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El futuro

El miércoles hicimos la presentación oficial del blog en FEDEA. Creo que la cosa fue bastante bien y tuve tiempo de charlar con viejos y nuevos amigos. Uno de ellos, más listo que yo, se había leído mis posts sobre política fiscal en detalle. Me decía que los posts no estaban mal, lo que fue un desahogo, pero que se concentraban en demasía en los déficits coyunturales y menos en los estructurales, cuando él creía que debía ser al contrario.

Me decía, sabiamente, que en el fondo es normal que las administraciones públicas tengan un déficit del 10 % este año y puede que el siguiente. España ha sufrido la mayor recesión de su historia moderna y solo la activación de los estabilizadores automáticos representan un aumento del déficit de entre 3 y 4 % del PIB. La caída recaudatoria asociada con la bajada del PIB y los cheques que Zapatero se ha dedicado a firmar estos dos últimos años representan otros 4 u 5 puntos sobre el PIB. Casi todas estas cosas se pueden justificar. La recesión ha sido profunda y mundial y no hay mucho que nuestro gobierno pueda, o hubiera podido, hacer sobre el tema. Es verdad que se puede, fácilmente ahora, criticar la firma de esos cheques sin fondo que el gobierno utilizó para ganar las elecciones del 2008 (como seguramente hubiera hecho cualquier otro gobierno con semejante superávit a la vista de unas elecciones generales), pero esos cheques siempre se pueden dejar de firmar (como parece que va a ser el caso) casi de un día para otro con lo que el problema tan grave no es.

El problema realmente importante es otro y doble. Por un lado, como ya comenté en el primero de mis posts sobre política fiscal, España tiene un déficit estructural bastante importante. Creciendo a más del 4 % anual justo antes de la crisis solo éramos capaces de general superávits muy reducidos. Por otro, nuestro futuro es aún más negro. Como comenté en último de mis posts, el FMI esta muy preocupado por la situación de la restricción intertemporal del gobierno, ha contabilizado el valor presente de los compromisos de pago futuros adquiridos por el gobierno (léase pensiones principalmente) si la legislación no se cambia. Mientras que la deuda (contabilizada de la forma tradicional) puede fácilmente llegar a niveles de entre el 70 y el 80 % del PIB al final de la legislatura, es el valor presente de los compromisos de pagos futuros lo que realmente dan miedo: en pocos años llegaremos a cotas del 400 % del PIB.

Con todo esto, mi querido amigo recomienda que no subamos impuestos ahora. Que los dejemos como están. ¿Por qué? Tenemos dudas sobre el signo y la dimensión del multiplicador, pero es difícil rechazar la hipótesis nula de que es positivo. Bajo esta hipótesis es de locos subir impuestos ahora porque corremos el riesgo de crear una recaída de la actividad económica (lo que en los U.S. se conoce como una “doble dip recession”). Lo que tenemos que hacer es, aprovechando que la situación parece haber concienciado a la gente de la calle sobre la preocupante situación de las cuentas públicas, empezar a plantar el camino para solucionar los problemas a medio plazo (léase por un lado remodelar las pensiones para reducir los compromisos de pago futuros y por el otro subir el IVA cuando la situación sea algo más solida y poner algo de racionalidad en la dimensión de las administraciones públicas para reducir el déficit estructural). Así, enterremos de una vez el pacto de Toledo (básicamente un acuerdo para no hablar del tema de las pensiones con la esperanza de que se solucione solo) y hablemos del problema y de cómo solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona? La verdad es que no soy un experto, pero todo lo que leo parece indicar que retrasar la edad de jubilación (y puede que congelar las pensiones máximas) es la única solución viable.

Pero a todo esto, yo sumaria un problema más. La financiación de las comunidades autónomas. Desde hace unos años la financiación autonómica se ha convertido en un arma política y un problema sin resolver. Nos guste o no, hay algunas comunidades que viven por encima de su capacidad y otras que lo pagan. La corresponsabilidad fiscal no existe y, por tanto, la política de “café para todos” se ha convertido en un placer para los líderes políticos de aquellas comunidades que quieren pero no puede pagar competencias y un dolor de cabeza para el estado. No tiene sentido, como decía otro de mis colegas ayer, que La Rioja, por poner un ejemplo, con 320.000 habitantes tenga el mismo nivel de competencias que Madrid. Y nos es que los riojanos tengan menos derechos que los madrileños, ni mucho menos, el problema es que los Riojanos no pueden pagar el coste fijo asociado a manejar alguna de estas competencias lo que crea dos problemas. Primero, aumentamos de forma irracional el número de funcionarios y, segundo, para pagar esos sueldos –entre otras cosas– tenemos que crear un sistema de transferencias entre comunidades tan complicado como confuso que no satisface a nadie y aumenta la necesidad de recursos del conjunto de administraciones.

Los datos son claros, solo uno de cada doce ocupados es funcionario Catalunya mientras que en Extremadura son uno de cada cuatro. Y no es que los extremeños sean más ineficientes, es que los catalanes son 7 veces más y, por eso, necesitan menos recursos para financiar sus competencias. Además, el “café para todos” significa que aquellas comunidades que, de forma justificada o no, se sientan diferentes siempre pidan más financiación o competencias una vez el resto se les ha equiparado. Con lo que la historia es un cuento sin fin. Así que, parafraseando a mi amigo de nuevo, olvidemos del déficit del 2010 y preocupémonos del 2020. La pregunta es ¿Da la democracia los incentivos correctos para que los gobiernos puedan hacer eso?