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Situación Fiscal pre-COVID: ¿Qué ha pasado?

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), Carmen Marín (@camrglez), Manuel Díaz y Juan Rubio-Ramírez

reloj tiempoEste post es el primero de una serie en la que pretendemos analizar cuáles pueden ser las consecuencias para las finanzas públicas españolas de las crisis del COVI-19. Pero antes de meternos a pormenorizar los costes de la cuarentena en las cuentas públicas y sus posibles consecuencias futuras, queremos presentar una foto de cómo las finanzas de las AAPP se encontraban a finales de febrero del 2020. Para ello el primer post es sobre la evolución del déficit estructural (donde el componente cíclico ha sido eliminado) desde 2007 hasta 2019.

Como hemos explicado muchas veces en este blog, doce años más tarde de la crisis de 2008, España aún no ha resuelto su crisis fiscal. Como podemos ver en la Figura 1 donde se representan los ingresos y los gastos sobre PIB.

Figura 1. Ingresos y Gastos sobre PIB: 2008-2019

Una forma más sofisticada de analizar la consolidación fiscal es hacerlo atendiendo al saldo estructural y saldo estructural primario entre 2007 y 2019. El saldo estructural se obtiene como la diferencia entre el saldo presupuestario observado y el saldo cíclico, donde este último, se calcula con la metodología de la Comisión Europea (CE), que consiste básicamente en la aplicación de una semi-elasticidad estimada por la CE al output gap [1]. Esta semi-elasticidad se actualiza cada 6 años y para el caso de España es un 0,60 ( (para mas detalles técnicos ver Mourre, Poissonnier y Lausegger (2019)). Para calcular el saldo estructural primario tenemos que descontar la carga de intereses. Este indicador es el que debería utilizarse para valorar la gestión presupuestaria de un gobierno, ya que se considera que éste es el que se encuentra bajo su control. Queremos destacar también que solo hemos descontado en esta serie las ayudas al sector financiero como medidas one-off, luego quizá una definición más ajustada sería usar saldo ajustado al ciclo.

La Figura 2 muestra cómo las Administraciones Públicas entraron en la crisis financiera del año 2008 con una situación fiscal envidiable. En 2007 el saldo estructural primario tenía un superávit del +1,7% (y el estructural incluyendo la carga de intereses también se encontraba en superávit con un +0,1%). Pero las cuentas se deterioraron muy rápidamente y no se observa ninguna mejoría en ambos saldos hasta las medidas de consolidación fiscal del año 2010. Hay que recordar que muchas (aunque no todas) de estas medidas fueron impulsadas desde Bruselas y Fráncfort ante la necesidad de que el ECB comprase deuda española para reducir la presión sobre el spread de nuestra deuda.

Figura 2. Saldo Estructural y Saldo Estructural Primario: 2007-2019

Ambos saldos alcanzaron su nivel más positivo en 2014 con un superávit del +2,1% en el saldo primario y un déficit del -1,3% en el saldo estructural (no podemos olvidar que en 2014 la deuda sobre PIB era del 100,7% del PIB, y el servicio de la deuda pesaba mucho alcanzando el 3,4% del PIB). Después de 2014, la consolidación fiscal, analizando los saldos estructurales, irresponsablemente se dio la vuelta por la introducción de determinadas medidas permanentes  como las bajadas de impuestos, los aumentos de salario de los empleados públicos, la subida de pensiones con el IPC, entre otras. Esto significa, que toda la reducción del déficit observada desde el año 2014, siendo escasa, ha sido gracias al ciclo. No vamos a entrar en la conveniencia o no de bajar impuestos o de subir el gasto, pero para mantener la disciplina fiscal, las bajadas de impuestos deben ir acompañadas de reducción de gasto y las subidas de gasto deben ir acompañadas en subidas de ingresos.

Para que entendamos la importancia de mantener superávits estructurales, y a modo de ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Si España hubiera mantenido el saldo estructural primario del año 2014 hasta ahora, y bajo la hipótesis de que el crecimiento del PIB hubiera sido el mismo, el nivel de Deuda Pública sobre PIB que tendríamos en 2019 hubiera sido del 82,4% del PIB en lugar del 95,5% del PIB (ver figura 3). Es decir, simplemente habiendo sido capaces de mantener el saldo estructural primario del año 2014 hasta ahora (bajo la hipótesis de que el crecimiento del PIB hubiera sido el mismo), tendríamos casi 13 puntos de PIB menos de Deuda Pública que nos hubiera permitido tener un mejor margen fiscal para afrontar esta pandemia.

Figura 3. Evolución Deuda Publica: Real vs Estimada asumiendo que se hubiera mantenido el déficit estructural primario de 2014 (con el mismo crecimiento del PIB)

La conclusión después de ver la figura 2 es irrefutable. Los diversos gobiernos españoles desde 2007 no se han tomado en serio el tema del déficit (excepto en momentos de presión desde las instituciones europeas). Ninguno ha querido resolver nuestra crisis fiscal.

En definitiva, nos estamos enfrentando a la pandemia ocasionada por la COVID-19 con un nivel de Deuda Pública similar al valor del PIB, y sin haber resuelto nuestra crisis fiscal iniciada en 2008. Por mucho que los partidos políticos se empeñen en presentarse a las elecciones prometiendo bajadas de impuestos o nuevos programas del Estado del Bienestar solo hay dos vías para resolver la crisis fiscal: o aumentar la recaudación o desmantelar programas del Estado del Bienestar.

Además, este cúmulo de decisiones poco responsables para con el déficit y la deuda nos han hecho enfrentarnos a este confinamiento y sus consecuencias sobre la economía y las finanzas públicas en una situación muy precaria.

En el próximo post, analizaremos qué ha pasado entre enero y febrero de 2020 para tener una imagen clara de la situación antes del confinamiento y así poder analizar con más precisión las consecuencias que este confinamiento necesario para evitar el colapso del sistema sanitario está teniendo sobre nuestras finanzas públicas.


[1] El output gap es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB observado, donde el PIB potencial se define como el nivel de PIB máximo que un país puede alcanzar con el trabajo, capital y tecnología existentes, sin provocar presiones inflacionistas.