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¿De verdad tenemos que comprar libros de texto para nuestros hijos?

De David Ramos Muñoz y María de Guzmán

Nota del editor: María de Guzmán, primera doctora española y socia honoraria de la Real Academia, es el nombre que utilizarán nuestras colaboradoras que, al igual que los varones bajo el nombre de Juan de Mercado, quieren escribir en el blog pero por motivos diversos prefieren ser discretas. Como en el caso de Juan de Mercado, dado el anonimato, los editores nos hacemos responsables de las opiniones que estas escritoras transmiten desde el blog.

Una de las tradiciones españolas del inicio de curso es la discusión sobre los libros de texto en la educación obligatoria (de 6 a 16 años). Forma parte de nuestro folklore, como los toros o el puente del Pilar.

El pasado curso la tramitación de la nueva ley de educación (Ley Orgánica 8/2013) reabrió parcialmente el debate. En octubre de 2013 el Defensor del pueblo (informe sobre “Gratuidad de los libros de texto”) denunció la sustancial reducción de las becas para la compra de libros. El informe respondía a la iniciativa en change.org de Elena Alfaro (“Necesitamos precios justos para los libros de texto”) que a su vez motivó la inserción de una disposición adicional quinta, titulada “Sistema de préstamos de libros de texto” cuyo lacónico texto dice que “El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto...”.

Finalmente, nada menos que el Consejo Escolar del Estado aprobó en mayo de 2014 una propuesta para pedir la gratuidad de los libros de texto, que se rechazó sólo por los representantes del Ministerio de Educación.
La discusión anterior se ha centrado en el precio de los libros de texto en la educación obligatoria (de 6 a 16 años) y su alto coste para las familias.

Obviamente el precio es importante, pues nada es gratis. Pero creemos que en el debate de los libros de texto se dejan siempre fuera las preguntas centrales de su empleo en la enseñanza básica: ¿qué es mejor para los niños? ¿por qué el sistema es así y no diferente?; ¿son los libros una herramienta
central e imprescindible para la enseñanza básica? y asumiendo que sí, ¿quién debe decidir qué libros se utilizan? Y por último, ¿quién debe pagarlos?

Veamos las consecuencias del sistema y los incentivos de los agentes que participan en él: niños, padres, editoriales, Administraciones públicas y colegios.

1) Los niños.

Los niños de entre 6 y 16 años tienen la obligación de ir al colegio (en España la educación en casa o “homeschooling” no está permitida).

Además de la obligación, los niños tienen el derecho fundamental de recibir esta educación de forma gratuita (art. 27 de la Constitución).

Los niños ganan si aprenden y pierden si no aprenden. Si el sistema exige la adquisición de libros de texto, los niños que no puedan pagarlos perderán siempre. Asimismo, en la medida en el que el sistema pedagógico esté excesivamente pegado a los libros, posiblemente todos perderán oportunidades para ser más creativos.

En todo caso, todos los niños pierden cuando la enseñanza requiere aportar el libro, porque se les vulnera el derecho fundamental a recibir una enseñanza gratuita. Y pierden más aún si el debate no se orienta desde el principio a lo que es mejor para que ellos aprendan. Esto parece obvio pero no lo es; sigamos:

2) Los padres.

Los padres están obligados a llevar a los niños al colegio.

Normalmente nadie se niega a comprar libros de texto. Podrán dejar de pagar el IVA de la obra en casa pero no estigmatizar a su hijo ni mucho menos enfrentarse al colegio.

Con el sistema de libros de texto muchos padres ganan porque les permite tener una sensación de control, falsa pero reconfortante, sobre el progreso del niño, más difícil en ausencia del manual.

Los padres que no tienen dinero pierden porque tienen que renunciar a la compra de otros bienes de primera necesidad y/o soportar el estigma de llevar a los niños sin libros (recordemos la caída de las becas).

Pero también los que tienen dinero pierden porque soportan un pago indebido. Una de las cosas buenas de vivir en un Estado democrático y de derecho es que uno no está obligado a pagar nada salvo que una ley así lo diga (art. 31.3 de la Constitución, que recoge el principio del “no taxation without representation”). Hay pocas dudas de que exigirte pagar por la enseñanza básica es contrario al art. 27.4 de la Constitución. El problema es que en este caso la exigencia viene dada por la costumbre, porque ni la Ley orgánica de Educación ni ninguna otra norma establecen la obligación de adquirir libros de texto. La gratuidad no es un brindis al sol, como ha recordado el Tribunal Constitucional, cuando las normas declaran que algo es gratuito, no se puede sujetar a una tasa, sino que tiene que ser financiado por todos (Sentencias 20/2012, 136/2012 y 71/2014, entre otras). Legalmente la evidencia es aplastante: no hay obligación legal de pagar por la educación básica.

3) Las Administraciones públicas (Estado y Comunidades Autónomas).

El sistema educativo en España deja escaso margen para la innovación y la autonomía docente. En este contexto, la enseñanza basada en libros de texto, milimétricamente adaptados por las editoriales a las programaciones docentes de las Administraciones es una herramienta perfecta, rápida y efectiva de garantizar que el sistema está perfectamente ordenado y que todos los colegios enseñan todos los contenidos a la vez.

Pero fomenta también la pervivencia del sistema memorístico, poco creativo y ceñido a un solo texto que tanto furor sigue causando, y sobre cuyos efectos nocivos sobre la creatividad y la innovación han advertido ya en este blog Antonio Cabrales.

Los libros mejoran la sensación de control. Desde esta perspectiva, las Administraciones públicas ganan.

4) Las editoriales.

En España el grupo ANELE, que integra a las principales editoriales del país (Santillana, vinculada al grupo PRISA, o Anaya, entre otras), es un poderoso lobby. La reforma de la ley de educación ha suscitado muchas declaraciones acerca del coste que ésta iba a suponer para las editoriales, que incluso han protestado públicamente por la decisión de algunas Comunidades Autónomas de no renovar los libros tras la aprobación de la LOMCE.

Lo anterior revela que las editoriales cuentan con que sus libros serán comprados. Reciben por tanto una ayuda indirecta por parte de las Administraciones públicas que merecería un estudio específico, desde la perspectiva de la competencia y el régimen europeo de Ayudas de Estado.

5) Los colegios y los profesores.

Según la ley (disposición adicional cuarta), cada colegio puede elegir el método docente, sin que sea obligatorio que se elijan libros de texto.

Es decir, los profesores no tienen autonomía, pues es el centro, en su conjunto, el que “adopta” un sistema u otro.

Con este sistema, ganan los profesores mediocres y vaguetes, y pierden los mejores, que tendrá menos margen para innovar.

Conclusión: Nada es gratis, pero la educación si lo es.

Los lectores de este post nunca osaríamos decir que algo es gratis sin más. Cuando decimos que la educación es gratis queremos decir que se paga con todos los ingresos del Estado, y no con pagos del usuario.

La exigencia de adquirir libros de texto es contraria al art. 27.4 de la Constitución que impide todo “copago” en la educación básica. Interesa resaltarlo porque la enseñanza es el único derecho fundamental que la Constitución garantiza directamente de forma gratuita. Para entendernos, no sería contrario a la Constitución que te pidieran aportar tu anestesia en una operación pero sí que te obliguen a comprar el libro de matemáticas para que tu hija de 7 años aprenda matemáticas.

Si el sistema no ha cambiado es porque sigue siendo conveniente. Conviene a muchos padres, para quienes es más fácil comprobar si su retoño se sabe los ríos de España, o la tabla del 9, que comprobar si sabe redactar, contar una historia, o pensar analíticamente. Conviene a muchos profesores porque les exime de pensar tareas distintas que estimulen al estudiante. Conviene a los burócratas ministeriales, porque les permite controlar que el sistema es igual para todos (aunque los parámetros de igualdad sean artificiales). Conviene a los políticos porque es la forma de asegurarse un cierto control sobre el sistema educativo. Y conviene a las editoriales porque les proporciona una subvención, sin someterse a los límites formales de las mismas, y un mercado cautivo con dedicados padres.

La discusión sobre los libros de texto es un síntoma de la baja calidad del debate sobre la educación en España que ha apuntado entre otros Luis Garicano. Se habla del idioma en que deberá impartirse la enseñanza (el famoso problema del catalán), o de las horas de religión que deberán impartirse, y se deja de lado la cuestión principal: qué se enseña y cómo. Esto es grave porque hay indicios de que la enseñanza basada en un único manual centralizado y sin margen para los profesores mina la creatividad y es una fábrica de futuros escribanos.

También es un síntoma de que el niño –usuario pero no votante- no está en el centro del sistema. Cuando son pobres, son estigmatizados por ir sin libro o con libros prestados. Y cuando no lo son, seguramente aprenden menos y peor.

Por último, el sistema actual es un síntoma más del capitalismo de amiguetes (crony capitalism) porque nadie parece querer enfadar a un sector editorial con nutridas relaciones con los medios de comunicación.