Estos días en los que se acerca el momento decisivo del Brexit (o al menos uno de los varios que seguramente vendrán) están apareciendo una gran cantidad de artículos sobre lo que puede suceder en los próximos meses y otros cuantos sobre las causas del monumental lio en el que se han metido los británicos. Entre ellos me ha llamado la atención uno de Thiemo Fetzer, que analiza el efecto de las políticas de austeridad implementadas por el gobierno de David Cameron sobre el apoyo al UKIP. En las zonas más expuestas a los recortes en gasto social los ciudadanos volcaron su voto a este partido, cuya presión fue decisiva para que se convocara el referéndum de permanencia en la UE y para que su resultado fuera el que tristemente terminó siendo.
Estos días también se está celebrando en el Tribunal Supremo el juicio a los líderes del procés. Como no es difícil establecer ciertos paralelismos entre los dos fenómenos, el Brexit y el auge del independentismo catalán, no he podido resistirme a realizar un ejercicio similar y explorar si la consolidación fiscal que se produjo en Cataluña entre 2010 y 2014 pudo haber contribuido a que casi el 50% de la población llegara a demandar la independencia de España. Hago aquí dos incisos. Primero, que, siguiendo la útil distinción que Luigi Guiso y sus coautores utilizan para el caso del populismo (que, matizo, solo comparte con el procés aspectos superficiales), voy a emplear la distinción entre la demanda y la oferta de secesión. La demanda provendría de los ciudadanos que piden una ruptura con el estado para mejorar su situación, mientras que la oferta provendría de los políticos dispuestos a implementarla. El segundo inciso es que en este articulo solo voy a concéntrame en la demanda. Dejo el lado de la oferta para otra ocasión porque su descripción es más compleja y seguramente más polémica.
Dos hipótesis se han venido planteando estos últimos años para explicar la demanda de independencia en Cataluña. La primera es la que la atribuye a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010, que dejó sin efecto una buena parte de su articulado cuatro años después de que el texto fuera aprobado por el Parlament y por los catalanes en referéndum (y no sin recibir un buen “cepillado” antes de pasar por las Cortes españolas). Bajo esta hipótesis, la masiva manifestación en Barcelona tras la sentencia fue el “momento cero” del auge del independentismo catalán, el resultado de una demanda insatisfecha de lo que Pierre Bourdieu llamaba “capital simbólico”: la estima, prestigio y reconocimiento del que dispone una comunidad o un individuo (un concepto, por cierto, que los economistas haríamos bien en investigar).
La otra hipótesis, manejada por Andrew Dowling entre otros, es que la demanda de independencia procede de unas clases medias que se sintieron amenazadas por la incertidumbre económica y la reducción del estado del bienestar que trajo la crisis de 2008. No debemos olvidar que Cataluña era en 2010 la comunidad autónoma más endeudada, solo superada por Castilla La Mancha. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Artur Mas introdujo unos fuertes recortes en el gasto social. Los 2.450 euros que los catalanes recibían en media en educación, sanidad y servicios sociales allá por 2010 pasaron a ser 2.080 en 2014, una reducción del 15%. Sabemos también, gracias a este artículo de Maia Guell, Sevi Rodriguez Mora y Chris Telmer, que la movilidad intergeneracional en Cataluña era muy baja en los primeros 2000; que el precio de la vivienda aumentó un 190% en Barcelona entre 1996 and 2007; y que los salarios reales se estancaron o contrajeron para los tres primeros cuartiles de la distribución a partir de 2009. Este “ocaso de la clase media,” como lo han llamado algunos, produjo en estas capas de la población un descontento que se canalizó a través de la identidad y de una demanda de soberanía. Como muestra este artículo de Kiko Llaneras, existe un vector no lineal de renta en el apoyo a la independencia, que alcanza el máximo su niveles medios o medio altos de ingresos.
Para explorar esta segunda hipótesis (que no excluye a la primera), analizo los factores que determinan la demanda de independencia expresada a nivel municipal a través del “proceso participativo” del 9N de 2014. Hay que recordar, porque el tiempo ha pasado muy rápido, que en aquella consulta se propuso una doble pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?”. Cuento como demanda de independencia el porcentaje de Sí-Sí sobre el censo total ya que la consulta apeló casi exclusivamente a los ciudadanos que estaban a favor de la secesión (el Sí-No recibió el 10,07% y el No el 4,45%).
Como variable explicativa utilizo datos de la Generalitat para calcular la variación en puntos porcentuales entre 2010 y 2014 de la proporción del presupuesto municipal dedicada a sanidad, educación y servicios sociales. El siguiente gráfico nos muestra que una reducción en el gasto social está asociada con un mayor porcentaje de Sí-Sí en la consulta del 9N.
A continuación, estimo una serie de regresiones para controlar por otros factores que podrían ser importantes. Además, como medidas alternativas del efecto la contracción económica utilizo la variación en el PIB per cápita municipal y en la tasa de paro entre esas dos fechas. Esta ultima la incluyo porque, como nos explicaron en una entrada en este mismo blog, Xavier Cuadras Morató y Toni Rodón analizaron el impacto de la tasa de variación del desempleo entre 2006 y 2015 sobre el aumento en el apoyo a la independencia de los municipios, aunque sin obtener ningún resultado significativo. En las estimaciones que a continuación les muestro sigo una especificación parecida a la suya (empleo controles similares), pero estudio la demanda de independencia expresada de forma directa (en su artículo, Xavier y Toni tienen que construir su medida de incremento de esa demanda de forma indirecta). Además, pondero por la población del municipio porque no parece apropiado dar el mismo peso a los 83 habitantes de Sobremunt que al más de millón y medio de Barcelona. Eso implica que mis resultados reflejan si la contracción de gasto tuvo un efecto sobre la demanda de independencia de los catalanes, no de los municipios. Los resultados de este sencillo ejercicio se recogen en la siguiente tabla.
Las estimaciones reflejan una asociación pequeña pero significativa de los recortes en el gasto social sobre el voto a favor de la independencia en el 9N: una caída de una desviación típica en la variable produce un aumento de medio punto porcentual en la proporción de Si-Si sobre el censo (0.05 de su desviación típica). El efecto del PIB per cápita va en la misma dirección (una caída se asocia a más apoyo a la independencia), aunque el efecto no es significativo, quizá por la reducción en observaciones. Es interesante ver que el aumento en el desempleo no aparece significativo, en línea con los resultados de Cuadras Morató y Rodón.
Aunque muy lejos de ser conclusiva, la evidencia ofrecida aquí sugiere que la demanda de soberanía por parte de la población tiene una base económica. La austeridad presupuestaria y las consolidaciones fiscales tienen unos efectos que van más allá de sus costes en el corto plazo en términos de empleo y output. También generan protestas, descontento y desafección entre las capas de la población que se sienten vulnerables y en declive como resultado. Su insatisfacción crea una demanda de cambio político que a menudo recibe la atención de unas élites que se proponen satisfacerla para perseguir sus propios intereses.