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Ley 37/2010: Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales

El pasado martes 16 de noviembre de 2010 salió publicada en el BOE la ley 37/2010 por la que se crea la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. Como dice su preámbulo, “La creación de dicha Oficina obedece a la necesidad de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos, instrumento inspirado en los principios de independencia, objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores.

La ley es un listado de buenas intenciones. Se crea una oficina/organismo que no depende directamente de gobierno y que tiene como objetivo/función informar a la sociedad/Cámaras sobre temas de índole presupuestario. Todo parece un paso en la dirección correcta. Aún más con lo que está pasando estos días con la deuda soberana española.

En su artículo cuarto la ley especifica que “El Gobierno remitirá a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, para el cumplimiento de sus funciones, información periódica, de acuerdo con las siguientes condiciones:

 

 

 

 

Que el gobierno ofrezca esta información, de forma periódica, a un organismo independiente para que este la evalúe y la haga pública no me parece una mala idea.

Donde esta el truco? El truco es que esta información es ya pública. Si vamos a esta página del ministerio de economía y hacienda vemos que tenemos las estadísticas de ejecución del presupuesto con frecuencia mensual aquí (ya son públicos los datos hasta octubre y antes de fin de año tendremos las de noviembre ), las estadísticas de inversiones con frecuencia semestral aquí e informes de todo tipo sobre la liquidación provisional del presupuesto del Estado y sus organismos.

Así, el Gobierno hizo lo hace últimamente. Bajo un bonito envoltorio nos ha regalado algo que no nos sirve para nada pero que, sobre el papel, es una respuesta a las demandas de muchos organismos internacionales que pedían la creación de un consejo de política fiscal, o semejante, que evaluase, de forma independiente, las actuaciones del gobierno en política fiscal. A partir de este momento, cada vez que alguien (ya sea desde Bruselas, D.C. o cualquier otro sitio) le pida al gobierno de España la creación de un organismo independiente que evalué las políticas fiscales del gobierno este podrá hacer frente a tales demandas argumentando que este ya existe, cuando en realidad el recientemente creado organismo no aportará información nueva ni, parece, tendrá poder de ningún tipo de poder para evaluar ni criticar las decisiones del gobierno en temas fiscales.

O es que me estoy perdiendo algo? Que bien podría ser el caso.