buena noticia porque es difícil que los países con más desequilibrios puedan salir de esta situación sin ayuda exterior –en forma de rescate más o menos explícito. Pero las expectativas de un crecimiento muy débil en muchos países Europeos están también detrás de la desconfianza de los mercados. Por ello, el plan Merkel para la estabilización y consolidación del Euro debería venir acompañado por un paquete de medidas de estímulo rápido a la actividad y al empleo –por ejemplo como el que han propuesto Amato, Baldwin, Gros, Micossi y Padoan en un reciente artículo de Vox. Un programa de reactivación basado en inversiones para el impulso de la investigación y las infraestructuras físicas y tecnológicas. Se trataría de perseguir de una forma más decidida los objetivos de la Agenda de Lisboa y de fomentar las obras públicas que ayuden a consolidar el mercado interno europeo y a conectar los centros de producción y distribución desde una perspectiva supranacional. Un plan de reactivación para la modernización de la estructura productiva europea que sirva de puente entre el crecimiento a largo plazo y la recuperación del empleo a corto plazo para evitar efectos de histéresis en el desempleo europeo.
Este plan debería estar coordinado y financiado con fondos europeos, por lo que no entraría en contradicción con la disciplina fiscal que se va a exigir a los países y, junto con la extensión de los fondos de estabilidad, podría conformar el embrión de un presupuesto comunitario con capacidad estabilizadora. Además, un plan de estas características puede atraer capital exterior y ser una ocasión para ensayar la utilidad de los eurobonos como instrumento financiero de una Eurozona. En un post reciente mostraba mis reservas a la idea de los eurobonos tal y como se han planteado, como forma de ‘promediar’ las primas de riesgo de los países en medio de una crisis de deuda. Pero si el plan que ahora se propone logra el objetivo de acelerar una salida ordenada de la crisis, el eurobono puede constituir un instrumento atractivo –por su liquidez y la estabilidad macroeconómica subyacente- para el ahorro mundial a la hora de financiar un ambicioso plan de reactivación de nuestras economías.
En conclusión, bienvenido sea la propuesta -si al final se materializa en estos términos o parecidos- que pone el acento en las principales fuentes de desequilibrios en la UE y la UEM. El éxito en esta tarea puede proporcionar un estímulo para las economías del Euro similar a lo que el cumplimiento de los objetivos de Maastricht supuso a finales de la década de los noventa. Aunque el coste social y electoral a corto plazo puede ser significativo, los países con más desequilibrios no deberían oponerse a estas propuestas sino en todo caso negociar que vengan acompañadas de un amplio plan de reestructuración de infraestructuras físicas y tecnológicas de ámbito y financiación europeo que potencie la convergencia y acelere la creación de empleo.