Déficit público julio 2019

De Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez

En este post analizaremos cómo han evolucionado las cuentas públicas con los datos de julio recién publicados por la IGAE. Como ya habíamos, expuesto en un post anterior, España ha cerrado 2018 con un déficit del 2,5% (es decir, por debajo del 3%) y ya no está bajo la supervisión de la UE bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo.

En el cuadro siguiente se presenta la situación del déficit del agregado de Administración Central, Seguridad Social y de Comunidades Autónomas. Las Corporaciones Locales quedan fuera de este análisis al presentar datos trimestrales y normalmente ser cumplidoras con creces de su objetivo de déficit fijado en el 0%. En referencia al resto de niveles de la administración, la Administración Central es el único que presenta un menor déficit con respecto al año anterior (1,3% julio 2019 frente a 1,6% julio 2018). Las Comunidades Autónomas por su lado, han empeorado su déficit en 2 décimas (0,2% en julio 2019 frente a 0% en julio 2018) y la Seguridad Social aumenta su déficit hasta el 0,5% en julio 2019 (0,3% en julio 2018).

Por nivel de administración, detrás de la mejora de déficit de la Administración Central se encuentra un aumento de la recaudación a través de impuestos, principalmente debido al incremento del IRPF en un 11,1% y la prórroga de las entregas a cuenta del sistema de financiación de las CC.AA., que supone un menor déficit en la Administración Central y un mayor déficit para las CC.AA. Sin embargo, hay que comentar que el gasto computable a efectos del cálculo de la regla del gasto a finales de julio ha crecido en un 6,3% con respecto a 2018 estando el límite fijado en 2,7% para 2019. Esto es debido, principalmente, al aumento de la remuneración de asalariados (por el incremento retributivo acordado con los funcionarios que fue del 2,25% hasta junio 2019 y del 2,5% a partir de esa fecha), de los consumos intermedios y de las prestaciones sociales.

El peor déficit observado en las CC.AA. se explica conjuntamente por la congelación de los recursos recibidos del sistema de financiación debido a la prórroga de los Presupuestos del Estado y un aumento de los gastos. Según la IGAE, todas las comunidades excepto Andalucía, Baleares y La Rioja han aumentado su gasto computable a efectos de la regla del gasto por encima del umbral establecido en el 2,7%. Es destacable el aumento de la remuneración asalariados (por las mejoras retributivas de los funcionarios) de los consumos intermedios y del gasto social (por el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, conciertos educativos y el aumento del gasto farmacéutico).

Respecto a la Seguridad Social, hay que destacar un considerable aumento de las Cotizaciones Sociales debido al aumento en un 2,8% del número de afiliados con respecto al año anterior y a las diversas medidas aprobadas en el RDL 28/2018, entre las que se incluyen la elevación de las bases de cotización del régimen general aplicadas desde inicios de año. Este aumento de los ingresos de la Seguridad Social ha sido compensado con creces por el aumento de las pensiones debido a su revalorización en 2019 (en un 3% las pensiones mínimas y en un 1,6% el resto de pensiones) y a la diferencia entre el importe medio de las pensiones nuevas y las que causan baja.

En el siguiente gráfico se muestra cuál sería el déficit “sintético” por nivel de administración, si todas las administraciones se comportan en lo que queda de año como el año anterior. El gobierno ha previsto en el Programa de Estabilidad (2019-2022) un déficit del 2% para el año 2019. El objetivo de déficit inicialmente acordado y que sigue vigente es el 1,3%, como el gobierno ha intentado relajar este objetivo sin éxito, utilizaremos las cifras de déficit comprometidas en el Programa de Estabilidad para valorar el cumplimiento de déficit. Como resultado, el cierre para 2019 se sitúa en -3,1% PIB, casi dos puntos por encima del objetivo de déficit aprobado en las cortes (-1,3% PIB) e, incluso, un punto por encima del objetivo publicado en el Programa de Estabilidad Presupuestaria (2019-2022).

Por nivel de administración, la Administración Central presenta un déficit “sintético” del -1% PIB, el cual se encuentra medio punto de PIB por encima al objetivo de déficit comprometido en el Programa de Estabilidad del 0,5%. La Seguridad Social presenta un déficit “sintético” del -1,6% PIB casi medio punto de PIB por encima del déficit presentado en el Programa de Estabilidad. Las CC.AA. tienen un déficit “sintético” del -0,5% PIB, que es dos décimas superiores al objetivo de -0,3% PIB.

Hay 3 comentarios
  • Juan, le agradeceré su opinión sobre estos tres puntos:

    1 - Suponiendo la expectativa de una tasa de interés muy cercana por ambos lados a cero en los próximos X (>10) años, qué estrategia usted recomendaría para la gestión de la deuda pública?

    2 - Suponiendo que el sistema impositivo español se ha pasado del máximo de Laffer (algo probable), qué propondría para volver a ese máximo?

    3 - Suponiendo que el gasto público total incluye un alto componente redistributivo regresivo (digamos mayor a 10%, algo muy probable), qué propondría para reducir fuerte ese componente?

  • Como nos plantea preguntas muy variadas, hemos decidido realizar una respuesta consensuada entre los dos autores:.

    1. Ante unas expectativas de bajos tipos de interés, lo más recomendable sería alargar la madurez de la deuda. Aunque no olvidemos, que debemos cumplir nuestro compromiso con la Unión Europea de reducir el nivel de deuda.

    2. Con la última reforma del IRPF de 2015-2016 se redujeron los tipos marginales para los contribuyentes de mayor renta (ahora mismo el máximo marginal oscila entre los 43.5% de Madrid y el 48% de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, La Rioja y C.Valeciana). No sé si estamos por encima de la curva de Laffer o no pero el problema es que los tipos medios son muy bajos debido a los elevados beneficios fiscales.. Según el trabajo de López-Laborda J, Marín C y Onrubia J (2017) con la supresión de los beneficios fiscales en el IRPF aumentaría la recaudación en 24,500 millones (http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-13.pdf).

    3. El gasto público es el principal instrumento redistributivo del gobierno (muy progresivo), la partida más importante es la protección social (mayormente pensiones). También destaca el gasto sanitario y de educación que promueven la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos independientemente de la renta. No sé a qué se refiere con el componente regresivo del 10%. Nuestra postura sobre el gasto público sería mantener las coberturas públicas y reducir las ineficificiencias que haya en los servicios.

    • Carmen y Juan, gracias por las respuestas.

      Respecto al componente "redistributivo regresivo" del gasto total me refiero a las rentas efectivas obtenidas por los buscadores de rentas (en el sentido de rent-seeking; tuve la suerte de estudiar con Anne Krueger en Minnesota cuando desarrolló su aporte y más tarde de compartir largo tiempo con Gordon Tullock). Esas rentas incluyen sobreprecios pagados por gobiernos (a todo nivel) a los proveedores de bienes y servicios; provisiones de algunos bienes y servicios por el gobierno a personas de ingresos altos; algunas subvenciones y subsidios que benefician directamente a personas de ingresos altos; y beneficios "extraordinarios" a funcionarios públicos de ingresos altos. Ese componente se sobrepone solo parcialmente con la corrupción.

      No conozco mediciones, pero mi larga experiencia en varios países me indica que como mínimo ese componente es 10% del gasto total de cualquier gobierno. Siempre he lamentado el poco o nulo interés de los economistas académicos por medir correctamente el gasto público (ya en 1962 lamentaba esta situación a propósito de la crisis fiscal de Argentina). Y por supuesto el hecho de que el gasto total muchas veces termine siendo progresivo no implica que no hubiera podido ser mucho más progresivo.

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