De Pedro Rey Biel y Javier Rey del Castillo
Como continuación a nuestra entrada anterior, en las que discutíamos las características particulares de la “crisis” provocada por la introducción de un nuevo y caro medicamento para la hepatitis C, analizamos ahora la adecuación de las propuestas de solución y planteamos propuestas alternativas.
Entre las propuestas más populares se encuentra la aplicación de excepciones previstas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Doha para, en casos de “emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia”, saltarse la patente y fabricar el producto por laboratorios de genéricos (¿españoles?) habilitados al efecto. Esto ya lo hicieron India y Brasil a principios de los años 90 para fabricar antirretrovirales (no susceptibles de suministrarse a países desarrollados) para el tratamiento del SIDA. Pero también Estados Unidos en 2001 con la producción de Ciprofloxacino cuando se extendió allí el temor a un ataque terrorista masivo con el bacilo del ántrax por vía postal. India acaba de rechazar ahora la concesión a Gilead de licencias condicionadas a laboratorios de ese país para fabricar el Sovaldi y venderlo a bajo precio, como mecanismo para volver a aplicar la excepción citada.
La inconveniencia principal de difundir este tipo de propuestas para España es que las expectativas que pueden generar para una solución inmediata del problema no se pueden cumplir: la aplicación de la excepción citada por un solo país miembro de la Unión Europea es inviable, pues el cumplimiento de los derechos de patente forma parte esencial de las condiciones de adhesión a la Unión, y la declaración unilateral de esa excepción constituiría una infracción importante de esas condiciones, que sería sin duda demandada por la Unión o alguno de sus países miembros, en especial por aquéllos que disponen de una industria farmacéutica propia desarrollada, lo que no es el caso de España . Por otra parte, el apelar a razones de excepción, que son más económicas que realmente sanitarias, se ve además dificultado por la carencia de una industria farmacéutica propia, que pudiera afrontar la fabricación del medicamento con las suficientes garantías.
Esto no quiere decir que no exista necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre los países de la Unión para afrontar el coste de los nuevos medicamentos biotecnológicos. Esto ya fue planteado por Francia y aceptado por otros 14 países miembros, entre los que no se encontraba España, en Julio de 2014. Pero el logro de avances en esta materia, que deberíamos reimpulsar, tiene dificultades manifiestas, que no permiten pensar que se pueda contar con ellas como una solución inmediata al problema antes de un medio plazo, si no más largo.
La segunda propuesta que se ha discutido es crear un fondo especial que financie de manera específica el tratamiento de esta enfermedad. Dicha medida, que no sólo no reduciría los precios, sino que obviamente no sería neutral desde el punto de vista presupuestario, supondría en la actual situación de reducción del presupuesto público, la reducción de otras partidas generales en beneficio de los pacientes de esta enfermedad. Crea además el problema adicional de credibilidad derivado de que su aprobación no garantizaría, sino al revés, que no se debieran crear fondos semejantes en el futuro para cubrir el uso de nuevos medicamentos biotecnológicos con precios similares , o incluso más elevados , muchos de ellos ya autorizados en nuestro país para el tratamiento de otras enfermedades incluso más graves y de evolución más rápida que la hepatitis, y cuya diferencia principal con ésta es el número de pacientes afectados.
La indefinición de la cuantía de ese fondo, derivada de que no se han especificado las indicaciones prioritarias de tratamiento con este medicamento, ni la población que sería susceptible del mismo, hace además que esta propuesta sea de difícil aceptación sin mayores especificaciones . En un cálculo extremo, la cuantía de este fondo podría alcanzar una cifra de entre 7.500 y los 22.000 millones de euros (25.000 euros x 300.000 ó 900.000 pacientes), esta última una cantidad equivalente a la del rescate de Bankia, o la tercera parte del presupuesto anual del SNS (65.000 millones de euros) .
Por todo ello, y aprovechando que se ha formado una nueva Comisión nombrada por el Mº de Sanidad, nos permitimos aportar algunas sugerencias sobre las medidas que ésta debería tomar:
- La aclaración de los conflictos de intereses que pudieran afectar a varios de sus miembros que, como han destacado los medios de comunicación, pueden tener relaciones estrechas con el propio laboratorio Gilead.
- El diseño de una política clínica global de aproximación del problema, que incluya no sólo la definición de los casos prioritarios a tratar con el nuevo medicamento, sino también las pautas a seguir en el tratamiento de los pacientes afectos en un grado menor de desarrollo de la infección, con repercusiones de afectación hepática más reducidas, con la posible utilización o no de otros tratamientos de eficacia menor, pero también significativa, y precio también menor (15).
- La puesta en marcha de mecanismos de participación profesional que permitan evitar que las recomendaciones adoptadas por la Comisión puedan ser contestadas de manera colectiva por las asociaciones profesionales.
- Que la definición de las condiciones de aplicación de los distintos tratamientos se acompañe del compromiso por parte del Mº de Sanidad de la negociación de un nuevo precio del medicamento para su aplicación al conjunto del SNS en función de los criterios de utilización prioritaria establecidos y el cálculo de la población a la que resultasen aplicables, con el compromiso añadido de la compra inmediata del producto al precio acordado a través de los mecanismos de compra centralizada en el SNS que se están utilizando ya de manera parcial para otros productos.
Por otra parte, en la época preelectoral prolongada en la que nos encontramos, sería necesario exigir que los distintos partidos formulen sus propuestas sobre:
1) La posible modificación de los mecanismos legales previstos para la fijación de precios de los medicamentos aplicables a la compra de los mismos por el SNS, así como los mecanismos de compra utilizados por éste, y las condiciones para la utilización de éstos por los servicios autonómicos de salud.
2) Los mecanismos de financiación adicional para la compra de los nuevos productos biotecnológicos por el SNS que puede ser necesario establecer para afrontar sus costes, en tanto se alcanzan medidas a nivel europeo que permitan conseguir una reducción general de los precios de los mismos en el conjunto de los países europeos.
Creemos que es inaceptable dedicar una parte mayor del presupuesto farmacéutico a la financiación de estos nuevos medicamentos a cambio de reducir aún más la financiación pública de los medicamentos de uso más general, en los que los recortes y los copagos han llegado a un límite extremo.
Planteamos por ello que entre estos mecanismos de financiación adicional cabría incluir la posibilidad de un impuesto finalista dedicado a la financiación de los nuevos medicamentos, de forma que el contribuyente fuera plenamente consciente del elevado coste de los mismos y por ello adecuaran sus demandas de cobertura sin dejarse llevar por el chantaje sentimental que genera el debate mediático. De esta forma, el político estaría también sometido a la presión adicional de saber que sus decisiones sobre precios tienen costes para sus electores y anticiparían mejor los efectos de permitir precios altos antes de establecer criterios médicos claros sobre la idoneidad de los medicamentos. Proponemos por tanto, fortalecer la conciencia del gasto frente a la demagogia compasiva.
En el actual contexto, y dados los errores cometidos, es prioritario un estudio médico serio sobre las indicaciones para las prescripción del fármaco. Quizá además, con el tiempo ganado mientras se establecen dichos criterios, y al igual que está ocurriendo en otros países europeos, la competencia entre laboratorios ayude a bajar los precios. En todo caso, obviemos afirmaciones estériles, como las que recientemente realizó el Presidente del Gobierno: “Ningún enfermo se quedará sin el medicamento que le prescriba su médico”. Es fácil ver la amenaza velada que incluyen estas palabras de incidir por criterios económicos en la libertad de prescripción del médico para que al gobierno le cuadren las cuentas. Plantear conflictos entre pacientes y médicos prescriptores, entre criterios profesionales médicos, o entre comunidades autónomas, todos ellos actores sometidos a las influencias de los laboratorios, que, bajo el amparo de las competencias sanitarias respectivas, rompan el consenso sobre los criterios de prescripción, y creen conflictos y desigualdades entre ciudadanos de distintas condiciones y territorios, es lo último que necesitamos. Todo ello contribuiría a romper la relación de confianza que es necesario mantener en nuestro SNS, que es el único que, pese a sus defectos, y con las modificaciones que sean necesarias, permite acceder en las mejores condiciones de igualdad posibles a la atención sanitaria en general, y también a estos productos, por la mayoría de la población.
Hay 23 comentarios
Hola Pedro & Javier,
Gracias por vuestro estupendo post. Vuestra reflexión me parece muy acertada pero incompleta. En particular hecho de menos (al menos) dos cosas:
-Una reflexión desde el punto de vista de que podría hacerse desde el punto de vista supranacional, por ejemplo europeo, para evitar estas situaciones.
-Como podemos regular a los productores para que revelen los verdaderos costes de desarrollo (sin contar los fracasos) y se conformen con un beneficio "razonable". A modo de ejemplo naive, calcular los costes que hubiera tenido el productro si se hubiera desarrollado en un laboratorio universitario y utilizar éstos como benchmark de costes.
Saludos,
Sergi
Gracias por tus comentarios. Sobre tu segunda sugerencia, un grupo de trabajo europeo en julio de 2014 , hizo tres propuestas distintas: “Pooled procurement”, “Compulsory license” y “Patent opposition”, de las cuales sólo la primera podría ser aplicada, y de manera parcial, de forma independiente por un solo país. Se puede ver en:
The GTSMI stresses the Spanish government to adopt urgent solutions to guarantee access to new Hepatitis C treatments http://saludporderecho.org/en/our-actions/the-gtsmi-stresses-the-spanish-government-to-adopt-urgent-solutions-to-guarantee-access-to-new-hepatitis-c-treatments/
En todo caso, las dificultades de aplicar esas líneas de trabajo en la UE dependen, como se ha indicado en un comentario anterior, de los intereses contrapuestos entre cobertura sanitaria y desarrollo de la industria farmacéutica, distintos entre diferentes países europeos según el desarrollo de esta última (Referencia ya citada sobre NHS).
Dos artículos muy interesantes. Efectivamente no se puede aislar el debate de la Hepatitis C del de las otras enfermedades, aunque otras enfermedades sean menos visibles porque afecten a menos personas. La cuestión es que es muy complicado establecer criterios de equidad que puedan establecer prioridades. ¿Cómo decidir a qué pacientes tratar?
En cuanto al coste, supongo que se espera que el tratamiento tuviese alguna efectividad, de forma que disminuya el coste de tratar a muchos de estos enfermos. ¿Existe algún estudio sobre los posibles ahorros?
Un cordial saludo.
Creo que puede interesarte los siguientes artículos sobre indicaciones, costes, coste efectividad y ahorros obtenidos sobre distintas pautas de tratamiento con distintos medicamentos, y recomendaciones : http://www.nice.org.uk/guidance/gid-tag445/resources/hepatitis-c-chronic-sofosbuvir-id654-final-appraisal-determination-document2 y, como complemento, el informe del Departamento de salud británico sobre la situación, la extensión, las causas y el tratamiento de la hepatitis C en ese país: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/337115/HCV_in_the_UK_2014_24_July.pdf
Como tantas otras actuaciones de este país en materia sanitaria, son un ejemplo de cómo se debería trabajar aquí.
Me encanta la idea de la creación de un impuesto finalista, a fin de evitar la demagogia en estos temas, y de recordar a la población aquello de que Nada Es Gratis.
Cambiando de tema, y a sabiendas de que me van a llamar de todo menos bonito, yo echo de menos un desglose de los célebres 900.000 casos según la nacionalidad de dichos enfermos. No me creo que la incidencia de esta enfermedad sea diez veces superior en España que en Francia. Añadamos el efecto llamada tan enorme que supondría una política de "Sovaldi para todos".
Son pocos los que analizan qué consecuencias tienen casos como éste en el auge de partidos xenófobos en Europa. Pero cuando vean que para proporcionarle Sovaldi a un magrebí su intervención quirúrgica se retrasa otro año más...
La cifra de 900.000 casos en España es una estimación que carece de base sólida. Menos aún lo sería la del número de pacientes extranjeros residentes en España que pudieran estará afectados por la enfermedad, y más en su fases más avanzadas, para las que se está proponiendo el tratamiento con el Sovaldi. En todo caso, respecto a esa cuestión caben algunas consideraciones colaterales: las causas de la hepatitis C son desconocidas en buena parte de los casos, incluso entre los detectados y, tratándose de una infección de evolución prolongada en la mayoría de los casos, sus causas son remotas en la mayoría de ellos. De las causas que se sugieren para una mayor incidencia en España ya comentada, ninguna (una mayor incidencia de la epidemia de Sida, a la que va asociada en buena parte de los casos; un mayor retraso en realizar las pruebas de detección pretransfusión, y otras) va asociada a la condición de inmigrante. A eso habría que añadir los diferentes informes, http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Impacto-Reforma-Sanitaria-Medicos-del-Mundo_3ec0bdf9%232E%23pdf , que demuestran que la exclusión de los inmigrantes de la atención sanitaria conlleva riesgos mayores para la población española, y ninguna reducción de costes. En todo caso, en situaciones como la que vivimos, es imposible evitar la aparición de grupos xenófobos, como Grecia ha demostrado.
El tiempo perdido es costo hundido y a llorar a la iglesia. Mucho tiempo se ha perdido sabiendo bien que no hay una solución que pueda satisfacer a todos los que dicen que necesitan el nuevo medicamento.
Cualquier solución viable pasa por elegir a unos pocos entre los muchos que reclaman el medicamento. Dado el sistema sanitario español (no entro a discutirlo en este momento) la única salida es designar la Comisión de la Muerte y determinar los pocos que se salvarán accediendo al tratamiento en donde sea posible y financiado por Hacienda. Sí, Montoro tendrá que decidir cuánto pone Hacienda para ese propósito. Sí, unos pocos expertos en negociación tendrán que negociar dónde y cómo los elegidos son tratados. Y la Comisión tendrá que hacer su trabajo partiendo con la preparación de una justificación clara del beneficio esperado y de los criterios de selección en función de esos beneficios, y luego de elección justificar su listado uno por uno con criterios claros sabiendo que no importa lo que decida será criticada.
El principal problema de esta propuesta es la cobardía de los políticos y burócratas que encontrarán mil excusas para impedir su ejecución. El segundo problema es la hipocresía de los que dirán o todos o ninguno.
La situación en el caso de la hepatitis C es que hay distintos medicamentos disponibles para el tratamiento de la hepatitis C, y se trata de utilizarlos de la manera más razonable y justificable posible (quedan dudas por resolver acerca de las indicaciones del medicamento en distintas situaciones y casos, y también de los efectos a largo plazo). Ése es el papel que debe realizar la nueva Comisión creada, que debe proporcionar las bases razonables para una nueva negociación y fijación del precio de este medicamento concreto, y del uso de los otros, sin cuyo estudio la Comisión Interministerial, al igual que en otros medicamentos, no debería haberlo fijado. A su vez, los mecanismos de compra deben hacer posible que el medicamento prescrito conforme a las nuevas pautas de priorización y uso establecidas llegue de manera igual a todas partes.
Usted no aclara qué autoridad tiene la nueva Comisión y supongo que se trata de otra comisión asesora sin capacidad para decidir y ejecutar una solución urgente para algunos enfermos. Como en todo tema médico puede haber más de una opinión técnica, pero entiendo que ese no sería el caso de los enfermos graves. El debate indica que el tema económico es crítico (no se puede financiar el tratamiento a todos los enfermos graves) y en este caso es el gobierno debe decidir. Si no quiere o puede decidir, la única salida es delegar el poder en una Comisión que de protección política al gobierno. Y si una solución urge, en lugar de hacerlo en España que se haga en otra parte donde el tratamiento sea legal. Y si no hay urgencia, entonces sigamos estudiando aunque no me queda claro qué se podría aclarar con nuevos estudios del problema económico.
Muy interesante. Aunque el tema es probablemente aun más complejo. Apunto algunos elementos:
1) En realidad no conocemos muy bien la prevalencia y la incidencia de la HVC y, menos aun, el estadío de los casos desconocidos.
2) Por el tipo de ensayo realizado y la medida de resultados utilizada (respuesta virológica sostenida a las 12 semanas) hay cierta incertidumbre sobre los resultados a largo plazo (espacio para acuerdos de riesgo compartidos).
3) No todos, ni la mayoría, de los pacientes con VHC desarrollan cirrosis o hepatocarcinoma. Y el riesgo es bajo durante los primeros 25-30 años de infección.
4) Financiamos fármacos a precios sofosbuvir (oncológicos, biológicos, huerfanos) e incluso más altos. En algunos oncológicos por días adicionales de supervivencia mediana. Es una pésima "señal" que lleva a la industria farmacéutica a buscar para cada nuevo producto el "precio máximo soportable".
5) Probablemente sofosbuvir tiene una buena relación coste por QALY ganado. La diferencia es que la población afectada es enorme (tambien en cancer, si se agregan los tratamientos oncológicos) y el impacto presupuestario enorme. Esta situación irá en aumento y las sociedades deberíamos desarrollar reglas claras y transparentes para establecer el precio que estamos dispuestos a pagar por estos avances. Probablemente, y con matices, reglas de coste adicional por QALY adicional e impacto presupuestario.
6) Clarificar los costes de oportunidad (a quien y de que dejamos de tratar cuando usamos estos fármacos) también sería importante.
De acuerdo con todo lo que dice. Como problema añadido, establecer transparencia para las decisiones de fijación de precios, para lo que hay que cambiar el procedimiento hasta ahora fijado, e ir complementando los mecanismos que palíen la influencia encubierta de los laboratorios sobre profesionales, pacientes y administraciones para imponer las decisiones que más responden a sus intereses, por vías como las que se han ido adoptando en otros países (la explicación excede el tratamiento de este tema).
Interesantes, pero creo pertinentes algunas consideraciones:
• Se acepta que la adquisición de Pharmaset da a Gilead el derecho de “patente”. Se ignora que un alto porcentaje de pacientes lo es por contagio (transfusiones o inyectables) en el sistema sanitario. Esto parece no darles ningún derecho. Ni piedad ni palabra.
• Al nivel del conocimiento actual, el tratamiento cura. Lo dicen la Agencia Europea del Medicamento, su homóloga USA y la OMS. ¿Dudas? El 5% de la población piensa que Elvis vive y eso no le resucita.
• La diferencia entre tratamiento nuevo y viejos es abismal en efectos secundarios. Un medicamento contra la gangrena podría no reducir la mortalidad frente a la amputación, pero merecería la pena.
• Gilead recupera la compra de Pharmaset en un año (sin genéricos durante una década). Es un contradiós.
• El objetivo de la sanidad es la salud de las personas, no de las empresas (monopolios). La economía (el mercado) debiera estar subordinada.
• Coste-efectividad. Su aplicación sólo sería posible si hubiera alternativas comparables (no-curados: tratamiento nuevo 5%, tratamientos actuales 30%, referencia: ébola 50%).
• Se trata de prioridades, no de rentabilidades.
• Un medicamento que cura, aprobado y no financiado por los servicios de salud es una fábrica de desigualdad.
• Si el mercado conduce a resultados indeseados, debe cambiarse el paradigma. La sanidad (educación, vivienda...) son demasiado importantes para confiárselas a los mercados (a los que mandan en los mercados).
Una entrada reciente de un blog mantenido por la APR-15M trata esta cuestión con otra perspectiva (https://aguaenergiadecrecimiento.wordpress.com/2014/12/24/yo-soy-antohospitalario-un-parentesis-dedicado-a-los-afectados-por-la-hepatitis-c/).
Interesantes, pero creo pertinentes algunas consideraciones:
• Se acepta que la adquisición de Pharmaset da a Gilead el derecho de “patente”. Se ignora que un alto porcentaje (¿la mitad?) de pacientes lo es por contagio (transfusiones o inyectables) en el sistema sanitario. Esto parece no darles ningún derecho. Ni piedad ni palabra.
• Al nivel del conocimiento actual, el tratamiento cura. Lo dicen la Agencia Europea del Medicamento, su homóloga USA y la OMS. ¿Dudas? El 5% de la población piensa que Elvis vive y eso no le resucita.
• La diferencia entre tratamiento nuevo y viejos es abismal en efectos secundarios. Un medicamento contra la gangrena podría no reducir la mortalidad frente a la amputación, pero merecería la pena.
• Gilead recupera lo gastado en Pharmaset en un año (sin genéricos durante una década). Es un contradiós.
• El objetivo de la sanidad es la salud de las personas, no de las empresas (monopolios). La economía (el mercado) debiera estar subordinada.
• Coste-efectividad. Su aplicación sólo sería posible si hubiera alternativas comparables (en no-curados; tratamiento nuevo: 5%, tratamientos actuales: 30%, Referencia, ébola: 50%).
• Se trata de prioridades, no de rentabilidades.
• Un medicamento que cura, aprobado y no financiado por los servicios de salud es una fábrica de desigualdad.
• Si el mercado conduce a resultados indeseados, debe cambiarse el paradigma. La sanidad (educación, vivienda...) son demasiado importantes para confiárselas a los mercados (a los que mandan en los mercados).
Una entrada reciente de un blog mantenido por la APR-15M trata esta cuestión con otra perspectiva (https://aguaenergiadecrecimiento.wordpress.com/2014/12/24/yo-soy-antohospitalario-un-parentesis-dedicado-a-los-afectados-por-la-hepatitis-c/).
Es un tanto insultante el tufillo "economista=desalmado" que se desprende de su comentario. Si hubiera hecho el esfuerzo de investigar minimamente a los firmantes del artículo, se daría cuenta de que uno de ellos es médico y el otro economista, además de padre e hijo. Al médico (y padre) le gustaría pensar que por el hecho de serlo, el economista no es un desalmado.
En todo caso, y en tono cordial, algunas puntualizaciones:
1). ¿Qué tienen que ver los derechos de patente con que la enfermedad se contraiga por contagio?
2) El medicamento no cura, reduce muchísimo la carga viral. En todo caso, su efectividad es distinta dependiendo del estado de avance de la enfermedad, por eso es necesario establecer indicaciones para su administración.
3) Totalmente de acuerdo enq ue los efectos secundarios de los nuevos medicamentos son mucho menores.
4) Este dato ya lo aportamos en la segunda entrada.
5) En un mundo mágico y maravilloso, ni siquiera habría que priorizar la salud, la educación, la felicidad y la alegría ala economía, pues la economía ("la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos") no existiría. En un mundo real, desafortunadamente, los recursos son limitados y por tanto hay que escoger.
6) No entiendo su argumento sobre coste-efectividad.
7) Precisamente porque hay que priorizar, no debemos fomentar mecanismos de precios ("compremos cualquier medicamento nuevo que cure, a cualquier precio") que nos haga aún más esclavos de la innovación no dirigida por laboratorios guiados por sus rentabilidades.
8) Por tanto las prioridades deben ser guiadas por criterios médicos y no por la dificultad económica de acceso al fármaco.
9) Precisamente e que el Ministerio sea el que fija el precio indica que no se está "confiando en los mercados", pues se trata de un mercado ampliamente regulado. Lo que intentamos sugerir en la entrada es cómo regularlo de una forma más efectiva, de forma que produzca resultados más eficientes y equitativos.
Varias dudas, nos indica que el medicamento no cura, que reduce la carga viral, he leido que este medicamento si puede curar en un 90 -95 % de los casos, esto implica dejar la carga viral a cero, recordemos que el anterior tratamiento, con interferon para determinados genotipos, curaba hace una década a un 30 % de los afectados, despues con un trtamiento mejorado con interferon y dos farmacos mas, podia llegar a un 50 % de los casos.
Intento responder:
1. Contagio EN EL HOSPITAL. Si alguien causa un daño, debe intentar repararlo. El precio o la necesidad de estudio no valen como excusa. Añado que la “Plataforma de Afectados por la Hepatitis C” reclama el nuevo tratamiento urgente para “no menos de 30.000 pacientes” y señala que durante (no “en”) su encierro han muerto 6 miembros de la organización. Todo esto forma parte del problema y refuerza los puntos siguientes, aunque estos son válidos por sí mismos.
2. Sustituir “curar” por “reducir muchísimo la carga viral”. No afecta nada.
3. Debiera considerarse en el análisis.
4. Lo que añade el comentario no es el dato, sino su relevancia.
5. Hay que escoger, que decidir. Pero la decisión corresponde a los ciudadanos, no debiera ser consecuencia directa de unos “mecanismos” (los mercados) ideológicos, que no físicos.
6. Es lo de sumar (o comparar) peras y manzanas (o cañones y mantequilla). No es posible directamente porque son cosas distintas, como lo es (sin hablar de efectos secundarios) un tratamiento que, respecto a los actuales, divide el número de muertos por 6 (del 30 al 5%). Hace falta algún “artilugio”. Poner precio a las frutas es una cosa, y ponerlo a las vidas humanas (para compararlo con los beneficios industriales) otra muy distinta.
7. Se responde en el punto anterior
8. Ver lo que dice la Organización Médica Colegial, por ejemplo (sin pretender que esta sea “la autoridad”)
9. Eso no lo entiendo yo. El precio ¿no es consecuencia del chantaje de Gilead?
Primero de todo agradecer que se trate este tema en este blogg, propuse Ramon enero 19, 2015 a las 00:41, este debate hace unos dias....( como paciente y como economista interesado en debatir que alternativas son mas optimas,eficaces y justas)
Seria interesante debatir …..sobre la necesidad o no de un precio justo en el caso de los fármacos. Aquí en NeG hay expertos que podrían encauzar el debate.
Ramon enero 20, 2015 a las 02:51
El español que invento la cura de la hepatitis C..
http://www.elmundo.es/cronica/2015/01/18/54b9689322601d537b8b4573.html
Gonzalo Suarez
RAYMOND SCHINAZZI…
ESTARÍA ‘ENCANTADO’ DE MEDIAR ENTRE ESPAÑA Y LA FARMACÉUTICA QUE COMPRÓ LA PATENTE PARA ACORDAR UN ‘PRECIO JUSTO’ POR SU FÁRMACO
CALCULA QUE QUE SU PÍLDORA CURARÁ DECENAS DE MILLONES DE VIDAS
Recordemos que en el caso del Sida se hizo una partida para poder atender a todos los pacientes, en este caso se comenta que el numero de afectados puede ser parecido, si en el otro caso no hubo queja, no debería tampoco pasar ahora. También es necesario matizar que este nuevo tratamiento cuesta lo mismo que el anterior que existía, siendo mucho menos efectivo y con unos efectos secundarios destacados (anemia,depresión, cansancio,picores graves,etc) cuando se suministraba con ese mismo elevado coste, no oi ninguna queja al respecto, se ha tenido que mediatizar para que hubiese un debate sobre el precio justo. También sabemos que coste significa mantener a un enfermo crónico y que coste y riesgo tiene un trasplante. En resumen no creo que sea un problema de financiación.
Tengo un familiar con VHC en fase 4 con cirrosis. Le han prescrito Sofosbuvir pero sin receta porque debe autorizarlo la gerencia del hospital. Al parecer no hay otra opción en su caso. Estamos esperando respuesta pero por ahora nada.
Puedo pagar el medicamento y quiero pagarlo y hacerlo con mi dinero, no con el presupuesto público. Pues bien, no me dejan. Ni lo hay en las farmacias porque no es un medicamento autorizado por el político de turno ni puedo irme a Egipto (vale allí 2.000 euros) y traerlo porque en frontera me multan con ¡¡¡600.000 euros¡¡¡.
Si para sobrevivir necesito coger algo y el Estado me lo impide ¿ no equivale eso a matarme ?
Individualmente no estoy interesado en ser abogado de pleitos ajenos sino en usar mis ahorros para hacer con ellos lo que me venga en gana. El Gobierno está en su derecho y en su obligación de manejar los fondos públicos. OK, nada que objetar. Pero a mi me está impidiendo usar mi dinero para salvar a mi familiar. Ahí creo que se está excediendo en sus competencias.
Las consideraciones de igualdad son res pública pero, más allá de obligarme a pagar cierto nivel de impuestos, no deben ir más allá. En otro caso implica la existencia de, probablemente, un delito que quizá un día juzgarán los tribunales.
Como medida cautelar deberían autorizar la venta privada. Ya hablaremos de quien paga, pero por ahora no estarían impidiendo salvar vidas.
Los políticos se podrían evitar muchos frentismos, si se hubiesen evitado dar cifras de cuantos pacientes serian atendidos como prioritarios, cifra que no sabían el año pasado,porque la están calculando ahora. Se hubiesen evitado confrontaciones si de un buen principio hubiesen dicho , lo que dijerón después de la presión mediática..."todos los pacientes que lo necesiten tendrán la medicación". por otro lado un precio justo no tiene porque ser siempre el que marque la farmacéutica en cada país, esta pues en manos de los políticos pactar dicho precio, en caso contrario si hay nuevos farmacos, el mismo mercado competitivo hará bajar los precios.
Pabloj INFORMATE A VER SI PUEDES LLEVAR A TU FAMILIAR Y QUE LE SUMINISTREN EL FARMACO ALLI!
Me gustaria saber si esta prohibido fletar aviones a la India y pagar estos medicamentos alli (o comprarlos via internet).
Se podria salvar la vida de muchisimas mas personas y no requiere de desarrollar una industria por lo que seria viable a corto plazo
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