Una visión alternativa de las conclusiones sanitarias de la Comisión de Reconstrucción

De Javier Rey y Pedro Rey Biel (@pedroreybiel)

Las interesantes reflexiones de Beatriz González en este post de la semana pasada sobre los trabajos de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, y más en concreto la de los del Grupo de Trabajo sobre Sanidad y Salud Pública, no incluyen dos aspectos que consideramos importantes. En primer lugar, elude que las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis sanitaria no consistieron sólo en la creación de la Comisión citada, sino también en la dotación de un fondo extraordinario no reembolsable, cuya creación se convalidó por el Pleno del Congreso, para cubrir los incrementos del gasto sanitario generados por la pandemia. Y, en segundo lugar, no pone en relación una y otra medida, lo que puede condicionar las conclusiones expuestas.

El resultado de ese olvido es también doble. De una parte, a la vez que se efectuaba en el Pleno del Congreso la votación de las conclusiones y propuestas de la Comisión, se hacía efectivo el reparto a las CCAA del fondo sanitario extraordinario , por un valor nada despreciable de 9.000 millones de euros. Un reparto hecho con criterios discutidos, pero en todo caso, no sometido a ninguna clase de control ni información de su uso por aquéllas. Un control que, a juzgar por los propósitos enunciados por algunas CCAA sería no sólo conveniente, sino obligado. Entre estos propósitos se encuentran la oferta de gratificaciones puntuales o incrementos salariales distintos al personal sanitario, sin ninguna homogeneidad entre comunidades; el pago a las entidades privadas que han contribuido con sus medios a la atención durante la epidemia con el mismo grado de heterogeneidad entre distintas CCAA en las demandas y el cálculo en las compensaciones; o incluso la construcción acelerada de nuevos centros, como la de un hospital “para pandemias” previsto en la Comunidad de Madrid. Ese control sería aún más necesario cuando están quedando en evidencia necesidades más perentorias para afrontar la pandemia y evitar los rebrotes que no se están atendiendo, como la dotación de un número mucho más amplio de rastreadores que los que están siendo contratados por las mismas administraciones autonómicas, o el refuerzo de la atención primaria, que no se ha producido al nivel preciso.

De otra parte, desprovista de cualquier responsabilidad inmediata frente a la epidemia, la Comisión parlamentaria se vio impelida a orientar sus análisis a un estudio general de los problemas del sistema sanitario que era incompatible con el poco tiempo, apenas dos meses, asignado para llevar a cabo su labor. Igualmente, se rehuía entrar en problemas estructurales del propio sistema puestos de manifiesto de manera específica durante el desarrollo de la crisis.

Entre éstos, los hay de carácter organizativo, en el campo de la Salud Pública, los sistemas de información o los sistemas de compra, a los que se ha hecho referencia en otros artículos. La epidemia ha dado, sin embargo, también lugar a que se pusieran de manifiesto problemas específicos durante ella:

-La ausencia de tratamiento y vacuna contra el virus que la produce ha desencadenado movimientos peculiares para el desarrollo de una y otra, con influencia directa sobre los precios que pretenden cobrar por ellos los laboratorios que sean capaces de desarrollarlos.

De entre los primeros, tan solo el remdesivir ha recibido un reconocimiento apresurado y parcial de su efectividad . Esto no ha sido obstáculo para que el laboratorio propietario de la patente haya adelantado su intención de someter su distribución a un precio cifrado en alrededor de 2.000 euros por tratamiento, muy alejado del coste real de su producción y de su precio anterior, que se había autorizado ya hace años para el tratamiento del ébola.

Por su parte, distintos laboratorios que están compitiendo por el desarrollo de una vacuna eficaz tienen posiciones distintas en cuanto a la rentabilidad que pretenden obtener de su producción, a la vez que están determinando respuestas distintas por diferentes gobiernos para asegurar su abastecimiento en caso de que logren demostrar el éxito preventivo que persiguen, sin respeto por ninguna clase de consideraciones éticas o de equidad para asegurar que su distribución sea la más adecuada para afrontar de manera global la pandemia.

-El desarrollo de la epidemia en España ha puesto una vez más de manifiesto las dificultades para la movilidad de pacientes entre CCAA. Se echa en falta un mecanismo de solución de las dificultades que han atravesado algunas CCAA al que, a diferencia de las ayudas ocasionales entre algunas de ellas para dotar a las más afectadas de material de protección o respiradores, no se ha recurrido ni en los momentos más agudos de la crisis.

Frente a esos problemas concretos , los trabajos de la Comisión han eludido dar una respuesta a los mismos que permitiera abordar en mejores condiciones los rebrotes o nuevas oleadas de la pandemia, que se están produciendo de hecho a la vez que se han votado las conclusiones de la Comisión, entre cuyas recomendaciones se observan ausencias flagrantes:

– La ausencia de referencia alguna a las posibilidades de recurrir a mecanismos como la licencia obligatoria o la renuncia a los derechos de monopolio de las patentes de medicamentos y vacunas, denunciada por la Plataforma No es Sano, que están legalmente abiertos a nivel internacional, y a los que España debería recurrir para evitar la importante repercusión económica sobre el sistema sanitario de los precios que se pretenden imponer.

– En otro ámbito, el acuerdo alcanzado en el Pleno del Congreso de crear una Agencia de Salud Pública y Calidad para resolver supuestamente los problemas evidenciados en el ámbito de la Salud Pública, cuya actividad deberá desarrollarse en el marco del respeto de las competencias de las CCAA, expresión a la que se refiere reiteradamente el informe aprobado, supone evitar referirse a que es precisamente la forma en la que se ha producido el reparto y el desarrollo competencial en esa área el que ha determinado los problemas señalados. Y a que, sin cambiar esa situación, es inútil la creación de un nuevo órgano que se venga a sumar a los que ya existen, incluido un Centro Nacional de Epidemiología y otro de Microbiología, que, sin embargo, por estar incluidos en el Instituto Carlos III, no dependen siquiera del Ministerio de Sanidad.

Por contra, el informe de la Comisión de Seguimiento abunda en las materias sanitarias en lo que el propio post de Beatriz califica de “meras declaraciones de principios o de intenciones, sin trascendencia práctica inmediata”. Una calificación que abarca, a nuestro juicio, a la totalidad del documento, incluidas aquellas cuestiones, como las referidas al personal sanitario (su régimen estatutario; su formación), o los mecanismos de gestión de los centros sanitarios, en los que el artículo citado encuentra las aportaciones más valorables del informe aprobado.

Los escasos debates habidos en el seno de la propia Comisión, cuyos análisis y conclusiones están ampliamente basadas en un documento propuesto por el Gobierno, escasamente modificado por un número limitado de enmiendas aceptadas formuladas por otros partidos en un plazo tan limitado como el que ha dispuesto la Comisión, no constituyen ninguna base sólida para la transformación en profundidad que el sistema sanitario necesita. Por otra parte, a la vista de la experiencia de los años transcurridos desde que se completó el proceso de descentralización sanitaria a las CCAA, en enero de 2002, ninguno de los problemas analizados en el dictamen aprobado, por importantes que sean, tienen capacidad suficiente para convertir su debate en centro del interés político ni de la Administración General del Estado ni de ninguna de las administraciones autonómicas .

Los problemas del sistema sanitario en distintos ámbitos tienen una raíz común , que algunos creemos, y así lo expresamos ante la propia Comisión, que tiene relación con el intento fallido de combinar la universalización del derecho a la protección sanitaria que la Constitución y la Ley General de Sanidad establecieron, con la forma en que se ha desarrollado un proceso de descentralización completa de la gestión de los servicios sanitarios sin instrumentos ni mecanismos de coordinación y cohesión adecuados.

Un desarrollo que ha convertido a las CCAA en gestores únicos de la atención sanitaria y que, en la práctica, ha roto el sistema sanitario universal en 18 sistemas sanitarios diferentes (los 17 autonómicos más el sistema mutual de los funcionarios). Un desarrollo equívoco que sólo puede corregirse mediante una nueva Ley de Sanidad de orientación federal, que recupere el papel de un Ministerio de Sanidad hoy inoperante, estructuralmente roto, e impotente para liderar cualquier proceso transformador. Una nueva Ley que debe incluir como condición necesaria un nuevo modelo de financiación para la organización de la protección sanitaria universal, que permita superar el interés de carácter exclusivamente económico que genera el ejercicio de las responsabilidades sanitarias por las CCAA, de cuyo presupuesto y gasto suponen un promedio superior al 35% del total de cada una, sin ningún control.

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