Un amigo mio de tierras muy, muy lejanas, me envia unas breves reflexiones sobre la vida familiar de los economistas pero prefiere utilizar nuestro nombre de Juan de Mercado. Ahí van:
Esta viñeta del genial Forges me ha hecho pensar que cuando me interpelen por mi profesión debería responder “Economista, pero yo no he sido”. Este clarividente artículo de Javier Valenzuela me ha llevado a reflexionar que también esto va a ser difícil explicárselo a mis hijos.
La ciencia económica ha sido especialmente criticada a lo largo de los últimos años. Se la ha culpado de inútil para prevenir la crisis y para fundamentar respuestas eficaces de política económica. Dejemos de lado que estas críticas provienen, en muchas ocasiones, de ignorantes que desconocen el estado actual de dicha ciencia. Obviemos también que es más fácil protestar y criticar que proponer enfoques alternativos. No se trata ahora de desenmascarar a presuntos economistas con vocación de agitadores sociales que tratan de disimular, sin éxito alguno, su ignorancia económica con heterodoxia (para eso ya tenemos a Jesús 🙂 ). Sobre lo que me gustaría reflexionar aquí es acerca de la labor de los economistas que trabajan como asesores de los gobernantes.
¿Tanto para tan poco?
Una de las paradojas de la crisis en España es que, desde 2004, el Gobierno español ha contado posiblemente con el mejor elenco de asesores económicos del que han dispuesto todos los gobiernos de la democracia y, sin embargo, ha realizado una gestión de la crisis “manifiestamente mejorable”, por decirlo de una manera suave.
Estos son algunos ejemplos de la cantidad y la calidad de asesoría económica de la que ha dispuesto el Gobierno. En 2004 se creó la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que durante este tiempo ha dado cabida a economistas muy brillantes, con conocimientos muy profundos de la situación de la economía española. Los dos Secretarios de Estado de Economía que han servido en los gobiernos del Presidente Rodriguez Zapatero tienen una sólida formación económica y, uno de ellos, una brillante carrera académica. Por los gabinetes de ministros y de secretarios de estado, por otras unidades administrativas con funciones de asesoría económica, y por otros muchos organismos públicos han pasado jóvenes economistas con mucha proyección y amplios conocimientos técnicos. Incluso en el Ministerio de Trabajo, territorio tradicionalmente vedado al análisis económico riguroso, el primer Secretario General de Empleo de los gobiernos del Presidente Rodriguez Zapatero, ahora Ministro del ramo, es un economista que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en gabinetes técnicos y que entiende lo que es una curva de demanda de trabajo y sabe interpretar las estadísticas económicas (estas dos últimas, habilidades no muy frecuentes en algunos círculos de la heterodoxia económica de nuestro país). El Secretario de Estado de Seguridad Social desde 2004, sin ser economista, entiende perfectamente la aritmética básica de los sistemas de pensiones (otra habilidad que algunos economistas heterodoxos de este país han demostrado no tener). Fuera de las Administraciones Públicas, muchos economistas académicos españoles se han involucrado en el debate sobre política económica como no lo habían hecho nunca y con un inusual grado de consenso sobre las medidas que deberían haber sido adoptadas.
¿Cómo puede ser entonces que la actuación del Gobierno haya dejado traslucir errores de bulto en la predicción de la situación económica, en el análisis de los factores que subyacen a la crisis y en la evaluación de las medidas de política económica que se han adoptado, o no? ¿Se equivocaron sus asesores económicos? ¿Prestó suficiente atención el Gobierno a los informes, las notas y otros documentos elaborados durante todos estos años que contenían, si bien no siempre de forma suficientemente explícita, avisos y algunas conclusiones sobre la naturaleza y las consecuencias de la crisis que no se compadecen bien con las formas con las que el Gobierno la ha afrontado?
¿Pero de verdad necesitan consejos?
En esencia, la relación entre los gobernantes y sus asesores económicos no es complicada. A los gobernantes les toca tomar decisiones, muchas veces muy difíciles, que luego son evaluadas por los votantes. La labor de sus asesores económicos es ofrecer la información más precisa posible sobre el problema que se pretende resolver y una evaluación de los costes y beneficios de las medidas alternativas disponibles para resolver dicho problema. Esta es su ventaja competitiva y, por tanto, como dice Julio Segura (en su entrevista publicada en el libro de FEDEA “Testigos, 25 años de economía española”), a tal fin, las ideologías respectivas de gobernantes y sus asesores deberían ser tan irrelevantes como, por ejemplo, sus aficiones deportivas. Una vez tomada una decisión por los gobernantes, es también su tarea explicar a la opinión pública los objetivos que se pretenden alcanzar con dicha medida, los pesos que asignan a sus costes y a sus beneficios y, así, las razones que llevan a justificar dicha medida como la más eficaz.
No obstante, todavía hay gobernantes que piensan que no necesitan estudios para fundamentar sus decisiones y que anteponen sus prejuicios ideológicos o su conocimiento de determinados temas a lo que los estudios técnicos puedan aportar. Una estrategia habitual de este tipo de gobernantes es pedir varios “informes técnicos”, a sabiendas de que las conclusiones serán contradictorias y, sin dedicar ni un minuto a tratar de entender las razones de las discrepancias, utilizarlos para tener las manos libres a la hora de justificar una decisión o la contraria. Incluso, para reforzar sus mensajes, recurren a supuestos expertos de otros ámbitos, a veces “economistas de cocktail”, algunos siempre dispuestos a regalar el oído de los gobernantes a cambio de invitaciones a actos y reuniones de postín y de sensaciones de cercanía con el poder. También se suele cumplir lo que Alan Blinder llama la “ley de Murphy de la política económica”: los economistas tienen tanta menor influencia sobre la política económica, cuanto más saben y más grado de consenso alcanzan; tienen tanta mayor influencia, cuanto menos saben y más vehementemente están en desacuerdo con el resto de la profesión.
Otras veces, cuando los gobernantes recurren al apoyo técnico, lo que de verdad están pidiendo es confirmación a sus prejuicios. Norman Montagu, Gobernador del Banco de Inglaterra durante el complicado periodo económico de entreguerras, una vez le dijo a su economista jefe (según se cuenta aquí): “No estás aquí para decirnos qué hacer, sino para explicarnos por qué lo hemos hecho” (y es probable que algo parecido le dijera a John Maynard Keynes, con el que tuvo que lidiar en numerosas ocasiones). En la actualidad, muchos investigadores de organismos públicos muy variados de muchos países siguen manifestado una cierta incomodidad acerca de la intensidad con la que son utilizados en el proceso de toma de decisiones de política económica. No obstante, hay algunas diferencias internacionales a este respecto. En Estados Unidos, ante los retos planteados por la crisis financiera, el Board of Governors of the Federal Reserve ha contratado solo en este año alrededor de 50 economistas. Por el contrario, en otros países, lo primero que se reduce en situaciones de crisis son los recursos dedicados a incrementar la cantidad y calidad del capital humano para asesoría económica al servicio de las Administraciones Públicas, justo cuando uno pensaría que por la gravedad de los problemas económicos esos recursos son más necesarios. Aunque, pensándolo mejor, tampoco tiene sentido que se incrementen estos servicios si los gobernantes que tienen que utilizarlos, desconfían de ellos y no los gestionan eficientemente.
¿Economistas o artistas?
Pero no toda la culpa es de los gobernantes. Tanto los economistas que trabajan en las Administraciones Públicas como los que intentan influenciar las decisiones de política económica desde otros ámbitos, no prestan siempre demasiada atención al proceso por el cual la información estadística y los resultados de la investigación se traducen en resultados que puedan ser útiles para la política económica. En palabras de James M. Buchanan Jr., Premio Nobel de Economía en 1986: “Los economistas deberían cesar de emitir consejos políticos como si fueran empleados de un dictador benevolente, y deberían tener en cuenta la estructura dentro de la cual se toman las decisiones políticas”. Y para empezar, deberían ofrecer esos consejos en un lenguaje más accesible y no preocuparse demasiado por si están basados en principios económicos sencillos, ya que, en la mayoría de las ocasiones, las cuestiones de política económica que han de resolverse no van más allá de la aplicación de dichos principios. (Al fin y al cabo, “la ciencia no es más que el refinamiento del pensamiento cotidiano” Albert Einstein, dixit.) Y, como también dijo Herbert Stein, siendo verdad que los economistas no saben mucho sobre algunas cuestiones económicas, no es menos cierto que mucha otra gente, incluidos los gobernantes que deciden la política económica, saben bastante menos sobre cualquiera de ellas. Por ello, en su relación con los políticos, los asesores económicos deberían seguir lo que los anglosajones llaman el “KISS principle” (Keep It Simple, Stupid).
Lee H. Hamilton, que fue vicepresidente del Comité Económico del Congreso de Estados Unidos, reconoce: “Decirle a un político lo que necesita saber pero no quiere oír es todo un arte. Desafortunadamente los políticos estamos más inclinados a escuchar a aquellos que nos dicen lo que queremos oír y hay una amplia oferta de economistas dispuestos a satisfacer esta demanda”. Este arte requiere, entre otras cosas, dominar, no solo el análisis y la investigación económica, sino también tener capacidad de anticipación para tener disponibles respuestas a preguntas imprevistas, elegir el momento adecuado para transmitir dichas respuestas, comprender la manera en que las decisiones sobre determinadas cuestiones interactúan con otras, y ser capaz de facilitar la comunicación de las decisiones políticas por los gobernantes a la opinión pública. Además, no basta solo con tener estas habilidades, para disponer de una mínima oportunidad de influir en las decisiones políticas, hay que estar en la posición adecuada, en el momento adecuado. Pero, sobre todo, los políticos tienen que estar dispuestos a escuchar.
Espero que, con una historia parecida, pueda convencer a mis hijos de que, en esta ocasión, no ha sido la escasez de buenos asesores económicos lo que ha motivado los fallos de política económica.